Una vez, leí una entrevista a Michel Rocard, quien fue primer ministro francés siendo Mitterrand presidente, en la que decía que jamás recomendaría a sus hijos que se dedicaran a la política. Meses después, me tocó cenar sentado al lado de su esposa. No pude evitar preguntarle por aquella opinión de su marido. “¡Pues claro!”, me dijo. “¡No puedes ni imaginarte las cosas que le han llegado a hacer!”. Sí que podía imaginármelas, y recordé para mí el viejo adagio: si no quieres polvo, no vayas a la era. El recurso de los que gobiernan diciendo que sufren y se sacrifican por los demás, o por el bien del país, me parecía entonces un victimismo forzado o una coquetería interesada.
Sin embargo, últimamente tengo dudas. Me consta que muchos de los que, de mi generación y de la siguiente, se han dedicado a la cosa pública, aunque no expresan en público el parecer de Rocard, en privado lo aplican. Constato, por otro lado, que las cosas de la política han llegado a un punto tal de brutalidad que dedicarse a ella puede llegar a hacerse insoportable para muchos. No me refiero a la creciente dificultad de los problemas a los que cualquier Gobierno se enfrenta, ni a la dureza de los debates en las redes o en los parlamentos, sino a otra cosa. El espectáculo de la política se está convirtiendo a menudo en algo grotesco, hasta extremos hace poco inimaginables que nos recuerdan la frase del viejo Tarradellas: “En política se puede hacer de todo, menos el ridículo”.
¿Quién podía llegar a imaginar que veríamos en los jardines de la Casa Blanca un ring en el que dos individuos combatían ante miles de espectadores con tanta violencia que, según leo en la prensa, “cuando uno cae al suelo, el otro tiene derecho a machacarlo?”. ¿Quién podía predecir los exabruptos que se escuchan en el Congreso de los Diputados o en el Senado? No se llega allí a las manos, por suerte, pero el espectáculo es tan de vergüenza ajena como los combates de artes marciales en La Garra de Trump.
Tacos e insultos se han convertido en la nueva normalidad parlamentaria en España. Incluso cuando excepcionalmente se produce una pausa, también esta resulta inquietante y significativa. No es normal aplaudir durante siete minutos un discurso, aunque lo pronuncie el papa de Roma. Se puede llegar a creer que la ovación del Congreso a León XIV no sólo fue por lo que dijo sino por lo que sabiamente omitió. En efecto: la palabra corrupción no fue pronunciada en el discurso. La diplomacia vaticana sabe que no se menta la soga en casa del ahorcado.
Para definir las principales causas de la crispación política imperante suelen invocarse la corrupción y su correlato, la judicialización de la política. No minimizo en absoluto la enorme gravedad de estos fenómenos: ambos son peligrosamente liberticidas y pueden llevarse por delante nuestra democracia. Sin embargo, no creo que sean la causa principal de los problemas políticos actuales. Más bien creo que se trata de su consecuencia.
Si no me falla la memoria, escuché por primera vez la expresión “judicialización de la política” hace unos 50 años, de boca de José Ramón Recalde, un intelectual que pagó con detenciones, torturas y cárcel su compromiso político contra la dictadura de Franco, y que luego, en la democracia recuperada, fue consejero socialista del Gobierno vasco. Sus análisis, condensados en el libro Crisis y descomposición de la política (Alianza, 1995), son de una sorprendente actualidad. Recalde, a quien ETA no logró asesinar, aunque sí hirió de gravedad, dice que la corrupción no debe ser vista únicamente como el “vicio ético” de unos individuos determinados, sino que debe ser considerada “en su sentido propio, derivado de la descomposición biológica”, como eventual “proceso degenerativo” de los instrumentos e instituciones de la democracia. Según Recalde, el principal factor de crisis de las democracias no sería la polarización, sino más bien lo contrario: la dispersión individualista, la indiferenciación entre las ofertas, que puede llevar a la descomposición de la política y de sus instrumentos. Las cosas suelen ser siempre complicadas y hay que desconfiar de las explicaciones sencillas, pero me parece que el viejo análisis de Recalde es muy útil y fecundo para interpretar la crisis actual de las democracias. ¿No estamos asistiendo, en efecto, en España y en todo el mundo, a fenómenos espectaculares de grotesca y caótica descomposición de la política?
