Sostiene José Antonio Zarzalejos en su última columna (ver aquí) que los “daños” que el sanchismo está causando al régimen constitucional de 1978 pueden ser “irreversibles”, y que ya no son los socios del Gobierno quienes pueden “rescatar” al sistema: “Ya sólo lo pueden hacer los medios que estuvieron al servicio de la democracia (…). Resistir no es ganar. Por el contrario, resistir es, frecuentemente, sólo aplazar la derrota”, concluye el exdirector de ABC en lo que se podría interpretar como una (poco) velada alusión al manifiesto que infoLibre ha hecho público hace unos días (ver aquí).
En realidad, cabe entender el llamamiento del influyente analista conservador como una clara extensión de ese “el que pueda hacer, que haga” que Aznar ha reiterado estos días, al hilo de los escándalos político-judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a José Luis Rodríguez Zapatero, un referente moral del espacio progresista. No basta al parecer con lo que ya vienen haciendo un montón de medios escritos, digitales o audiovisuales de la casi infinita derecha mediática, ni con las sonoras acciones de unos cuantos jueces, policías y fiscales, ni con la falsa equidistancia con la que ciertas cabeceras supuestamente progresistas vienen abordando esos escándalos… Ahora se trata de presionar a los (escasísimos) medios que defendemos la legitimidad del Gobierno para seguir gobernando y la de su presidente para convocar elecciones cuando considere oportuno (como estipula, por cierto, la propia Constitución).
Ni Zarzalejos ni Aznar parecen otorgar el menor recorrido a la táctica de Feijóo de presionar por tierra, mar y aire a los socios de investidura de Sánchez, y especialmente a PNV y Junts. Lo cual supone también asumir que el PP sigue teniendo un problema que él mismo se ha buscado y no sabe gestionar: ir del brazo de Vox en los gobiernos autonómicos y en el camino hacia la Moncloa produce una urticaria difícil de superar para las derechas nacionalistas que, ¡ay, se siente!, existen en España y tienen millones de votos. Aznar o Zarzalejos podrían quizás dedicar sus esfuerzos intelectuales y divulgativos a aportar ideas para convencer a los partidos conservadores mayoritarios en Cataluña o Euskadi de que apoyen una moción de censura junto a una extrema derecha que en su programa plantea precisamente la ilegalización de esos partidos nacionalistas. Complicado esfuerzo, nada respetuoso con el “sistema constitucional de 1978”, pero legítimo, por supuesto.
Mucho menos democrática me parece esa repetida exigencia de Aznar que nunca explica en qué consiste, por lo que es obligado entender lo que todo el mundo entiende y él no desmiente: se trata de que cada juez, fiscal, policía, político o periodista, todo ciudadano desde su ámbito personal o profesional, haga lo que esté en su mano para “echar a este Gobierno de mafiosos y corruptos”. Que es en lo que estamos desde antes de que estallaran los principales casos de presunta corrupción que se investigan o que ya han empezado a juzgarse. Ese insistente llamamiento se parece demasiado a un manifiesto golpista como los que a principios de los ochenta publicaba el colectivo Almendros en El Alcázar en vísperas del 23F (ver aquí). Para sus autores, Suárez era un traidor a los principios del Movimiento como ahora Sánchez es un traidor al “sistema constitucional”.
