REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. LA DECENCIA DE CERRAR LAS VENTANAS, POR DANIEL INNERARITY. 31 DE MAYO DE 2026

 

La leyenda de lady Godiva no habla solo de desnudez; habla, sobre todo, de decencia pública. Según la tradición, Godiva pidió a su marido, señor de Coventry, que aliviara la carga fiscal de sus vecinos. Él, intuyendo que la humillación sería más eficaz que la compasión, le impuso una condición cruel: atravesar la ciudad desnuda montada a caballo. Ella aceptó, pero pidió a los vecinos que se metieran en sus casas y cerraran puertas y ventanas.

John Collier la pintó en 1897. Godiva no mira al espectador. Su cabeza está inclinada, el cabello cae como un velo; el cuerpo, desnudo y luminoso, se repliega sobre sí mismo. Es quizá la imagen más reproducida del mito, pero no es una imagen de exhibición: es una imagen de pudor. Incluso en su desnudez más bella, Godiva pide que no la miren.

Lo importante de la leyenda no es el desnudo. Lo importante es que el pueblo no miró. Comprendieron que aquello no era espectáculo, sino sacrificio; que una mujer pagaba con su pudor una mejora para los demás. Tuvieron la decencia de no convertir la vulnerabilidad en entretenimiento. Esa es la clave moral: la dignidad de una sociedad se mide, a menudo, no por lo que puede ver, sino por aquello que decide no mirar.

La leyenda tiene, sin embargo, una cara oscura que la tradición registra con el nombre de Peeping Tom: un sastre que no cerró su ventana y pagó con la ceguera el precio de su curiosidad. Toda sociedad produce sus Peeping Toms: quienes convierten la desgracia ajena en entretenimiento y quienes, más peligrosamente, organizan el espectáculo para que otros miren.

Algo de esto ocurre cuando un procedimiento penal, antes incluso de probar un delito, desnuda la vida privada de una persona ante la opinión pública. La justicia debe investigar hechos penalmente relevantes, conductas antijurídicas y culpables, pero no convertir cada relación, cada mensaje o cada proximidad personal en una pieza de sospecha moral. Cuando esto ocurre, el objetivo no es probar un delito, sino producir una impresión: en muchas ocasiones, se trata de una filtración contra todo derecho que causa un daño, a veces irreparable, al imputado y no nos hace mejores a la ciudadanía, que nos convertimos en unos auténticos cotillas. La pregunta fundamental que ha de hacerse quien tiene en sus manos desvelar algo es para qué sirve: ¿a la causa judicial, para alimentar la curiosidad publica o para favorecer ciertas estrategias políticas? ¿Somos así los ciudadanos personas mejor informadas o mirones que han satisfecho su ración de indignación?

A menudo, la información sobre procesos judiciales en curso está repleta de conexiones hipotéticas y detalles escabrosos que nos distraen de lo esencial y que no tienen significado penal sino reputacional. La fijación en lo anecdótico o escandaloso, ¿mejora nuestra tarea de vigilancia democrática o funciona como una gigantesca distracción colectiva? El público crítico no es el que mira todo lo que le ponen delante, sino el que es capaz de preguntarse por qué le muestran eso y de ese modo.

Así, ni siquiera la función de vigilancia democrática puede ejercerse con plenitud, ya que la espectacularización de la vida política impide percibir todo aquello que no encaja en la categoría de lo sensacional, que resulta poco atractivo para el ciudadano-espectador, aquello que no impresiona ni es personal, cuanto no provoca rabia o envidia o indignación, todo lo que es normal, banal, estructural o complejo.

También los medios tienen que hacerse preguntas incómodas porque no pocas veces contribuyen a esta degradación de nuestra conversación pública. Cuando un medio se plantea si debe o no dar a conocer un comportamiento privado, las preguntas que debería hacerse son: ¿qué efectos tendría esto sobre la calidad de nuestra vida democrática? ¿Se trata de un conocimiento del que deben disponer los ciudadanos para evaluar la acción de sus representantes? Si hay que hacerlo, ¿guarda proporción el grado de publicidad con su pertinencia? ¿A quién beneficia y a quién perjudica (injustamente) determinada revelación o el modo de enfocarla?

La revelación irrelevante es políticamente devastadora porque desplaza el juicio desde la prueba hacia la insinuación. Mientras el derecho penal exige hechos, la opinión pública se conforma con atmósferas; mientras el juez distingue entre culpabilidad e inocencia, el escándalo solo necesita confundirlas durante el tiempo suficiente. El resultado es lo que podríamos llamar la pena de desnudez: una persona puede ser absuelta jurídicamente y quedar condenada socialmente, una vez que su intimidad ha sido expuesta, fragmentada y convertida en munición. Sin contexto, lo que decimos y hacemos, enjuiciados únicamente a partir de lo que dicen otros de nosotros mismos, no somos nada.

Aquí reside la responsabilidad política de quienes impulsan estos procesos. Desnudar a una persona ante la mirada pública no siempre es un daño colateral de la justicia; con frecuencia puede ser su verdadero objetivo. Existe una perversión específica en quienes, sabiendo que la prueba es insuficiente, se afanan en exponer los restos de la intimidad para mantener viva la sospecha. No se desnuda a alguien para servir a la verdad, sino para intimidar o destruir a un adversario, convirtiendo la humillación en arma política. Quien organiza el espectáculo no es un espectador curioso: es un actor que ha elegido su papel. También lo es quien pide más. También quien asiste complacido.

