viernes, 21 de mayo de 2010

El Apocalipsis, según el PP

Rajoy, por Forges



"Revelación de Jesucristo: se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto; y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo: todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el Tiempo está cerca". (Apocalipsis: Juan, 1,1-3. Nueva Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1998).

Sustituyan Jesucristo por Rajoy, Dios por Aznar, el ángel por Cospedal, y a Juan por Montoro, y ya tendrán claro el escenario apocalíptico que el PP nos anuncia. ¿Comprenden ahora porqué terminaba mi comentario de ayer como lo terminaba? No soy el único que piensa así sobre la particularísima manera de hacer oposición del PP, que traducida al román paladino sería la del "cuánto peor, mejor". Lo de mejor para ellos, lo ignoro, y la verdad, me importa un huevo y la mitad del otro; lo de peor para todos, si que me preocupa.

También le preocupa al catedrático de sociología de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, que deja testimonio de esa preocupación en un desasosegante artículo que hoy publica en el diario El País, titulado "Ponerse en lo peor".

El profesor Sotelo, como otros muchos expertos, se muestra convencido de que antes o después saldremos de la crisis, gracias entre otras cosas a la fortaleza de la Unión Europea. La cuestión, dice, es cuándo y en qué condiciones, pero que en todo caso, añade, nos espera una década de crecimiento muy bajo y una alta tasa de desempleo que puede llevarnos a una peligrosa deriva social y política si no se ataja entre todos. Y a todas esas, el PP, ni está ni se le espera...

Les dejo con la lectura del artículo del profesor Sotelo. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt



  

Rajoy, por Peridis





"Ponerse en lo peor", por Ignacio Sotelo
EL PAÍS  -  Opinión - 21-05-2010

El espectáculo que ofrece el primer partido de la oposición, empeñado obsesivamente en que el Gobierno nos lleva a la catástrofe, tanto si pretende salir de la crisis salvando el Estado social como si se ve obligado a cuestionarlo, coloca a la sociedad en estado de pánico permanente, con lo que, además de echar leña al fuego de la especulación internacional, se muestra dispuesto, con tal de que caiga Zapatero, a propiciar el mayor desastre.

Y lo hace, claro está, sin mencionar las medidas concretas, y de estas se trata, que pondría en marcha si llegara a gobernar. Sabe que si las hiciera públicas perdería las elecciones, y siempre podrá alegar que la herencia que dejaron los socialistas exige las medidas drásticas que seguro luego tomará. En estas circunstancias, ponerse en lo peor, aunque sea como mero ejercicio dialéctico, podría interpretarse como una invitación al suicidio colectivo.

En tiempos revueltos parece de sentido común el que tanto desde el banco azul como desde la oposición se dé cuenta de la situación con un mismo lenguaje claro, pero evitando esparcir alarmas que minen la concordia indispensable para enfrentarse juntos a las dificultades sobrevenidas. En tiempos de hondo malestar la oposición está obligada a colaborar con el Gobierno en la búsqueda de una pronta salida; cuando las aguas vuelvan a su cauce ya habrá ocasión de que cada cual presente propuestas alternativas.

Durante la II Guerra Mundial los laboristas supieron colaborar lealmente con los conservadores, actitud que, pese al enorme prestigio de Churchill, les llevó al poder en 1945. El electorado suele recompensar al partido que muestra que le importa más el bien de la nación que el suyo propio. Cuando la coyuntura aprieta no vale echarse mutuamente la culpa, o denigrar al contrario como si fuese la catástrofe personificada, sino que es el momento de encontrar una salida conjunta. De que no haya ocurrido así son responsables, con alguna excepción como la de CiU, en mayor o menor medida toda la clase política, pero muy en especial el PP.

¿Rige acaso la misma norma para el ciudadano? ¿Los medios deben renunciar también a discutir salidas diferentes de la crisis, ocultando los peligros que nos amenazan? Si a los políticos corresponde actuar conjuntamente, sin embarullarse en discusiones infinitas -la sorpresa suele ser el mayor factor del éxito, y ya habrá tiempo de dar explicaciones- en cambio toca a la sociedad discutir a fondo la situación, ofreciendo distintas soluciones acorde con la multiplicidad de intereses. En democracia son los ciudadanos los que plantean las alternativas y las instituciones las que toman decisiones que no pueden distanciarse mucho de las opiniones dominantes.

