[A vuelapluma] Una propuesta sensata: ganar en las urnas a los independentistas

Ganar a los independentistas en las urnas es la difícil pero sensata propuesta que formula en El País Alfredo Pérez Rubalcaba, profesor universitario, exsecretario general del PSOE, vicepresidente del gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y ministro de casi todo con Felipe González. Una personalidad de gran valía, sin duda, en el socialismo español, marginado como tantos otros socialistas de prestigio por la actual dirección del partido.

Una solución política debe incluir que votemos, primero juntos, una reforma de la Constitución y que luego los catalanes voten un nuevo Estatuto. Deberíamos defender que se vote sí o no a un nuevo pacto de convivencia entre españoles, comienza diciendo Pérez Rubalcaba. 

En el debate del estado de la nación de 2013 dije que existía una crisis de convivencia entre Cataluña y el resto de España, un desencuentro que exigía nuestra atención. Rajoy no me hizo caso. Ni él, ni muchos de los que hoy pueblan las páginas de periódicos y las tertulias hablando de imprevisión. Es un tema que ya aburre; a la audiencia no le interesa, decían. El tiempo, por desgracia, me ha venido a dar la razón, pero de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Es preciso abordar este futuro incierto ante el que nos ha situado tanta irresponsabilidad y tanta ceguera.

Estoy convencido de que debemos ir más allá de los bienintencionados, y genéricos, llamamientos al diálogo que están en boca de muchos. Porque, sin duda, hace falta diálogo, y más política como también se reclama. Pero, ante todo, hace falta plantear un proyecto político.

Sucede que, ante la propuesta de independencia de Cataluña —que es lo que, ya sin tapujos, defiende el soberanismo catalán, y que en estos momentos tiene un atractivo innegable para mucha gente—, no bastan las clases de Derecho Político que con frecuencia oigo a muchos dirigentes políticos. Es evidente que el cumplimiento de la ley es esencial en una democracia, y, por tanto, que hay que denunciar, ante la opinión pública y ante los tribunales, los atropellos y las mentiras de un Gobierno, el catalán, que se cree por encima de las reglas democráticas, incluso de las votadas por ellos mismos.

Pero con ello no basta para contrarrestar un proyecto político, el independentista, que, nos guste o no —y a mí no me gusta nada—, ofrece una respuesta, tan universal como falaz, a casi todas las inquietudes que se han instalado entre una buena parte de los catalanes: la desafección ante el Estado tras el fiasco de la reforma del Estatut; los efectos del tramposo, pero eficaz, “España nos roba”; la corrupción de la derecha nacionalista catalana, a la que sus líderes tratan de dar carpetazo refugiándose en un repentino ataque de fervor independentista. Y también el malestar de los jóvenes en paro o con empleos precarios, de la gente de izquierdas cansada del Gobierno del PP, de sus continuas faltas de respeto hacia su cultura y su identidad. Y, por supuesto, las aspiraciones de los independentistas y los republicanos de toda la vida. A todos ellos puede dar cobijo el manto de la estelada, de un proyecto nacional teñido de un innegable atractivo populista.

Y a ese proyecto nuevo, sin estrenar, que tiene una épica poderosa, una estética llamativa y su particular ética, no basta con oponerle argumentos históricos, sociales, económicos o europeos, que los hay, y muy buen fundamentados. Hay que enfrentarle un proyecto político atractivo, también nuevo, un pacto de convivencia que renueve aquel que hicimos hace casi ya cuarenta años. Tenemos que sustituir el mensaje de “queremos vivir juntos” por el de “tal es nuestra voluntad de seguir juntos, que estamos dispuestos a cambiar nuestras normas de convivencia, el pacto territorial contenido en la Constitución, para poder hacerlo”. Y para eso, dialogar y pactar, y luego votar juntos para seguir juntos. Porque votar habrá que votar. Lo que debemos dirimir no es el derecho a votar, sino el contenido de lo que se vota y quiénes votan. Que se debe adecuar a nuestra Constitución, pero que también debe dar una respuesta a muchos catalanes que quieren seguir en España aunque, eso sí, cambiando las cosas. Y reformar nuestra Carta Magna, completando su carácter federal. Para incorporar a nuestro texto constitucional los preceptos que aseguren el respeto a la identidad de las distintas comunidades, a su lengua, a su historia, clarificar nuestro intrincado reparto competencial actual, convertir el Senado en una verdadera cámara territorial, perfilar mejor el sistema de financiación y garantizar la cooperación y la lealtad institucional. Y, por supuesto, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos sociales básicos. En suma, para incorporar rasgos que, con sus respectivas especificidades, países federales como Alemania o Austria recogen en sus Constituciones.