Se dirá que la transparencia exige explicaciones: las conversaciones, los vínculos, las decisiones. Es verdad, pero esa exigencia tiene un límite que conviene no olvidar: afecta a los actos públicos del poder, no a la vida entera de las personas. Confundir ambas cosas no es rigor democrático; es voyerismo institucionalizado.

Nadie resiste una transparencia absoluta. Todos vivimos rodeados de frases incompletas, vínculos equívocos, afectos desordenados, torpezas, fragilidades. Sacados de contexto, muchos gestos humanos parecen feos, pero no todo lo que incomoda a un observador exterior merece convertirse en reproche público. La confianza democrática no nace de verlo todo; nace de aceptar que no podemos, y no debemos, verlo todo, y convivir aun así bajo reglas comunes. Una sociedad construida solo sobre la vigilancia no es más virtuosa: es más desconfiada, más cruel y, al final, más autoritaria.

Por eso la leyenda de Godiva sigue interpelándonos. Ante la maquinaria que coloca a una persona desnuda en la plaza pública, la pregunta no es solo qué hicieron quienes promovieron, alentaron o aprovecharon el espectáculo. La pregunta es qué hacemos nosotros cuando nos invitan a mirar. También los ciudadanos y ciudadanas podemos tomar ciertas decisiones libres y responsables a este respecto. Porque mirar no es inocente ni inocuo: alimenta el poder de quien organizó la humillación, nos aparta de lo que verdaderamente está en juego y, al final, nos ciega. Visto lo cual, propongo que cerremos ciertas ventanas que no dan luz a nuestra existencia, sino que se asoman a un patio donde se desarrolla un espectáculo en el que se nos muestra todo para que no nos enteremos de nada. Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la UPV-EHU y titular de la cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia. Su último libro es El futuro de la democracia (Galaxia Gutenberg). El País, 29 de mayo de 2026.

ENTRADA NÚM. 10664

REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. CUANDO LA “GAUCHE” SOLO HABLA A UNOS POCOS, POR CARLA MASCIA. 31 DE MAYO DE 2026

 

A un año de las presidenciales en Francia, hay quien lo tiene ya todo “atado”. Ataviado con su eterna corbata roja, el díscolo de la política francesa, Jean-Luc Mélenchon, oficializaba a principio de mes en el telediario de TF1 su candidatura, sin dudar para ello en recurrir a una expresión —“nous c’est carré” (nosotros lo tenemos todo atado)— más propia del lenguaje de los jóvenes a los que quiere atraer que de un señor de 74 años, aferrado al poder y candidato por cuarta vez en unas presidenciales a las que había prometido no participar para permitir la renovación generacional de la cúpula de su partido. Situado en tercer lugar en las encuestas por detrás del ex primer ministro conservador Edouard Philippe, con un 16% de los votos y serias opciones de llegar a la segunda vuelta contra el gran favorito de los sondeos, el ultraderechista Jordan Bardella, Mélenchon ya se ve en el Elíseo.

El político a quien tanto le gusta repetir que apenas 400.000 votos le separaron de Marine Le Pen en 2022 —y con ellos, del acceso a la segunda vuelta— no está dispuesto a perder el tiempo. Mélenchon dará su primer mítin de campaña el 7 de junio en Saint-Denis, en la periferia de París y en uno de los departamentos más pobres de Francia. Una ciudad cosmopolita en sintonía con el lema de su campaña, “la nueva Francia”, antítesis, según el historiador Pascal Blanchard, del famoso “on est chez nous” (esto es nuestra casa) coreado en los mítines de la extrema derecha de Marine Le Pen. Pero esta “nueva Francia” también revela, según algunos, un enfoque identitario que confirmaría la voluntad de Mélenchon de referirse solo a una parte de las clases populares y no al conjunto de ciudadanos. Como defiende el politólogo Rémi Lefebvre en Le Monde, La Francia Insumisa de Mélenchon “busca construir un relato político global, criollizado" y destinado a “los urbanitas, los jóvenes con estudios superiores y los habitantes de los suburbios dominados por poblaciones de origen inmigrante”.

Nunca avara de cinismo, Marine Le Pen ―cuyo futuro político se decidirá el 7 de julio en los tribunales― no tardó en reaccionar en X al nuevo eslógan de LFI, arguyendo que se trataba de un concepto “claramente fundado sobre el origen extranjero y [que] constituye, por tanto, la quintaesencia del racismo y la negación de [la] Constitución”. Su tuit venía acompañado de un extracto de un mítin de Mélenchon ―manipulado, según el líder de LFI, que ha anunciado que presentará una denuncia― donde se le ve pedir al público que quien tenga un abuelo extranjero levante la mano. Con la sutileza y la integridad intelectual que le caracteriza, el multicondenado por incitación al odio Éric Zémmour, obsesionado con el “gran reemplazo” y los “francocidios”, tuiteó que “la nueva Francia” de LFI era “la reivindicación de una sustitución del pueblo francés de pura cepa por un nuevo pueblo árabo-musulmán”. Una aserción cuando menos grotesca, y que incluso podría prestarse a la risa, si la extrema derecha no estuviera tan cerca de conquistar el poder en un paisaje político más fragmentado que nunca y con una izquierda cuyos diferentes bloques parecen irreconciliables.

