El artículo anterior no alude a la historia que los investigadores españoles (y algunos extranjeros, en particular sir Paul Preston) hemos ido reconstruyendo penosamente. Nuestro foco de la atención ha ido cambiando, merced a influencias exteriores (de la historia política y militar se ha ido pasando a la social, cultural y de género, con las aportaciones de la medicina, arqueología, ciencia de los suelos, psicología social, etc.) y al desplazamiento hacia los vencidos, a la represión y sus circunstancias.
Sin embargo, ha tardado en darse una respuesta a la pregunta del millón. ¿Quién quiso la Guerra Civil? Para ello hay que volver a la esencia del relato histórico: los comportamientos de los seres humanos, en condiciones dadas, creadas desde el pasado y activadas en su presente, en una mezcla de voluntades y acciones colectivas e individuales, en persecución de unos fines u otros.
Lo que desde hacía tiempo se sabía de la Guerra Civil como producto de una conspiración, hoy se ha identificado, no del todo, pero sí lo suficiente. Fue el resultado de una conspiración de cinco años de duración. Su corte fue monárquico y fascista a la que, por la fuerza, hubo que incorporar desde su comienzo a generales, jefes y oficiales. No es, pues, una tesis nueva. La expuso parcialmente en 1951 uno de sus protagonistas (el piloto Juan Antonio Ansaldo) y abundó en ella un dirigente monárquico (el catedrático Pedro Sainz Rodríguez), en 1978. Ambos dejaron de lado la parte esencial y la que escribió ha sido objeto de cuidadosos trabajos académicos por historiadores muy diversos.
Entre ellos destacan españoles (Ismael Saz, Eduardo González Calleja y otros) y extranjeros (sir Paul Preston y Morten Heiberg, que avanzó más que nadie hasta entonces). Ninguno pudo rematarla. No por incompetencia, sino porque no llegaron a conocer sus resultados.
La documentación imprescindible se encuentra en la Fundación Universitaria Española, en la madrileña calle de Alcalá, y se complementa acudiendo a los Ministerios de Relaciones Exteriores (Farnesina) y de Aviación en Roma, sumados al equivalente del primero y al Archivo Militar en París.
Empezó en serio y en términos operativos en 1934 con la firma de un convenio entre monárquicos, civiles y militares, y carlistas con la Italia fascista. Los primeros al menos aseguraron la continuidad de los contactos. De ellos y de las repetidas demandas de fondos para comprar voluntades y costear los gastos de propaganda se encargó en primera línea el exministro Antonio Goicoechea. En retaguardia se situó siempre José Calvo Sotelo. En junio de 1936 se incorporó a las continuas peticiones de fondos José Antonio Primo de Rivera.
Los contactos corrieron a cuenta de Sainz Rodríguez y de Ernesto Carpi, un banquero fascista, radicado en Barcelona y agente de varios servicios de inteligencia italianos. En 1935 los conspiradores españoles lo nombraron enlace con el Ministerio de Aeronáutica, cuyo responsable era el propio Mussolini. Esto implica que la conspiración se había percatado que necesitaría aviones.
Para entonces Goicoechea planeaba un tercer viaje a Roma y entrevistarse con el Duce en un contacto decisivo. Tuvo lugar en octubre, a pesar de la invasión fascista de Abisinia. Le declaró las intenciones de los conspiradores. Si la izquierda volvía al poder, ellos, los falangistas y los militares se sublevarían. En el interín pidió más fondos.
Ansaldo tuvo que huir a Francia para transportar a los tres intervinientes en el intento de asesinato de Luis Jiménez de Asúa, reputado catedrático de Derecho Penal y vicepresidente socialista de las Cortes surgidas de las elecciones de febrero de 1936.
La ocasión la pintaron calva. Ansaldo quedó disponible para resolver el problema de los aviones. Negoció con una empresa aeronáutica (Società Idrovolante Alta Italia) que, como todas las del ramo, estaba controlada por el Ministerio de Aeronáutica. El 1 de julio Sainz Rodríguez se desplazó a Italia y firmó cuatro contratos de suministro de aviones de bombardeo y de caza, más tres hidroaviones y abundantísima munición, motores, piezas auxiliares y gasolina de un tipo que apenas si entonces había en España. Los contratos completos han sido reproducidos en dos libros publicados por Crítica. El pago lo había asegurado previamente Juan March.
El primer envío debía hacerse antes del 31 de julio y los fascistas empezaron a prepararlos, convenientemente disfrazados, en los días siguientes a la firma. No se echaron atrás en ningún momento durante la guerra.
Pregunta: ¿Con qué apoyo extranjero demostrado contaban quienes no iban a sublevarse el 17 y el 18 de julio? Ángel Viñas es catedrático jubilado de la UCM y recientemente ha dirigido el libro Al servicio de la democracia (Crítica). El País, 18 de julio de 2026.
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