Votar, primero juntos, una reforma de la Constitución, y luego los catalanes un nuevo Estatuto, para reforzar su autogobierno, desarrollar sus singularidades, que las tiene, por cierto, algunas reconocidas en los artículos del denostado Estatuto del año 2006, como el 5, que recoge los derechos históricos de Cataluña y que habría que constitucionalizar. Frente a los que quieren que se vote sí o no a la independencia, lo que deberíamos defender es que se vote sí o no a un nuevo pacto de convivencia entre españoles.

Una reforma como la que defiendo no solo podría encauzar la conflictividad con Cataluña, sino que además ayudaría a resolver muchos de los problemas de nuestro sistema autonómico. En otras palabras: todas las comunidades autónomas se beneficiarían de ella, también el Estado, es decir, el conjunto de los españoles. Y, por eso, me parece preferible a otras alternativas que reducen el contenido de las posibles reformas a los temas referidos estrictamente a Cataluña.

Soy perfectamente consciente de las dificultades que entraña un planteamiento como el que acabo de defender. Restablecer el diálogo en y con Cataluña es tan fácil de formular como difícil de conseguir. Para empezar, hay que hacer frente a la dramática situación que se vive en los momentos actuales en los que el Govern, una vez tomadas las instituciones, se ha decidido a ocupar la calle. Esto es lo urgente, sin duda. Pero creo que esta vez la actuación del Estado no debe limitarse a exigir, como es su obligación, el cumplimiento de la ley, sino que debe dejar claro que no es ese su único proyecto para resolver este conflicto. Que existe la voluntad política de emprender las reformas precisas en nuestras normas básicas de convivencia para hacer frente a un problema que, reconozcámoslo, se está yendo de las manos.

Hay quienes dirán, en Cataluña, que ya es demasiado tarde. A estos les respondería que nunca es tarde para evitar una catástrofe. Y les pediría, por ejemplo, que reflexionaran sobre el Brexit, que nadie sabe aplicar y del que muchos se han arrepentido ya. Y en el caso británico se trata de romper solo con 30 años de vida parcialmente en común. ¿Se imaginan lo que sería acabar con siglos de historia compartida? Desde “el otro lado” se argumentará que una reforma como la que planteo no contenta a los independentistas. Pero es que yo no quiero contentarles; quiero ganarles democráticamente. Hay, por último, problemas muy serios para poner de acuerdo a aquellos que dicen querer el mantenimiento de la unidad de España. Actores viejos y nuevos que seguro que comparten mi angustia. A los unos, los viejos, les sugeriría que echaran la vista hacia atrás, con un poco, solo un poco de visión autocrítica, y seguro que concluyen que no es bueno repetir los errores ya cometidos. Y a los nuevos les diría que cuando en un edificio aparecen grietas, tan insensato es olvidarse de ellas como volar hasta los cimientos para hacer un edificio nuevo, concluye diciendo.

Dibujo de Nicolás Aznárez para El País

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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

[A vuelapluma] Desobediencia civil

En el caso de Cataluña, a cualquier servidor público le ampara el derecho a no obedecer normas de notorio significado anticonstitucional. Han de desoírlas pública y notoriamente, dando a sus actos un hondo sentido jurídico de desobediencia civil, dice Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se está conmemorando en todo el mundo el segundo centenario del nacimiento de Henry David Thoreau, comienza diciendo. Hasta se ha vuelto a editar entre nosotros alguno de sus escritos más significativos. “La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en todo momento aquello que considero recto”. Ese mensaje explícito de vinculación de cualquier obediencia al criterio moral propio, viejo de siglos, dio sin embargo con él nacimiento a la expresión desobediencia civil, que en unas circunstancias tan particulares como las suyas, resultaba ambivalente: un grito moral contra la esclavitud y contra la guerra con México, pero también una suerte un tanto confusa de objeción a casi toda tarea de gobierno en favor de una idea libertaria y minimalista del Estado. Ya se sabe: “El mejor Gobierno es aquel que no gobierna en absoluto”. Pero lo que llega con más fuerza hasta nuestros días es esa idea básica de que la obediencia al derecho y al Gobierno es un deber que queda en suspenso cuando una exigencia moral o política de más densidad es contradictoria con ellos.