Vistas así las cosas, la corrupción, tanto la real como la atribuida, no sería la causa de la crisis democrática, sino más bien su reflejo, una consecuencia de lo que Recalde imputaba a la descomposición y a la “selección negativa” que puede producirse en las democracias. Que estas consecuencias sean especialmente dolorosas cuando afectan a quienes se juzga como mejores agrava el problema. Corruptio optimi pessima, “la corrupción de los mejores es la peor”, decían los clásicos. En este sentido, un remedio es recomendable: hay que salir decepcionado de casa.
Hay mucho de premeditado y fabricado, de exageradamente estimulado, en la crispación política actual. Algunos afirman que desaparecería por ensalmo si el PP llegara al Gobierno, con o sin Vox. Otros, para evitarla, han preconizado acuerdos entre el PSOE y el PP. Pero hay fundadas razones que hacen pensar que estos no son viables, y que ceder, por pasiva inhibición, el Gobierno al PP sería, en el mejor de los supuestos, una muestra de pésima ingenuidad.
Algunas de estas razones vienen del pasado. Los exponentes de la vieja generación socialista que expresan reservas o críticas a Pedro Sánchez reconocen también, por propia experiencia, que la destrucción del adversario a cualquier precio es la sustancia misma de la política de las derechas españolas cuando están en la oposición. Añaden que, en este empeño, la “derechita cobarde” puede llegar a ser peor que la otra. De vez en cuando hay que recordar a Luis María Anson: “Había que terminar con Felipe González. En muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado, pero era la única forma de sacarlo de ahí”.
Estamos en lo mismo, pero a lo bestia, con formas más sobreactuadas y brutales, en un contexto internacional más caótico y peligroso. La teatral desinhibición de Donald Trump actúa de decapante, disuelve todas las formalidades de respeto, hace escuela. Así, escuchamos a los portavoces del PP, un partido con un ominoso historial de condenas, decir que el Gobierno de Pedro Sánchez es una “organización criminal”; que La Moncloa es una “guarida de delincuentes”, y así sucesivamente. Este teatro genera efectos de bumerán, de incredulidad, pero provoca alarma. ¿Los que exigen que el Gobierno se rinda “con las manos en alto” son demócratas o son de los del brazo alzado?
Se afirma, con razón, que decir que viene el lobo no es la solución. Pero la cuestión que se plantea a continuación es la siguiente: ¿qué debemos hacer cuando tenemos la certeza de que viene el lobo? ¿Silbar y mirar hacia otro lado? ¿Podemos dejar de señalar que la amenaza de una involución iliberal, autoritaria y centralista en España es hoy una posibilidad absolutamente real?
Lo saben bien quienes, desde todo el arco parlamentario, sostienen o hacen posible el actual Gobierno de coalición. Tal vez lo que les une puede expresarse con los versos de Eugenio Montale: “Hoy sólo esto podemos decirte, / lo que no somos, lo que no queremos”. Pero este nexo de unión no es poca cosa. Es el consenso democrático mínimo que en el siglo pasado acabó derrotando a los totalitarismos, y que hoy se enfrenta a nuevas amenazas. No parece responsable, en estas circunstancias, preconizar la inhibición, la neutralidad o la abstención; o recomendar a nuestros hijos y nietos que no se dediquen a la política. Ni el mercado ni la técnica podrán salvarlos de la posible barbarie de los años venideros. Sólo lo logrará la política democrática, si participan en ella. Si los consejos de retraimiento se impusieran, se impondría también, por mucho tiempo, la descomposición política. Entonces tendríamos en el Gobierno a lo mejor de cada casa, como estamos viendo que sucede en tantas partes del mundo. Raimon Obiols fue primer secretario del PSC entre 1983 y 1996. El País, 23 de junio de 2026.
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