Lo que sigue no es más que una construcción arbitraria que vincula una catástrofe a la otra, como si cayeran en ristra las fichas del dominó. Cierto que no es probable que se concatene una desgracia a la otra, pero en la sociedad de alto riesgo en que vivimos hay que estar preparado para responder a los peores desastres. Condición de supervivencia es imaginar peligros y tener preparadas las respuestas adecuadas.

Partamos de lo más seguro, y es que antes o después saldremos de la crisis: la cuestión es cuándo y en qué condiciones. Está agotado el modelo productivo en torno al turismo y el ladrillo -aunque continuará formando una buena parte de nuestro PIB- y sufriremos la deslocalización de la industria, piénsese en la automovilística, como el resto de Europa.

Habrá que inventar un modelo de más alta productividad, probablemente en torno a las técnicas de comunicación, la energía limpia, el sector agrario, con especial desarrollo de la industria alimenticia y otros sectores en los que podamos encontrar un hueco en un mundo globalizado. Pero su puesta en marcha exigirá bastante tiempo, si es que logramos salir del bache en educación que, además de los recursos financieros, depende de factores sociales y culturales muy difíciles de calibrar.

El pronóstico que se hace, más fuera que dentro, es que España tiene por delante al menos una década de crecimiento muy bajo y una alta tasa de desempleo.

¿Cómo reaccionará la sociedad a este frenazo, después de dos decenios de crecimiento y de relativo bienestar, en los que los españoles han pasado de tener que emigrar a recibir en los últimos años cuatro millones de inmigrantes? ¿Aumentará la xenofobia al ritmo que han aumentado los canales televisivos de derecha? ¿Se logrará volcar a los sectores sociales más desposeídos contra los sindicatos y los partidos de izquierda, sobre los que se cargaría la responsabilidad de lo que acontece? ¿Cómo responderá el nacionalismo, que en Cataluña y el País Vasco tiene el terreno muy bien abonado, a un largo estancamiento?

 Únase esta paralización económica, con todas sus tensiones y secuelas sociales, a un nacionalismo que transporta la idea de que los males los causa España y la solución es la independencia de las "naciones sometidas", y especúlese con lo que podría ocurrir en tiempos de las vacas flacas.

Quedarán de manifiesto los altísimos costes de que se haya deslavazado el Estado, que con tanto esfuerzo habíamos empezado a construir en la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Cierto que siempre había sido bastante débil, como muestran los índices de analfabetismo, causa principal de que, a diferencia de Francia, Alemania y Reino Unido, en la Península Ibérica se haya conservado el plurilingüis-mo. El que el Estado de las Autonomías haya marchado en los últimos 30 años aceleradamente hacia una confederación, alejándose cada vez más de un Estado federal, podría pagarse, en tiempos de estancamiento, a un precio altísimo.

¿Cómo reaccionaría el resto de España a una eventual ruptura de la unidad nacional? No cabe descartar que trajera consigo el fin de la monarquía. Ahora bien, esa tercera república con la que hoy sueña un grupo cada vez más nutrido de españoles, para una mayor frustración, podría ser obra de la derecha nacionalista más insolidaria. La república que a partir de la ruptura nacional se percibe en el horizonte quedaría en manos de una derecha supernacionalista que habría echado la culpa de la debacle a la "monarquía parlamentaria" con su Estado de las Autonomías.

Tómense estas reflexiones como lo que son, una pesadilla en una mala noche, pero en ningún caso se echen en saco roto. Sin entregarse a ningún fatalismo -el futuro que nos aguarda lo hacemos nosotros- hay que estar preparados para lo peor, buscando con sosiego puertas de escape. Y en cuanto inquiramos una tabla de salvación, se impone la conocida fórmula: España es el problema y Europa la solución.

El hecho nuevo en que basamos nuestra esperanza de que la historia no se repita es que estamos en la Unión Europea. Por fuertes que sean los envites contra el euro, podemos confiar en que la moneda común prevalezca, participando poco a poco del empuje que nuestros socios más fuertes inyecten en la economía europea.

