Creíamos que las redes sociales iban a salvar la política. Que la libertad de información acabaría con los bulos y los prejuicios. Pero, en el mundo 'post-Trump', la realidad es distinta: Internet se ha convertido en una amenaza para la democracia, comenta Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo en Estados Unidos, licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y máster en Política y Economía Internacional por la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland.
¿Son las redes sociales, fundamentalmente Facebook y Google, empresas que se sitúan prácticamente en una categoría aparte de todas las demás del mundo? ¿El equivalente de las antenas del teléfono? ¿No tienen responsabilidad de lo que se diga cuando se emplea su infraestructura, al igual que una compañía telefónica no puede evitar que los criminales usen sus servicios, mientras paguen la factura cada mes? ¿Son una especie de plaza pública, de ágora ateniense, en la que cada cual puede ir y hablar? Hasta hace un par de años, muchos habrían suscrito esa idea. Ahora, no tanto. En realidad, quienes afirmaban esto no sabían -o no querían saber- el modelo de negocio de las redes sociales y de Google. Si son gratis no es porque, como se dice a menudo, los usuarios seamos el producto. Lo son porque los usuarios somos los trabajadores. Empleados que no cobran, y clientes. Porque Twitter, Facebook y Google venden publicidad al usuario-trabajador en función de lo que lee o escucha o ve ese cliente-empleado. Así es como, en tres meses, Google factura más en publicidad que todos los periódicos del mundo juntos. El 95% del incremento de la publicidad en dispositivos móviles se lo quedan Google y Facebook. Y, sin embargo, no son responsables. Es decir, son como una empresa telefónica en la que usted encontrara anuncios como música de fondo en función de lo que usted habla. O como un ágora ateniense en la que, dependiendo de a qué filósofo se acerque usted a escuchar, le llega un caballero a venderle boniatos, un escudo o un esclavo. Pero ni el filósofo ni el vendedor son responsables de nada. Es como si este periódico que ahora lee no tuviera que dar absolutamente ninguna explicación por sus anuncios. Al menos, mientras no se apruebe un proyecto de ley -presentado el 19 de octubre por los senadores demócratas Mark Warner y Amy Klobuchar y el republicano John McCain- que requeriría que todas las actividades online que tengan más de 50 millones de usuarios únicos informen públicamente de cualquier cliente que gane más de 500 dólares (431 euros) en anuncios en ellas. Claro que las posibilidades de que esa ley salga adelante son, a día de hoy, cero. La radio está regulada en EEUU desde la década de los años 20. Internet es el Salvaje Oeste. Un territorio sin ley. Facebook censura pezones tanto en su web como en Instagram, pero ha dejado durante días a vista de todos el vídeo de una adolescente ahorcándose. La propuesta de ley llegó 18 días después de que Google y Facebook afrontaran una nueva crisis de relaciones públicas tras la matanza desencadenada por Stephen Paddock, que asesinó a 58 personas en Las Vegas. Ambas empresas dieron prominencia en sus webs a páginas de ultraderecha (como Blog Alt Right y el foro 4chan) y al servicio de noticias del Kremlin Sputnik en las que se decía, entre otras cosas, que el asesino era "una persona que odia a Trump" y que, "según el FBI", había "jurado fidelidad al Daesh", es decir, al Estado Islámico.
Todo era mentira. Facebook y Google explicaron que lo que pasó tras la matanza de Las Vegas fue culpa de los algoritmos. Sus programas deciden ellos solos qué información va más arriba y qué información va más abajo. Cuando los empleados vieron esas locuras, las quitaron. Pero las dos empresas saben mejor que nadie que la clave en internet es la facilidad de acceso y la rapidez. Hace un año, el incidente habría sido sólo una nota a pie de página. Pero, ahora, llueve sobre mojado. Más bien, sobre un océano de sospechas. Google, Facebook y Twitter -más pequeña y en números rojos, pero más influyente entre la clase política y los medios de comunicación- están en el centro de una controversia que se puede resumir en lo siguiente: ¿fueron estas empresas los caballos de Troya que Vladimir Putin empleó para apoyar a Donald Trump en las elecciones en las que éste se hizo con la Casa Blanca, hace exactamente un año?
Cuando el 11 de noviembre de 2016 le hicieron esa pregunta al fundador, dueño, presidente, y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, su respuesta fue que ésa era "una locura bastante grande". Sin embargo, la semana pasada, el máximo responsable del Departamento Legal de Facebook, Colin Stretch, admitió en el Senado de EEUU que 126 millones de estadounidenses -el 38% de la población total del país- habían recibido mensajes procedentes de Rusia a través de su red. Que nadie piense que esto no va con él, que se trata sólo de peleas entre Rusia y Estados Unidos. El jueves de la semana pasada, el senador demócrata por Nuevo México, Martin Heinrich, dijo disponer de información acerca de la interferencia rusa a través de redes sociales en la crisis de Cataluña. «Ahora mismo, con las elecciones catalanas acercándose, España tiene que ser muy consciente del impacto de las redes sociales», declaró Brett Bruen, ex responsable de Comunicación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional con Barack Obama, donde coordinó la iniciativa contra la propaganda rusa que EEUU lanzó en 2014. Bruen, que dirige la consultora Global Situation Room, cree que "España tiene que estar lista para un esfuerzo online procedente de Rusia que va a ser largo y sostenido, y que va a seguir mucho después de que se hayan celebrado las elecciones catalanas del 21 de diciembre".
