“Sean pues nuestras primeras palabras un recuerdo-homenaje a los trabajadores asesinados, encarcelados y represaliados por el fascismo, por su lucha por la libertad sindical, las libertades democráticas y nacionales, por nuestros derechos e intereses de clase” fueron las palabras de Marcelino Camacho en el inicio de la Asamblea de Barcelona, hace 50 años.
La Asamblea de Barcelona del 11 de julio de 1976 es un hito en el proceso de constitución de Comisiones Obreras como sindicato. Aquel original movimiento surgido en el proceso del desarrollismo español desde la reivindicación laboral se había convertido en un factor fundamental de desestabilización de la dictadura. Las comisiones que surgían en la clandestinidad para negociar mejoras en las condiciones de trabajo tangibles y materiales terminaban por desembocar en una reivindicación sociopolítica por la democracia, la amnistía, la libertad sindical, o confluyendo con otros movimientos emergentes como los estudiantiles y los vecinales, que exigían infraestructuras, escuelas, pavimentos en las calles, transporte público, etc. Por otro lado, en aquellos estertores del franquismo, los impactos de la crisis del petróleo sobre un tejido industrial energéticamente dependiente, con una inflación disparada y un estancamiento del crecimiento, conllevaban unos enormes costes sociales, en un país gestionado por un régimen incapaz y autoritario.
Los cambios políticos y económicos que se avecinaban en aquella España en transformación y crisis recomendaban adecuar organizativamente unas Comisiones Obreras concebidas como movimiento sociopolítico, y que debían garantizar su entrada en la legalidad en primer lugar. Hay que recordar que la Asamblea se celebró siendo aún ilegales. Fraga Iribarne, ministro de la Gobernación en esa primavera del 76 en la que ocurrieron los trágicos hechos de Vitoria (5 obreros asesinados y cientos de huelguistas heridos por disparos de la policía), no permitió que la Asamblea se celebrará en Madrid. La cuestión de fondo era más profunda. No estaba despejado el camino a la legalidad de las clandestinas Comisiones Obreras.
Todo sucedía muy deprisa en esa España de 1976. La caída del Gobierno de Arias y la llegada a la presidencia de Adolfo Suárez fue consecuencia en gran medida del movimiento huelguístico desatado a finales de 1975 y en la primavera de 1976. En Sabadell, en el Baix Llobregat; la minería, que se volvió a levantar en Asturias y en Puertollano; las movilizaciones de Madrid, que paralizaron el cinturón industrial; la huelga del tomate, en Badajoz; las movilizaciones de Standard Eléctrica, en Toledo; las huelgas de la construcción en Murcia, Valencia, Granada, Barcelona, en la Bazán de Cartagena; en los centros de Michelin en Valladolid, Aranda de Duero y Lasarte; en el conflicto por el cierre de Hytasa en Sevilla; en la Unión Naval de Levante…
El mito de una transición indolora ha funcionado como relato fundacional de la democracia española, pero dista mucho de lo que realmente sucedió. Esa transición edulcorada no es un relato inocuo políticamente y es funcional al concepto de democracia otorgada producto de la gestión virtuosa de las élites del momento. Sin embargo, la realidad contradice el mito: fueron años de enorme tensión, manchados por episodios sangrientos. La transición a la democracia constitucional española fue un proceso multicausal, como lo es todo proceso político complejo. Pero del mismo no se puede obviar la enorme importancia que tuvo el movimiento obrero, que fue en buena medida el dique que hizo fracasar la tentación de continuismo que encarnaba Arias Navarro.
El precio de aquel pulso fue alto. Al menos veintiocho de las personas asesinadas en esos años fueron militantes de las Comisiones Obreras, organización que pagó uno de los precios más altos en la lucha por la democracia.
La legalización final de todas las organizaciones sindicales y el relevante papel que el ordenamiento constitucional reservaría a los sindicatos tiene mucho que ver con el rol decisivo desempeñado en aquel periodo. Y la voluntad de salir a la luz de CC OO que se refleja en la Asamblea de Barcelona para afrontar aquella nueva realidad fue fundamental.
La historia a veces reverbera en la actualidad. Porque el renovado cuestionamiento del papel de los sindicatos que abanderan las nuevas las extremas derechas no es solo una construcción paleolibertaria de rimas trumpistas, sino que tiene un correlato histórico muy evidente en el reaccionarismo español. La necesidad de consenso que asumió una parte significativa de la derecha fáctica española fue consecuencia de la convicción solo parcialmente. Otra parte la tuvo que asumir porque no le quedó más remedio, y los intentos de desestabilización del proceso democratizador (que tendría su episodio más dramático seis meses después con el asesinato de los compañeros del despacho laboralista de Atocha) no consiguieron sus objetivos últimos. Hoy asistimos a una ofensiva contra los consensos constituyentes de las democracias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que en España llegaron con 30 años de retraso, con nuestro propio esfuerzo, y sin la ayuda exterior de nadie porque nuestro pueblo no fue asistido por ningún tipo de desembarco de Normandía, ni en el 36 ni el en 45. Afrontemos el reto de futuro a la luz de la experiencia del pasado, porque como evocaba Martí i Pol, “si he visto más lejos, es poniéndome sobre los hombros de gigantes”. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras. El País, 11 de julio de 2026.
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