Cabe razonablemente esperar que salgamos del atolladero en que la Unión se encuentra desde la ampliación, y que avancemos por fin en la construcción europea, conscientes de lo que sería de cada uno de nosotros si esta nos fallase. La crisis ha hecho evidente lo que realmente significa una Europa unida y no me cabe la menor duda de que al final saldrá robustecida.





El profesor Ignacio Sotelo



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"La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura" (Voltaire)

jueves, 20 de mayo de 2010

La democracia, según Popper



El filósofo Karl Popper





Sobre Karl Popper (1902-1994), filósofo y sociólogo político británico de origen austríaco, he escrito en ocasiones anteriores en este blog. Especialmente de una de sus obras principales: "La sociedad abierta y sus enemigos" (Paidós, Barcelona, 2006). Escrita en 1945 durante su forzado exilio en Nueva Zelanda, trata en ella, como más tarde lo hará la también filósofa y teórica de la política norteamericana de origen alemán, Hannah Arendt, sobre los orígenes de los totalitarismos que asolaron el siglo XX: especialmente el comunismo y el nacional-socialismo.

Para el profesor José Sánchez-Alarcos, comentarista de la obra de Popper, la tesis central de "La  sociedad abierta y sus enemigos" es la de que el origen de los totalitarismos radica en la superstición de ciertas ideologías que parten de dos falsedades relacionadas: primero, que la historia se mueve en una dirección de acuerdo con leyes naturales y, segundo, que ellos, los ideólogos, conocen esa dirección. A partir de esas certezas, basadas en el determinismo histórico, se construye la utopía: dotados de esa tremenda información, se edifica un mundo maravilloso en el que los seres humanos serán felices porque el modelo de sociedad se adapta milimétricamente al sentido natural de la historia. Obviamente, quien se oponga a la construcción de esa sociedad perfecta, una sociedad cerrada que remite a la tribu, puede ser considerado un canalla y debe ser extirpado invocando razones morales, como ha sucedido en todos los Estados totalitarios.

Enemigo declarado de las utopías políticas, y por ende, de las ideas expuestas en la "República", de Platón, primer gran modelo utópico de Occidente cuya influencia, dice el profesor Sánchez-Alarcos, aún perdura, Popper manifiesta su certeza de que la salvaguarda de la libertad y del progreso están precisamente en sociedades abiertas en las que las personas deciden con sus acciones el curso de la historia, porque ni hay sociedades perfectas ni, por lo tanto, un camino ideal para alcanzar lo que solo existe en la imaginación de unos pensadores trasnochados.

De Popper escribía también hace unos días en el diario La Vanguardia, el periodista y columnista político Luís Foix, en un interesante artículo que reproduzco más adelante, titulado "Hereu se despeña". Comentaba en él el estruendoso fracaso de la consulta popular promovida por el consistorio barcelonés llamando a los ciudadanos a decidir sobre las posibles opciones para remodelar la Vía Diagonal de la capital catalana, y concluía su artículo, en el que augura el fín de la hegemonía socialista en el Ayuntamiento de Barcelona a causa del patinazo político de su alcalde, con una cita de Popper que dice que "la democracia no consiste en designar gobiernos sino en echarlos".

No puedo estar sino en completo acuerdo con Foix, y por supuesto con Popper, de quien recuerdo otra frase de la que no puedo precisar la fuente, que venía a decir que en las sociedades democráticas consolidadas, los ciudadanos, cuando ejercen su derecho de voto, no pretenden tanto elegir a un determinado gobierno, como impedir que lleguen a él (al gobierno) otros.

Nunca discuto ni pongo en cuestión lo que votan mis conciudadanos. Me podrá gustar más, gustar menos o no gustar nada, pero es su derecho y su decisión, y eso es lo fundamental para mí, pero les aseguro que viendo y oyendo a las señoras Cospedal y Saénz de Santamaría, o a los señores Aznar, Arenas, Montoro, Trillo o Rajoy, yo tengo clarísimo por quién voy a votar, aunque sea tapándome la nariz...