La importante impopularidad de Mélenchon ―el 71% de los franceses lo rechazan― no es ajena a esa división. La polarización que genera su figura pone en duda su capacidad de aglutinar tanto el voto de la izquierda como el del centro en el hipotético caso de que lograra acceder a la segunda vuelta. Algo que tiene muy claro el bloque de la izquierda no melenchonista, conformado por el Partido Socialista, Los Ecologistas, y Los Comunistas, el cual aboga por una primarias ―rechazadas por Mélenchon― y la adopción de un discurso más universalista e interclasista que identitario. En cuanto al tercer bloque, de orientación socialdemócrata y liderado por el diputado europeo Raphaël Glucksmann, la posibilidad de una alianza con LFI es sencillamente inconcebible, en parte por las salidas desafortunadas con resabios antisemitas del líder de los Insumisos y su complacencia hacia la política expansionista de Rusia y China. Eso sí, Glucksmann y Mélenchon comparten la voluntad de segmentar el electorado. Una nota interna del equipo de Glucksmann, filtrada por la prensa, aconsejaba al candidato “no dirigirse a los jóvenes de entre 18 y 25 años, a quienes ingresan menos de 1.500 euros al mes, a las familias monoparentales, a las banlieues o a quienes solo tienen el bachillerato”.

Ante este panorama desalentador, una figura cuando menos peculiar ha emergido en los últimos meses como posible salvador de la izquierda en un ecosistema mediático y cultural en el que la influencia del magnate ultraconservador Vincent Bolloré no deja de extenderse. Se trata del banquero Matthieu Pigasse, miembro del consejo de supervisión de Le Monde, del que llegó a ser co-accionista entre 2010 y 2022, dueño de la radio más popular de Francia, Radio Nova, la revista Les Inrokuptibles, o la productora Mediawan, que realiza programas de debate político muy seguidos en la televisión francesa como C´est à vous o C´est dans l´air. El millionario, que reinvidica de plató en plató la necesidad de la izquierda de llevar su propia batalla cultural frente a la extrema derecha, lleva meses dejando planear la duda sobre una eventual candidatura a las presidenciales.

Si bien es cierto que algunos votantes de izquierdas han podido sentirse atraídos por su discurso, una información del Wall Street Journal publicada este martes ha enfriado a los más entusiastas. Pigasse ha sido elegido por el régimen de Delcy Rodríguez para hacerse cargo de la reestructuración de la deuda pública exterior venezolana estimada en 150.000 millones de dólares. Una operación que habría obtenido el beneplácito de Trump, en cuya compañía fue visto Pigasse a finales de enero en la Casa Blanca con motivo de la proyección privada del documental sobre la primera dama de EE UU.

Pocas veces el escenario político de la izquierda francesa ha sido tan confuso. Pero la crisis que parece asolarla no nos habla solo de división, sino también de una renuncia compartida a la interpelación universalista de partidos y movimientos que ya no se dirigen a la nación en su conjunto sino a nichos de mercado. Exactamente lo opuesto a la estrategia del Reagrupamiento Nacional de Le Pen y Bardella. Carla Mascia es analista política. El Pais, 29 de mayo de 2026.

REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. LA MUERTE DE LOS OTROS, POR VÍCTOR GÓMEZ PIN. 31 DE MAYO DE 2026

 

Inevitablemente, a intervalos, retorna el tema de las trabas a las que se enfrentan personas que, con plena lucidez, han decidido poner fin a sus vidas. A menudo ello supone someterse a un proceso literalmente kafkiano, dada la complejidad jurídica (hasta cinco tribunales en el caso punzante de Noelia Castillo) y el sentimiento de impotencia de la persona protagonista, enfrentada a una casuística no siempre comprensible. En un caso más reciente, tras dos años de espera, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia al ratificar una sentencia anterior, según la cual se reconoce el interés legítimo de los familiares a interponerse en la decisión de anticipar la propia muerte.

Sin duda, tanto la eutanasia como el suicidio asistido provocan tensión social. De entrada, en las personas “con un intenso vínculo afectivo” (expresión del Alto Tribunal), privadas de un ser próximo, y confiando quizás en que la persona hoy carente de amor a la vida acabará encontrando razones para estimarla. Esta tensión se extiende a las instancias jurídicas y legislativas, sometidas a razones contrapuestas. Pues aun haciendo abstracción de eventuales sentimientos religiosos (determinantes otrora, pero sin sentido en un estado formalmente aconfesional), el respeto a la voluntad individual choca en este caso con un argumento mayor: el ser humano no solo se relaciona con los demás, sino que es en sí mismo el nudo constituido por estas relaciones. Siendo la colectividad lo que configura la identidad del sujeto, esta tendría derecho a considerar conveniente su persistencia, al igual que considera conveniente su eventual sacrificio en el campo de batalla. De hecho, esto valía en nuestros países cuando era legal la pena de muerte: esta se aplicaba a un reo, pero no se permitía que el reo tomara la decisión por sí mismo.

