Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), alrededor del 70% de la población española percibe que tiene poca o ninguna influencia sobre las decisiones del gobierno. A nivel internacional, la OCDE señala que solo alrededor del 30% de la ciudadanía confía en que su gobierno incorpore realmente las aportaciones de procesos participativos o consultas públicas.
¿Está la democracia en crisis? Cada vez la política interesa a menos personas, y se observa una disminución de la participación democrática. Así lo dictaminó Javier Pérez González, director de Political Watch, en su intervención en La Granja 2026 de Foro de Foros. Pérez González afirma que este fenómeno responde a un problema estructural al que denomina la «doble desconfianza» y que aparece en las democracias actuales. Este concepto permite articular una explicación integral que combina factores institucionales y percepciones ciudadanas.
Por un lado, la ciudadanía ha dejado de confiar en que su participación sirva para cambiar algo y tenga un impacto real en las decisiones públicas. Los datos confirman esta idea. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), alrededor del 70% de la población española percibe que tiene poca o ninguna influencia sobre las decisiones del gobierno. Entre la población joven, esta percepción es aún mayor, ya que estudios del Eurobarómetro indican que entre el 70% y el 80% de los jóvenes, cree que los políticos no tienen en cuenta sus opiniones. A nivel internacional, la OCDE señala que solo alrededor del 30% de la ciudadanía confía en que su gobierno incorpore realmente las aportaciones de procesos participativos o consultas públicas. Por otro lado, las propias instituciones muestran en ocasiones reticencias hacia la participación ciudadana, considerándola poco relevante o poco eficiente para la elaboración de políticas públicas. Esta dinámica evidencia una desconexión progresiva entre gobernantes y ciudadanía.
Lo cierto es que los mecanismos institucionales de participación, como las consultas públicas, muestran niveles bajos de implicación. Diversos análisis de gobernanza, incluidos los de organizaciones como Political Watch, señalan que muchas de estas consultas reciben pocas aportaciones, lo que sugiere que funcionan más como meros trámites que como espacios formales de deliberación. En consecuencia, se reduce su capacidad para influir en la toma de decisiones públicas. Esta tensión de doble desconfianza debilita la calidad democrática y limita el efecto transformador de la participación, cuando la evidencia indica que los procesos participativos bien diseñados generan políticas más sólidas, estables y legitimadas socialmente, incluso en relación a temas conflictivos. Pero las responsabilidades están repartidas entre la responsabilidad de las administraciones y la responsabilidad de la ciudadanía, lo que resulta clave para entender la persistencia del problema.
El problema de la baja participación se relaciona también con el diseño institucional. En España, los mecanismos participativos presentan limitaciones importantes. Las iniciativas legislativas populares (ILP), por ejemplo, están recogidas en la Constitución de 1978, pero su impacto ha sido muy reducido. De cerca de 150 iniciativas presentadas, solo unas pocas han sido aprobadas. Esto puede estar debido a las barreras como la exigencia de 500.000 firmas, la exclusión de determinadas materias y la posibilidad de que el Parlamento rechace la iniciativa incluso tras haber cumplido los requisitos formales previos. Estas barreras elevan significativamente el coste de participación para la ciudadanía. Algo parecido ocurre con el derecho de petición, también constitucional. Aunque en otros países puede activar debates parlamentarios o comisiones de investigación, en España su uso es marginal y poco conocido. Esta falta de visibilidad reduce su potencial como herramienta de influencia política. Desde la psicología social, estas experiencias repetidas de ineficacia y la poca claridad y difusión de los procesos refuerzan la percepción de que participar no produce resultados, alimentando el desinterés en la política. Además, existe un asunto clave como es la ausencia de retroalimentación en muchos procesos participativos. En numerosas consultas públicas, la ciudadanía no recibe información clara sobre cómo se han utilizado sus aportaciones. Esta falta de devolución impide que la participación genere aprendizaje o reconocimiento, y desde una perspectiva conductual reduce la probabilidad de repetir el comportamiento participativo en un futuro.
Más allá del diseño institucional, existe otro aspecto relevante que tiene que ver con la dimensión cultural. En España, la participación no está plenamente integrada en la vida cotidiana de una gran parte de la población. Por ejemplo, la implicación de los padres en asociaciones escolares como las AMPAs es baja en muchos lugares, con niveles de no participación que alcanzan el 70–80%. O, por ejemplo, pocas personas votan para la transformación de una plaza del ayuntamiento de tu ciudad. Del mismo modo, la participación electoral en elecciones europeas ha descendido desde niveles cercanos al 70% en 1987 hasta aproximadamente el 45–50% en convocatorias recientes. Esta falta de hábitos participativos en temas cotidianos dificulta la implicación en niveles más complejos o abstractos de la política. A esto se le puede añadir un déficit de conocimiento práctico sobre cómo participar en los mecanismos institucionales disponibles, que tampoco se difunden de manera accesible y correcta para que le llegue a un número amplio de la población. Este déficit informativo limita la capacidad de implicación ciudadana.