He puesto en la sección de videos uno con la lectura  de la famosa alegoría de "la caverna", incluida  en La República, de Platón. Espero que les resulte interesante. Sean felices. Tamaragua, amigos. HArendt







Portada de "La Sociedad abierta y sus enemigos"







"HEREU SE DESPEÑA", por Lluís Foix
Blog "El día después" - La Vanguardia, 16/05/2010

Desde que Obama ganara las elecciones en noviembre de 2008, las urnas van tumbando a gobiernos nacionales, autonómicos y locales. No recuerdo un caso de elecciones ganadas por partidos que estaban en el gobierno desde que la crisis económica sembró la inquietud y el temor en todo el mundo.

Esta semana los laboristas han abandonado el poder en Gran Bretaña después de trece años al frente del gobierno. En Francia, el partido de Sarkozy ha recibido castigos en las regionales que las ha ganado el partido socialista. Los italianos dieron la victoria a la alianza de Berlusconi pero fueron los de la Lega Norte los que ganaron en las principales regiones del norte, tradicionalmente feudos de la izquierda

Se avecinan cambios en Holanda, en Hungría ha aparecido la derecha extrema tras diez años de socialdemocracia. La señora Merkel ha perdido en el land de Renania Westalia del Norte, el land más poblado de Alemania. La crisis va expulsando a los gobiernos que no han podido ni han sabido dar respuestas a las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos.

Una convulsión económica como la que está recorriendo el mundo libre tiene consecuencias políticas inevitables. Ocurrió en los años treinta del siglo pasado y se repitió en la crisis de los años noventa.

En estas, se le ocurre al alcalde Hereu convocar una consulta sobre las distintas opciones para remodelar la Diagonal de Barcelona. Ha sido un fiasco. Ni siquiera el 13 por ciento de los barceloneses se han molestado en votar, a pesar de las posibilidades de emitir el voto por Internet. De los que han votado, casi un 80 por ciento se han pronunciado por la opción no aconsejada por el ayuntamiento de Hereu. Ha rodado la primera cabeza política, la de su brazo derecho y responsable de la consulta, en espera de que la consulta cause una crisis política en el consistorio barcelonés.

No entiendo cómo el alcalde Hereu haya podido leer tan malamente los signos de los tiempos y de la historia. No sé si se puede aplicar aquella sentencia de Talleyrand, el incombustible sobreviviente de la Revolución Francesa, cuando dijo que "es peor que un crimen, es un error". ¿Cómo no se ocurrió a Hereu que los barceloneses tenemos prioridades más perentorias que el futuro diseño de la Diagonal?

Todos los gobiernos, desde Felipe II hasta George Bush, han sabido lo que no se debía hacer y, sin embargo, lo hicieron. Fueron arrastrados por la "ingratitud" que se apodera de los pueblos cuando no están de buen humor y desconfían de sus gobernantes. Hereu ha perdido algo más importante que una consulta popular. Puede haber perdido la alcaldía que ha estado en manos de los socialistas desde hace más de treinta años. Popper decía que la democracia no consiste en designar gobiernos sino en echarlos.






El periodista Lluís Foix







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"Pues, tanto como saber, me agrada dudar" (Dante)
"La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura" (Voltaire)

miércoles, 19 de mayo de 2010

Jurisprudencia constitucional






















Creo que lo escribe con excesiva vehemencia, pero que no deja de tener buena parte de razón. Me refiero al artículo que en el diario El País publica hoy miércoles el abogado José María Ruiz Soroa, titulado "Democracia ramplona", sobre las críticas, a su juicio infundadas, que se formulan a la labor del Tribunal Constitucional como garante de los derechos y libertades de los españoles que la Constitución establece. En particular y sobre todo, a partir del interminable proceso de examen del Estatuto de Cataluña.