La fuerza de una convicción de conciencia puede suspender la obligatoriedad jurídica de una norma del derecho vigente. Entonces el cotidiano deber general de obediencia se ve sustituido por un deber más fuerte, contrario a él, el deber de desobediencia civil. Cómo se articula este deber y cómo se resuelven las contradicciones en él implícitas es algo que dio lugar a una literatura muy extensa y controvertida. Hasta los años setenta era prácticamente desconocida en el viejo continente. En nuestro país Jorge Malem hizo una síntesis admirable de ella. Es preciso diferenciarla con claridad de algunos parientes próximos, como la violación delictiva de normas, la resistencia política o la objeción de conciencia. Y ponerla en relación con lo que parecen ser sus antónimos, el acatamiento acrítico a la ley por el ciudadano y la obediencia debida del inferior jerárquico. No es sencillo muchas veces. Y seguramente su expresión más paradójica e interesante es la desobediencia civil mantenida en el plano del derecho como una suerte de rebelión en favor del derecho mismo.

En los sistemas constitucionales de las sociedades abiertas puede darse una desobediencia civil para proteger el derecho frente a las actuaciones de un Gobierno que lo ignora. La paradoja aquí estriba en que se desobedece el derecho para reclamar obediencia al derecho mismo. Cuando un Gobierno en principio legítimo empieza a operar al margen del derecho que le presta su legitimidad, la obediencia que se le debe como Gobierno legítimo cede ante la ilegalidad de sus actos, y el ciudadano puede desobedecerlo apelando precisamente al derecho superior que da a ese Gobierno su fundamento. En la guerra del Vietnam, los jóvenes desobedecían la ley de reclutamiento alegando que el Gobierno estaba produciéndose al margen de la Constitución.

Esta me parece ser a mí también la situación con que podemos encontrarnos en Cataluña. Un Gobierno legítimo está dando pasos deliberados para situarse fuera de la Constitución y del Estatut. Eso es lo que llaman muy expresivamente “desconexión”. Pero en términos jurídicos, desconexión no puede significar sino abandono de la legalidad. Y si se tolera pasivamente ese abandono, todos aquellos que están sometidos a las normas de ese Gobierno corren el riesgo de perder inmediatamente los derechos y las garantías de que les provee la legalidad constitucional y estatutaria ignorada. Es un supuesto claro en el que rige la idea de desobediencia civil: apelar al derecho anterior para desobedecer el “nuevo” derecho producido como consecuencia de esos actos ilegales. Creo que todo aquel que esté sometido a esa nueva legalidad tiene el derecho de hacerlo. Y en los términos estrictos que exige la noción de desobediencia civil: públicamente y sin violencia alguna.

Es la manera de presentar tácitamente ante la ciudadanía y ante el poder una demanda informal contra la ilegalidad del Gobierno. Sólo en la medida en que ese derecho a desobedecer civilmente se extienda más y más, las operaciones políticas del procés comenzarán a funcionar en el vacío y el proyecto colapsará por sí solo, como un edificio carente de cimentación. Todos los ciudadanos y servidores públicos de Cataluña están llamados por responsabilidad a ejercer ese derecho.

Por lo que respecta a la policía autonómica, el artículo 11 de su ley así lo reconoce, al afirmar que “en ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes”. Cuando se excluye la obediencia debida se está ya en el espacio de la desobediencia civil. Y si eso sucede con una organización armada basada en el principio de jerarquía, no parece demasiado forzado trasladar ese mismo razonamiento a funcionarios, interventores, servidores de las agencias, trabajadores públicos en general.

Si en una organización de seguridad, armada y rígida, cabe la desobediencia para esos supuestos, con mayor razón cabrá en una organización administrativa, por jerárquica que pueda ser. Cualquier servidor público está amparado por el derecho a no obedecer normas de notorio significado anticonstitucional. Y lo mismo puede decirse por lo que afecta a los actores jurídicos más relevantes, jueces, notarios, registradores, etcétera. Todos ellos, además, tienen en sus estatutos disposiciones que les autorizan para inaplicar ese nuevo derecho ilegal. Lo que quizás cabría recordarles es que han de hacerlo pública y notoriamente, dándole a sus actos todo el hondo sentido jurídico que lleva consigo la actitud de la desobediencia civil.

