Para saber si puede salvarse la democracia liberal necesitamos comprender cuál es la naturaleza de la crisis que hoy le aflige; de lo contrario, solo daríamos palos de ciego. Aunque también es posible que ni siquiera en ese caso —ni siquiera cuando sepamos dónde está el peligro— haya nada que podamos hacer. Por más que los historiadores insistan en subrayar el papel de la contingencia histórica, recordándonos que el futuro nunca está escrito, hay ocasiones en que nos enfrentamos a fuerzas sobre las que no tenemos manera de actuar eficazmente. Al pensador alemán Ernst Jünger le gustaba hablar de «los titanes venideros»: ¿habrán llegado ya? Es pronto para saberlo. Sin embargo, adviértase que esa hipotética intervención salvífica presupone un «nosotros» cuya identidad no está nada clara: ¿quién habría de salvar la democracia liberal? Porque la comunidad de los demócratas —formada por aquellos que ponen la buena salud de la democracia por delante de sus simpatías partidistas— no se caracteriza por su solidez. Y por aquí hemos de empezar.
Irónicamente, se trata de un club al que la mayoría dice pertenecer: la democracia sigue siendo la forma de gobierno preferida en casi todas partes y casi nadie se define como partisano antes que como demócrata cuando le hacen una encuesta. ¡A todos nos gusta salir bien en la foto! Ocurre que esa adscripción de orden expresivo resulta compatible con el éxito en las urnas de líderes y partidos iliberales —ya sean populistas, extremistas o nacionalistas— en medio mundo. Conviene detenerse en esta aparente contradicción, ya que los peligros que amenazan la democracia liberal en nuestros días no tienen carácter exógeno (pese a que las turbulencias geopolíticas van en aumento) ni se visten con los ropajes de una alternativa dictatorial (como sucediera a comienzos del siglo pasado con el socialismo y el fascismo) a la que pudiera llegarse a través de una revolución o un golpe de Estado. Es verdad que episodios como el procés separatista, el asalto frustrado al Capitolio a cargo de un contingente de simpatizantes trumpistas o la movilización de los bolsonaristas en Brasilia tras la victoria de Lula da Silva nos recuerdan el riesgo de la insurrección popular; en todos estos casos, sin embargo, se hablaba el lenguaje de la democracia pese a que justamente se atentaba contra ella.
Hay que entender así que estará aquejado de «hipocresía democrática» (conforme al concepto propuesto por Gabor Simonovits) el ciudadano que manifiesta su preferencia abstracta por la democracia y procede sin embargo a apoyar en las urnas a formaciones o líderes que contribuyen a erosionarla. O sea: a los que socavan la separación de poderes, atacan a los jueces y a la prensa, colonizan la Administración pública, cercenan la independencia de los organismos contramayoritarios, ponen a su servicio los medios de comunicación públicos, deslegitiman al adversario, fomentan la polarización social o recurren sistemática- mente a la mentira política. A estas alturas, la enfermedad de la democracia liberal se encuentra más que diagnosticada; asunto distinto es que nos pongamos de acuerdo a la hora de determinar dónde y cómo se manifiesta y con qué intensidad lo hace en cada caso. Porque no debemos llegar a pensar que todas las democracias liberales se encuentran infectadas en la misma medida por el virus iliberal: los países escandinavos, Australia o Canadá —por limitarnos a unos pocos ejemplos— gozan de buena salud. Y viceversa: ninguna democracia disfrutará nunca de una indemnidad completa, ya que las tensiones que aquejan al gobierno representativo son comunes a todas ellas y no podemos esperar que jamás pase nada allí donde se compite por el poder y se manejan recursos públicos.
¿Y cómo es que el ciudadano que se dice democrático se comporta en las urnas como un partisano iliberal? Hay una explicación bien sencilla: incluso el más feroz partisano iliberal cree ser un ciudadano democrático cuando acude a votar. Para más inri, suele pensar que su voto contribuye a salvar la democracia de sus enemigos; aunque lo haya depositado en favor de una candidatura que persigue lo contrario. He aquí uno de los efectos más visibles de la polarización, estrategia política que consiste en establecer una separación tajante entre los buenos y los malos.
Por eso suele traer aparejado el fomento del partidismo negativo, que induce en el votante la impresión de que nada es más importante que frenar al enemigo; disculpar las conductas irregulares de quien ostenta el poder se convierte por ello en un mal menor. De hecho, los líderes iliberales suelen llevar a cabo una «proyección maliciosa» mediante la cual acusan a los rivales de hacer justamente lo que ellos mismos hacen; es así frecuente que quien erosiona gravemente la democracia liberal se presente ante los ciudadanos como su salvador. De ahí que el partisano iliberal crea estar haciendo lo correcto cuando vota por ellos: su identificación partidista le permite dar por bueno el desempeño de los suyos incluso cuando este último choca objetivamente con las reglas o convenciones de la democracia liberal.
Ocurre que el discurso del político iliberal puede ser populista (defendiendo una concepción plebiscitaria de la democracia, conforme a la cual el triunfo electoral legitima al «hombre fuerte» para tomar decisiones en defensa del pueblo auténtico sin someterse al control de otros poderes del Estado) o extremista (la victoria en las urnas legitima por sí sola la realización de un programa ideológico, sea o no compatible con la democracia liberal y el principio del gobierno limitado), pero puede asimismo adoptar mendazmente las formas de la retórica liberal clásica (el político iliberal se disfraza entonces de gobernante honesto que defiende la democracia y dice siempre la verdad). En cualquiera de estos casos, el votante que se identifica con el partido o con la orientación ideológica que este dice representar seguirá apoyándolo pese a su desempeño iliberal. Y lo hará justamente porque no admitirá que este último tenga lugar: el votante partisano propende al autoengaño. Su percepción de la realidad política está condicionada por su adhesión sentimental al partido, que seguirá gozando a sus ojos de la condición de partido democrático haga lo que haga cuando ocupa el poder. Una de las ventajas estratégicas de los líderes y partidos iliberales —sean populistas, extremistas o solamente oportunistas— reside en que los ciudadanos suelen albergar visiones simplistas de la compleja democracia liberal: la popular idea de que la verdadera democracia es «el gobierno del pueblo» se presta a toda clase de manipulaciones interesadas.