En suma, es bien comprensible que la sociedad se pregunte hasta qué punto es legítimo que un miembro de la misma deserte, por así decirlo. Preocupación que puede pesar en el ánimo del propio sujeto, aunque esta no sea para él prioritaria dada la inevitable confrontación interna que entraña su decisión, y en relación a la cual habría de medirse el grado de solidaridad de las personas de su entorno.

“Mi principio es el suicidio, jamás consumado, que no consumaré jamás”, escribía Cesare Pavese. Sabido es que, en el caso del poeta italiano, sí se consumó el proyecto, pero podría perfectamente no haberse consumado, pues la desazón respecto a la idea de prescindir de la propia vida no es una contingencia, sino expresión de un desgarro inherente a la idea misma. El sujeto no puede estar seguro de que su decisión refleja una conformidad de todas sus facultades conscientes o inconscientes. La persona mayormente dispuesta a renunciar a su vida de día puede perfectamente percibir lo punzante del proyecto tras el despertar de un sueño inquietante, del que directa o indirectamente la idea de la propia muerte formaba parte.

Y, sin embargo, pese a esa interna confrontación, o quizás en razón de la misma, hay razones para considerar que la idea de la muerte voluntaria es inherente a la singularidad de la condición humana y forma parte de su dignidad. La aparición del ser humano constituyó una radical emergencia en la historia evolutiva, corolario de lo cual es que no siente la muerte como resultado de un proceso meramente biológico. “Saberse desterrado en la tierra, siendo tierra, es saberse mortal”, escribió Octavio Paz. Sabedor de su propia muerte, es lícito que el ser humano llegue a considerar su derecho a prescindir de su ser biológico. Se tome o no la decisión de llevarla a cabo, la idea de avanzarse a la inevitable muerte natural está en todos los humanos, siendo, por así decirlo, un universal antropológico.

Es posible que la persona tensada por la idea de la muerte voluntaria finalmente decida permanecer en vida, pero en todo caso la variable ha de ser cuál de los polos de la interna polaridad prevalece. Constatamos, por el contrario, que, en ocasiones, el paso al acto depende menos de la convicción del sujeto que de la deliberación de jueces, más o menos atentos al criterio de especialistas clínicos.

Hace años, una película se hizo célebre por su puesta en evidencia de la perturbación que supone en la conciencia ciudadana la sospecha de que funcionarios controlan “la vida de los otros”. Pues bien, quizás no es menos perturbador el saber que hay funcionarios atentos a la conveniencia o inconveniencia de “la muerte de los otros”.

Y un último apunte. Una oda marítima de cuya autoría no hay seguridad evoca la soledad en la que muere el marino (“the sailor rests alone”). Pues bien, se acompaña al que desea morir o eventualmente se acentúa el sufrimiento al impedirle hacerlo, pero, se trate o no de muerte voluntaria, la presencia exterior se esfuma en la muerte misma. Cabe sospechar que en los momentos álgidos de la vida humana la soledad impera, pero desde luego se muere solo. Solidaridad auténtica es el respeto a quien decide avanzar ese momento punzante. Víctor Gómez Pin es catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. El País, 29 de mayo de 2026.

REVISTA DE PRENSA DOMINICA.CUANDO LA JUSTICIA ENTRE EN LA POLÍTICA, POR MARC LÓPEZ PLANA. 31 DE MAYO DE 2026

 

En política no hace falta una sentencia para provocar una crisis. A veces basta una investigación, o que esta sea factible y empiece a circular como posibilidad, para que el sistema político cambie de comportamiento.

Italia lo aprendió de forma brusca a comienzos de los años noventa. La operación Mani Pulite comenzó como una investigación sobre corrupción administrativa en Milán y acabó siendo el punto de ruptura de todo un sistema político. En pocos años desaparecieron los grandes partidos que habían estructurado la Primera República italiana. Aquello no fue una derrota electoral: fue un colapso más desordenado, rápido y difícil de procesar para las instituciones.

Lo que hace singular ese episodio es el desplazamiento de la legitimidad política que produjo. Una parte importante de la opinión pública empezó a ver a la magistratura como el único actor capaz de imponer límites en un sistema que había perdido credibilidad. El problema no estaba en la ampliación del papel judicial sino en la renuncia del sistema político a cumplir el suyo. En ese vacío, la justicia, sin sustituir a la política, ocupa un lugar simbólico y crea un equilibrio difícil de revertir.

"Al debilitarse esa función, el sistema es sujeto de un desplazamiento, un cambio. Parte del conflicto se traslada a los medios, parte a la movilización social y parte al sistema judicial"Por tanto, el inicio de la problemática es previo y se encuentra en la forma en que los partidos han perdido su capacidad de estructurar la sociedad. Durante décadas, eran mecanismos de mediación que lograban organizar los intereses de la ciudadanía al tiempo que absorbían sus conflictos y canalizaban las demandas sociales por la vía política. Al debilitarse esa función, el sistema es sujeto de un desplazamiento, un cambio. Parte del conflicto se traslada a los medios, parte a la movilización social y parte al sistema judicial.

