Vivimos en una era de escasez fabricada. En un mundo más rico que nunca, más de una décima parte de la población mundial sigue viviendo en la pobreza extrema. Millones de personas no pueden permitirse alimentos suficientes, vivienda o atención sanitaria básica, mientras una ínfima minoría acumula niveles sin precedentes de riqueza y poder. Al mismo tiempo, las sequías, los megaincendios, las inundaciones y las olas de calor nos recuerdan que nuestras economías están empujando al planeta más allá de sus límites.
No se trata de crisis separadas. Son síntomas de un modelo económico que ha llegado al final del camino. La pobreza y la desigualdad no son accidentes; son resultados previsibles de decisiones de política pública: cómo diseñamos los sistemas tributarios, regulamos los mercados laborales, valoramos los cuidados, estructuramos los servicios públicos y decidimos qué necesidades y qué voces importan. Cuando se niega a las personas los medios para vivir con dignidad y participar como iguales en sus sociedades, se vulneran sus derechos humanos. Lo crucial es que si los gobiernos pueden fabricar pobreza, también pueden desmantelarla.
Durante décadas, la receta fue sencilla: hacer crecer la economía y la pobreza desaparecería gradualmente. Pero no se ha cumplido la promesa de que el crecimiento económico “elevaría todos los barcos”. Mientras los ingresos nacionales aumentaban, los salarios se estancaban, el trabajo precario se expandía y se recortaban los servicios públicos. En la cúspide, las fortunas se disparaban; en la base, las familias recurrían a los bancos de alimentos. El crecimiento se ha desvinculado de la prosperidad compartida.
También se ha vuelto ecológicamente insostenible. Los científicos advierten que nos acercamos a una “Tierra invernadero”, en la que el aumento de las emisiones y la pérdida de biodiversidad están desestabilizando las condiciones que sustentan la vida humana. Alrededor del 80% de las emisiones mundiales de carbono pueden atribuirse a los países más ricos, y el 10 % más acaudalado de la población es responsable de casi la mitad de las emisiones globales, mientras que las personas en situación de pobreza son las primeras en afrontar la pérdida de cosechas y el aumento de los precios de los alimentos. Un modelo económico que depende de una expansión sin fin en un planeta finito no solo es injusto; es peligroso.
Muchos países de ingresos bajos siguen necesitando crecimiento para construir carreteras, hospitales, escuelas, energías renovables y empleos decentes. Pero la senda dominante hacia el crecimiento —basada en la extracción de recursos, la mano de obra barata y dócil, la dependencia de las exportaciones y un endeudamiento cada vez mayor— ha ampliado la desigualdad y degradado el medio ambiente. La verdadera pregunta hoy no es si el crecimiento continúa, sino qué tipo de economías estamos construyendo, a quién sirven y si permiten que todas las personas vivan con dignidad dentro de los límites planetarios.
Por eso nos reunimos para desarrollar y respaldar la Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento, que fue lanzada recientemente en Ginebra en la Organización Internacional del Trabajo, bajo los auspicios de la Coalición Mundial para la Justicia Social. La Hoja de ruta ofrece una serie de alternativas para ir más allá del enfoque estrecho centrado en “crecer-gravar-transferir” que ha moldeado las políticas durante décadas. No es un plan elaborado por un pequeño grupo de expertos. Es exactamente lo contrario: durante 18 meses, más de 400 personas —organismos de las Naciones Unidas, gobiernos nacionales, personas expertas del ámbito académico, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, actores de la economía social y solidaria y movimientos de base, tanto del Norte como del Sur globales— trabajaron para responder a una pregunta sencilla: ¿cómo podemos poner fin a la pobreza y reducir las desigualdades sin tratar el crecimiento del PIB como nuestra condición principal para el progreso?
No coincidimos en todos los detalles de política. Pero nos une la convicción de que nuestras economías deben rediseñarse para organizar la producción, la distribución y el consumo en torno a la realización de los derechos y al bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, en lugar de maximizar la producción a cualquier costo. Los derechos humanos no son aquí una ocurrencia tardía; son el principio organizador de cómo medimos el progreso, fijamos prioridades y resolvemos las disyuntivas.
Es una prioridad absoluta garantizar una protección social universal basada en los derechos y el acceso universal a servicios públicos de calidad; en muchos países, esta sigue siendo la primera y más urgente tarea. Pero una economía basada en los derechos humanos va más allá de la redistribución y la compensación posteriores al mercado. La protección social y los servicios públicos son esenciales, pero no pueden compensar indefinidamente economías que, por diseño, generan salarios de pobreza, empleos inseguros y viviendas inasequibles.