A todo esto, se le suma un cambio cultural más internacional vinculado al aumento del individualismo. Diversos análisis de la OCDE apuntan a una menor implicación de las personas en lo colectivo y una mayor prioridad de los intereses individuales, fenómeno que debilita el sentido de pertenencia y las «obligaciones democráticas». Este cambio de valores transforma la relación entre el individuo y lo público. El entorno digital también contribuye a esta dinámica de desconexión. Las redes sociales fragmentan el espacio público y dificultan la construcción de narrativas comunes ante los retos que se tienen como sociedad. La exposición a contenidos polarizados reduce la capacidad de generar consensos.
Desde la psicología social, todo ello refuerza la baja autoeficacia política percibida. Cuando las personas creen que no pueden influir, tienden a no participar, lo que genera un círculo vicioso. La baja participación reduce la experiencia, la falta de experiencia refuerza la desconfianza y esta, a su vez, reduce aún más la participación.
Sin embargo, esto no implica que la democracia esté en crisis como sistema. En la mayoría de democracias, las instituciones continúan funcionando con estabilidad, existe separación de poderes y los mecanismos básicos del Estado operan con normalidad. Cierto es que la corrupción sigue existiendo, pero se le destapa y cuando esto sucede, también es gracias a los medios de comunicación, al sistema judicial y a los órganos de control pertinentes. Además, también hay consensos políticos y un trabajo de llegar a acuerdos y demás en el trabajo de comisiones que son desconocidos para el púbico, ya que parece que hay un esfuerzo deliberado de exhibir solo la polarización y la crispación, lo que contribuye a una percepción pública distorsionada del funcionamiento institucional.
En relación a la tecnología, los resultados son ambivalentes. La inteligencia artificial, aunque útil para analizar datos o detectar irregularidades según la OCDE, no sustituye los procesos deliberativos fundamentales de la democracia. Parece peligroso dejar que la inteligencia artificial sea la que redacte textos legislativos. Pero los estudios sí muestran que puede mejorar la participación, la transparencia y la gestión de la información. Las plataformas digitales pueden integrar propuestas ciudadanas en la toma de decisiones cuando existe una cultura participativa previa. En sociedades con alta participación, las herramientas digitales amplifican la implicación como en Reikiavik con la herramienta del ayuntamiento Better Reikiavik; en contextos con baja participación, su efecto es limitado.
Para revertir la baja participación, es clave reforzar la relevancia, utilidad y reconocimiento del acto ciudadano. Desde la Teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, la motivación política depende de tres necesidades básicas como son la competencia, la autonomía y el impacto. Cuando estas condiciones no se cumplen, la motivación desaparece. A esto se le une que el dilema que se plantee al ciudadano sea relevante para él. La conexión con problemas concretos aumenta la implicación.
Para ello, es necesario ceder espacios reales de influencia a la ciudadanía, reforzar la rendición de cuentas y explicar claramente cómo se han utilizado sus aportaciones. Además, los procesos deliberativos deben acercarse a la vida cotidiana, poniéndolo fácil e integrándose en espacios accesibles como son los centros educativos, comunitarios o espacios públicos, en lugar de depender exclusivamente de plataformas digitales. Algunas experiencias innovadoras en Alemania han llevado con éxito la participación a entornos cotidianos como el transporte público (lugar de tránsito en el que muchas personas pierden el tiempo con el móvil). La participación tiene que ser agradable y convertirse en una experiencia satisfactoria.
Como conclusión, la baja participación democrática es un fenómeno complejo donde confluyen factores psicológicos, culturales, políticos e institucionales. La desconfianza y la baja autoeficacia percibida generan un círculo de desmotivación que reduce la implicación ciudadana. Romper este círculo resulta fundamental para fortalecer la calidad democrática. Sin embargo, existen señales de esperanza. Según una encuesta de 40dB para El País y Cadena SER, alrededor del 40% de la población española estaría dispuesta a realizar sacrificios personales en defensa de la democracia. Este dato sugiere que existe una base dispuesta a volverse a implicar si se dan las condiciones propicias. Para ello, es necesario que la ciudadanía perciba que su participación tiene un impacto real, que su voz es escuchada y que influye en las decisiones públicas. PATRICIA FERNÁNDEZ MARTÍN es psicóloga. Publicado en Ethic el 24 de abril de 2026.
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