Un paso adelante, dos atrás. El final del curso judicial en el Tribunal Supremo ha llegado este año con dos sentencias que hacen historia. De un lado, ha rechazado la pretensión presidencial de eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía para todos los nacidos en Estados Unidos. Del otro, ha reforzado los poderes presidenciales sobre las agencias independientes que solo respondían ante el Congreso. La tiranía avanza, pero su apuesta más alta, la de arruinar la idea fundacional de la república, la ciudadanía, ha sido derrotada.
Persiste la concentración del poder presidencial, impulsada por el principio del ejecutivo unitario adoptado por un Supremo fuertemente derechizado. Pero la autocracia vocacional instalada en la Casa Blanca no ha podido destruir el derecho más característico de un país construido por los inmigrantes y especialmente ejemplar en un momento de grandes movimientos migratorios y reacciones excluyentes en todo el mundo. En Europa, con los centros de internamiento externalizados, y en España, con la preferencia nacional adoptada por PP y Vox.
El presidente del Supremo, John Roberts, ha firmado estas dos sentencias contradictorias en vísperas del 250 aniversario de la declaración de independencia, evocada en su escrito para reforzar los poderes presidenciales: “Hace casi 250 años, los Padres Fundadores decidieron conferir el poder ejecutivo a una sola persona: el presidente de los Estados Unidos de América. Aún se recordaba la larga serie de abusos y usurpaciones de un rey que reinaba como un tirano. De hecho, varios delegados a la Convención Constitucional abogaron por un consejo plurinominal en lugar de la unidad en el poder ejecutivo, pues temían que este se convirtiera en el germen de la monarquía. Pero la unidad prevaleció”.
En cuanto a la ciudadanía, Roberts se remonta a la historia de la monarquía inglesa: “En tiempos de la Revolución Gloriosa de 1688 el vínculo creado por nacimiento era menos un deber que un derecho, fundamento de las antiguas libertades de los súbditos nacidos libres. Por eso los colonos exigieron los derechos de los ingleses hace más de 250 años. La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”.
En el actual Supremo se constituye una mayoría casi automática cuando se trata de cabalgar hacia la autocracia presidencial, pero tropieza con el texto de la Constitución cuando revisa derechos inscritos en los grandes documentos fundacionales —la declaración de Independencia, el Bill of Rights y las enmiendas constitucionales—, leídos literalmente y bajo su contextualización original por la mayoría de los magistrados. Irónicamente, la técnica de interpretación jurídica que ha proporcionado mayores reveses a la ampliación de derechos ha permitido ahora una coalición adversa frente a las pretensiones más extremistas del trumpismo, que quería excluir de la ciudadanía a los nacidos de padres inmigrantes sin papeles.
El triunfo ciudadano parte de la idea luminosa de una judía alemana refugiada en Estados Unidos en los años del nazismo, desposeída durante 18 años del derecho a tener derechos hasta que obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1951. No podía ignorarla el juez Roberts, redactor de la sentencia y seguro lector de Los orígenes del totalitarismo, el monumental ensayo sobre las raíces del nazismo y del Holocausto, donde Hannah Arendt da con este concepto profundamente republicano en los años en que todavía era una inmigrante ilegal en Manhattan.
El revés democrático se sitúa en la estela de Richard Nixon, el único presidente dimitido como resultado del Watergate, auténtico aunque modesto precursor de Trump en sus pretensiones autoritarias e iliberales, al que el vicepresidente J. D. Vance ha reivindicado como protomártir del Estado profundo. Según Nixon, todo lo que hacía el presidente debía ser legal por definición. No consiguió imponer su teoría ni siquiera a su propio partido, pero lo ha hecho Trump ahora, e incluso ha obtenido del Supremo la impunidad y la mayor ampliación de poderes de la historia.
Bajo control directo del presidente quedan más de 20 agencias y organismos reguladores hasta ahora independientes, algunos con más de un siglo de historia. Solo la política monetaria seguirá fuera de su alcance, pero tendrá manos libres para el resto de competencias, como comercio, telecomunicaciones o medio ambiente. Forma parte del desmantelamiento del Estado administrativo emprendido por el trumpismo y autorizado por el Supremo con la extraña excepción de la Reserva Federal, incoherente con la teoría del ejecutivo unitario.
Arendt tuvo duras palabras para Nixon, dimitido y amnistiado hace 50 años, cuando Estados Unidos celebraba su 200 aniversario bajo presidencia de Gerald Ford, también en plena crisis de la democracia. “Es como si un grupo de estafadores, más bien mafiosos sin talento, hubieran logrado apropiarse del gobierno de la potencia más poderosa del mundo”, escribió. Acertaba en todo, pero aquello era solo el aperitivo. Nixon, al que decapitó su propio partido, fue entonces el Juan Bautista del trumpismo ahora triunfante. Lluís Bassets es periodista. El País, 5 de julio de 2026.
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