La pena de muerte ya no es lo que era. Pete Hegseth, el ministro de la guerra de Estados Unidos, elegido al parecer para su cargo en virtud de la firme prominencia americana de su mandíbula, ha renunciado con pesar a la transmisión por streaming del fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el psiquiatra militar que mató a tiros a trece de sus compañeros gritando “Alá es grande” en 2009. Herido en la refriega, Malik Hasan está en silla de ruedas, así que el espectáculo iba a perder quizás parte de su emoción, ya que no es lo mismo fusilar a alguien de pie, y verlo temblar y desplomarse bajo los disparos, que hacerlo sentado. Trump y Hegseth aspiraban a recuperar la añorada tradición de las ejecuciones públicas, pero estos son tiempos de declive de la testosterona, como el propio Hegseth no para de lamentar. En 1849, en Londres, durante un viaje por Europa, Herman Melville se encontró en medio de la multitud encanallada y jubilosa que asistía a un ahorcamiento. Entre el mismo gentío, esa mañana, estaba Charles Dickens. Los dos más grandes novelistas de la época estaban esa mañana en el mismo lugar, ignorante cada uno de la existencia o de la cercanía del otro, y los dos manifestaron semejante horror ante la doble barbarie de la ejecución y del público que la celebraba como un obsceno carnaval.
A los condenados se los sigue ejecutando en público en países tan esclarecidos como Irán, Afganistán y Corea del Norte, con los que Estados Unidos comparte la devoción por la pena de muerte. En Irán, en lugar del clásico pero anticuado cadalso, se usan grúas bien altas como las de las obras, para que más personas puedan ver y grabar con sus móviles las contorsiones de los ahorcados. A Najmeh Amini, una chica iraní de 23 años, la han sentenciado a morir en la horca por escribir comentarios blasfemos en las redes sociales. Su voz joven y valiente puede escucharse en un mensaje que ha logrado grabar clandestinamente en la cárcel. Un contacto iraní nos informa de una infame particularidad jurídica: como la ley islámica prohíbe ejecutar a una virgen, a esa mujer tendrán que violarla previamente.
A finales del siglo XIX, la popularización de la electricidad abrió la puerta a nuevos inventos como la bombilla y el gramófono. Una lavadora, una nevera o una plancha eléctrica hacían más llevaderas las tareas del hogar: un aparato ejecutor que también fuera eléctrico facilitaría de la manera menos dolorosa el tránsito al otro mundo de un reo. En contra de todas las promesas de sus creadores, los resultados fueron pavorosos. A los condenados la corriente eléctrica les erizaba y les quemaba el pelo y las sacaba literalmente los ojos de las órbitas. Una vez, en la New-York Historial Society, yo tuve la ocasión de examinar de cerca un modelo de silla eléctrica de los años cincuenta, el mismo que había servido para ejecutar a Ethel y Julius Rosenberg. Era un artefacto con una sugestión de tosca barbarie tan sobrecogedora como la soga y el tablero de una horca o el poste y el tornillo del garrote vil.
El mismo argumento del progreso científico como humanizador de las ejecuciones lleva años sirviendo como defensa de la inyección letal. Ahora toda huella evidente de violencia queda suprimida. Matar a alguien tiene la asepsia indolora de un procedimiento médico. En vez de subirlo a un cadalso o atarlo a un sillón con aspecto de primitivo aparato de tortura, al condenado se le tiende en una camilla hospitalaria, cuya particularidad es que tiene dos brazos laterales, que le dan un aspecto tal vez inconveniente de cruz. Al condenado se le introduce en cada brazo una cánula intravenosa, como si se le fuera a sacar una muestra de sangre o a hacerle una transfusión. La muerte llegaría como el sueño de la anestesia. Las organizaciones profesionales de médicos y enfermeras de Estados Unidos prohíben a sus miembros participar de algún modo en el cumplimiento de una pena de muerte, así que la tarea en apariencia menor de introducir la aguja en la vena han de cumplirla empleados carcelarios sin cualificación.
Esa fue una de las razones por las que salió tal mal la ejecución de Christa Pike en una cárcel de Nashville, en Tennessee. Sus abogados habían advertido de que Pike tenía venas especialmente finas, en las que sería muy difícil acertar con la aguja. Ella misma manifestó que preferiría ser ahorcada. Cuando se llevan más de treinta años en el confinamiento solitario de una celda en el corredor de la muerte es comprensible una cierta impaciencia por acabar cuanto antes. Atada a la camilla, con los brazos abiertos, siendo observada a través de un muro de cristal por los familiares de su víctima y a través del otro por funcionarios y periodistas, Christa Pike, en vez de perder el conocimiento, empezó a quejarse de que las inyecciones le quemaban los brazos. Una reportera de la radio pública que asistía a la ejecución ha contado que en ese momento se cerró la cortina, se apagó una luz, se oyó un trajinar de puertas, voces, quejidos; cuando la cortina se abrió casi una hora más tarde, Christa Pike había recibido una segunda dosis letal. Un poco después se apagaron de nuevo las luces, y se la oyó roncar en la oscuridad.
Quizás había imaginado que después de perder el conocimiento despertaría en otro mundo más amable que éste, en el que solo conoció de niña miseria, violencia y abuso sexual, y de adulta, después de torturar y matar a una examiga, treinta años de espera sometida a la inhumanidad del sistema penitenciario americano. Despertó en una cama de hospital, tan maniatada como en la camilla de la cárcel, porque incluso en la UCI las autoridades siguieron considerando necesario mantenerla encadenada y esposada, como Billie Holiday en su lecho de muerte. La agonía no es excusa para aliviar el castigo. El candidato a gobernador de Tennessee en las elecciones de noviembre ya ha prometido a sus electores que si sale victorioso va a recuperar de inmediato la silla eléctrica como instrumento de ejecución, a fin de evitar la blandura ineficiente de la inyección letal.
La aguja, las correas, la soga colgante que ha de ajustarse al cuello, imponen una cercanía física entre el verdugo y el reo, una evidencia de contacto humano. Es uno de tantos inconvenientes que la modernidad tecnológica ha resuelto. En NAZA, el documental que el gobierno israelí quisiera borrar de la existencia, igual que a sus dos autores, Yuval Abraham y Rachel Szar, encontramos una nueva especie de asesinos legales, que ocultan sus caras, como los antiguos, pero que a diferencia de ellos matan tan a distancia como si sus víctimas fuesen siluetas lejanas en una pantalla de videojuegos. Usted está en su despacho, delante de su ordenador, en una oficina acristalada de Tel Aviv, y gracias a la inteligencia artificial y al control absoluto de las comunicaciones en Gaza se ha introducido en el teléfono móvil de una niña de doce años, que está avisando a su madre de que papá acaba de llegar a casa. Usted oye la voz de la niña, el jaleo de sus hermanos en la casa. Papá es o puede ser un militante de Hamás. Si tiene un puesto alto en la organización, usted está autorizado, a fin de eliminarlo, a matar no solo a esa niña y a sus hermanos, sino a otras quinientas personas, a las que usted no llama personas, sino NAZA, acrónimo en hebreo de “daños colaterales”. Usted no tiene que disparar un arma, ni que clavar una aguja, ni ver sangre, ni oler carne quemada. Usted pulsa una tecla y escucha por el móvil de la niña los gritos que da al morir abrasada, y a continuación cierra el ordenador y sale a la alegre calle de Tel Aviv a tomar unas cervezas con los amigos, verdugos intachables. Antonio Muñoz Molina es escritor. Publicado en El País.
