sábado, 7 de noviembre de 2026

DEL ASUNTO DE LA SEMANA QUE TERMINA: NOSTALGIA DE LOS CONSERVADORES, POR DANIEL INNERARITY

 






Me gustaría escribir un elogio de los conservadores, que tan mal se entienden a sí mismos y son tan poco comprendidos por otros, una especie ideológica ahora escondida detrás de esa ultraderecha que se le parece menos de lo que creen. Los conservadores han sido y son más relevantes en la defensa y en la erosión de la democracia de lo que pudiera pensarse. La actual desaparición del centro y de la moderación, la toxicidad y polarización del espacio público, se deben en buena medida a la práctica extinción de los conservadores: a la desnaturalización de la derecha italiana que llevó a cabo Berlusconi, a la irrelevancia del gaullismo francés tras Sarkozy, a la inestable frivolidad de los tories británicos, a la desaparición de los conservadores en el Partido Republicano controlado por Trump, por citar solo algunos ejemplos. Sin los conservadores se debilita ese elemento de estabilidad y previsibilidad tan importante para que la democracia proporcione la medida oportuna de cambio y duración.

La limitada ambición transformadora de los conservadores les hace poco atractivos, pero han conseguido que mucha gente temerosa moderara su reticencia al cambio y aceptara innovaciones dosificadas. Por supuesto que los conservadores no son unos entusiastas del progreso, pero han sido más realistas a la hora de entender la debilidad humana y la pereza de las sociedades al cambio y por eso pueden sentirse más cerca de la gente, al menos en estos aspectos. Pocas veces toman la iniciativa del cambio, con frecuencia se resisten y luego suele ocurrir que no cuestionan los derechos conquistados (matrimonio homosexual, por ejemplo). Golo Mann caracterizaba al “carácter conservador” como un puente entre lo antiguo y lo nuevo, mientras que los desinhibidos reaccionarios desestabilizan, impulsan la disrupción e incluso pretenden el retorno hacia el pasado. Los conservadores no consideran la vuelta al pasado ni posible ni deseable; solo quieren cambios moderados y sostenibles, que no nos incomoden demasiado ni obliguen a renunciar abruptamente a lo que somos y tenemos. De este modo han proporcionado en muchas ocasiones la estabilidad y equilibrio necesarios para que tuvieran lugar determinados cambios que requerían también una cierta moderación y continuidad. Quien suscribe un compromiso se obliga también a dar una continuidad a lo pactado.

Dos de las principales innovaciones políticas del siglo XX (la Unión Europea y el Estado de bienestar) no hubieran sido posibles sin su contribución. Ambas son el resultado de sus acuerdos con la socialdemocracia, algo que ahora puede resultar más difícil de entender precisamente porque destaca más su actual falta de apego a lo que contribuyeron a construir. Con respecto a la Unión Europea, recordemos que los democristianos gobernaban en los seis Estados fundadores y ningún paso relevante se ha dado sin su apoyo, al menos hasta que fueron sustituidos por familias políticas con otros rasgos ideológicos no estrictamente conservadores, sino ultraliberales o populistas. Su compromiso europeísta se ve ahora erosionado de diversas maneras, especialmente cuando trasladan a las instituciones europeas muchas cuestiones domésticas que desfiguran su función supranacional. Y el hecho de que cada vez voten más con la extrema derecha contraviene esa centralidad que han tenido las sucesivas Comisiones Europeas, unas más de centroderecha y otras más de centroizquierda, pero que nunca han pretendido la alternancia estricta de izquierda y derecha que puede tener todo el sentido en los Estados nacionales y ninguno en las instituciones europeas.

Algo muy similar puede decirse de la gran innovación del Estado de bienestar, que no habría tenido la ambición y sostenibilidad que le caracterizaba sin el compromiso de los conservadores. La idea de “economía social de mercado” fue un gran acuerdo histórico por el que conservadores y socialdemócratas incorporaron a su respectivo cuerpo ideológico aspectos con los que no contaban inicialmente. Y a este respecto me gusta recordar que la CDU del democristiano Adenauer aceptó lo social antes de que los socialdemócratas del SPD reconocieran el valor del mercado. Otra cosa es lo que sucedió a partir del giro neoliberal, donde comenzó un desplazamiento que implicaba un desapego hacia esa dimensión social y que ha terminado por ocultar a los conservadores tras la extrema derecha.