Y, naturalmente, los ciudadanos y sus organizaciones sociales y profesionales. Todos ellos son titulares de ese derecho a defender sus garantías y sus leyes frente a un Gobierno o un Parlamento catalán desconectado, es decir, arbitrario e ilegal. Y es también un auténtico deber moral de ciudadanía. Porque —como escribía Thoreau— si unos cuantos miles de ciudadanos dejaran, por ejemplo, de pagar sus impuestos a un Gobierno como ese, esa no sería una conducta tan injusta e ilegal como pagarlos para sostenerlo y perpetuar su arbitrariedad. Que hagan saber pública y pacíficamente que no van a sustentar un Gobierno ilegal presidido por la improvisación y el fanatismo nacionalista, que puede llevar a Cataluña a un desastre social y moral sin precedentes, concluye diciendo.

Dibujo de Enrique Flores para El País

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[A vuelapluma] ¿Existe España?

La pregunta que implícitamente se formula en un artículo de El País el profesor Víctor Lapuente Giné, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y profesor e investigador en el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, puede parecer excesiva, retórica y hasta provocativa, pero, ¿es cierta o no?

Los independentistas creen que España es un artilugio chusquero, pero, paradójicamente, asumen la existencia de una unidad indisoluble entre las fuerzas españolas, comienza diciendo. El Gobierno, la fiscalía, el poder judicial, los medios de comunicación y demás instituciones de ámbito estatal actuarían siguiendo unos protocolos definidos.

Obviamente, esa España no existe. Como no existe unidad de acción en democracia moderna alguna. Cada poder se rige por sus propios códigos. Y, sin duda, puede haber presiones de unos poderes a otros. Pero de ahí a ejecutar un plan coordinado dista un trecho. Toda institución en una democracia —y por ende sus ocupantes temporales— es una especie que busca la supervivencia y vive en permanente tensión con su entorno, luchando por su autonomía contra viento y marea. Porque, perdida la autonomía, un organismo democrático está condenado a la irrelevancia.

A la inversa, muchos constitucionalistas creen que hay una unidad de acción en el independentismo que, en realidad, tampoco existe. Si “España” es un conjunto variado de instituciones con intereses particulares, el independentismo es un agregado de partidos y movimientos sociales diversos. Algunos de esos vectores se condicionan los unos a los otros, pero sus intereses no están alineados. La guerra soterrada entre ERC y el PDeCAT es solo un ejemplo. Los partidos son animales políticos que pueden coaligarse para dar caza a una presa concreta, pero no son hormigas o abejas que sacrifican su individualidad en pos de un objetivo común.

De ello se desprende una consecuencia negativa y una positiva. La mala noticia es la incertidumbre. Es una incógnita lo que vaya a suceder en los próximos meses, pues no habrá un único choque entre dos trenes, sino múltiples colisiones entre muchos trenes y, sobre todo, muchos descarrilamientos.

La buena nueva es que la ciencia política nos enseña que los acuerdos entre dos adversarios internamente heterogéneos son más fáciles que entre dos adversarios fuertemente cohesionados. Hay más puntos de encuentro. Pero, antes de ello, cada uno de los bandos debe entender que el otro no existe, concluye afirmando. 

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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[Humor & Digresión] De nuevo sobre el nacionalismo

Peridis (El País, 10/8/2015)

Morgan (Canarias7, 10/8/2015)

Montecruz (La Provincia, 10/8/2015)

Pienso que se equivocan el PSOE y su socio, el PSC, ofreciendo a CIU y sus socios proindependentistas de Cataluña una hipotética reforma constitucional que no están en condiciones de acordar sin el concurso y acuerdo de otras fuerzas políticas. Entre ellas, el PP. Y viceversa, por supuesto. Tiene toda la razón el dibujante Peridis en tomárselo a broma. Y es una lástima, porque lo que adelanta de su propuesta el PSOE parece bastante sensato y oportuno.

Mucho más interesante está el artículo del insigne profesor catalán Gabriel Tortellá, catedrático emérito de Historia de la economía en la Universidad de Alcalá de Henares, que en el diario El Mundo de hoy lunes se toma también con cierta dosis de humor lo que él denomina "una tradición catalana" que consiste en el que, de manera periódica, y aprovechando un momento de crisis en España, el líder de turno se líe la manta a la cabeza y proclame la independencia. Pintoresca costumbre, añade, que inauguró el canónigo Pau Claris, que en enero de 1641, ante la inminente caída de Barcelona en manos de las tropas del rey Felipe IV. Les aconsejo su detenida lectura porque resulta sumamente ilustrativa.