Dice Ruiz Soroa que hay dos formas de criticar el funcionamiento, incluso la existencia, de un Tribunal Constitucional. La primera, la de aquellos que argumentan que la capacidad de un pueblo para autogobernarse no puede estar limitada por unos textos constitucionales más o menos rígidos y heredados de generaciones pasadas. Y menos aún por unos tribunales que imponen su opinión elitista y técnica a los representantes de la ciudadanía e invalidan o recortan las leyes por estos aprobadas. Para estos autores, dice, nuestras actuales democracias constitucionales son "democracias paternalistas" (Waldrom) o "democracias jibarizadas" (Sánchez Cuenca), que tratan al ciudadano como a un ser precisado de muletas para desempeñarse en la vida pública. Es muy discutible, concluye, pero es una opinión razonada.

La polémica viene de antiguo, sobre todo a partir de los años 30 del pasado siglo, y se hizo patente en la confrontación que llevaron a cabo dos grandes juristas: el austriaco Hans Kelsen y el alemán Carl Schmitt, sobre "quién debe ser el defensor de la Constitución". Ya la he tratado anteriormente en el blog, y allí me remito.

La segunda, siempre a juicio del autor del artículo, es la de aquellos que aun teniendo a la vista que el Tribunal Constitucional ya había acordado en su sentencia nonata de hace unas semanas la inconstitucionalidad de una veintena de artículos del Estatuto, algo en lo "que todos sus miembros estuvieron de acuerdo", añade, han emprendido una campaña desaforada para sacarlo adelante pese a quien pese. Supongo, aunque no lo dice, que se refiere a los partidos que han promovido el reciente acuerdo del Parlamento de Cataluña en defensa del actual texto estatutario y solicitando la modificación de la ley del Tribunal Constitucional.

Desde mi atalaya de mero espectador y seguidor interesado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, comparto con el señor Ruiz Soroa su opinión de que la labor del Tribunal ha sido, en cuanto a la salvaguardia de los derechos y libertades de los españoles se refiere, a pesar de algunas excepciones de interpretación que ahora no vienen al caso, absolutamente positiva. Dicho lo cual, reitero dos cuestiones que están en la mente de todos y que nuestro articulista no menciona: a) es absolutamente injustificable que una sentencia sobre la constitucionalidad de una ley, sea ésta de la complejidad que sea, lleve más de tres años sin resolverse; y b) es absolutamente injustificable que la renovación de aquellos de sus miembros que han cumplido su mandato se prorrogue indefinidamente por la imposibilidad de acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales.

De la primera cuestión los únicos responsables son los propios miembros del Tribunal; de la segunda, los únicos responsables son el partido popular y el partido socialista. Como obligar a estos últimos a un ejercicio de responsabilidad resulta poco menos que una utopía, me pregunto: ¿por qué no dimiten en pleno los miembros del Tribunal Constitucional forzando así su renovación? 

He puesto en la cabecera del blog la milenaria y venerada imagen de la lechuza de Atenea, diosa de la Sabiduría, a ver si nos ilumina en estos momentos de tribulación.  Y en la sección de vídeos, uno sobre el homenaje tributado el pasado mes de enero por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), mi alma máter, al que fuera primer presidente del Tribunal Constitucional, el profesor Manuel  García Pelayo. Espero que les resulte interesante Sean felices. Tamaragua, amigos. HArendt

 





María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional




 
"¿DEMOCRACIA RAMPLONA?", por José María Ruiz Soroa
EL PAÍS  -  Opinión - 19-05-2010

Escuchamos hoy un confuso discurso sobre la democracia que, en nombre del principio de autogobierno de los ciudadanos, clama contra el hecho de que un reducido colegio de jueces pueda poner su particular opinión por encima de la voluntad de los representantes de esos ciudadanos en los parlamentos, por encima incluso de la voluntad expresada en referéndum por los mismos ciudadanos catalanes. En este discurso se mezclan respetables posturas de principio con un craso oportunismo sectario que pretende vestir con ropajes democráticos lo que es sólo un interés, el de que una determinada ley (el Estatut, se entiende) salga adelante a costa de todo.

Principios defienden aquellos autores que argumentan que la capacidad de un pueblo para autogobernarse no puede estar limitada por unos textos constitucionales más o menos rígidos y heredados de generaciones pasadas. Y menos aún por unos tribunales que imponen su opinión elitista y técnica a los representantes de la ciudadanía e invalidan o recortan las leyes por estos aprobadas. Para estos autores, nuestras actuales democracias constitucionales son "democracias paternalistas" (Waldrom) o "democracias jibarizadas" (Sánchez Cuenca), que tratan al ciudadano como a un ser precisado de muletas para desempeñarse en la vida pública. Es muy discutible, pero es una opinión razonada.

