DEL CAFÉ DE SOBREMESA. ENTENDER A LOS JUECES, POR LOLA GARCÍA. 9 DE JULIO DE 2026

 

Jueces que ocupan puestos de relevancia en Madrid expresan estos días en privado su preocupación por la hostilidad ambiental que sufren derivada de la polarización. Ya hace algunos años que dirigentes políticos, sobre todo del Gobierno central, son objeto de insultos cuando pisan la calle en la capital. Ahora ya son los jueces quienes perciben la presión y algunos responsabilizan a Pedro Sánchez por inducir el discurso del llamado lawfare o acoso judicial con fines políticos.

La encuesta que hoy publica La Vanguardia refleja la desconfianza hacia la justicia. Hace tiempo que ese sentimiento prendió en la sociedad española, por encima de otros países de nuestro entorno. Según el Eurobarómetro del 2025, el 54% de los europeos tiene una percepción de la independencia judicial “muy” o “bastante buena”. España se sitúa en el tercio inferior de esa escala, por debajo de Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria o Finlandia. Los consultados identifican la injerencia política como el motivo principal de esa falta de independencia judicial.

En efecto, entre las causas figuran el bloqueo político en la designación del Consejo General del Poder Judicial, su reparto evidente por cuotas, las acusaciones de lawfare , pero también la lentitud e ineficiencia­ por la falta de recursos o el excesivo corporativismo de los jueces, incapaces a veces de admitir errores o sesgos y renuentes a afrontar cambios que ven como una amenaza a su estatus. Según la encuesta de Ipsos para este diario, los entrevistados no meten a todos los jueces en el mismo saco. No albergan muchas dudas sobre su imparcialidad en el caso de José Luis Ábalos, pero sí en el de Begoña Gómez o el ex fiscal general del Estado. Y no es solo porque los encuestados se identifiquen políticamente con el Gobierno: el 41% de los votantes del PP y el 55% de los de Vox creen que “hay jueces que hacen política”, afirmación más frecuente entre los jóvenes.

La política trata de inmiscuirse en la justicia y de controlarla. Pero también las decisiones de los togados deben ser comprensibles para la mayoría. La rigurosidad técnica es irrenunciable, pero, si las resoluciones judiciales no se entienden, pasan a ser consideradas arbitrarias y la justicia, cuya función esencial es dirimir disputas, se convierte en una fuente más de conflicto. Lola García es directora adjunta de La Vanguardia. 6 de julio de 2026.