Cuando esto ocurre, puede producirse lo que el profesor de Derecho Sabino Cassese llama desbordamiento. El desbordamiento entra en escena cuando, por una mala interpretación de la autonomía judicial, surgen magistrados militantes. Un magistrado militante está convencido de que tiene una misión que cumplir. ¿Dónde está la línea que distingue a un magistrado convencido de que puede imputar a un expresidente del Gobierno de un magistrado militante? En mi humilde opinión, un magistrado, sabiendo el impacto que su decisión va a tener y siendo consciente de las dinámicas que se han apuntado, debería pensárselo muchas veces antes de imputar a un expresidente del Gobierno. Sería injusto por mi parte afirmar que el juez Calama no lo ha hecho, pero más grave sería que no lo hubiera hecho.

El caso italiano ayuda a entender la persistencia de ese cambio. Silvio Berlusconi es, además del producto político del vacío posterior a Mani Pulite, la figura que convierte la relación entre política y justicia en un conflicto permanente.

A partir de ahí, cada investigación relevante adquiere una traducción política inmediata. Y lo mismo ocurre con las respuestas: la justicia es percibida como fiel cumplidora de su mandato legal o como un actor politizado, según el lugar desde el que se mire. Esa dualidad sigue funcionando hoy en día.

"Una investigación en curso o una imputación preliminar bastan para alterar los comportamientos de los actores políticos, sobre todo en países con mayorías frágiles"En este tipo de sistemas, el punto más delicado es el momento en que los procedimientos judiciales empiezan a producir efectos políticos. Durante mucho tiempo, ese efecto se producía con sentencias o en fases avanzadas del proceso. Hoy el umbral, como digo, se ha desplazado: una investigación en curso o una imputación preliminar bastan para alterar los comportamientos de los actores políticos, sobre todo en países con mayorías frágiles.

Precisamente, España ofrece un ejemplo de esta dinámica. La estabilidad del Gobierno depende de una mayoría parlamentaria fragmentada, donde actores como Junts per Catalunya ocupan posiciones de bisagra con capacidad real de alterar el equilibrio. En este entorno, la política se organiza alrededor de decisiones tácticas constantes sobre costes, apoyos y reputación, dejando los bloques ideológicos en un segundo plano. Cualquier elemento que afecte a la percepción de estabilidad institucional adquiere un peso político inmediato porque modifica los incentivos de los actores.

El caso de la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy suele citarse como ejemplo de cómo una decisión judicial tiene consecuencias políticas directas. Sin embargo, aquel episodio pertenecía a otra lógica: la sentencia del caso Gürtel ya estaba emitida. En otras palabras, el sistema reaccionó a un hecho consolidado, no a un proceso en desarrollo. Por tanto, lo que podría ocurrir ahora es más temprano y más incierto: la política empieza a reaccionar en fases previas, antes de que el procedimiento cristalice en una resolución definitiva. Dicho desplazamiento del momento de reacción es uno de los cambios más relevantes del sistema político contemporáneo.

Junts y la lógica del cálculo permanente

En sistemas parlamentarios fragmentados, los actores bisagra —en el caso español suelen ser los partidos de ámbito no estatal— adquieren un papel especialmente relevante. Junts opera como actor de equilibrio dentro de una estructura inestable. Su comportamiento combina la negociación con el Gobierno, la competencia con otros actores independentistas y la evaluación constante del coste de cada movimiento en el tablero estatal. Esto genera una política menos lineal y más situacional, donde la posición varía según el contexto inmediato y los efectos del clima institucional se amplifican.

Este fin de semana han sido muchos los que han especulado con la idea de que Junts (no así el PNV, que depende del Partido Socialista en el País Vasco) pudiera apoyar una moción de censura instrumental del Partido Popular, que también podría ser apoyada por Vox.

"¿Nos imaginamos una campaña electoral en pocas semanas con Pedro Sánchez apelando a reunir al progresismo y con el PP y Vox con Puigdemont a la espalda? "Desde mi punto de vista, Junts solo apoyaría una moción en la que consiguiera algo que pudiera contrarrestar lo que dicen las encuestas: casi la mitad de los votantes del partido afirman reiteradamente que prefieren a Pedro Sánchez como jefe del Gobierno en España; prácticamente ninguno dice lo mismo de Feijóo. Esto solo se podría neutralizar si Feijóo se comprometiera a abrir la posibilidad de que Puigdemont pudiera volver a España inmediatamente. Pero, para el PP y Vox —con Vox necesariamente en la ecuación de una moción de censura—, tiendo a pensar que prima el instinto conservador. ¿Nos imaginamos una campaña electoral en pocas semanas con Pedro Sánchez apelando a reunir al progresismo y con el PP y Vox con Puigdemont a la espalda?

En este marco, la justicia entra en los cálculos de la política. No hace falta una sentencia para que exista impacto político; basta con que un procedimiento judicial introduzca incertidumbre en una mayoría frágil. Esto produce una situación difícil de clasificar: un gobierno no queda condicionado directamente por los jueces, aunque la justicia tampoco permanece ajena a la dinámica política. Es una zona intermedia e inestable.