Dice el sociólogo Karl R. Popper en su clásico libro "La sociedad abierta y sus enemigos",  ya citado por mí con anterioridad, que el principio del Estado nacional, es decir, la exigencia política de que el territorio de cada Estado coincida con el territorio habitado por una nación no es, de ningún modo, tan evidente como parece resultarle a mucha gente en la actualidad. Aun en el caso de que todos supieran lo que quieren decir cuando hablan de nacionalidad, añade, no sería nada claro porque habría de aceptarse la nacionalidad como una categoría política fundamental, más importante, por ejemplo, que la religión, el nacimiento dentro de cierta región geográfica, la lealtad a una dinastía, o un credo político como la democracia (que constituye, podría decirse, el factor unificador de la políglota Suiza). Pero en tanto que la religión, el territorio o el credo político pueden determinarse con bastante claridad, continúa diciendo, nadie ha logrado explicar nunca lo que entiende por "nación" de tal modo que este concepto pueda constituir una base para la política práctica. [...] Ninguna de las teorías que sostienen que una nación se halla unida por un origen común o un idioma común o una historia común, es aceptable o aplicable en la práctica. El principio del Estado nacional no es solo inaplicable, dice, sino que nunca ha sido concebido con claridad. Es un mito, un sueño irracional, romático y utópico, un sueño de naturalismo y colectivismo tribal, concluye.

Las dos viñetas que reproduzco de la prensa de Las Palmas hacen referencia, supongo, a la pretensión de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, de buscar candidatos con tirón electoral ajenos a la propia estructura partidista, quizá por eso del refrán que dice, "cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar", por un lado, y por otro, esa frase tan aludida en política que dice que no hay peor enemigo que tus propios compañeros de partido, en este caso, de gobierno.

El tiempo, bien, gracias. Pasado por agua; y se agradece, pero el calor no baja... Y ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν", nos vamos. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos. HArendt

Viñeta publicada en la revista El Jueves, octubre 2012

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Todo poder corrompe y el poder absoluto, de forma absoluta (Lord Acton)

Independentismo: Las quisicosas de "El Día de Tenerife" y su inefable editor

Eris, la diosa de la Discordia

En las islas Canarias, como en otros lugares de España, hay independentistas honestos, independentistas listos, independentistas tontos, independentistas utópicos, independentistas a secas, independentistas inteligentes, independentistas obtusos, y luego, como "rara avis" dentro de la fauna citada, está el dueño y editor del periódico "El Día", de Santa Cruz de Tenerife, don José Rodríguez Ramírez (don Pepito para los canarios).

Don Pepito, como se le llama cariñósamente en Canarias, defiende con vehemencia la independencia del archipiélago de España. Por ejemplo, en su editorial de hoy domingo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que Cataluña acaba de celebrar su "Diada" y se encamina imparable, según muchos, hacia la independencia.

Nada que objetar al respecto. Pero sobre todo, la característica que mejor le define como individuo, es su obsesiva ansia por la aniquilación, exterminio y desaparición física de la isla de Gran Canaria (la "tercera isla", la llama el susodicho) y de sus habitantes. Aniquilación en la que incluye a cualquier habitante del archipiélago, incluso tinerfeño, que no comulgue con su sagrada cruzada. A tanto llega su odio visceral a Gran Canaria y sus habitantes, que prefiere un archipiélago independiente de España, sin Gran Canaria, a un archipiélago independiente que incluya a dicha isla "maldita, seca y fea".

En una decisión sin precedente alguno en la historia parlamentaria del archipiélago, España, la Unión Europea y el mundo civilizado, el Parlamento de Canarias aprobó hace justamente cinco años por unanimidad de todos sus miembros (valga la redundancia) una resolución en la que condenaba explícitamente los ataques del dueño y editor de El Día a la isla de Gran Canaria, a sus ideas xenófobas y a la incitación a la subversión del orden constitucional.

Creo que el Parlamento de Canarias se pasó una vuelta de rosca, que se dice. Y no porque don Pepín no se mereciera una buena patada en sus "mismísimas" partes nobles. Sobre todo, porque sus editoriales ofenden al buen gusto, la educación más elemental, la verdad y la historia; consideraciones que al citado le importan un huevo y la mitad del otro. Lo digo, sencillamente, porque con esta declaración unánime del Parlamento de Canarias lo único que se hizo fue facilitarle cancha para seguir diciendo gilipolleces durante una década más. La prueba es que ya ha pasado la mitad de esa década y sigue erre que erre, gilipollez tras gilipollez, domingo a domingo. Pienso que lo normal, si alguna institución o persona se siente aludida ante la sarta de tonterías que dice este individuo un día sí y otro también, es meterle en los tribunales y que se las apañe como pueda.