En cualquier caso, conviene no perder de vista las notables diferencias entre los conservadores y los reaccionarios. Siguiendo a Roger de Weck, podrían sintetizarse esas diferencias en que los conservadores conocen más sus límites que los reaccionarios, tienen un sentido de realidad del que parecen estar desprovistos los radicales (llegando estos incluso a creerse aquello de la realidad alternativa), defienden la ley y el orden, mientras que los reaccionarios ven en el caos el mejor instrumento para aumentar su poder, buscan soluciones de compromiso para los problemas de los que los reaccionarios aspiran únicamente a servirse, unos quieren construir gradualmente y otros desprecian en el fondo quienes quieren conservar.

Todo esto es la teoría y parte de la historia, pero tiene ya muy poco que ver con el presente. Los conservadores han desaparecido o se han transformado radicalmente. Valga como ejemplo el hecho de que los conservadores no están especialmente bien dotados para las luchas culturales, que son más rentables ideológica y electoralmente para la extrema derecha. La ultraderecha se ve favorecida poniendo el foco en determinados temas (mejor la migración que la economía, por ejemplo) y se sabe más dotada para el espectáculo, maneja mejor las emociones que los argumentos. ¿Cómo deberían actuar los conservadores en una época posliberal que cuestiona el libre comercio, desmonta la globalización en la que desarrollaron su visión del mundo libre y abierto, desprotege la propiedad, exonera la responsabilidad (desde que descubrimos que los bancos eran demasiado grandes para caer y había que rescatarlos)?

Inseguros y ansiosos, los conservadores se enfrentan ahora a decisiones trágicas para configurar alternativas de gobierno, lo que les ha llevado a elegir como socios a quienes son sus verdaderos enemigos, con un rumbo que les puede proporcionar más poder, pero que fragiliza su cuerpo ¡deológico, que tiene graves costes en términos ideológicos, pérdida del espacio natural, identidad política y compañeros fiables de viaje. Como consecuencia de no haber entendido que el verdadero adversario de los conservadores está a su derecha y no tanto a su izquierda, la alianza antinatural entre eso que se llamaba el centro derecha y la ultraderecha se devorará a los primeros.

¿Cuánto se recuperarán los republicanos del paso de Donald Trump, los viejos gaullistas de la hegemonía de Le Pen en la derecha francesa o los conservadores británicos del periodo en el que han ido encadenando primeros ministros populistas y que no ha servido más que para impulsar a Nigel Farage? ¿Cuánto tiempo resistirá Merz la presión de los suyos para renunciar al cordón sanitario con AfD? ¿Qué próximo lider del PP será capaz de recuperar ese espacio natural abandonado para intentar arañar votos de Vox o conseguir una suma que terminará haciéndolos irreconocibles? La asunción de los postulados de la extrema derecha constituye un verdadero suicidio ideológico para los conservadores. Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y en el Instituto Europeo de Florencia. Acaba de publicar el libro El futuro de la democracia (Galaxia-Gutenberg). Publicado en El País.


























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viernes, 6 de noviembre de 2026

ESPECIAL TRES DE HOY VIERNES: MADRID, NOVIEMBRE DE 1936, POR JOSÉ ANDRÉS ROJO

 





El 6 de noviembre de 1936, el Gobierno de la Segunda República salió huyendo camino de Valencia ante la inminente posibilidad de que la capital fuera tomada por las fuerzas franquistas que habían llegado ya a sus aledaños. El golpe de Estado de un grupo de militares que se inició el 17 de julio había fracasado y, España estaba desde entonces en guerra. Una guerra entre hermanos que, además, tomó unos cauces de violencia inusitada, de crueldad, desde que los rebeldes dictaron unas órdenes drásticas que procuraban la total liquidación del enemigo, y que desataron una represión exhaustiva y brutal. El golpe produjo además el colapso de las instituciones de la República que se vieron desbordadas por un complejo proceso revolucionario que facilitó que diferentes grupos armados tuvieran la oportunidad de asumir el poder en diferentes lugares y ejercer también la violencia. “Las atribuciones del Estado republicano fueron inmediatamente cuestionadas y suplantadas por comités dependientes de partidos políticos y sindicatos revolucionarios”, escribe Carlos Píriz a propósito de aquellos primeros momentos en La guerra civil española. Una historia global (Galaxia Gutenberg). “Esta atomización de la autoridad hizo que se convirtieran en verdaderos micropoderes en un marco de soberanía múltiple”.