Se deduce de lo anterior que a una sociedad democrática le resultará muy difícil forjar un consenso sobre cuáles sean las fuerzas que verdaderamente ponen en peligro la democracia. Y es que de poco importa aprenderse la teoría sobre la crisis del liberalismo político si esa teoría se encarna en una praxis que enjuiciamos bajo la influencia de factores tales como la identificación partidista o los intereses clientelares. Dicho sea de otra manera: los partidarios de las fuerzas políticas iliberales rechazarán la tesis según la cual las fuerzas políticas a las que prestan su apoyo son peligrosas para la democracia y deben ser desalojadas del poder. Máxime cuando los propios partidos cultivan un faccionalismo nihilista que les lleva a hacer (casi) cualquier cosa con tal de permanecer en él; lo que incluye el uso del presupuesto público para ganarse la fidelidad de colectivos —funcionarios, pensionistas, agricultores e tutti quanti— con gran peso en las urnas. Sería iluso creer que a quienes obtienen del poder público sus medios de vida puede llegar a preocuparles la calidad de la democracia: aunque los liberales han insistido siempre en la necesidad de que la sociedad civil sea independiente del poder público, ahí tenemos el peronismo argentino y sus infinitas variantes para demostrarnos que el cultivo deliberado de la servidumbre produce estómagos agradecidos con una facilidad preocupante.
Llegamos así a una conclusión melancólica: la democracia liberal solo puede salvarse si hay demócratas suficientes para defenderla. Y solo los habrá si los ciudadanos renuncian a seguir a sus líderes incondicionalmente, pues esa es la única manera de evitar que los deslizamientos iliberales de los partidos tradicionales tengan éxito en las urnas o alcancen el poder las fuerzas extremistas que han conseguido laminarlos. Hay ejemplos de toda clase: Donald Trump ha capturado al Partido Republicano y Pedro Sánchez al PSOE; el partido de Nigel Farage (Reform) amenaza con adelantar a los conservadores británicos por la derecha e ignoramos si el PP de Feijóo neutralizará a Vox o se verá contaminado por él; los alemanes han optado de nuevo por una Gran Coalición y Meloni se ha mostrado pragmática desde que llegó al Quirinale. No parece que la democracia se encuentre en peligro en ninguno de estos países; en algunos de ellos, sin embargo, la democracia plena ha dejado paso hace tiempo a una democracia de rasgos iliberales donde la excepcionalidad institucional coexiste con una aparente normalidad cotidiana. De ahí que la pregunta no sea si podemos prevenir la muerte clínica de la democracia, sino si estamos en condiciones de evitar que su enfermedad se vuelva crónica y podamos empezar pronto con los trabajos de rehabilitación.
Habrá quien sugiera la conveniencia de intensificar la educación cívica que reciben los ciudadanos, enseñándoles a pensar por sí mismos y haciéndoles comprender las ventajas que comporta una democracia funcional. Dejando a un lado las dificultades que comporta hacer tal cosa allí donde no se viene haciendo, la eficacia de un programa masivo de alfabetización cívica está por demostrarse: si una sociedad carece de auténtica cultura política democrática, es imposible convertirla de la noche a la mañana en un régimen deliberativo donde los representantes contestan a lo que se les pregunta o dimiten cuando estalla un escándalo. Tampoco cabe establecer una relación directa entre nivel educativo y autonomía de juicio; la psicología política deja claro que las personas mejor formadas son igualmente proclives a caer en la identificación partidista, siendo de hecho más hábiles que la media a la hora de racionalizar sus preferencias. Sobre todo, hay que preguntarse si los valores democráticos bastan cuando el ciudadano se siente desatendido, frustrado o desprotegido: si carece de oportunidades, no puede acceder a bienes básicos o percibe una amenaza normativa contra su orden moral. Cuando ese sentimiento se hace dominante, la legitimidad de las democracias se ve a menudo cuestionada. Y entonces cobran fuerza los movimientos anti–establishment: no queramos saber cuántos ciudadanos preferirían ser adinerados en dictadura a pobres en democracia.
Así que no puede entonces sorprendernos que la teoría política oscile entre soluciones participativas (dar más voz a los ciudadanos, sortear cargos públicos, crear asambleas cívicas), materiales (estimular el crecimiento, facilitar el acceso a la vivienda y mejorar los servicios públicos, garantizar el orden público, dosificar la inmigración) e institucionales (incrementar la rendición de cuentas, mejorar la transparencia, reforzar la independencia de los órganos contramayoritarios y del poder judicial). Añádanse los llamamientos al consenso entre las grandes fuerzas políticas —que habrían de resultar en un descenso de la polarización y en mejores políticas públicas— y el énfasis en la construcción de un ethos democrático. Necesitamos, en resumen, más ilustración. Pero de nada sirve ese pío deseo si carecemos de votantes dispuestos a castigar a los gobiernos iliberales, medios de comunicación independientes del poder público o partidos responsables que apuesten por la moderación y el reformismo. Y lo que nadie sabe todavía —dígase lo que se diga— es cómo conseguir eso. Crucemos, pues, los dedos. Manuel Arias Maldonado, es politólogo. Publicado en Ethic el 24 de septiembre de 2026.
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