sábado, 11 de julio de 2026

ESPECIAL 6 DE HOY. ISABEL DÍAZ AYUSO, LA PROVIDA DE SCHRÖDINGER, POR ANA IRIS SIMÓN. 11 DE JULIO

 





Isabel Díaz Ayuso tiene un talento indiscutible: lanzar anzuelos. Es como una pescadora que va al río de buena mañana con distintos engodos —que si un discurso, que si una declaración incendiaria, que si un apodo faltón para el presidente del Gobierno— y regresa siempre a casa con la cesta cargada de merluzos.

En esta ocasión, el señuelo no han sido unas palabras sino una ley: la del concebido no nacido. Una medida anunciada a bombo y platillo como la propuesta natalista y provida definitiva, pero que se resume en poder pedir algunas ayudas en las que influye el número de miembros de la unidad familiar antes del nacimiento del bebé en gestación. Una propuesta útil pero con muy poco alcance para las familias, que lo que necesitan no son migajas sino escuelas infantiles públicas suficientes, viviendas dignas cuyo precio no se coma los salarios, estabilidad laboral y una legislación que proteja su derecho a criar y cuidar.

El caso es que Ayuso ha vuelto a casa con el cestillo lleno de peces gracias a un sencillo trile: llamar a este paquete de medidas puramente administrativas “ley del concebido no nacido” en lugar de, por ejemplo, “plan de ayuda familiar”. Así, por una razón lingüística más que jurídica, una propuesta testimonial y que lleva aplicándose más de una década en Galicia de manera similar está siendo debatida como una gran amenaza para la legislación vigente sobre el aborto. Y, en las próximas elecciones, algún simpatizante de Vox o algún provida despistado votará a Ayuso; no por la ley del concebido no nacido, sino por lo que dicen de ella sus detractores.

Pero la postura del PP sobre el aborto es la más perversa de todo el espectro político. Al contrario que la mayoría de sus defensores, que afirman que un ser humano empieza a ser tal en el plazo que dice la ley vigente en nuestro país —que difiere con la de otros— ellos sostienen que “el concebido es persona desde el primer minuto”, en palabras de Ayuso. A su vez, defienden el aborto “como un derecho de la mujer”, en boca de Alberto Núñez Feijóo. Todo ello sin ningún dilema ético, sin reparar en que reconocer que hay vida desde la concepción y defender como un derecho acabar con ella implica legalizar y proteger el asesinato, siempre que se realice dentro del vientre materno y en nombre de la libertad.

Por eso yerra la izquierda al llevarse las manos a la cabeza por esta medida tibia de nombre rimbombante. Como yerra al pensar que el del aborto es un debate cerrado; eso solo lo cree quien no ha vivido en primera o segunda persona uno, quien no ha sido testigo de las dudas y pesares de quien aborta. Como yerra al creer que las posturas críticas con el aborto vendrán de la mano de una derecha que ha purgado a todo aquel que ha dado un paso adelante en la defensa de la vida: Ruiz-Gallardón en el PP, García-Gallardo en Vox.

Pueden llamarme loca, probablemente esté de acuerdo con ustedes. Pero apuesto a que la defensa de la vida vendrá en el futuro, no sé si cercano o lejano, no sé si también o sobre todo, de lugares ahora insospechados. De un feminismo abolicionista del aborto que tome el testigo de Clara Campoamor en defensa del no nacido y de la mujer que lo lleva en el vientre. De un humanismo que, en la línea de Delibes, Pasolini o Nat Hentoff, defienda a quienes aún no han nacido como defiende a otros sin voz. La defensa de la vida no vendrá de las mentiras de nuestros políticos, sino de la verdad de algunos corazones. Y para sostenerla no harán falta triles ni anzuelos. Ana Iris Simón es escritora. El País, 11 de julio de 2026.

























DEL CAFÉ DE SOBREMESA. LA FOTO DE LA IA, POR MIRIAM GONZÁLEZ DURÁNTEZ. 11 DE JULIO DE 2026

 







La foto del anuncio de la gigafactoría de inteligencia artificial de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) la semana pasada vale más que mil palabras para entender por qué no puntuamos en IA.

Lo único que tiene en común la foto con el mundo de la tecnología es que en la primera fila casi todos eran hombres y en la segunda casi todo mujeres; un guiño al espíritu de Silicon Valley, que es el sitio más masculino que conozco (a excepción del Vaticano).