Yo, de momento, y por razones completamente distintas: una, porque su elegancia escribidora y humor crítico me alegra el día (me refiero a la columna dominical de Elvira Lindo); y otra, porque reconforta comprobar que hay gente bastante más estúpida que uno mismo, lo primero que hago cada domingo, aun en pijama, es leer a don Pepito (en El Día) y a Elvira (en El País). Y así sigo.

El asunto de la condena unánime del parlamento generó en la prensa canaria de aquellos días un debate muy interesante, del que son reflejo los artículos de opinión que reproduzco más adelante. También incluyo la respuesta de don Pepín en su "pastoral" de aquel domingo y un editorial suyo de hace unos meses, para general admiración y asombro del pueblo llano sobre la profundidad de pensamiento de tan insigne prócer tinerfeño

Decía el filósofo francés Voltaire, en pleno siglo XVIII, uno de los máximos exponentes del pensamiento ilustrado, refiriéndose a otro escritor enemigo suyo: "No estoy de acuerdo con tus ideas, pero defiendo tu sagrado derecho a expresarlas". No soy filósofo, y aunque me gusta la frase -que encuentro admirable- prefiero recurrir al más positivista argumento jurídico que establece la Constitución en su artículo 20: "Se garantiza el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (.../...) sin otro límite que el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y...". Pues eso: mi profundo respeto para quienes mantengan ideas completamente distintas de las mias sin recurrir a la extorsión, la amenza o el insulto; dicho lo cual, eso no quiere decir que las comparta y mucho menos que las vote o vaya a dejar de combatirlas..., con la palabra.

Sean felices, por favor. Y como decía Sócrates: "Ιωμεν", vámonos. Tamaragua, amigos. HArendt

Eirene, diosa de la Paz y la Concordia

"El pleno del Parlamento rechaza los editoriales de 'El Día'". (Agencia EFE. Santa Cruz de Tenerife)

El pleno del Parlamento de Canarias manifestó este miércoles su rechazo a los ataques a la unidad de los canarios y a la dignidad de la isla de Gran Canaria y a las ideas xenófobas y a la incitación a la subversión del orden constitucional que, agrega, de forma reiterada defiende el editorial del periódico El Día.

En una manifestación institucional leída ante el pleno del Parlamento se indica que el estado de derecho garantiza que todas las opiniones y posiciones ideológicas se expresen libremente siempre que observen el respeto debido a las leyes y a la dignidad de las personas e instituciones.

Agrega que cualquier línea de opinión o actuación cuyo objetivo sea fomentar la división y colisión dentro de la sociedad canaria, trunca el camino decidido de una ciudadanía "que defiende la convivencia y el buen entendimiento entre los habitantes de las siete islas".

Sin embargo, agrega la declaración, recientemente se han producido una serie de opiniones descalificatorias, "amparadas en el insulto, la ofensa y xenófobas en muchos caos, que atentan contra la convivencia y el carácter conciliador". (Canarias Ahora, 25/09/08)

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"La libertad de 'El Día'", por Carlos Sosa

Los grupos parlamentarios canarios condenaron este miércoles la línea editorial del periódico tinerfeño El Día en una decisión que considero lamentable. Vaya por delante que rechazo de plano los planteamientos de ese diario, tanto los que manifiesta en sus artículos editoriales como los que vierten algunos de sus más señeros colaboradores. Pero es mi obligación como periodista y como ciudadano defender la libertad de todos ellos a que expresen libremente sus ideas, por muy extravagantes o rechazables que puedan parecer.

No conozco a ninguna institución del Estado español que haya producido en su día una declaración institucional contraria a la línea editorial del diario El Mundo cuando éste dedicaba páginas y páginas a intoxicar y a opinar acerca de la autoría de los atentados del 11-M, poniendo en peligro no sólo la concordia y la convivencia entre los españoles, sino la credibilidad y el buen funcionamiento de unas cuantas instituciones del Estado.

Lo tenía muy fácil el Parlamento de Canarias este miércoles: hubiera bastado con instar al Gobierno de Paulino Rivero a cumplir con el decreto por el que se conceden subvenciones a las empresas editoras de periódicos de pago en el Archipiélago, que dice muy a las claras que tales ayudas tienen como objetivo fomentar la cohesión de las Islas. Parece acreditado que el diario El Día no cumple con esa finalidad, y sin embargo este Gobierno le sigue inyectando gran cantidad de dinero público por esa vía y por la de la publicidad institucional.