Hubo verdaderas masacres, como la que realizaron en Badajoz las tropas franquistas en su avance hacia Madrid, y donde se estima que fueron asesinadas entre 1.800 y 4.000 personas. Pero lo terrible fue que en una multitud de lugares de todo el país se desencadenó una escalofriante sucesión de fusilamientos que llenó España de sangre e ignominia. “Casi la mitad de los asesinatos se concentraron en los primeros tres meses y el porcentaje alcanza el 80%, si añadimos hasta el final del año 1936, cuando aún quedaban otros 27 meses de contienda”, apunta José Luis Ledesma en otra de las piezas incluida en La guerra civil española.

El libro, coordinado por Javier Rodrigo, Miguel Alonso y David Alegre, procura hacer una lectura transnacional y comparada del conflicto para entenderlo “como parte de una dinámica europea de guerra civil y de violencia prolongada en la que España actúa como caja de resonancia y laboratorio de procesos que luego se expandirían por el continente”. La fórmula elegida resulta sugestiva: “Cincuenta capítulos, con una mayoría de autoras y autores por debajo de los 50 años”, que han resumido en alrededor de 3.000 palabras “una vida entera de investigación”.

Vuelta a noviembre de 1936. El Gobierno abandona la capital y la deja en manos de una Junta de Defensa con la orden de que la ciudad resista el embate del ejército rebelde. Para entonces, el Estado republicano ya había dado pasos para recuperar su hegemonía. A partir de octubre, legalmente, empezó a construirse el Ejército Popular. “La puesta en marcha de las primeras nuevas unidades regulares durante la batalla de Madrid fue providencial a la hora de mantener la capital”, explica Luis A. Ruiz Casero. Y es que los defensores de la ciudad, también las milicias y las Brigadas Internacionales que participaron en los combates, y los propios ciudadanos que se entregaron a realizar todo tipo de tareas, consiguieron lo que se daba por imposible, que las tropas franquistas no pasaran. Madrid resistió y se convirtió en el símbolo de la lucha contra el fascismo. Qué tristeza que semejante logro se viera empañado por “la peor atrocidad republicana de la Guerra Civil”, en palabras de Julius Ruiz. Empezó el 7 noviembre, hace 90 años, y se prolongó hasta principios de diciembre; fue el fusilamiento de unas 2.500 personas que se trasladaron desde las cárceles de Madrid a Paracuellos y Torrejón de Ardoz. José Andrés Rojo es historiador. Publicado en El País


























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ESPECIAL DOS DE HOY VIERNES: VÍCTIMAS TRATADAS COMO VERDUGOS, POR HANA JALLOUL MURO

 





Era 1998 cuando nacía el Tribunal Penal Internacional (TPI) del trauma colectivo de quienes habían sufrido la guerra. El objetivo era claro: rendir cuentas, reparar a las víctimas y crear por primera vez un organismo permanente que pudiera juzgar los cuatro peores crímenes que el ser humano podía cometer —genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y de agresión— tal y como establece su Estatuto de Roma.

Compuesto por 125 Estados parte, 18 jueces de trayectoria excepcional y una representación geográfica equitativa, sustituyó a los tribunales ad hoc que hasta entonces se creaban específicamente para juzgar dichos crímenes, como el caso de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial o los tribunales de Yugoslavia y Ruanda. En estas dos décadas el Tribunal ha hecho historia condenando, entre otros, a figuras como Thomas Lubanga por reclutar niños soldados en la República Democrática del Congo, a Achmad al Faqi al Mahdi por destruir los mausoleos de Tombuctú, y a Dominic Ongwen, excomandante de la guerrilla ugandesa del LRA, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Más recientemente, ordenó los arrestos del presidente israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant y de los terroristas de Hamás Yahya Sinwar y Mohammed Deif, ya fallecidos. No habríamos imaginado entonces que aquella institución, que constituyó uno de los mayores éxitos de las Naciones Unidas, acabaría siendo sancionada en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, el mismo régimen legal invocado para imponer sanciones al terrorista Osama bin Laden.