Las gigafactorías se anunciaron en febrero del 2025 como la respuesta europea a la necesidad de dotarnos de capacidad computacional propia para reducir nuestra dependencia de China y Estados Unidos. Se anunciaron con una inversión de 20.000 millones de euros, una cifra que ya entonces parecía insuficiente (y encima la mayoría es dinero reciclado de otros anuncios anteriores). Es parte del programa europeo InvestAI, con el que se aspira a movilizar 200.000 millones de inversión público-privada en cinco años.

Solo por comparar, las inversiones en centros de datos anunciadas por las tecnológicas americanas superan los 725.000 millones de dólares ¡en tan solo el 2026! Hasta hoy no se ha empezado a construir ninguna gigafactoría y es difícil que se pongan en funcionamiento antes del 2029. En España, lo que se ha anunciado es tan solo un consorcio público-privado, que ni siquiera ha sido elegido para liderar una de las gigafactorías europeas, porque la convoca­toria de la Comisión Europea no está ni lanzada.

En la foto se observa al presidente del Gobierno, el de la Generalitat, el ministro del ramo y directivos de dos empresas parti­cipadas por el Estado (Telefónica y Multiverse Computing), un banco (sector muy reglamentado por el Estado) y una constructora de toda la vida. Es normal que en una gran obra el Estado otorgue permisos, licencias, etcétera, y también es normal que ponga una parte de la inversión inicial para facilitar la financiación. Pero en este consorcio tenemos al Estado en todas sus versiones: estatal, autonómica, empresa participada, compañía muy regulada y empresa dependiente de la contratación pública. Todo queda en casa.

Tenemos poco dinero, mucha burocracia, demasiado Estado y gente que no sabe de tecnología al frente

Por si no había suficiente componente estatal, la inversión del Gobierno se hace a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que es el equivalente digital de la infame SEPI. Ambas son brazos empresariales del Gobierno, interpuestos entre este y las empresas públicas o participadas. Su utilidad pública es mínima, pero su utilidad política es máxima (sirven para colocar a más gente del partido, y para diluir los controles administrativos que habría si esas empresas y participaciones públicas se gestionasen directamente desde los ministerios).

La Sociedad de Transformación Tecnológica no está dirigida por un experto en tecnología, sino por un político que es abogado especializado en extranjería y asilo, Antonio Hernando. Lo normal… en España. Tan normal como tener de ministro para la Transformación Digital a Óscar López, un licenciado en Ciencias Políticas, exasesor, exparlamentario y ex jefe de gabinete del presidente del Gobierno.

En resumen: tenemos poco dinero, mucha burocracia, demasiado Estado y gente que no sabe de tecnología al frente. ¡Cómo no vamos a tener desfase con Estados Unidos! El mayor superordenador dedicado a la IA allí opera con una capacidad de 1.250 megavatios; el mayor de Europa alcanza apenas los 83. Mientras ellos tienen un 80% de la capacidad mundial de computación, Europa solo tiene el 5%.

En una reciente discusión con el director del Centro de IA de la Universidad de Alicante, me decía que la IA debería ser una emergencia nacional. Efectivamente, debería serlo. Pero para activar esa emergencia, hay otra que hay que atacar en paralelo: la modernización de nuestro sistema político. En un país donde se va demasiado dinero en el mantenimiento de la clase política y sus redes clientelares, en el que la burocracia es tan grande como el número de cargos políticos, en el que el Estado se infiltra en todo y en el que prima el carnet político sobre el talento, es imposible engancharse a la era de la IA. Hay que empezar a ver las cosas en toda su crudeza: nuestro sistema político nos condena a no poder competir en tecnología. Miriam González Durántez es abogada. La Vanguardia, 8 de julio de 2026.






















ESPECIAL 5 DE HOY. LETALES TIGRES DE PAPEL, POR MANUEL CASTELLS. 11 DE JULIO DE 2026

 







Trump ha fracasado en su ataque a Irán en términos de sus objetivos políticos, según la mayoría de los observadores. Claro que nunca se sabe con este presidente por dónde le da. Aun así, parece evidente que a Estados Unidos no le ha servido, una vez más, la supremacía militar para imponer en el mundo la voluntad de sus dirigentes. Una vez más porque hay que recordar que la costosa y arbitraria guerra de Irak acabó con un gobierno chiita cercano a sus correligionarios iraníes. Y que tras veinte años de combates en Afganistán, las tropas de la coalición occidental salieron de Kabul caóticamente, dejando en el poder a los talibanes y a las mujeres afganas abandonadas a su suerte.