En el debate político actual en España, el llamado caso Zapatero es un ejemplo de cómo un procedimiento judicial se convierte en factor de discusión política mucho antes de su resolución. Podrá (o no) determinar mayorías por sí mismo, pero lo cierto es que entra en un sistema ya condicionado por la fragilidad parlamentaria y la lógica de actores bisagra. Y, a este respecto, el tipo de sistema en el que se inserta es una variable importantísima, porque en este caso hablamos de un sistema en el que la estabilidad depende cada vez más de percepciones de solidez institucional que pueden verse alteradas en fases tempranas del proceso judicial.

Italia nos recuerda que cuando la realidad muestra que la acción judicial se convierte en una pieza clave para determinar resultados políticos, se activan todos los incentivos en la política para intentar influir en la conformación y en las decisiones judiciales. Es la judicialización de la política la que acaba impulsando la politización de la justicia. Marc López Plana es director de Agenda Pública, 27 de mayo de 2026.

REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. UCRANIA E IRÁN ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA DE HACER LA GUERRA, POR FRANCIS FUKUYAMA. 31 DE MAYO DE 2026

 

Es evidente que estamos viviendo una revolución radical en la guerra, impulsada por los avances tecnológicos. La fuerza aérea tradicional, tripulada por pilotos humanos, está siendo reemplazada progresivamente por drones y misiles balísticos. Esto ha dado lugar a acontecimientos sorprendentes, como el hecho de que potencias aparentemente más débiles, como Ucrania e Irán, hayan logrado frenar a otras más grandes, como Rusia y Estados Unidos.

En las últimas semanas, los principales medios de comunicación han empezado a destacar que Ucrania ha tenido un desempeño mucho mejor en el campo de batalla y que la guerra con Rusia podría estar, por fin, inclinándose a su favor. Sin embargo, algunas de las afirmaciones sobre la revolución tecnológica subyacente han sido exageradas, y es necesario comprender con precisión cómo está cambiando la guerra.

El poder aéreo, por sí solo, siempre ha tenido grandes dificultades para lograr objetivos políticos, algo que queda claramente demostrado por la guerra de Irán y la Operación Furia Épica. Lo que quiero investigar aquí es cómo el poder aéreo afecta al combate terrestre, que sigue siendo la principal vía por la que la guerra influye en los resultados políticos. En este ámbito, existen tres dominios principales en los que se ha utilizado históricamente.

La primera es estratégica: la destrucción de grandes objetivos situados en la retaguardia enemiga que desempeñan un papel importante en el sostenimiento del esfuerzo bélico del enemigo, como fábricas, nudos ferroviarios, redes eléctricas, etc.

El segundo uso del poder aéreo es operacional: atacar objetivos militares más cercanos al campo de batalla, quizás entre 10 y 100 kilómetros detrás de las líneas del frente, incluyendo líneas de suministro, defensas aéreas, tropas que se concentran para un ataque, instalaciones de comunicaciones, puestos de mando, cuarteles o depósitos de combustible necesarios para las fuerzas blindadas móviles. Estos ataques son cruciales para influir en el desarrollo de la batalla terrestre al interrumpir las comunicaciones y el reabastecimiento.

La tercera misión es el apoyo aéreo cercano: es decir, atacar a las fuerzas enemigas que están combatiendo activamente en el frente.

La primera y la tercera de estas categorías ya se han visto muy afectadas por las nuevas tecnologías, y estamos a punto de presenciar grandes cambios en la segunda. Veamos qué han demostrado las guerras recientes.

Gran parte de la cobertura mediática reciente se centra en la campaña ucraniana de ataques con drones de largo alcance contra instalaciones rusas de petróleo y gas, en algunos casos a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania. Observadores han señalado la ausencia de material militar en las celebraciones del Día de la Victoria del 9 de mayo en la Plaza Roja, por temor a ataques ucranianos durante la ceremonia, y el supuesto temor de Vladimir Putin a ser asesinado con un dron.

La tecnología ha marcado una enorme diferencia en este ámbito. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Mando de Bombarderos británico y la Octava Fuerza Aérea estadounidense intentaron atacar objetivos estratégicos como las fábricas de rodamientos en Alemania. Sin embargo, las defensas aéreas nazis obligaron a los bombarderos a volar de noche, cuando su precisión era pésima. Esto llevó a la decisión aliada de bombardear indiscriminadamente objetivos civiles urbanos, lo que provocó la devastación de ciudades como Dresde, Hamburgo y Tokio, con cientos de miles de víctimas civiles. A pesar de las teorías de expertos como Lindsey Graham , este tipo de ataques contra civiles son moralmente repugnantes y tienen un historial desfavorable a la hora de modificar los cálculos políticos de los países atacados. Los rusos han estado atacando objetivos civiles ucranianos durante toda la guerra; si bien han hecho la vida miserable a sus ciudadanos, no han logrado la capitulación del país.

Es en el ámbito del apoyo aéreo cercano donde la tecnología de drones ha tenido los efectos más revolucionarios. Históricamente, esta misión ha sido muy difícil de llevar a cabo: hasta la llegada de las municiones de precisión a finales del siglo XX , como el misil Maverick o las bombas guiadas GBU 10 y 12, era difícil alcanzar objetivos puntuales desde el aire. Aun así, las aeronaves de vuelo lento y a baja altitud, como los aviones de ataque AC-130 o el emblemático A-10 Warthog, eran vulnerables a las defensas aéreas y corrían el riesgo de sufrir fuego amigo, es decir, de impactar por error contra un objetivo aliado.

