Las elecciones de mitad de mandato siempre han sido una prueba importante para cualquier presidente de los Estados Unidos. Funcionan como un referéndum sobre el poder en ejercicio y, a menudo, corrigen el rumbo político del país. Pero las del próximo 3 de noviembre tienen una importancia distinta.
Para millones de estadounidenses, representan una de las últimas oportunidades de imponer límites democráticos a un presidente que ha dedicado el último año y medio a debilitar precisamente las instituciones llamadas a controlarlo. Los tribunales siguen resistiendo en ocasiones. Los Estados conservan importantes espacios de autonomía. La sociedad civil está cada vez más movilizada. Pero el instrumento de control más poderoso sigue siendo el voto.
Las elecciones de noviembre podrían privar a Donald Trump del control absoluto de Washington, reactivar la supervisión del Congreso y devolver parte del equilibrio perdido al sistema político estadounidense. Y es precisamente por eso por lo que las propias elecciones se han convertido en un objetivo político.
El 11 de junio, más de un centenar de agentes del FBI irrumpieron en las oficinas de la Ohio Organizing Collaborative (Coordinadora de Organización de Ohio), en Cleveland, y en los domicilios de sus responsables. Esta asociación ayuda, entre otras cosas, a inscribir en el censo electoral a habitantes de barrios desfavorecidos. Los agentes se incautaron de ordenadores, exhibieron citaciones e interrogaron a voluntarios. No era un episodio aislado, sino una manifestación más de una tendencia de fondo. Su finalidad no era tanto encontrar pruebas como sembrar miedo: recordar a quienes inscriben votantes, y a quienes votan, que participar tiene un precio.
Las elecciones de mitad de mandato suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca. Trump lo sabe bien: en 2018 los demócratas ganaron 40 escaños y recuperaron la Cámara de Representantes. Con una popularidad por los suelos, la inflación al alza y una guerra que no convence, la posibilidad de una derrota electoral es real. De ahí los esfuerzos por reducir la incertidumbre del voto mediante ventajas construidas de antemano.
Una de ellas es el rediseño partidista de los distritos electorales. Trump ha presionado a Estados gobernados por republicanos para reforzar su ventaja estructural, mientras los demócratas han respondido en algunos lugares, como California, con estrategias similares. El resultado es un sistema cada vez menos competitivo y una ventaja inicial de alrededor de una decena de escaños para los republicanos.
La Administración busca también modificar las reglas electorales. En febrero, Trump pidió, sin éxito, a los republicanos del Congreso que “nacionalizaran” el voto, aunque la Constitución reserva la organización de las elecciones a los Estados. La Cámara de Representantes sí aprobó la Ley de Salvaguardia de la Idoneidad del Votante Estadounidense (SAVE Act), que exigiría una prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante. Millones de estadounidenses carecen de ella. Por ahora, la medida sigue bloqueada en el Senado, pero Trump no renuncia: ha hecho de la sospecha sobre el voto un instrumento de poder.
He dedicado mi carrera a perseguir a dictadores y a documentar cómo se degradan las democracias. He aprendido que el desmantelamiento rara vez llega de golpe: avanza paso a paso, hasta que un día lo irreversible parece normal. Lo que ocurre hoy en mi país no son episodios sueltos, sino un patrón que conozco bien.
Conviene recordar lo ocurrido en 2020. Tras perder las elecciones, Trump intentó mantenerse en el poder mediante una combinación de presiones políticas, falsos compromisarios y campañas de desinformación que culminaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Aquel esfuerzo fracasó porque los contrapesos institucionales resistieron. Pero muchos de los funcionarios, fiscales y responsables de seguridad electoral que desempeñaron entonces un papel decisivo han sido apartados o sustituidos por personas leales al presidente.
Como ocurrió en 2020, el problema ya no es solo la competencia electoral. Es la creciente disposición a considerar ilegítimo cualquier resultado adverso. El escenario se repite. En Atlanta (Georgia), el FBI incautó a finales de enero las papeletas de 2020 del condado de Fulton, bastión demócrata, y ha destinado 260 analistas a esa investigación “prioritaria”.
Trump persigue un doble objetivo: alimentar el mito fundacional de una elección robada y, desde ahí, minar la confianza en las siguientes.
En Míchigan, el Departamento de Justicia multiplica las peticiones de documentos electorales. En California, el fiscal nombrado por Trump abrió investigaciones por supuesto fraude tras las elecciones primarias en junio.
Al mismo tiempo, la Administración intenta obligar a los Estados a entregar sus registros electorales, un paso hacia la creación de una base de datos nacional de votantes que dictaría quién tiene derecho a votar.
Trump ya ha advertido de que solo aceptará los resultados de noviembre si considera que las elecciones han sido “honestas”. Y citó Detroit, Filadelfia y Atlanta, tres ciudades demócratas de Estados decisivos que hoy se encuentran en el punto de mira federal.
¿Qué puede ocurrir ahora? No hace falta imaginar una ruptura espectacular del orden constitucional. El riesgo es más sutil. Que acusaciones infundadas de fraude sirvan para justificar nuevas intervenciones federales. Que ciudadanos armados aparezcan para “vigilar” colegios electorales. Que Steve Bannon vea cumplida su promesa de “rodear los colegios electorales con el ICE”. Que el Departamento de Justicia bloquee la certificación de comicios decisivos incautando las papeletas, con el pretexto de investigar “irregularidades”.
La votación se decide Estado por Estado y distrito electoral por distrito electoral. Basta con introducir suficiente confusión para impugnar después los resultados que resulten desfavorables a los republicanos. El peligro no es un fraude masivo. Es una niebla organizada.
Sin embargo, no todo está decidido. Los tribunales han frenado ya algunos de los intentos de la Administración de intervenir en los registros electorales. La estructura descentralizada del sistema electoral estadounidense sigue ofreciendo protección. Miles de funcionarios locales organizan las elecciones y muchos se preparan ya para posibles injerencias. La sociedad civil permanece vigilante. Y una prensa asediada pero todavía libre continúa documentando los hechos.
La pregunta no es solo si Donald Trump aceptará unos resultados adversos. Es también si los estadounidenses conservarán la posibilidad real de producirlos. De eso dependerá no solo la composición del próximo Congreso, sino la capacidad de nuestra democracia para corregirse a sí misma para que siga siendo verdad lo que los padres fundadores proclamaron evidente por sí mismo hace 250 años: que los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Reed Brody es abogado especializado en crímenes de lesa humanidad y exfiscal adjunto del Estado de Nueva York. Es autor de Atrapar a un dictador (Debate, 2025). El País, 6 de julio de 2026.
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