Pero esos fallidos intentos de resolver por la fuerza los complejos conflictos políticos de sociedades que no son una amenaza para otros países dejan un reguero irreparable de muerte y destrucción, sobre todo para los países invadidos, pero también con un alto costo para las tropas invasoras, que pagan con su sangre y sus mutilaciones la disciplina que deben a sus responsables políticos. En Irak murieron 655.000 personas y en Irán han muerto más de 10.000. Además de la devastación de ciudades y de vidas, incluidas niñas, despreciadas por los poderes geopolíticos.

Asimismo, la guerra desencadenada en Ucrania por la invasión rusa ha destruido un país, donde ha matado a cientos de miles y ha herido de gravedad a muchos más, incluidos miles de civiles, sin que todavía se pueda vislumbrar la paz. Si Putin quería demostrar el poder bélico de Rusia y su capacidad de liderazgo, ha conseguido exactamente lo contrario. Solo la ideología obsoleta, alimentada por la industria militar, puede temer hoy un ataque ruso en Europa, cuando en casi cinco años, Rusia sigue sin poder doblegar a Ucrania (apoyada por la OTAN), a pesar de su superioridad misilística y numérica. El desmesurado esfuerzo ruso ni siquiera ha podido ocupar completamente el Donbass, objetivo mínimo de Putin de cara a su opinión pública.

Los grandes poderes geopolíticos son tigres de papel en términos de su capacidad de dominar por la fuerza bruta, sin respeto de la legalidad internacional, en un mundo en que la tecnología se ha difundido, como demuestran los drones ucranianos o iraníes, y en que el poder de la identidad sostiene resistencias con las que no contaban los tecnócratas de la guerra.

Hay, sin embargo, una excepción importante: Israel. Utilizando su avanzada tecnología militar y con el apoyo masivo de Estados Unidos, las fuerzas israelíes están procediendo a una limpieza étnica en Oriente Medio utilizando la fuerza sin límites, como muestran las masacres de civiles en Gaza, en Cisjordania y en Líbano. Además de atizar el enfrentamiento a gran escala con Irán, único país al que teme Beniamin Netanyahu.

El Israel actual es la gran amenaza para la paz mundial. No solo por sus acciones militares, sino porque intenta demostrar que la muerte a gran escala puede ser eficaz para que el llamado Occidente mantenga su superioridad racial colonial ante la emergencia del Sur global.

Análisis en que concuerdan los tecnolibertarios del nuevo Silicon Valley (Peter Thiel, Elon Musk y demás), que se han constituido como la clase dominante global, uniendo poder tecnológico, financiero y político, a través de su influencia sobre Trump, Milei y la nueva estirpe de populismos neofascistas en EE.UU., América Latina y Europa. Están decididos a utilizar su tecnología para ganar guerras, interviniendo como hizo Starlink en la guerra de Ucrania.

Por eso se centran en debilitar a China, único poder con capacidad tecnológica y militar para ofrecerles resistencia. Mientras, en Europa seguimos hablando sobre nuestros valores, que empiezan a ser cuestionados por muchos ciudadanos, desde Alternativa para Alemania hasta Vox y Le Pen. La violencia no necesariamente prevalece, pero destruye vidas y socava la convivencia. Manuel Castells es sociólogo. La Vanguardia, 11 de julio de 2026.




















ESPECIAL 4 DE HOY. ESPAÑA, 2041, POR JOSEP VICENT BOIRA. 11 DE JULIO DE 2026

 





Hay una prueba que no falla jamás: cuanto más grandilocuente es la apelación a la digitalización y a las nuevas tecnologías, menos se está dispuesto a afrontar las condiciones reales de la vida cotidiana de un país. Despegarse de las cualidades materiales parece ser la precondición necesaria para propulsar una retórica acorde a estos tiempos extraños en los que las flores prefieren a las flores para vivir y no al agua, como recita Xavo Giménez. Sin embargo, de vez en cuando, aldabonazos de existencia nos sacuden.

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística publicó un auténtico terremoto informativo. Según el INE, España ganará 4,2 millones de habitantes en los próximos quince años si se mantienen las tendencias demográficas actuales. Y como siempre, lo más interesante no es la cifra global, sino su distribución, la manera cómo se repartirán. Ponga un mapa en su vida y entenderá mejor lo que sucede, otra de las normas que nunca decepcionan.