De paso, que Paulino Rivero explique por qué se le concedió a El Día una frecuencia de TDT, por qué el presidente en persona invitó al dueño de esa editora a participar en el concurso de informativos de la Televisión Canaria y por qué le acaban de contratar un programa para esa cadena por importe de 200.000 euros.

Tóquenle a don Pepito los dineros y ya verán qué pronto se le acaban las zarandajas soberanistas. Pero que a nadie se le ocurra atentar contra la libertad que tiene para expresarse. Y si insulta, veja, injuria o calumnia a alguien, ahí están los tribunales para juzgarle. (Canarias Ahora, 25/9/2008)

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"Una pintadera en la frente", por José Antonio Alemán

El Parlamento "manifiesta su firme rechazo ante los ataques a la unidad de los canarios y la dignidad de la isla de Gran Canaria, y sus ciudadanos, así como a las ideas xenófobas y a la incitación a la subversión del orden constitucional que reiteradamente se defienden en 'el editorial' de el periódico El Día". Así terminaba la declaración institucional que la cámara aprobó ayer por rara unanimidad.

Y ayer mismo el periódico seguía destilando lo suyo. En el comentario "Caterva de desagradecidos" arremetía contra los hombres y las mujeres de la cultura canaria en Tenerife que no están de acuerdo con su línea. Los calificó por ello de "parásitos" y de "personajillos que han sido algo en esta sociedad gracias al espacio que, año tras año y cada vez que lo pedían, se les daba en estas páginas".

Salvo superior opinión facultativa, creo que esta loquinaria reacción refleja la manera de entender el periodismo del editor al afirmar que esos "intelectuales" y "artistas" (el entrecomillado es suyo) lo son porque al periódico le dio la gana promocionarlos, pues antes de tan providencial acogida "sólo los conocían en sus casas a la hora de comer". De nada valen, por lo visto, el trabajo y las aportaciones de cada uno de ellos. Ha llegado a creer El Día que manda sobre vidas, haciendas y famas y que todo el mundo en Tenerife está obligado a someterse a sus dictados. Al punto de denunciar como sobornados por los "pérfidos dirigentes canariones" a "personajillos" como Cristino de Vera, Olga Ramos, María Orán, Ramón Trujillo, Elfidio Alonso, Carlos Pinto Grotte, Nilo Palenzuela, Rubens Henríquez, Manuel Hernández González, Mari Carmen Mulet, Jose Abad, Benito Cabrera, Eliseo Izquierdo, Rodríguez Placeres, etcétera. No estar de acuerdo con el periódico los convierte en "ratoncillos hipnotizados por la lengua bípeda (sic) y la mirada envidiosa de la serpiente" (Gran Canaria, por supuesto) y pone de manifiesto que "la maldición de Tenerife no es solo Canaria, sino los infiltrados canariones que ahora se han destapado como felones".

Remata filípica joseantoniana con la amenaza de que "en una próxima edición publicaremos dos páginas con las fotos de los sobornados por la tercera isla". Ya puestos, no sé porqué no les graban en la frente, a fuego que duele más y no se quita, una pintadera cual estrella de David. Por suerte, El Día no es Tenerife y Fyffes sólo existe ya en sus negras alucinaciones. (Canarias Ahora, 25/09/08)

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"El día' feliz de Don Pepito", por Juan García Luján

El editor de El Día, José Rodríguez Ramírez, tiene razones para sentirse traicionado. Después de 20 años utilizando sus páginas para machacar a cualquier persona o colectivo que cuestionara los planes de la gran burguesía chicharrera y sus representantes políticos áticos, después de haber sido el principal altavoz de los intereses políticos de Manuel Hermoso, Adán Martín, Miguel Zerolo, Ricardo Melchior, Ana Oramas y Paulino Rivero, después de su entrega a la causa insularista, Don Pepito tuvo ayer que ver cómo se leía en el Parlamento canario una declaración institucional que criticaba su línea editorial.

