Si nos quieren convencer de que servir en el ejército es un deber cívico, no puede convertirse en una mercancía, escribe en El País [Reclutamiento forzoso: ¿todos a la guerra?, 24/03/2025] la filósofa María Eugenia Rodrìguez Palop. Europa debe estar preparada para una guerra que, en palabras de Ursula von der Leyen, no es inminente pero tampoco imposible, comienza diciendo Rodríguez Palop. De momento, la Unión Europea impulsará un plan masivo de rearme y hay quien estudia la posibilidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio a fin de incrementar nuestros efectivos.
Con diferentes modelos y niveles de compromiso, varios países europeos han mantenido el reclutamiento forzoso o han introducido incentivos para hacer más atractivo el servicio militar. El artículo 30 de nuestra Constitución habla del derecho y el deber de defender España, garantiza la objeción de conciencia y remite a una ley que regule los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
El dilema es que parece totalmente imposible armonizar el deber de defender un país con arriesgar la vida que ese mismo país está obligado a proteger. Recurrir a la coacción y obligar a personas mayores de edad (excluyendo a mujeres embarazadas) a enrolarse durante un determinado período de tiempo para luchar en el campo de batalla no es compatible con el principio de inviolabilidad y autonomía personal que dota de sentido a un sistema democrático. Sacrificar a unos en beneficio de otros, disponer del proyecto vital de toda una generación para favorecer a las venideras, es una práctica utilitarista y perfeccionista que viola el derecho a la vida que el Estado tiene que salvaguardar. El deber de dar la vida por la patria, en caso de ser necesario, no puede equipararse con cualquier otro deber cívico, como el de pagar impuestos o formar parte de un jurado.
Para salvar este escollo, en ciertos lugares se permite que las personas llamadas a filas paguen a sus sustitutas. O sea, se opta abiertamente por una guerra de ricos en la que son los pobres los que pelean, trasladando la idea de que la vida puede reducirse a un valor monetario y que no todas las vidas valen lo mismo. La cuestión es que la vida no tiene precio porque, entre otras cosas, no tenemos ningún criterio fiable para determinarlo, y la utilidad social de las personas no se puede medir en función de su cuenta corriente. Es de necios confundir el valor y el precio. Y es antidemocrático pensar que la vida de los ricos es, por definición, mucho más valiosa.
La alternativa a este mercado de personas sustitutas podría ser la de crear incentivos para que la gente se enrole en los ejércitos apostando por un sistema profesional, como ya sucede en varios países de la UE. Sin embargo, aquí se obvian las abismales desigualdades que existen en la sociedad sin considerar, además, que el mercado laboral no siempre las corrige. Las necesidades económicas condicionan nuestras elecciones vitales y aunque esto se pudiera amortiguar con políticas públicas —acceso privilegiado a ciertos servicios sociales o pagos en forma de ayudas o pensiones— esta alternativa, en realidad, no se distingue de la anterior. La única diferencia es que ahora es el Estado el que subvenciona a los más pobres para que le hagan sus guerras.
Si nos quieren convencer de que servir en el ejército es un deber cívico, ese deber no se puede poner en venta ni convertirse en una mercancía. Y esta paradoja se ve aún más clara si se incorpora el vector de la población migrante. ¿Sería aceptable un ejército formado solo por migrantes a los que, a cambio, se les otorgara la nacionalidad? No estamos tan lejos de eso. Francia ha lanzado un enrolamiento en línea para atraer a reclutas de todo el mundo, atenuando así el sacrificio de los franceses más vulnerables (con evidente coste electoral) y engrosando las filas con foráneos en peores condiciones. Una forma de mercadear con la vulnerabilidad que el propio Estado provoca, sin perder escaños.
Finalmente, siempre cabe recurrir a una contrata militar privada, como viene haciendo EE UU con Blackwater Worldwide (ahora llamada Constellis). Externalizar las guerras recurriendo a ejércitos de mercenarios, privatizarlas, permite a políticos y ciudadanos desentenderse de ellas. De este modo es más fácil y hasta “ilusionante” pensar en “nuestras” batallas patrias. No nos interpelan, desconocemos a víctimas y victimarios, no nos perjudican electoralmente y hasta nos acarrean ventajas económicas y estratégicas. Es más, como los inversores se han multiplicado, este podría ser un nicho de negocio muy rentable para la industria. Estaríamos, además, ante guerras mucho más cruentas porque la impunidad de los agentes privados suele ser mayor y no se mueven por la lealtad a la nación, sino por su cuenta de “resultados”. Si no son “nuestros” soldados, el juicio moral, social y político cambia radicalmente. Aquí la guerra solo se mide en pérdidas o ganancias económicas y si la superioridad militar es evidente, las ventajas también lo son.
Lo cierto es que cualquiera de estas alternativas plantea problemas de calado siempre que se asuma, simultáneamente, que tenemos el deber de defender a nuestro país, que la vida es valiosa y que todas las vidas valen lo mismo. Aún no hay solución para este viejo dilema. María Eugenia Rodríguez Palop es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y exeurodiputada de Unidas Podemos (independiente).