Y no menos antidemocrática me resulta la proclama de Zarzalejos, que como periodista emplaza a otros periodistas y medios a “acabar con el sanchismo”, ya que la derecha a la que apoya no consigue reunir suficientes votos en el Congreso para una moción de censura que tumbe a Sánchez como él tumbó a Rajoy en 2018, tras la primera sentencia de la Gürtel. Es una lástima que no seamos muchísimos más los medios y periodistas que procuramos informar de todos los asuntos de corrupción política, afecten a quien afecten, pero cumpliendo las reglas mínimas del oficio, distinguiendo hechos y opiniones, respetando la presunción de inocencia y analizando desde un pensamiento crítico toda actuación judicial que ofrezca sombras de contaminación política. O denunciando no sólo las intromisiones que desde la política se produzcan en el poder judicial, sino también las que se ejercen en sentido contrario, cuando jueces y algunos órganos de la justicia critican, rechazan o hasta incumplen las decisiones legítimas del poder legislativo o las que son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. ¿Hacen falta ejemplos? Pues ahí están las protestas de togados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba redactada (ver aquí); o la creatividad made in Marchena para no ejecutar esa misma ley en toda su extensión (ver aquí); o la impunidad con la que el magistrado García-Castellón mantuvo causas abiertas contra Podemos durante años sin una sola prueba… (ver aquí).
Es una lástima que no seamos muchísimos más los medios y periodistas que procuramos informar de todos los asuntos de corrupción política, afecten a quien afecten, pero cumpliendo las reglas mínimas del oficio
Para que se entienda sin rodeos. Me parece que tiene peso el argumento de reclamar elecciones anticipadas cuando un gobierno no logra aprobar presupuestos varios años seguidos, o cuando no consigue suficiente mayoría para legislar en el Parlamento. Pero también creo que un periodista crítico debe tener en cuenta siempre el contexto. ¿En qué medida el Gobierno tiene recursos para gestionar la vida pública en esta etapa en la que todavía tenemos miles de millones de fondos europeos para utilizar antes de fin de año? ¿Es o no cierto que España vive una situación económica y de empleo que es la envidia de Occidente desde hace ya varios años? ¿Es verdad o no que, a pesar de la obvia debilidad parlamentaria, se ha seguido legislando para mejorar la vida de millones de ciudadanas y ciudadanos? Y sobre todo: ¿es o no legítimo que un presidente de gobierno convoque elecciones cuando lo considere oportuno dentro de los límites constitucionales, como ha hecho cualquier otro jefe de gobierno de la democracia?
Y sigamos con el contexto. Si uno se limita a leer los titulares o escuchar el griterío sobre cada proceso judicial que afecta al PSOE, al Gobierno o al expresidente Zapatero, será difícil no caer en la tentación del “¡que se vayan, ya!”. Pero la obligación de un periodista decente (de cualquier demócrata no sectario) es analizar caso por caso, afecte a quien afecte. Sin prejuicios, pero también sin sumisiones acríticas. Lo escribo como lo pienso: ha pasado una semana larga desde que conocimos el auto del juez Calama contra Zapatero, después los informes de la UDEF y por último el sumario (casi) completo. Y me mantengo en lo escrito (ver aquí): no encuentro un solo indicio sólido y directo que sostenga la afirmación reiterada del juez que sitúa al expresidente como “líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales”. No lo encuentro yo ni lo han encontrado juristas “de reconocido prestigio” (ver aquí o aquí o aquí). Tiene mucho que explicar Zapatero sobre sus ingresos y los de sus hijas, pero me atrevo a insistir en que por esa vía también cabría exigir muchas explicaciones a Felipe González o a José María Aznar sobre su patrimonio, sus ingresos o los de familiares directos.
Lo que uno cree es que resistir es, hoy por hoy, una obligación democrática que debe invitar al activismo en defensa precisamente de los valores que distinguen una convivencia respetuosa con las reglas que tenemos y con las vías que permitan mejorarlas o cambiarlas
Nada más alejado de un espíritu crítico que lo conspiranoico. Pero Zarzalejos sabe perfectamente que las acumulaciones de supuestas casualidades con efectos políticos letales sólo son creíbles desde la ignorancia o la ingenuidad. Vivimos tiempos veloces en los que la excepcionalidad principal no es el sanchismo, sino los múltiples procesos paralelos y convergentes que vienen respondiendo de una u otra forma a ese “el que pueda hacer, que haga”. ¿En serio aceptamos como casual que las últimas “bombas” judiciales contra el Gobierno o sus entornos coincidan con el juicio oral de la trama Kitchen, el ejemplo más grave de una mafia que utilizó los recursos del Estado y la mismísima cúpula policial para obstruir la acción de la justicia contra la dirigencia del PP durante el Gobierno de Rajoy? ¿No tienen nada que decir el CGPJ ni las asociaciones de jueces –tan sensibles a cualquier crítica desde la política o los medios– sobre ese último auto del juez Peinado amenazando a Begoña Gómez con enviarle a la Policía si no acude a una citación que por ley no es obligatoria? (aquí).