Necesitamos cambiar las reglas desde el origen. Eso significa, por ejemplo, trabajo decente y sistemas de garantía de empleo, salarios dignos y una remuneración justa, sindicatos más fuertes y democracia en el lugar de trabajo, combatir la discriminación y valorar el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado del que dependen nuestras sociedades. Significa invertir en la infancia, la vivienda, la salud, la educación y el transporte mediante una provisión pública universal, de modo que la pobreza se prevenga en lugar de transmitirse de generación en generación. Significa control público de los activos estratégicos, orientación del crédito para dirigir la inversión hacia prioridades sociales y ecológicas, y apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria.
Aplicar esta visión significa cambiar las reglas de una economía mundial que todavía organiza las capacidades productivas de los países de ingresos bajos y medianos en función del consumo del Norte, en lugar de atender las necesidades locales. Hoy se reprocha a los gobiernos del Sur Global no hacer lo suficiente para combatir la pobreza, al tiempo que se les asfixia con sanciones unilaterales, acuerdos comerciales restrictivos, intercambio desigual y cargas de deuda arraigadas en siglos de despojo colonial. Unos 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación. A los países fuertemente endeudados las instituciones financieras internacionales los presionan para recortar el gasto social y debilitar la protección laboral en nombre de la “competitividad”. Mientras tanto, las cadenas mundiales de suministro permiten una vasta transferencia neta de trabajo y recursos del Sur al Norte, en una escala que bastaría para poner fin a la pobreza extrema muchas veces.
La solidaridad internacional es, por tanto, una obligación jurídica y moral arraigada en la realidad histórica de que muchos países ricos construyeron su riqueza empobreciendo al Sur mediante patrones de extracción que hoy continúan bajo nuevas formas. Una transición justa más allá del crecimiento debe incluir justicia de la deuda, una mayor cooperación Sur-Sur, financiación climática reparadora y restaurativa y apoyo a los pisos de protección social universal, sobre la base de los principios de no dominación y autodeterminación, de modo que los países puedan trazar sus propios futuros económicos de manera Soberana.
Igualmente crucial es quién puede dar forma a esta transición. Con demasiada frecuencia, las políticas que afectan a las personas en situación de pobreza se diseñan sin ellas, y a veces en su contra. Cuando los sistemas de bienestar se construyen en torno a la sospecha, las sanciones y condiciones humillantes, profundizan el estigma y disuaden a las personas de reclamar las prestaciones que les corresponden. Cuando las reformas agrarias o los programas de vivienda social están contaminados por la corrupción y el favoritismo, o excluyen a quienes viven en asentamientos informales, no logran llegar a quienes necesitan el apoyo con mayor urgencia. Quienes viven en la pobreza saben mejor que nadie cómo pueden fallar los sistemas en la práctica. Su experiencia debe orientar el diseño, la aplicación y el seguimiento de las estrategias de lucha contra la pobreza, desde los consejos locales hasta los parlamentos y los foros internacionales.
No partimos de cero. En todo el mundo, las luchas Indígenas, la organización feminista, los sindicatos y los movimientos por la justicia climática están defendiendo y construyendo futuros alternativos arraigados en el cuidado colectivo y los derechos territoriales. Nuevas coaliciones de Estados están impulsando nuevas visiones de la gobernanza económica mundial, y distintos gobiernos están experimentando con estrategias de lucha contra la pobreza basadas en los derechos, asambleas ciudadanas y creación de riqueza comunitaria. La ONU y muchos aliados están explorando indicadores de “Más allá del PIB” y nuevas instituciones, como un Panel Internacional sobre la Desigualdad, para ayudar a orientar este cambio.
Nuestra hoja de ruta se apoya en esos esfuerzos, los conecta y los impulsa aún más. La ofrecemos ahora como un punto de referencia común para quienes se niegan a aceptar que la pobreza y el colapso ecológico sean el precio que hay que pagar por la manera en que actualmente definimos el “éxito” económico. De cara a la Cumbre de los ODS de 2027 y a otras importantes negociaciones mundiales sobre financiación, fiscalidad y clima, los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen una elección: redoblar la apuesta por un modelo fallido centrado primero en el crecimiento, o comprometerse a erradicar la pobreza transformando las reglas económicas que la producen.
La pobreza se fabrica. Esa es la mala noticia, y también la buena. Lo que ha sido fabricado puede desmantelarse y sustituirse. Con la Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento, ponemos sobre la mesa opciones concretas, cada una respaldada por detallados “perfiles de políticas” que exponen la evidencia, los pasos para su aplicación y ejemplos del mundo real. Hacemos un llamamiento a las y los dirigentes políticos de todos los niveles para que las utilicen, escuchen a quienes más se ven afectados y consideren el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la realización efectiva de los derechos humanos como la medida con la que debe juzgarse la política económica.
Olivier de Schutter es relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y presidente de New Economies for Eradicating Poverty (NEEP). Joseph E. Stiglitz es premio Nobel de Economía, catedrático de la Universidad de Columbia y economista jefe del Instituto Roosevelt; Thomas Piketty es profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), catedrático de la Escuela de Economía de París y codirector del World Inequality Lab, y 360 firmas más. El País, 12 de junio de 2026.
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