Intereses defienden en cambio quienes, a la vista de la ya probada inconstitucionalidad del Estatut (puesta de relieve inapelablemente en la última sesión del Tribunal Constitucional, TC, en la que todos sus miembros estuvieron de acuerdo en que como mínimo una treintena de preceptos del Estatut eran inconstitucionales), han emprendido una campaña desaforada para sacarlo adelante pese a quien pese.

A estos muñidores del democratismo radical -sección catalana- se les puede cuestionar su sinceridad democrática. Y su propia lógica. Por una sencilla razón: porque el rendimiento empírico de nuestra justicia constitucional no avala en absoluto sus impostadas quejas, sino más bien todo lo contrario. Es decir, que cuando este TC ha invalidado leyes aprobadas por la soberanía popular (y lo ha hecho varias veces), nunca ha sido para disminuir el autogobierno de los ciudadanos, sino para ampliarlo. Y sobran ejemplos.

Cuando el TC invalidó por inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana o de la patada en la puerta, ¿no incrementó nuestros derechos ciudadanos? Cuando el TC rechazó el decreto ley antiterrorista, ¿protegió o limitó nuestros derechos? Cuando declaró inconstitucional la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prohibió que el juez instructor fuera también el juez sentenciador, o vetó los juicios sin noticia previa, ¿nos trató como a menores de edad? Cuando el TC invalidó las limitaciones de derechos a los inmigrantes contenidas en sucesivas leyes de inmigración socialista y popular, ¿de verdad que jibarizó nuestra democracia? ¿O más bien la amplió un poco más?

Seamos serios: la ejecutoria de nuestro TC no recuerda para nada la del Tribunal Supremo de Estados Unidos del primer tercio del siglo XX, aquel tribunal que hizo un uso abusivo de ciertas cláusulas constitucionales para invalidar así cualquier legislación progresiva en materias sociales o económicas, llegando a provocar la directa amenaza de Roosevelt de reformarlo si no modificaba su actitud. Ningún tribunal constitucional europeo, desde la posguerra en adelante, se ha significado por funcionar como un reductor de autogobierno, sino todo lo contrario, como un potenciador de democracia. ¿A qué viene entonces este súbito ataque de esencialismo democrático en su contra?

Pero si hay un ejemplo patente de la contradicción flagrante en que caen los demócratas radicales -sección catalana- es el que proporciona la sentencia del Tribunal de 13/08/1983, que invalidó una Ley Orgánica aprobada con los votos de una supermayoría de representantes del pueblo en el Congreso y el Senado, en concreto la Ley Orgánica 30/06/1982. Aquella norma rechazada se llamaba (¿recuerdan?) "Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico" y fue recurrida ante el Tribunal por los partidos nacionalistas, que alegaban que congelaba y reconducía el desarrollo del Estado autonómico "de una manera inconstitucional". Incluso el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que ahora también se apunta a la eliminación del TC por antidemocrático, acudió a él en 1982 en demanda de protección democrática. Y el Tribunal Constitucional les dio la razón, y sobrepuso su propia interpretación de la Constitución a aquella que había hecho el pueblo soberano a través de sus representantes. ¿Dónde estaría hoy el Estatut si la mayoría hubiera sido soberana sin límites?

Cuando los nacionalistas y comunistas acudían al Constitucional en 1983, y exigían el amparo de la Constitución contra las decisiones legislativas de la inmensa mayoría de los representantes del pueblo español, ¿no estaban ellos mismos proclamando que la Constitución y su interpretación por el Tribunal eran la última instancia de legitimidad en nuestro sistema democrático? ¿Cómo es, entonces, que ahora argumentan que ni la Constitución ni el Tribunal pueden "jamás" ponerse por encima de la voluntad del Parlamento o del sentimiento de un pueblo? ¿Es que su ramplona concepción de la democracia depende del lado en que caigan sus intereses?























José María Ruiz Soroa




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