Sabe muy bien Zarzalejos –y esto lo hemos hablado– que la llamada “crispación” político-mediática en España empezó con la campaña de intoxicación y desinformación en torno a los atentados del 11M (campaña que a él le costó la dirección de ABC por presiones de Esperanza Aguirre). Y también sabe que hubo un precedente de operación antidemocrática practicada por el llamado “sindicato del crimen” a finales de los 90 para dar la puntilla a los gobiernos de Felipe González, también afectados por casos de corrupción. Lo contó Anson unos años después en la revista Tiempo (ver aquí). Así que sí: sobran motivos para percibir que hay movimientos políticos, empresariales, mediáticos y judiciales que vienen abonando una especie de golpismo suave, sin armas pero con poderosas herramientas que utilizan sin descanso desde la instrucción del llamado procés catalán. Con la convicción –en algunos casos pregonada– de que hay que “salvar España” de quienes quieren, en su opinión, “cargársela”. Con la prepotencia de quienes consideran que este país es patrimonio exclusivo suyo, y que todo gobierno progresista debe ser un paréntesis, sobre todo si toca los intereses de determinadas elites económicas que se niegan a aceptar cualquier tipo de regulación, ya sea en el mercado especulativo de la vivienda, en el tecnológico o en el negocio de la desinformación.
Sostiene Zarzalejos que “resistir no es ganar”. Lo que uno cree es que resistir es, hoy por hoy, una obligación democrática que debe invitar al activismo en defensa precisamente de los valores que distinguen una convivencia respetuosa con las reglas que tenemos y con las vías que permitan mejorarlas o cambiarlas, de acciones políticas, judiciales o mediáticas que utilizan la mentira, la mera sospecha o la simple inquina para liquidar reputaciones personales y colectivas. En las urnas ganará quien gane, y gobernará quien consiga una mayoría parlamentaria. La ansiedad permanente no es buena, ni para la salud personal ni para la democrática. Y hay quien lleva sufriendo ansiedad y actuando bajo sus efectos desde junio de 2018, y más aún desde julio de 2023. Un poco de calma. Ya falta menos.
P.D. Inicia su columna Zarzalejos con la cita de un editorial de Manuel Chaves Nogales en Ahora (de una fecha en la que no era director, contra lo que dice Zarzalejos), pero que comparto en lo esencial: “No estando adscritos a partido alguno, no tenemos ningún dogma cerrado que defender. En cada caso y ante cada problema sustentaremos lo que nos parezca más útil a la República y al país”, o sea, a la democracia. Ahí estamos. De modo que, igual que Zarzalejos tiene derecho a defender a las derechas hasta el extremo que considere oportuno, debe aceptar que otros defendemos de forma transparente principios progresistas y rechazamos la deslegitimación permanente del adversario o su expulsión del gobierno por cauces antidemocráticos. Resistimos… y seguimos (si podemos contar con suscriptores suficientes).
*Por cierto, para no caer en la ola hagiográfica sobre Chaves Nogales, más allá de 'A sangre y fuego' y su imprescindible (y manoseado) prólogo, son recomendables lecturas como la de Alfons Cervera (ver aquí) o la de Juan Carlos Mateos, 'La construcción de un mito', de editorial Renacimiento (ver aquí). Jesús Maraña es escritor y director de InfoLibre. InfoLibre, 28 de mayo de 2026.
