La democracia necesita que todos y cada uno de los actores ejerzan diligentemente el rol que tienen encomendado. Si alguno de ellos se desvía de su función o la desempeña de forma perversa, la democracia se erosiona, y el engranaje se empieza a gripar pudiendo llegar a colapsar. Algo de esto estamos viviendo.
Ante las imputaciones de Zapatero y otros dirigentes socialistas, cualquier demócrata tiene que apelar a dos principios básicos: respeto y apoyo a la justicia, por un lado, y presunción de inocencia por otro. Sin embargo, a menudo se olvida que para que ambas existan hace falta una condición previa: el rigor informativo.
Durante los últimos días estamos viendo con asiduidad alusiones al presidente Zapatero como condenado, titulares que dan a entender acusaciones que luego no se concretan en el desarrollo del artículo, informaciones irrelevantes junto a otras que sí parecen tener trascendencia. El condicional ha desaparecido de muchos de los artículos que intentan describir lo que se sabe y lo que se podría saber. El rigor informativo se evapora al ritmo vertiginoso de los acontecimientos y de esta manera la conversación pública, el lugar donde se conforman las opiniones y las emociones, se contamina irremediablemente con el virus de la desconfianza. Objetivo conseguido: ya todos dudan de todo.
En este contexto, y analizando la opinión publicada —a la espera de tener datos de opinión pública—, se puede comprobar cómo analistas y columnistas conservadores dan por condenados a Zapatero, a Begoña Gómez, al hermano del presidente del Gobierno y a todos los investigados en los alrededores de Ferraz. Los informes de la UCO y de la UDEF son presentados como fallos definitivos, inapelables. Para este sector no hay duda de nada ni presunción de inocencia que valga, por mucho que los que saben algo de leyes insistan en que todos son indicios, a menudo suposiciones que deberán probarse, en su caso, en un juicio con todas las garantías procesales. Así ocurrió con la Gürtel, y sólo tras una sentencia firme la mayoría de las fuerzas políticas apoyaron la única moción de censura aprobada en democracia, la que llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno.
Los progresistas lo tienen más difícil. Algunos están convencidos de que todo es lawfare y forma parte de un ataque concertado contra el Gobierno. Otros dudan, a menudo sólo en la intimidad o en círculos de afinidad política. Recuerdan la sentencia al fiscal general del Estado y esa alusión a que la filtración procedía de él “o de alguien de su entorno”. Repasan las redes y no pueden evitar ver una relación causal entre el vídeo de Aznar recordando de forma escalofriante su “el que pueda hacer que haga” y los requerimientos e imputaciones 24 horas después. Pero hay algo que unos y otros comparten. Lo llaman decepción, desolación, hundimiento moral, abatimiento general.
Los procesos judiciales que rodean al Partido Socialista se van a alargar en un laberinto de indicios, pruebas o no pruebas, imputaciones y filtraciones. ¿Quién va a gestionar este proceso? ¿Quién se va a hacer cargo del estado de ánimo de los progresistas? En los últimos años, era Zapatero quien cumplía esta función. ¿Y ahora? Las declaraciones del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE no recogen este sentir. Tirar de ironía diciendo que no convoca elecciones porque hacerlo sería primar el interés partidista, —dado el mejor resultado que iba a conseguir—, es no entender el estado de ánimo de los suyos. No está el horno para bromas. Exhibir los logros de este Ejecutivo, que son muchos y notables, no sirve de consuelo para quienes desean que todo esto sea una pesadilla.
La sociedad, y en especial los progresistas, necesitan entender qué está pasando. Tras el escándalo de Ábalos, Koldo y Cerdán, el PSOE anunció una serie de medidas internas para levantar diques de contención de forma que nada parecido volviera a suceder. Incluso se encargó una auditoría externa que acreditó que, en efecto, no había rastro de financiación ilegal, la línea roja que los socios de gobierno le pusieron a Sánchez en su día. ¿Qué se hizo, cómo se hizo? De la misma manera, el Gobierno anunció un plan de regeneración democrática tutelado por la OCDE del que poco se conoce.
Hacerse cargo del estado de ánimo de los progresistas significa, más allá de las formalidades institucionales, hacer un ejercicio de empatía, dar seguridad y recuperar confianza. Esto supone mirar de frente el problema, dar todas las explicaciones necesarias y algunas más, y ayudar a analizar con visión crítica —¡ay ese pensamiento crítico, tan mentado como olvidado!— para que cada cual consiga separar el grano de la paja.
Es posible que al PSOE le espere una larga travesía por el desierto. Saldrá de ella, como lo ha hecho otras veces, y posiblemente de forma más rápida porque más rápidos son los tiempos. Quien tenga la empatía necesaria para entender el sentir de la izquierda española y darle una respuesta que gane su confianza será decisivo en ese futuro. Cristina Monge es sociòloga. El País, 30 de mayo de 2026.



