Que España aumente más de cuatro millones de personas en quince años ya es un dato que debería hacernos reflexionar. Si tenemos en cuenta que los quince años que cambiaron el perfil de este país para siempre, entre 1960 y 1975, conocieron un incremento de 5,4 millones, podemos deducir que, de seguir así, podemos asistir a una segunda transformación de la piel y de las entrañas de España. Pero más relevante que la cifra total resulta saber el dónde. A grandes rasgos, Madrid concentrará poco más de un millón. Catalunya, otro millón. Y la Comunidad Valenciana, casi otro millón. Si hacemos el análisis en términos relativos, es decir, sobre su población actual, será el arco mediterráneo el que protagonizará los incrementos más notables, que irán del 17% de aumento de valencianos y baleares al 12% de catalanes y murcianos (los madrileños verán crecer su población un 14%).

¿Estamos preparados para ello? En los próximos quince años vamos a conocer un crecimiento demográfico semejante al que transformó España durante el franquismo desarrollista. Y aunque no disponemos de datos sobre ciudades, sí sobre provincias: la de Madrid ganará un millón de personas, la de Barcelona 678.000 y la de València más de 416.000 (¡casi lo mismo que entre 1960 y 1975!).

Y me pregunto si alguien ha pensado dónde van a vivir estas personas. Y de qué se alimentarán, cómo se moverán, con qué energía se calentarán en invierno y se refrescarán en verano, a qué médicos acudirán, en qué universidades se formarán, cómo se ordenará la metrópolis donde la mayoría de ellos residirá o qué servicios de transporte colectivo necesitarán, de cercanías y de media y larga distancia (¡corredor mediterráneo!).

Los cimientos de las viviendas del 2041, cuando seremos 54 millones, deben comenzar a excavarse hoy

Espero sinceramente que haya alguien en este bendito país que esté pensando en los servicios sociales, educativos y de orden público que se deben desarrollar y en cómo acompasar este crecimiento de la población a la ordenación territorial y urbanística de usos del suelo y a una movilidad realmente sostenible. ¿O vamos a dejar que este próximo tsunami demográfico se lleve por delante a la parte del país que sobrevivió a aquella primera sacudida de los años sesenta del siglo XX?

El gran reto de la España del 2041 será compatibilizar el crecimiento demográfico esperado con el objetivo de tener una sociedad más cohesionada y justa y, en concreto, unas áreas metropolitanas dignas y habitables –donde viviremos la gran mayoría– y un entorno natural protegido para generaciones futuras. Población y geografía. Siempre ha sido así. He aquí, como siempre, las variables materiales que van a condicionar el rumbo de España en su inmediato futuro. En otras palabras, personas, agua, alimentos, bosques, casas, transportes, energía, servicios, depuración, territorio...

Si hoy tenemos un problema con la vivienda, imaginemos el escenario cuando seamos casi un 10% más, rozando los 54 millones de habitantes. Los cimientos de las viviendas del 2041 deben comenzar a excavarse hoy. Celeridad, pero también orden. Esa edificación requiere responsabilidad para proteger el territorio, ordenar el espacio y planificar una movilidad sostenible en nuestras áreas metropolitanas, áreas que hoy, con la excepción de Barcelona, son territorios sin gobierno, coronas urbanas sin responsables, oasis de anarquía en un entorno urbanizado.

No dispongo de datos para pensar que Madrid, Barcelona o València estén ya pensando en cómo adecuar su entorno urbano a esta nueva dinámica. ¿Volverán a construir en altura como ya propuso Le Corbusier, aunque el sueño de aquella razón creara los monstruos del infierno social y la segregación? ¿Sacrificarán el territorio libre que queda para edificar nuevos barrios, el que parece ser el camino elegido por la Generalitat Valenciana cuando, tras la dana, ha permitido construir viviendas en suelo municipal dotacional (pan para hoy y hambre para mañana)? ¿Se seguirá promoviendo la ineficacia urbanística de los miles de unifamiliares que consumen mucho suelo con bajísima densidad? ¿Se permitirá a los turistas que sigan ocupando viviendas?

Por no hablar del terremoto político al que nos puede conducir el cambio demográfico. Solo la provincia de Valencia superará en un millón de personas a todo Euskadi, mientras habrá autonomías que van a perder hasta el 4,5% de sus habitantes. ¿Alguien duda de que se producirán movimientos de reforma de la ley electoral tendentes a equilibrar el reparto de diputados en las Cortes Generales y acercarlo a la representación real de los territorios más dinámicos? España 2041. Josep Vicent Boira es geógrafo. La Vanguardia, 11 de julio de 2026.





