La primera vez que Estados Unidos sancionó al Tribunal fue durante el primer mandato de Donald Trump, concretamente a la entonces fiscal Fatou Bensouda, por abrir una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. La Administración estadounidense utilizó de forma reiterada el falso argumento de que los soldados estadounidenses no podían ser investigados porque EE UU no era parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, el Tribunal tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en cualquier Estado que sí lo es, independientemente de la nacionalidad de sus autores, como ocurre en el caso de los estadounidenses en Afganistán o de los israelíes en el Estado de Palestina.

En este segundo mandato, las sanciones han llegado a límites insospechados. Trump respondió a la orden de arresto contra Netanyahu con la firma de la Orden Ejecutiva 14.203. Si hace un mes había 13 personas sancionadas en relación con el Tribunal —entre ellas dos jueces europeos, además de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, y varias ONG que participaban en las investigaciones— tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la exjueza Navi Pillay las sanciones se han extendido a todo el Tribunal Penal Internacional.

Es decir, los mayores garantes de la justicia internacional —los que dedican su vida a proteger a las víctimas y a perseguir a sus criminales— se enfrentan hoy a la congelación de sus bienes, al cierre de sus cuentas bancarias que les impide acceder a su salario, a restricciones de movilidad, e incluso a la pérdida de acceso al correo electrónico, a aplicaciones móviles o a seguros médicos.

Esta persecución al Tribunal no es nueva. Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, tras la orden de arresto contra Vladímir Putin en 2023, el Gobierno ruso incluyó en su lista de personas buscadas a varios jueces del TPI que hoy temen por su vida.

Y ante este contexto, en el que el multilateralismo y el derecho internacional que protegen a la ciudadanía están siendo cuestionados y en el que las víctimas son tratadas como verdugos, queda preguntarse: ¿cómo se protege a quienes defienden la justicia internacional? Y la respuesta no puede ser otra que la de defenderles con acciones específicas, desde la unanimidad e indistintamente de ideologías. Tal y como hicieron en el pasado aquellos líderes que, a pesar de sus diferencias, entendieron que la justicia trascendía los bandos.

Sin embargo, en las instituciones europeas las derechas siguen dificultando el respaldo real al Tribunal y la activación de los instrumentos de los que disponemos. Hay inmovilismo por parte de la mayoría conservadora y falta voluntad política para activar el Estatuto de Bloqueo (Reglamento 2271/96), cuya aplicación reclamamos los socialistas y ha solicitado formalmente también el presidente Pedro Sánchez a Ursula von der Leyen. Este instrumento permitiría neutralizar los efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses en territorio de la Unión Europea con la mera inclusión de la Orden Ejecutiva 14.203 a su anexo a través de un acto delegado. Aunque desconocemos los efectos de las posibles represalias de EE UU.

Así, la concesión del Premio Sájarov, el mayor premio de derechos humanos, al Tribunal Penal Internacional el pasado 22 de octubre, a propuesta del Grupo Socialista y sin el apoyo de los populares europeos, no debe quedarse en un reconocimiento simbólico, sino convertirse en una llamada de atención a la Comisión Europea para precipitar la activación del Estatuto y proteger la justicia universal. Porque quienes mañana aspiran a gobernar y dicen defender a los jueces han de dejar de ser cómplices cuando se les castiga.

El Tribunal Penal Internacional debe seguir actuando como defensor indefensorum de quienes no tienen voz.

Es nuestra obligación moral e ineludiblemente política. Hana Jalloul Muro es eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE. Publicado en El País.
























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ESPECIAL DE HOY VIERNES: LA PALABRA ELECCIONES, POR MARTÍN CAPARRÓS

 






Hay palabras así, estacionales, peregrinas. Palabras que copan nuestras lenguas una vez al año, o cada dos o tres: la situación mundial resuena siempre pero la palabra mundial se vuelve mundial cada cuatro años; turrón, cada invierno; bikini, cada verano. La palabra elecciones aparece cada tanto, pero cuando llega arrasa. Este mes estará todo el tiempo en todas partes, la diremos y oiremos y leeremos sin parar. ¿O no?