La cuestión no sólo es si Rusia está o no detrás de estas campañas de desinformación. El asunto es si estas empresas, que están entre las más caras del mundo por su valor en bolsa (sólo Facebook y Google juntas valen casi tanto como toda la economía de España) son responsables o no. Ahí, las opiniones difieren. "Las redes sociales han sido usadas por fuerzas que pueden minar nuestra democracia. Pero han sido usadas de forma involuntaria y debido a su ingenuidad", declaró Stephen Balkam, fundador y máximo responsable del Instituto para la Seguridad de la Familia Online -FOSI, según sus siglas en inglés, busca hacer el mundo de internet más seguro para los menores- y también miembro de los consejos asesores de seguridad de Facebook y Twitter. Otros lo ven de manera diferente. "Las redes sociales y, en general, las empresas de internet, no pueden reconocer mucha responsabilidad en materia de información política. Porque, si lo hacen, entran en una carrera cuesta abajo ya que se les va a exigir responsabilidad por muchas cosas, desde violación de los derechos de propiedad intelectual hasta pornografía infantil", explica uno de los responsables de una organización involucrada al máximo en la controversia de la trama rusa de Donald Trump y que no puede dar su nombre por consejo de sus abogados. Otro asunto es que gran parte del modelo de negocio en internet se basa en no tener empleados y dejar que los algoritmos decidan. El problema es que, por muy sofisticado que sea un programa informático, éste siempre es consecuencia de las personas que lo han hecho y, también, reflejo de los contenidos de la propia Red que, a su vez, son realizados por miles de millones de individuos. Pero al final, siempre, están las personas. Es algo de lo que se dio cuenta Rob Speer, de la empresa de inteligencia artificial Luminoso, de Massachusetts, donde desarrolla el trabajo de director de Ciencia (por increíble que parezca, hay empresas que tienen ese cargo). Luminoso se especializa en ordenar y categorizar toda la cuasi infinita cantidad de información que hay en la web. Big Data a la máxima potencia. Y ahí es donde Speer descubrió, en algo tan inocente como la opinión de los clientes de los restaurantes, que el Big Data, dejado a sus anchas, es muy racista. Todo sucedió cuando Luminoso desarrolló un algoritmo que evaluaba los restaurantes en función de las opiniones que habían colgado los clientes en páginas web, como Google y Yelp. Hasta ahí, todo normal. Como mucho, una tarea técnica complicada. O eso suponía Speer. Entonces, empezó a ver, como relataba en el blog de la empresa el abril pasado, "algo raro y sorprendente": el algoritmo "ponía a todos los restaurantes mexicanos peores que a los demás". Speer se puso a mirar los datos y llegó a una conclusión sorprendente: "Era la presencia de la palabra 'mexicano' lo que hacía que el restaurante saliera peor en las críticas. No es que a la gente no le guste la comida mexicana, sino que los sistemas que toman inputs de toda la Red han captado a mucha gente asociando las palabras 'mexican' con 'ilegal'". Con esa tecnología, quien quiera crear trastornos en la web lo tiene fácil. Y ésa es la razón de que Facebook haya anunciado que planea contratar a 4.000 personas para supervisar contenidos sólo este año, y a otros 6.000 en 2018. La pregunta viene rápido: ¿será suficiente? Porque las informaciones periodísticas publicadas en EEUU en los últimos meses acusan a Rusia, a través de empresas que actuaban como tapadera, de manipular las redes hasta extremos que serían casi de risa si no se tratara de cosas tan serias. Hay ejemplos para llenar un tren. ¿La página de Facebook Texas Heart, que apoyaba a Trump? Rusa. ¿Una web en esa misma red social del movimiento negro Black Lives Matter que animaba a los afroamericanos a armarse? Rusa. ¿La manifestación anti Trump de Union Square, en Nueva York, de hace un año? Organizada desde San Petersburgo. Suma y sigue. Acaso la mayor paradoja sea que Silicon Valley es un bastión demócrata, que las redes sociales fueron las empresas que acudieron en ayuda de Barack Obama en sus primarias contra Hillary Clinton en 2008; que Google llenó el Gobierno de ese presidente con sus ex directivos. En la actualidad, esas mismas compañías son acusadas por los demócratas de haber puesto a Donald Trump en la Casa Blanca y de haber dado primacía a la cuenta de resultados sobre la ética.
Un estudio publicado la semana pasada en Estados Unidos afirmaba que sólo un 37% de sus ciudadanos se fía de la información que recibe a través de las redes sociales, aproximadamente la mitad de la cuota de confianza que reciben periódicos y revistas. Ahora, la responsabilidad de plataformas como Facebook, Twitter y Google pasa por ajustar su credibilidad y remarcar cuando una información proviene de una fuente de confianza. Una posibilidad es que, cuando se comparta un contenido en uno de estos sitios web, se informe -o se recuerde- el daño que la desinformación puede llegar a causar en quien la termina recibiendo. También podrían diseñar algoritmos que releguen el clickbait a la parte más baja del timeline. Son cambios difíciles porque afectan a su eficacia comercial, de modo que quizá precisen de un empuje legislativo. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