ESPECIAL 3 DE HOY. UNA GUÍA PARA UN LIBERALISMO VIGOROSO, POR ROGER PARTRIDGE. 11 DE JULIO DE 2026

 





Esta serie, posible gracias al generoso apoyo de la Fundación John Templeton, argumentará que el liberalismo posee un conjunto propio de virtudes y valores que no solo son capaces de responder a la insatisfacción que impulsa el autoritarismo, sino también de restaurar la fe en el liberalismo como una ideología digna de creer y defender por sí misma. Si aún no lo ha hecho, ¡suscríbase hoy mismo para recibir los próximos episodios en su correo electrónico!

Toda tradición política se enfrenta a la pregunta de qué constituye una buena vida. Pero solo el liberalismo se esfuerza tan visiblemente por ofrecer una respuesta directa. Los autoritarios prometen orden y grandeza nacional. Los socialistas prometen igualdad. Los escritores posliberales prometen sentido y pertenencia a través de la restauración de la autoridad religiosa y civilizatoria: una vida centrada en la fe, la familia y el lugar de origen.

El liberalismo por sí solo no apunta a ningún lugar en particular. Su respuesta —la libertad— indica qué proteger, no qué hacer con ella. Sin embargo, ese silencio no es vacío. Refleja un límite sabio: nadie puede saber de antemano qué formas adoptará una vida plena.

Sin embargo, ese silencio seductor solo lleva hasta cierto punto. Y en una época en que el liberalismo está siendo atacado desde todas direcciones, tal vez se requiera un liberalismo más enérgico, uno que alce la voz y reivindique su identidad, o al menos articule con franqueza su visión del plano en el que puede desarrollarse una buena vida.

La defensa de las instituciones liberales comienza con la distinción entre las dimensiones en las que los seres humanos prosperan y las formas específicas que adopta dicho florecimiento. Las dimensiones son lo que toda vida necesita para desarrollarse plenamente, como la libertad de dirigir la propia vida y de realizar un trabajo con propósito. Las formas son las maneras particulares en que una vida las completa.

Si bien las formas son variadas, las dimensiones pueden, en esta etapa de la historia humana, enunciarse con gran certeza. Una larga tradición de investigación sigue retomándolas. Aristóteles abordó la cuestión de la buena vida a través de la naturaleza del ser humano. Sostuvo que dicha vida consiste en el ejercicio activo de capacidades distintivamente humanas: razonar sobre cómo vivir, cultivar el carácter y participar en actividades valiosas con los demás. John Stuart Mill la abordó desde una perspectiva política, argumentando que la libertad posibilita lo que él denominó «experimentos de vida»: un proceso mediante el cual los individuos descubren y desarrollan sus propias capacidades. Los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan se propusieron estudiar la motivación humana empíricamente. A lo largo de cuatro décadas de investigación transcultural, identificaron tres condiciones sin las cuales las personas fracasan sistemáticamente en su desarrollo: autonomía, competencia y relación. Dicho de otro modo, los seres humanos prosperan al 1) desarrollar capacidades, 2) formar relaciones significativas, 3) participar en un trabajo con sentido y 4) dirigir sus propias vidas en lugar de vivir según el plan de otro. Si no se cumplen esas condiciones, las personas, incluso en condiciones de bienestar material, languidecen.

Eso es lo que sabemos. Lo que no podemos saber son las formas específicas que adoptan las dimensiones en la vida real. La distinción entre dimensiones y formas identifica los ejes a lo largo de los cuales las vidas humanas se desarrollan o no. No dice qué capacidades debe cultivar una persona, ni en qué secuencia. No dice si se encontrarán relaciones significativas en la familia, la amistad, la comunidad religiosa o la vocación profesional, o en combinaciones que ninguna generación anterior podría haber imaginado. Y las afirmaciones sobre la buena vida se basan en miles de años de experiencia humana, sin necesidad de certezas metafísicas. Ese conocimiento adquirido es, al menos, una especie de guía .

Por qué no se pueden prescribir los formularios. El premio Nobel Friedrich Hayek sostenía que el conocimiento necesario para dirigir un orden social complejo no se concentra en ninguna mente ni institución. Se encuentra disperso entre millones de individuos, arraigado en circunstancias particulares y en constante revisión a la luz de las condiciones cambiantes. Gran parte de él resulta inefectivo. Su tema central era el orden económico: los precios comunican conocimiento disperso y la competencia funciona como un proceso de descubrimiento.

La misma lógica se aplica al ámbito de la vida humana. El conocimiento necesario para dirigir una vida plena no está disperso como el conocimiento del mercado. El planificador que desconoce el valor relativo del acero y la madera al menos se enfrenta a hechos que existen en algún lugar, en manos de alguien. Que una persona prospere como músico o ingeniero no es un hecho que espere ser recopilado en la mente de otra persona. Ese conocimiento aún no existe, porque se construye únicamente en la experiencia. Ningún planificador podría reunirlo, porque todavía no hay nada que reunir.