¿Cómo saberlo? Quizá no haya otra palabra que describa una acción más común —en el sentido menos común de común: comunitario. Las elecciones, en nuestras sociedades, son —o deberían ser— uno de esos raros momentos que todos compartimos: este domingo 29, hordas de españoles haremos lo mismo, pensaremos —más o menos— en lo mismo. Nos costó muchísimo lograrlo. Dos mil años, digamos, por decir.

Y ahora damos por descontado que todos los ciudadanos y ciudadanas participan, en el sentido fuerte, en las elecciones. Es más: esa participación general es la base del sistema. Si hay algo que sigue justificando el imperio de la democracia es que sería la forma en que todos decidimos parejamente —“un hombre, un voto”— cómo van a gobernarnos, qué país queremos.

Y sin embargo. Dejemos de lado la falacia principal: la evidencia de que hay ciudadanos, corporaciones, medios y otros cuerpos cuya influencia es brutalmente mayor que la de la mayoría de los hombres y mujeres: votar y hacer votar. Lo sabemos y no parecemos muy interesados en tratar de arreglarlo. Pero hay algo previo, más banal; en la mayoría de las grandes democracias entre un cuarto y la mitad de las personas no va a votar: no participa, no forma parte.

Sus justificaciones son variadas. Están los culposos que necesitan transferir la culpa: “Los políticos son todos la misma mierda”. O los individualistas orgullosos: “Que cada cual se ocupe de su vida y no culpe a otros”. O los escépticos vulgares: “¿Para qué, si igual después hacen lo que se les canta?” —y tantos más.

Aunque no lo digamos mucho, parece demasiado claro que esa falta de participación pone en cuestión todo el sistema de estas democracias, su legitimidad. Últimamente la opción más elegida es el desdén o el rechazo: los que no votan a ningún partido suelen ser más que los que votan al partido más votado. (En España 2023, cinco millones más.)

No nos damos cuenta. Creemos que vivimos en unas sociedades que sólo existen en nuestra imaginación y algunos libros: una donde la mayoría de los ciudadanos se parece a “nosotros”, usted y yo, que dedicamos unos minutos de domingo a leer chorradas sobre la palabra elecciones. Usted y yo, que nos tomamos esto del voto un poco en serio y le damos vueltas y más vueltas.

Nos sentimos parte de ese mundo que piensa y que debate, y parece ser que el mundo no es eso. Ni siquiera nuestro país —rico y educado y europeo— es eso. Quizá deberíamos aceptar que hay millones de conciudadanos que pasan de las diferencias entre Sánchez y Feijóo, los planes de Vox para purificar la raza, la caída de la sanidad pública y los impuestos a los ricos. Son personas que no quieren o no consiguen ver la relación entre eso que llaman política y sus vidas, y no le hacen caso: no quieren perder el tiempo en esas tonterías, o no quieren meterse en ese lío que no entienden, o simplemente no, sin mucho más.

Tienen todo el derecho, por supuesto. Pero nuestra forma de gobierno y representación se inventó para gente que sí se interesa por esas cosas: el sistema está basado en la presunción de que todos participamos en él. Cuando es tan evidente que no, ¿qué hacemos? ¿Seguimos simulando? ¿Seguimos proclamando que la democracia es el gobierno de esas mayorías —que ni siquiera se molestan en elegir al que gobierna?

Hemos inventado una trampa perfecta: esta, en la que cada tanto millones de personas desinteresadas toman o ni siquiera toman la decisión que definirá nuestras vidas en los años siguientes. Es duro de aceptar, pero hacernos los tontos nos está llevando al desastre: Trump, Milei, Kast, Abelardo, toda la crueldad.

Solíamos callarlo, porque hasta ahora las alternativas a esta democracia de delegación y nomeimporta eran sistemas crueles y autoritarios que queremos evitar a toda costa. Pero ahora resulta que esta democracia desdeñosa también deriva hacia sistemas crueles y autoritarios —y, encima, lo hace en nuestro nombre.

¿Entonces? ¿Alguien tiene una idea? ¿Nos quedan elecciones? Martín Caparrós es escritor. Publicado en El País.

























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DE LAS VIÑETAS DE HUMOR DEL BLOG DE LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE

 






































































































































































































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