En estos momentos de conmoción por la reaparición de ostentosos casos de venalidad política, conviene revisitar, como diría un anglosajón, el libro de Javier Pradera Corrupción y política. Los costes de la democracia (Galaxia Gutenberg). Se publicó en 2014, veinte años después de haber sido escrito, el lapso que medió entre su redacción y la aparición del manuscrito entre el copioso legado de textos, notas y papeles que el autor dejó tras su muerte. Solo se puede especular sobre por qué no lo publicó en su día. De lo que estoy seguro es que no fue, como se ha sugerido, por no perjudicar al PSOE. Tal afirmación significa ignorar las durísimas columnas que dirigiera a ese partido durante ese mismo periodo y desconocer el talante personal y ético del personaje.
Pero bajemos al texto, que es lo que importa. Antes que nada, conviene atender tanto al contexto en el que fue escrito como al de su publicación. El primero abarca el largo proceso de implantación de la democracia en nuestro país, con la profusión de escándalos que afectaban sobre todo al PSOE en el gobierno; el segundo, sitúa la aparición de estas reflexiones justo cuando estábamos tratando de asimilar casos tan mediáticos como la trama Gürtel, Nóos/Urdangarin, el caso Bárcenas o los ERE de Andalucía.
Ambos hitos temporales remiten, pues, a dos momentos de especial sensibilización frente al fenómeno de la corrupción, algo que los vincula inevitablemente a nuestra situación presente. Es como si la irrupción pública de estos escándalos y la atención que les prestamos fuera por olas, ciclos de tormenta mediática a los que luego sigue un periodo de calma. Pasamos, así, de la hipersensibilización a la indiferencia. Pero, como vemos, el cáncer siempre estuvo y seguirá estando ahí, haya o no nuevos rebrotes de gran resonancia pública. Esto es precisamente aquello sobre lo que advertía Pradera, como bien dice el subtítulo del libro: la venalidad política es una externalidad negativa de la democracia, tanto más propensa a hacer su aparición cuanto mayor sea la pasividad a la hora de atajarla y la debilidad de la armadura legal e institucional encargada de combatirla.
Ese fue el caso del primer periodo referido, aquel sobre el que Pradera se explayó con especial detalle, caracterizado por una expansión creciente del Estado y el gasto público y el progresivo asentamiento de los partidos en la todavía joven democracia, con sus progresivas necesidades de financiación y la correlativa tolerancia hacia conductas de dudosa rectitud ética. Porque, para empezar, cuando hablamos de corrupción nos referimos a un amplio abanico de conductas que comparten un rasgo común: la obtención de algún beneficio privado gracias a la posición que se ocupa en la estructura de poder, el desempeño de algún cargo público. Y, como es lógico, ofrece una variedad de supuestos pasmosa: desde aprovechar lucrativas puertas giratorias cuando se abandona el cargo —y gracias a él, claro está— hasta meter la mano directamente en la caja, como hicieron algunos responsables del Ministerio del Interior con el dinero de los fondos reservados. Sin olvidar la imprescindible complicidad de la sociedad civil, ese amplísimo campo del tráfico de influencias, donde suelen hacer su aparición los siempre escurridizos y siniestros intermediarios, siempre atentos al botín de los contratos de obras y servicios, las recalificaciones urbanísticas u otros actos administrativos con claro beneficio privado.
Hasta que no fueron aflorando los escándalos, ramificados por todo el territorio nacional, en todas las escalas de decisión y casi sin distinción de partido, no acabamos de tomar conciencia de sus múltiples formas y del desafío que supusieron para la propia deslegitimación de la democracia. Con el agravante de que la sensibilidad hacia estas formas de venalidad y su denuncia solo parecía importar a nuestros agentes políticos cuando quienes se veían inmersos en ellos pertenecían al partido contrario. Las llamadas a la dimisión desde las bancadas de la oposición cada vez que se producía un escándalo se tornaban en tozudos aferramientos al cargo cuando a esta le tocaba ejercer el gobierno. Y esa flagrante contradicción entre discurso público y acción real acabó teniendo un corrosivo impacto sobre la confianza en la política.
Tanto la presión social como la verificación empírica de que los casos de corrupción poseían un efecto electoral claramente negativo para los partidos implicados, condujo a un progresivo desarrollo del sistema inmune del Estado de derecho. Pronto se fueron introduciendo reformas, que afectaron sobre todo al control de la financiación de los partidos políticos y de la discrecionalidad administrativa, las principales fuentes de la caída en este tipo de prácticas; una apuesta explícita por hacer gobernar la transparencia en la gigantesca red de decisiones que caracteriza al Estado contemporáneo y otros medios para anular cualquier abuso de poder. El objetivo era disolver cualquier incentivo para caer en los tradicionales amaños. Creo que ese objetivo se logró. Hoy poseemos en España un entramado legal dirigido al control de la corrupción que no se diferencia en prácticamente nada al de cualquier otra democracia avanzada.
¿Por qué entonces siguen apareciendo los escándalos? No, desde luego, porque —como señalaba Pradera— exista una “propensión ontológica a la corrupción” por parte de los políticos profesionales. La causa, nos dice, es más estructural o, si prefieren, “sistémica”. Tiene que ver fundamentalmente con la concentración del poder en los partidos, que acaban siendo los usufructuarios de todo el entramado estatal, que lo ocupan en hasta en sus últimos alveolos. Ad intra, sin embargo, no pueden evitar sus tendencias oligárquicas, favorecidas por el propio diseño vertical de las listas electorales o, a partir de la elección de su líder por los afiliados, el giro cesarista de su dirección. Y cuando las carreras políticas dependen de los de arriba, la disciplina acaba sustituyendo al debate y se prima la lealtad al mérito. Bajo esas condiciones, las llamadas a “prietas las filas” cuando asoma algún caso de corrupción impiden la exigencia de responsabilidades internas con el consiguiente intento de encubrir —cuando no banalizar— los escándalos.
Con todo, aquello que no le dio tiempo a ver a Pradera, la fiera polarización en la que ha caído nuestro sistema de partidos, ha introducido un elemento nuevo cuyo impacto potencial sobre la evolución del enjuiciamiento popular de la venalidad política es todavía imprevisible. Me refiero a la sospecha de falta de imparcialidad e independencia del sistema de la justicia, ya se trate de aquella parte más subordinada al poder ejecutivo, la fiscalía general, como de los propios jueces, acusados —sin apenas entrar en matices o distinción de personas—, de una politización flagrante. La encuesta publicada el pasado lunes en este periódico solo puede llamar al desánimo y exige una reflexión colectiva en profundidad. Tanto por parte de quienes lanzan irresponsables acusaciones interesadas, como por los propios miembros del poder judicial, sin excluir, claro está, a los medios de comunicación.
La acusación es de una seriedad meridiana. Todo nuestro sistema de controles de la actividad delictiva de los agentes políticos pivota al final sobre los presupuestos del Estado de derecho. Eso no tiene por qué excluir las críticas a sentencias puntuales, pero trasladarlo al sistema como un todo acabaría reduciendo la aplicación de la ley a cargos políticos a mera opinión interesada. El paraíso para quienes se ven afectados por las pesquisas y el infierno para quienes seguimos creyendo en la justicia. No aclarar este problema en una conversación pública serena y responsable acabará por retrotraernos a los tiempos más oscuros de la democracia. Si es que no estamos ya en el más preocupante de todos. Fernando Vallespín es miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El País, 9 de julio de 2026.
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