Karl Popper, colaborador habitual de Hayek, sostenía que el conocimiento crece mediante la conjetura y la refutación. Las teorías se proponen, se ponen a prueba y se corrigen cuando sus predicciones se desmienten con la evidencia y la razón. La misma lógica se aplica al florecimiento. El término de John Stuart Mill, « experimentos de vida », no es una metáfora. Describe el mecanismo mediante el cual las sociedades descubren las nuevas formas que puede adoptar una vida plena. Cuando alguien intenta una nueva forma de trabajo, un nuevo tipo de comunidad, una nueva manera de combinar independencia y obligación, y fracasa, el fracaso resulta instructivo. Otros observan y se adaptan. Cuando tiene éxito, este éxito está disponible para que otros lo adopten y adapten.

Consideremos Wikipedia. Hace veintiséis años, no existía. Hoy, millones de voluntarios aportan su conocimiento, tiempo y dedicación a una enciclopedia compartida, accesible a cualquier persona con conexión a internet. Muchos dedican miles de horas a editar artículos leídos por desconocidos a quienes jamás conocerán. Debaten, editan, corrigen y perfeccionan. Ninguna generación anterior podría haber previsto esta forma de cooperación en esta tecnología en particular. Ninguna autoridad central podría haberla diseñado. Se trata de una forma de desarrollo humano —disciplinada, social y generativa— que depende de las libertades e infraestructuras (en este caso, la libertad de intercambio web) que las instituciones liberales hacen posibles. Las formas son novedosas, pero los principios subyacentes son ancestrales.

Qué significa esto para las instituciones. Las instituciones liberales no solo apoyan el desarrollo humano, sino que protegen la libertad de la que depende el descubrimiento de nuevas formas. La distinción entre dimensiones y formas refleja la visión de Hayek sobre el contenido de la vida. Los precios comunican información que ningún planificador podría recopilar, pero el sistema depende de cierto grado de estabilidad y apertura en el mercado. La competencia genera innovaciones imprevisibles, pero estas se sustentan en la ausencia de controles autoritarios y el respeto por el espíritu competitivo. De forma más sutil, los experimentos vitales hacen lo mismo con las vidas humanas.

La conclusión de reflexiones como estas es la afirmación —más contundente de lo que muchos liberales consideran aceptable— de que el liberalismo no es una preferencia moral entre otras, sino el conjunto de condiciones bajo las cuales una sociedad puede seguir descubriendo nuevas formas para que sus miembros prosperen.

La afirmación se basa, fundamentalmente, en cómo se distribuye el conocimiento. Una buena institución científica se fundamenta en su conocimiento actual, a la vez que está dispuesta a revisarlo. Las instituciones liberales hacen lo mismo para el florecimiento humano. Protegen las condiciones que este requiere, sin dejar de estar abiertas a las nuevas formas de desarrollo tecnológico y social.

Los regímenes autoritarios, incluso cuando logran crecimiento económico, tienen dificultades para generar un verdadero florecimiento generalizado. Pueden brindar prosperidad, y también pueden impulsar la ciencia, cuando el Estado la valora; por ejemplo, la Unión Soviética patrocinó investigaciones de primer nivel en física. Pero no suelen generar investigaciones no autorizadas por el Estado, ya que la búsqueda indiscriminada que desvela no se ajusta a ningún plan previsto.

Hungría ha sido señalada constantemente por los posliberales como modelo para su visión de Estado. Y hay mucho que aprender de Hungría, pero quizás no de la forma en que los posliberales pretenden. Durante los dieciséis años de Viktor Orbán en el poder, la posición de Hungría en el Índice Mundial de Libertad de Prensa cayó del puesto 20 al 74, uno de los peores de la Unión Europea. Una prensa controlada es uno de los primeros canales de investigación no autorizada que se cierran. Lo mismo ocurre con una universidad controlada: el gobierno de Orbán convirtió la mayoría de las universidades públicas en fundaciones dirigidas por consejos de administración leales, con nombramientos vitalicios y control sobre presupuestos, estrategia y altos cargos. La UE respondió excluyendo a esas universidades de sus programas Erasmus y de financiación de la investigación. Estas son las instituciones a través de las cuales una sociedad desarrolla capacidades y experimenta con nuevas formas de vida, y el Estado las ha sometido. Los jóvenes y los titulados fueron los primeros en sufrir las consecuencias. Se marcharon en masa, muchos para estudiar en el extranjero, motivados, entre otros factores, por la desilusión con la dirección política del país . Los húngaros derrocaron a Orbán en abril de 2026, pero muchos de los que más habrían contribuido a un país más libre ya se habían marchado.

