Hoy existen más desigualdades de rentas y riqueza que nunca. En la ciudad de Nueva York, la renta media por hogar es de 131.000 dólares. Si no hubiera esa desigualdad tan pronunciada, los neoyorquinos podrían vivir razonablemente bien. En lugar de ello, un puñado de personas situadas en la cima de la escala acapara una riqueza inmensa mientras millones de habitantes tienen dificultades simplemente para llegar a fin de mes. Algunos no lo consiguen. Para ellos, Nueva York se ha vuelto, en definitiva, inasequible.
Este grado tan desmesurado de desigualdad tiene enormes consecuencias económicas, políticas y sociales. Socava la cohesión social y política, erosiona la confianza en las instituciones y empuja a la gente a pensar, con razón, que el sistema está amañado.
Casi la quinta parte de los multimillonarios de Estados Unidos viven en Nueva York, lo que constituye la mayor concentración de riqueza de todo el país. Pero la desigualdad no es un problema exclusivo de Nueva York, ni siquiera de Estados Unidos, aunque en este país haya más desigualdades que en casi cualquier otra economía avanzada. Es una crisis mundial.
El informe mundial sobre las desigualdades, encargado durante la presidencia sudafricana del G-20, reveló que, entre 2000 y 2024, el 1% más rico acaparó el 41% de toda la riqueza nueva, mientras que la mitad más pobre de la humanidad solo se quedó con el 1%. Este rumbo es insostenible.
Uno de los síntomas más claros de este desequilibrio es el aumento de la riqueza extrema. En 1987, los multimillonarios poseían una riqueza equivalente al 3% del PIB mundial. Hoy, esa élite diminuta —el 0,0001 % de la población mundial— posee una riqueza que equivale nada menos que al 16% del PIB mundial.
A medida que se concentra la riqueza, también lo hace el poder: el poder de influir en las elecciones, determinar las políticas, escorar los mercados y definir los términos del debate público.
Uno de los factores que más impulsan esta tendencia es nuestra incapacidad colectiva para gravar verdaderamente a los más ricos. Hasta hace poco, era difícil medir la magnitud del problema. Los datos públicos no registran las contribuciones fiscales de los ultrarricos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido una avalancha de estudios que analizan precisamente ese aspecto y llegan a unas conclusiones claras.
En los años sesenta del siglo pasado, los 400 estadounidenses más ricos dedicaban aproximadamente el 50% de sus ingresos a pagar impuestos en las diferentes administraciones públicas. Hoy pagan alrededor del 24%.
No ocurre solo en Estados Unidos. En toda Europa —incluidos Francia, Italia y los Países Bajos— y en países como Brasil, los investigadores observan el mismo patrón: los tipos impositivos reales que pagan los más ricos son prácticamente los más bajos de todos. No solo se les da bien generar riqueza, sino también eludir y evadir impuestos.
Además, cuando pagan, aportan mucho menos de lo que les correspondería, pese a que son ricos, en gran parte, gracias a las inversiones públicas: contratos públicos, una mano de obra muy cualificada, un Estado de derecho que facilita la actividad empresarial y unas buenas infraestructuras e incluso las tecnologías básicas en las que se apoya su “innovación”. El peso recae fundamentalmente sobre los trabajadores, cuyos impuestos sostienen esos mismos sistemas que hacen posible la riqueza extrema.
Ya es hora de que abordemos este problema entre todos. Podemos discrepar sobre cómo de progresivos deben ser los sistemas impositivos: es decir, sobre cuánta más proporción de sus ingresos deben dedicar los ricos a pagar impuestos que el resto de la población. Pero no existe nada que justifique un sistema regresivo en el que los más ricos contribuyen menos que los demás. Esa es la forma de que las desigualdades aumenten y se perpetúen. Durante mucho tiempo, se ha descartado la posibilidad de hacer reformas porque se pensaba que eran demasiado complejas o políticamente inviables, a pesar de que los votantes de todas las tendencias políticas apoyan con entusiasmo que los ricos paguen lo que deben. Eso está empezando a cambiar.
En 2024, bajo la presidencia de Brasil, el G-20 incluyó este problema entre sus prioridades y se comprometió a aplicar una fiscalidad más eficaz a las personas con un patrimonio neto desmesurado. El grupo encargó un informe en el que se proponía un impuesto mínimo sobre el patrimonio del 2% para los más ricos, una forma sencilla de garantizar que cumplan con sus obligaciones para con la sociedad.
La idea, de gran calado, ha tenido un efecto dominó. En 2025, España y Brasil se comprometieron a encabezar una coalición de países para ponerla en práctica. Este fin de semana, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnen en Barcelona con los jefes de Estado de Sudáfrica, México, Colombia y muchos otros países para impulsar el proyecto.
En Francia, la Asamblea Nacional aprobó una variante de este impuesto mínimo, aunque el Senado, conservador, lo bloqueó. Aun así, sigue siendo un tema muy presente en el debate nacional; igual que ocurrió en su día con el propio impuesto sobre la renta, que se encontró con una resistencia similar por parte de las fuerzas conservadoras antes de convertirse en ley. En Estados Unidos se está produciendo un cambio de paradigma. El próximo mes de noviembre, los votantes de California decidirán si se instaura un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios. El Estado de Washington ha aprobado un impuesto sobre la renta del 9,9 % para las rentas superiores a un millón de dólares, que entrará en vigor en 2028. En Nueva York, estamos pidiendo a las autoridades estatales que aumenten los impuestos a los ricos y a las grandes empresas para cerrar el déficit presupuestario de la ciudad y financiar servicios públicos esenciales, como viviendas asequibles y cuidados infantiles. Y ya estamos progresando en un nuevo impuesto sobre las segundas residencias en la ciudad, que se aplicará a los ultrarricos y a las élites internacionales.
Estos no son más que los primeros pasos para restablecer un principio social básico: que quienes más tienen deben aportar lo que les corresponde para que todo el mundo pueda vivir con dignidad.
La idea de que los multimillonarios deben pagar tipos impositivos más elevados que los trabajadores no es ningún concepto radical. Lo que es radical es un sistema en el que la riqueza extrema convive con las penurias generalizadas y en el que esos multimillonarios, en la práctica, se las arreglan para no contribuir a la sociedad que les ha permitido triunfar. Cuanto más tardemos en solucionar esta situación, más se atrincherarán la riqueza y el poder económico y político y, por tanto, más se consolidará los privilegios de la aristocracia contemporánea. JOSEPH E. STIGLITZ es premio Nobel de Economía; ZOHRAN MAMDANI es alcalde de Nueva York; GABRIEL ZUCMAN es profesor de Economía en la Escuela de Economía de París.
