Como usted habla español, en este mismo momento puede declararse anti-algo. Y la lengua lo ampara. Cuesta imaginar qué impulso llevaría a alguien a proclamarse antisardina o antibolso, pero podría hacerlo y esas ocurrencias serían entendidas con la misma facilidad con que comprendemos voces como anticruceros o (vaya por Dios) antigongorino. La productividad actual del prefijo anti-, heredero del griego, es tanta que basta anteponerlo a una palabra para que surja la idea de oposición, de ir a la contra de algo.
Nuestros antepasados, en cambio, no gozaban de esa facilidad: usaban mucho des-, prefijo venido del latín que expresa la reversión de una acción previa (el que descose restituye el tejido a un estado anterior, quien destapa retira lo que alguien tapó), pero apenas recurrían a anti-. Hasta el siglo XVIII las palabras que empezaban con este prefijo eran escasas; varias pertenecían al vocabulario de la controversia religiosa y designaban figuras cuya identidad se definía por el desafío a una autoridad previa. Si una alta dignidad eclesial se levantaba contra Roma, el cargo en rebeldía sería anticardenal o antipapa. Los hablantes tenían, como ahora, confrontaciones y opuestos, pero la lengua de entonces no hacía posible que anti- se proyectara sobre cualquier aspecto de la experiencia cotidiana.
Cuando lenguas como el francés o el inglés animaron en el siglo XVII la moda de componer palabras precedidas por anti-, empezó a explotarse la posibilidad de que un individuo definiera un elemento de su entorno o a sí mismo por aquello a lo que se oponía, no solo impugnando una autoridad externa sino construyéndose una identidad en negativo.
Las innovaciones lingüísticas más pequeñas pueden revelar grandes cambios en la concepción del mundo. Y los prefijos delatan formas de entender la realidad. Por eso, me ha llamado la atención que la Junta de Andalucía haya bautizado una de sus carteras con un des-. La recién estrenada “Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local”, concedida en las negociaciones al partido Vox, introduce por primera vez la palabra desregulación en el ámbito institucional andaluz.
No discutiré la oportunidad de simplificar procedimientos o de revisar normas innecesarias; toda administración está en su derecho a examinar si las reglas que impone cumplen su finalidad. Pero desregular no es un sinónimo elegante de simplificación administrativa; ni siquiera es un equivalente de liberalizar. Si quien se descalza acaba sin zapatos y quien desanda recorre hacia atrás el camino andado, ¿adónde nos quiere llevar quien desregula? En la convicción errónea de que antes de la regulación estuvo la libertad, quienes han puesto nombre a esta consejería, ¿a qué estado originario quieren regresar? ¿Se quiere debilitar la acción de vigilancia y control del gasto que hacen con todo rigor los funcionarios? ¿Se quieren eliminar entes reguladores, árbitros del mercado y de competencia superior a la comunidad autónoma?
La regulación es el marco que ordena nuestra convivencia, proporciona seguridad a las transacciones y es un garante de derechos. Abarca, además, a un conjunto de sectores (los llamados, precisamente, sectores regulados: energía, telecomunicaciones, transporte ferroviario, servicios postales...) cuya ordenación se dirige a supervisar la competencia, porque esta, por sí sola, no garantiza el acceso universal, la continuidad del servicio o la protección del consumidor. Imagino a los excelentes juristas expertos en derecho de los sectores regulados (que son muchos) arqueando la ceja al ver que una institución que representa a una comunidad autónoma de más de ocho millones de personas y cuyo titular tiene el rango de vicepresidente exhibe sin matiz alguno la palabra desregulación.
Las instituciones deberían aspirar a una cierta neutralidad onomástica. Las consejerías autonómicas han recibido tradicionalmente denominaciones que aluden a ámbitos materiales de competencia: educación, industria, sanidad, hacienda, cultura... Cierto es que a veces se desliza algún apellido exótico en el nombre de una cartera (así, la anterior Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tuvo la cromática coletilla de “Economía Azul”), pero incorporar la palabra desregulación en un título institucional reviste una enorme trascendencia si nos paramos a pensar que lo que encubre la desregulación es, en realidad, una doctrina antirregulación que no está nombrando a una competencia de la administración sino a una forma de concebir su método de trabajo y menospreciarlo. El término aparenta describir una operación técnica, pero en realidad toma partido sobre el valor mismo de la regulación.
Habrá quien sostenga que esto es solo un nombre que indica una actitud de gobierno, una forma de entender la gestión. Pero yo creo en las instituciones y en los funcionarios que las sostienen. Y porque creo que deben permanecer por encima de las mayorías transitorias y de sus mudables programas, confío en que esa desregulación que hoy se exhibe como divisa termine, como tantas otras consignas pasajeras, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Lola Pons Rodríguez es filóloga. El País, 11 de julio de 2026.
.jfif)
No hay comentarios:
Publicar un comentario