Cómo cerrar el descubrimiento. La lucha de Hungría pone de manifiesto el fracaso de la filosofía subyacente del posliberalismo. En El regreso de los dioses fuertes , R. R. Reno aboga por la restauración de lealtades sólidas y vinculantes —religiosas, nacionales y civilizacionales— en lugar de la neutralidad liberal. En Por qué fracasó el liberalismo , Patrick Deneen argumenta que las sociedades liberales fracasan porque carecen de compromisos vinculantes con la religión, la nación o la tradición.

Su diagnóstico encierra una profunda reflexión. Las sociedades liberales pueden generar vacío existencial al descuidar las condiciones para el desarrollo humano, pero los posliberales adolecen de una arrogancia fundamental: la creencia de que las formas del florecimiento humano son conocidas, que el proceso de «descubrimiento» consiste simplemente en recurrir a las respuestas que se encuentran al final del libro. La táctica habitual de los posliberales es invertir la premisa del liberalismo en su intento de reintroducir la religión en el centro del discurso público. Argumentan que solo piden una orientación, no un modelo. Pero el problema radica en que una orientación religiosa no sobrevive a la traducción al poder político. Para los verdaderos creyentes, el mandato de amar a Dios y al prójimo deja abierta la forma de cada vida. Sin embargo, como doctrina pública, ese mismo compromiso necesariamente adquiere agentes que lo hacen cumplir, con las operaciones del Estado entrelazadas con la teología, y con agentes que determinan qué se considera fidelidad.

Así es como una orientación se convierte en un modelo rígido. La prescripción fija las formas de una vida plena desde arriba —a través de la autoridad sagrada o la identidad civilizatoria— cuando la realidad es que esas formas solo pueden descubrirse vida a vida. En definitiva, el posliberalismo representa un retorno a la sociedad cerrada, donde las formas de la buena vida se imponen en lugar de descubrirse.

Para los liberales, la diferencia fundamental radica en que las instituciones liberales mantienen abierto el proceso de descubrimiento: no existe una única respuesta correcta que se encuentre leyendo (o interpretando correctamente) el libro sagrado adecuado. Por otro lado, un liberalismo significativo no es relativismo. Las dimensiones del florecimiento se conocen a través de la larga experiencia humana; las formas permanecen abiertas al descubrimiento. Para tener éxito, los liberales deben luchar para mantener fluyendo las corrientes de libertad, ya sea un mercado genuinamente libre o el libre intercambio de ideas. Proteger las libertades formales mientras se descuidan las condiciones que posibilitan el desarrollo produce el vacío que los posliberales, con razón, denuncian.

Con esta concepción más contundente en mente, los liberales deberían sentirse capacitados para abordar directamente la ecología del liberalismo. La distinción entre dimensiones y formas marca la línea divisoria: los liberales pueden cultivar las condiciones para el florecimiento sin pisotear los derechos fundamentales. Una escuela puede desarrollar las capacidades de un niño sin prescribir qué hacer con ellas. Esa es la diferencia entre cultivar una dimensión y dictar una forma. Y esto no es un mantenimiento opcional. Es el precio de la sociedad abierta, que, como argumentó Popper , requiere una vigilancia constante para sobrevivir.

Sabemos más sobre la buena vida de lo que afirman los relativistas y menos de lo que suponen los paternalistas. Una buena vida no se puede diseñar, pero sí se puede descubrir; y una vida descubierta se posee, no se impone. Crear las condiciones para ese descubrimiento es la genialidad silenciosa de las instituciones liberales. Sin embargo, a veces, esa genialidad silenciosa necesita hacerse oír. Roger Partridge es fundador e investigador principal de The New Zealand Initiative y escribe sobre políticas públicas, derecho constitucional y liberalismo. Publica en Substack bajo el nombre de Plain Thinking. 11 de julio de 2026.

























ESPECIAL 2 DE HOY. DESREGULACIÓN: EL DESORDEN DE UN NOMBRE, POR LOLA PONS. 11 DE JULIO DE 2O26

 






Como usted habla español, en este mismo momento puede declararse anti-algo. Y la lengua lo ampara. Cuesta imaginar qué impulso llevaría a alguien a proclamarse antisardina o antibolso, pero podría hacerlo y esas ocurrencias serían entendidas con la misma facilidad con que comprendemos voces como anticruceros o (vaya por Dios) antigongorino. La productividad actual del prefijo anti-, heredero del griego, es tanta que basta anteponerlo a una palabra para que surja la idea de oposición, de ir a la contra de algo.

