Donald Trump ahora suplica a otros países que rescaten su guerra contra Irán ayudando a abrir el estrecho de Ormuz; aunque, como es típico de Trump, sus súplicas de ayuda se presentan en forma de amenazas. En cualquier caso, la ayuda no está en camino. Alemania, Australia y Japón se han negado rotundamente, mientras que Gran Bretaña y Francia se han mostrado algo ambiguas, aunque a lo sumo han insinuado su disposición a suministrar tropas una vez que cesen los combates.
¿Por qué este rechazo prácticamente unánime? Gran parte de la respuesta radica en que otros países no podrían asegurar el estrecho aunque quisieran. Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, se mostró abiertamente mordaz en sus declaraciones del lunes:
¿Qué espera Donald Trump que hagan un puñado o dos puñados de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada de los Estados Unidos no pueda hacer?
Más allá de eso, ¿quién quiere correr riesgos apoyando a un gobierno estadounidense en el que nadie confía , un gobierno que ni muestra gratitud por la ayuda ni castiga a quienes perjudican a Estados Unidos?
De hecho, mientras Trump suplica ayuda de una manera tan poco elegante, su administración se prepara para imponer otra ronda de aranceles a las mismas naciones a las que apela, aranceles que se impondrán basándose en un argumento obviamente falso, de mala fe y totalmente insultante.
Como probablemente saben la mayoría de los lectores, hace casi un año Trump impuso aranceles a casi todas las demás naciones, incluidas islas habitadas únicamente por pingüinos , invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Este uso de la IEEPA fue flagrantemente ilegal, y tras demorarse durante muchos meses, la Corte Suprema finalmente coincidió con los tribunales inferiores en que los aranceles eran, de hecho, ilegales.
Un punto importante que no se destaca lo suficiente es que, además de ser ilegales según la ley estadounidense, los aranceles de la IEEPA constituyeron un grave incumplimiento de contrato. La mayoría de los aranceles estadounidenses se fijaron en 1995, como parte de las negociaciones que, entre otras cosas, dieron origen a la Organización Mundial del Comercio. Estos aranceles estaban sujetos a acuerdos internacionales, que tienen casi la misma fuerza que los tratados. Sin embargo, Estados Unidos simplemente ignoró esos acuerdos, sin siquiera intentar justificar sus acciones.
Ahora que los aranceles de la IEEPA han desaparecido, Trump no se da por vencido. El domingo por la noche publicó un extenso y plagado de falsedades contra el Tribunal Supremo, que comenzó con una condena de su fallo sobre los aranceles. Y si bien no puede simplemente desafiar las decisiones del Tribunal Supremo —al menos no todavía—, sus funcionarios han estado buscando estrategias legales para reimponer aranceles elevados.
Y la principal que han ideado es una auténtica joya. Según la ley estadounidense, el poder ejecutivo tiene la facultad de imponer aranceles sin necesidad de nueva legislación en determinadas circunstancias. Entre ellas se incluyen los aranceles de la Sección 232 para proteger la seguridad nacional, la base (espuria) de la mayoría de los aranceles que sobrevivieron al fallo de la Corte Suprema. (Estoy ignorando los aranceles de la Sección 122, actualmente en vigor para hacer frente a una inexistente crisis de balanza de pagos, no porque sean legales —claramente no lo son— sino porque expirarán este verano).
Sin embargo, de cara al futuro, los funcionarios de Trump planean imponer otra ronda importante de aranceles utilizando la Sección 301, diseñada para combatir las prácticas comerciales extranjeras desleales. En concreto, proponen aranceles a 60 (!) países, entre ellos Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, a los que acusan de violar las normas contra el comercio internacional de bienes producidos con trabajo forzoso.
Un momento... ¿Acaso la administración acusa a Canadá y Europa de utilizar mano de obra esclava para producir sus exportaciones? No, lo que dicen es que los gobiernos de estos países son culpables de "no imponer ni hacer cumplir eficazmente la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso", y que estas omisiones "perjudican o restringen el comercio estadounidense". En otras palabras, van a imponer aranceles a Canadá, no porque afirmen que Canadá utiliza mano de obra esclava, sino porque China lo hace, y alegan que Canadá perjudica a Estados Unidos al no hacer lo suficiente para impedir que esos productos elaborados con mano de obra esclava entren en su mercado.
Nadie, absolutamente nadie, se cree esta historia. Nadie cree que Canadá o Europa sean peores que Estados Unidos en la lucha contra el trabajo esclavo a nivel mundial. De hecho, nadie cree que al gobierno de Trump le importe siquiera el trabajo esclavo. Al fin y al cabo, las supuestas preocupaciones que se pretenden utilizar para aumentar los aranceles no existían hasta que el Tribunal falló en contra de la IEEPA.
Esto no es más que una excusa para otro intento de eludir la ley, una maniobra que además constituye un insulto mayúsculo a otras naciones democráticas, las mismas naciones a las que Trump suplica ayuda para deshacer el desastre que ha creado en el Golfo Pérsico.
La cuestión es que todo encaja. El actual gobierno estadounidense, como diría Trump, ha tratado muy mal a nuestros antiguos aliados de muchas maneras, siendo la imposición arbitraria e ilegal de aranceles la más grave. Y ahora esos antiguos aliados no tienen ninguna intención de ayudar a Trump a salir de la trampa con Irán que él mismo se tendió. Es curioso cómo funcionan las cosas. PAUL KRUGMAN es premio Nobel de Economía. Este artículo se publicó en Substack el 17 de marzo de 2026.