Los drones FPV de bajo costo, que Ucrania produce ahora por millones al año, han cambiado por completo este panorama. La clásica guerra de maniobras combinadas —es decir, los rápidos avances de vehículos blindados capaces de penetrar profundamente en la retaguardia enemiga, cortar las líneas de suministro y capturar territorio— se ha vuelto prácticamente imposible. Los drones FPV han hecho que el campo de batalla sea totalmente visible; pueden ver y atacar todo lo que ven, no solo tanques y baterías antiaéreas, sino también soldados de infantería. Los drones FPV no son, al menos por ahora, vulnerables a las defensas aéreas modernas y son mucho más precisos que las municiones anteriores.

La única misión que sigue siendo dominio del poder aéreo es la operacional, que comienza con el establecimiento de la superioridad aérea en las primeras etapas de una campaña. Al neutralizar las baterías de misiles tierra-aire y destruir las aeronaves enemigas, ya sea en tierra o en el aire, los aviones siguen siendo muy útiles. Los aviones también son necesarios para ciertos tipos de misiones estratégicas, como el lanzamiento de bombas antibúnker pesadas, como las que Estados Unidos utilizó contra la planta de enriquecimiento de Fordow en Irán el verano pasado .

Pero las misiones operativas también se están transformando. Al comienzo de la guerra, los ucranianos utilizaron con gran eficacia los cohetes estadounidenses HIMARS, con alcances de decenas o cientos de kilómetros. Si bien estos han sido neutralizados en gran medida por las contramedidas rusas, los ucranianos están desarrollando una nueva generación de drones y cohetes capaces de atacar a distancias operativas.

Estamos presenciando este desarrollo en la Crimea ocupada por Rusia. Los ucranianos han estado neutralizando sistemáticamente las defensas aéreas rusas con drones y misiles de alcance medio. La península cuenta con líneas de suministro muy limitadas, con una conexión por carretera y ferrocarril a través del estrecho istmo hacia el norte, y el puente del estrecho de Kerch que la conecta con la Rusia continental. Según informes, los ucranianos controlan ahora la ruta del istmo desde el aire y han atacado el puente repetidamente durante los últimos tres años.

En estas circunstancias, no sería de extrañar que el mando ruso decidiera en algún momento del próximo año que su posición en Crimea es insostenible y comenzara a retirar sus fuerzas, tal como ya ha retirado la mayor parte de su armada. Dicha retirada, por supuesto, supondría una enorme derrota política para Vladimir Putin.

El poder aéreo aún no es obsoleto. El éxito en la guerra sigue dependiendo de defensas escalonadas y sistemas capaces de operar en cada una de ellas. Sin embargo, al evaluar el futuro de los drones frente al poder aéreo tradicional, la cuestión no radica en las capacidades puras, ya que el poder aéreo seguirá siendo superior en ciertas misiones operativas y estratégicas. Más bien, se trata de una cuestión de costo relativo.

Si bien un misil Patriot puede derribar un dron Shahed, el Patriot cuesta más de 4 millones de dólares, mientras que el Shahed se produce por menos de 40.000 dólares y en cantidades mucho mayores. En el futuro, países como Ucrania podrán desplegar enjambres de drones de bajo costo, controlados de forma autónoma por sistemas de IA. Mientras tanto, la Operación Furia Épica en Oriente Medio ha demostrado que las sofisticadas defensas aéreas proporcionadas a los aliados de Estados Unidos en el Golfo no han podido evitar graves daños a sus instalaciones por parte de los drones y misiles iraníes. Este desequilibrio de capacidades persistirá hasta que alguien desarrolle un sistema antidrones económico y eficaz. Muchos países y empresas trabajan en ello actualmente, pero aún no lo hemos logrado. Francis Fukuyama es investigador principal de la cátedra Olivier Nomellini en la Universidad de Stanford. Su libro más reciente es El liberalismo y sus descontentos . También es autor de la columna « Frankly Fukuyama », publicada en Persuasion , que anteriormente aparecía en American Purpose. Substack, 27 de mayo de 2026.

REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. NEOFASCISMO FRONTAL TOTAL, POR ROBERT REICH. 31 DE MAYO DE 2026

 

Amigos: Ya ni siquiera intenta ocultarlo. Hace un trato consigo mismo para crear un fondo secreto de 1.800 millones de dólares para recompensar a los leales dispuestos a desafiar la ley y cometer actos de violencia en su nombre, y para obtener el perdón para él y su familia por cualquier transacción ilegal y delitos financieros "PARA SIEMPRE" (está escrito en mayúsculas en el documento).

Luego, cuando el acuerdo es ampliamente criticado, publica: “Renuncié a mucho dinero al permitir que el recién anunciado Fondo contra la Armonización siguiera adelante. Podría haber resuelto mi caso, incluyendo la divulgación ilegal de mis declaraciones de impuestos y el igualmente ilegal allanamiento de Mar-a-Lago, por una fortuna. En cambio, estoy ayudando a otros que fueron tan gravemente maltratados por una administración Biden malvada, corrupta y que utilizó la violencia como arma, a recibir, por fin, ¡JUSTICIA! Presidente DJT.”