Nuestros antepasados, en cambio, no gozaban de esa facilidad: usaban mucho des-, prefijo venido del latín que expresa la reversión de una acción previa (el que descose restituye el tejido a un estado anterior, quien destapa retira lo que alguien tapó), pero apenas recurrían a anti-. Hasta el siglo XVIII las palabras que empezaban con este prefijo eran escasas; varias pertenecían al vocabulario de la controversia religiosa y designaban figuras cuya identidad se definía por el desafío a una autoridad previa. Si una alta dignidad eclesial se levantaba contra Roma, el cargo en rebeldía sería anticardenal o antipapa. Los hablantes tenían, como ahora, confrontaciones y opuestos, pero la lengua de entonces no hacía posible que anti- se proyectara sobre cualquier aspecto de la experiencia cotidiana.

Cuando lenguas como el francés o el inglés animaron en el siglo XVII la moda de componer palabras precedidas por anti-, empezó a explotarse la posibilidad de que un individuo definiera un elemento de su entorno o a sí mismo por aquello a lo que se oponía, no solo impugnando una autoridad externa sino construyéndose una identidad en negativo.

Las innovaciones lingüísticas más pequeñas pueden revelar grandes cambios en la concepción del mundo. Y los prefijos delatan formas de entender la realidad. Por eso, me ha llamado la atención que la Junta de Andalucía haya bautizado una de sus carteras con un des-. La recién estrenada “Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local”, concedida en las negociaciones al partido Vox, introduce por primera vez la palabra desregulación en el ámbito institucional andaluz.

No discutiré la oportunidad de simplificar procedimientos o de revisar normas innecesarias; toda administración está en su derecho a examinar si las reglas que impone cumplen su finalidad. Pero desregular no es un sinónimo elegante de simplificación administrativa; ni siquiera es un equivalente de liberalizar. Si quien se descalza acaba sin zapatos y quien desanda recorre hacia atrás el camino andado, ¿adónde nos quiere llevar quien desregula? En la convicción errónea de que antes de la regulación estuvo la libertad, quienes han puesto nombre a esta consejería, ¿a qué estado originario quieren regresar? ¿Se quiere debilitar la acción de vigilancia y control del gasto que hacen con todo rigor los funcionarios? ¿Se quieren eliminar entes reguladores, árbitros del mercado y de competencia superior a la comunidad autónoma?

La regulación es el marco que ordena nuestra convivencia, proporciona seguridad a las transacciones y es un garante de derechos. Abarca, además, a un conjunto de sectores (los llamados, precisamente, sectores regulados: energía, telecomunicaciones, transporte ferroviario, servicios postales...) cuya ordenación se dirige a supervisar la competencia, porque esta, por sí sola, no garantiza el acceso universal, la continuidad del servicio o la protección del consumidor. Imagino a los excelentes juristas expertos en derecho de los sectores regulados (que son muchos) arqueando la ceja al ver que una institución que representa a una comunidad autónoma de más de ocho millones de personas y cuyo titular tiene el rango de vicepresidente exhibe sin matiz alguno la palabra desregulación.

Las instituciones deberían aspirar a una cierta neutralidad onomástica. Las consejerías autonómicas han recibido tradicionalmente denominaciones que aluden a ámbitos materiales de competencia: educación, industria, sanidad, hacienda, cultura... Cierto es que a veces se desliza algún apellido exótico en el nombre de una cartera (así, la anterior Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tuvo la cromática coletilla de “Economía Azul”), pero incorporar la palabra desregulación en un título institucional reviste una enorme trascendencia si nos paramos a pensar que lo que encubre la desregulación es, en realidad, una doctrina antirregulación que no está nombrando a una competencia de la administración sino a una forma de concebir su método de trabajo y menospreciarlo. El término aparenta describir una operación técnica, pero en realidad toma partido sobre el valor mismo de la regulación.

Habrá quien sostenga que esto es solo un nombre que indica una actitud de gobierno, una forma de entender la gestión. Pero yo creo en las instituciones y en los funcionarios que las sostienen. Y porque creo que deben permanecer por encima de las mayorías transitorias y de sus mudables programas, confío en que esa desregulación que hoy se exhibe como divisa termine, como tantas otras consignas pasajeras, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Lola Pons Rodríguez es filóloga. El País, 11 de julio de 2026.