¿ De verdad cree que podría haber resuelto su caso por una fortuna absoluta, el caso que él mismo interpuso , el caso que un juez federal incluso puso en duda que fuera un "caso" porque él estaba involucrado en ambos lados?

La semana pasada, un formulario de divulgación reveló que la cartera de inversiones de Trump realizó más de 3.600 operaciones solo en los primeros tres meses de este año, muchas de ellas con empresas a las que ha favorecido con acceso privilegiado o políticas específicas.

Estados Unidos se acerca lentamente al 250 aniversario de nuestra revolución contra el poder arbitrario con un presidente que lo ejerce sin pudor alguno. Jamás habíamos presenciado tal grado de tráfico de influencias, sobornos, usurpación de la autoridad del Congreso y desafío abierto a los tribunales federales.

Es una pendiente resbaladiza inconstitucional. Si Trump puede salirse con la suya creando para sí mismo un fondo discrecional de 1.800 millones de dólares que el Congreso nunca aprobó y que los tribunales no pueden supervisar, y negociar arbitrariamente con las acciones de las empresas que favorecen sus políticas, ¿qué le impedirá crear un fondo discrecional de 10.000 millones o 10 billones de dólares para beneficio propio?

Si puede salirse con la suya perdonándose a sí mismo y a su familia de antemano por cualquier delito financiero futuro, ¿qué le impedirá perdonarse a sí mismo y a su familia por cualquier acto delictivo futuro?

Esto es solo una pequeña muestra de la peligrosa pendiente en la que nos encontramos. Si puede secuestrar a un presidente extranjero sin el permiso del Congreso, ¿qué le impedirá secuestrar a cualquiera ? Si puede ordenar al ejército estadounidense que mate a un jefe de Estado extranjero sin que el Congreso declare la guerra, ¿qué le impedirá ordenar al ejército que mate a cualquiera ?

Si puede perseguir penalmente a sus enemigos políticos, ¿qué le impedirá encarcelar o asesinar a sus oponentes?

Si puede decidir unilateralmente que alguien en un barco en alta mar es un "combatiente enemigo" y matarlo sumariamente, ¿qué le impide llamar combatiente enemigo a cualquiera que le caiga mal y mandar matarlo?

Si puede poner su nombre en edificios por todo Washington y demoler el ala este de la Casa Blanca, ¿qué le impide demoler todo el edificio y levantar una torre Trump?

Se siente imparable porque no hay nadie a su alrededor que le diga que no . En cambio, está rodeado de aduladores que le dicen que sí. Recibe una lealtad ciega de sus lacayos —su vicepresidente, su gabinete y la mayoría de los republicanos en el Congreso— que trabajan para él en lugar de para el pueblo estadounidense.

Se siente invencible porque sus patrocinadores multimillonarios —Jeff Bezos, Elon Musk, Larry y David Ellison, Mark Zuckerberg y Rupert Murdoch, entre otros— han financiado su comité de acción política (PAC) con su dinero y han silenciado las críticas en sus plataformas mediáticas para ganarse su favor. Mientras tanto, sus seguidores se regodean en su nacionalismo cristiano blanco y lo veneran como una deidad.

Se siente invencible porque fue reelegido presidente a pesar de haber sido sometido a juicio político dos veces y declarado culpable de 34 delitos graves, y la Corte Suprema lo ha protegido de nuevos procesos penales por actos “oficiales” (que él interpreta como cualquier acción realizada durante su presidencia). El Congreso apenas representa un obstáculo porque, como demostró la semana pasada, tiene un control absoluto sobre el Partido Republicano. Incluso afirma que “no necesita al Congreso”.

Se siente invulnerable porque nunca más tendrá que enfrentarse directamente a los votantes y, por lo tanto, nunca perderá, ni, supone, tendrá que rendir cuentas por nada.

Amigos míos, esto es neofascismo en estado puro. Sugiero que respondamos de la siguiente manera:

El 4 de julio, en el 250 aniversario de la independencia de la nación, llevamos brazaletes negros para reconocer la casi extinción de nuestra democracia y del estado de derecho bajo el mandato de Trump.

En las semanas y meses previos a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, nos comprometemos a lograr la mayor participación electoral en la historia de Estados Unidos para recuperar el Congreso y detener al neofascista en la Casa Blanca. No solo una ola azul, sino un tsunami azul.

El día de las elecciones de 2028, elegiremos a un presidente cuyo carácter y temperamento sean coherentes con los ideales fundacionales de los Estados Unidos: alguien humilde y honorable, comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, que revivirá las instituciones de autogobierno que Trump ha pisoteado y reorientará a la nación hacia nuestra vasta agenda inconclusa de inclusión, en lugar de exclusión.

Más allá de esto, haremos todo lo posible por aprender de esta catástrofe y ayudar a Estados Unidos a aprender. Enseñaremos a nuestros hijos y nietos la verdad de lo sucedido y lo cerca que estuvimos de perder nuestra democracia. Y educaremos a las futuras generaciones sobre lo que nos debemos los unos a los otros como ciudadanos de esta gran nación.

Para lograr todo esto, nos comprometemos mutuamente a entregar nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Robert Reich es profesor de la Universidad de California en Berkeley. Substack, 26 de mayo de 2026.