Don Pepito se siente víctima de una injusticia porque después de haber utilizado su periódico para campañas estratégicas como la oposición a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la defensa de los aguatenientes, del puerto de Granadilla, de las carreteras de Tenerife y la oposición a la investigación de las tramas de corrupción vinculadas a instituciones gobernadas por Coalición Canaria en Tenerife... Después de haber sido distinguido con la medalla de Oro de Tenerife otorgada por el cabildo de la isla, de tener una calle con su nombre en La Laguna y varios municipios tinerfeños, de haber sido nominado para el Premio Canarias por el cabildo de Tenerife con el apoyo de CC, PP y PSOE, de ser llamado como pregonero de las fiestas más señeras, después de haber sido elegido por el actual gobierno de Rivero y Soria junto a otros dos periódicos para formar una productora de televisión para realizar los informativos de Televisión Canaria, después de lograr una de las dos licencias de TDT que dieron en Tenerife Paulino Rivero y PP Manolo, después de todas esas prebendas, se ha encontrado con un castigo simbólico en forma de moción parlamentaria.

Antes de que saque las dos páginas con las fotos de los traidores antipatriotas, don Pepito debe saber que sus columnistas Cristina Tavío y Miguel Zerolo, y su candidato a presidir la futura república independiente de Bananaria, Paulino Rivero, intentaron hasta el último minuto que en la moción contra su periódico no se nombrara a su periódico. Tavío lo hizo desde su puesto en la Mesa del Parlamento, Zerolo desde su ausencia calculada y Rivero mandando el recado de no mencionar a El Día con el majorero en excedencia de origen grancanario José Miguel Barragán. Pero los socialistas se negaron y amenazaron con proponer incluso que le cortaran el grifo del dinero público. Y el actual pacto de gobierno no quiere jugar con la comida de Don Pepito, por eso sus diputados al final tuvieron que ceder y apoyaron la moción de 20 líneas reprobando los editoriales de El Día.

El periodista Luis María Ansón, nada sospechoso de ser militante de la izquierda abertzale, y combativo defensor de la unidad de España y de su monarquía, se opuso siempre al cierre del diario Egin y del periódico Egunkaria, aunque rechazaba frontalmente su línea editorial. Decía Ansón que "los periódicos no delinquen, si lo hacen alguno de sus redactores, articulistas o empresarios la ley debe caer sobre ellos, pero no sobre el periódico". Comparto el planteamiento de Ansón, y creo que el Parlamento canario inició ayer un peligroso camino de reprobación a la línea editorial de un periódico. A lo mejor Don Pepito ha incumplido el artículo 510 del Código Penal por sus editoriales xenófobos. Pero si Don Pepito es un delincuente racista lo podremos comprobar gracias a la denuncia que presentó Ben Magec contra El Día en los tribunales por un artículo xenófobo. La valentía de los ecologistas podría servir para poner a Don Pepito en su sitio. Esa valentía contrasta con la cobardía de unos parlamentarios que no se atrevieron a parlamentar, o sea, a debatir públicamente la moción, sino que se limitaron a discutirla a puerta cerrada en la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces. Ese es el nivel que tenemos en la cámara de Teowaldo Power. Pero la moción parlamentaria no ha sido inútil, creo que ha servido para demostrar las ataduras políticas del partido que preside el gobierno canario desde hace 15 años, y también servirá para aumentar las ventas del periódico El Día y de los otros diarios que han descubierto en este tema un filón para incrementar el número de visitas a sus ediciones digitales. Don Pepito se mostrará hoy cabreado contra los antipatriotas parlamentarios, pero el gerente de su empresa debería convencerlo de que ayer fue un día feliz para el diario fundado por Leoncio Rodríguez, porque las ventas van a aumentar en estos tiempos de crisis y el gobierno de Paulino y Soria continuarán patrocinándole suplementos e invitándolo a beneficiarse de subvenciones públicas. (Canarias Ahora, 25/09/08)

***

"Escuche la noticia", por Carmen Merino

El lector avispado se preguntará por qué utilizar el pasado en el titular -«El editor que quiso reinar» cuando, en realidad, el editor-director al que nos referimos, don José Rodríguez Ramírez, don Pepito en el argot periodístico y popular, mantiene en el presente de indicativo las infulas de dictar lo que se hace en esta Comunidad Autónoma y, en especial, en la Isla de Tenerife. Tal vez el titular debiera haber sido «El editor que quiere reinar», pero esa definición no habría hecho justicia a la realidad. A pesar de la potencia que tiene el periódico propiedad de tan ambicioso personaje, El Día, las campañas emprendidas por su dueño nunca han conseguido el objetivo perseguido, a no ser que no hayan tenido en realidad otro fin que intentar crispar la vida política y social de Canarias.

Entre sus grandes batallas solo cabe citar espectaculares derrotas. Ocurrió con Ley de Aguas y con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, batallas en las que don Pepito coincidía, imponía o seguía las consignas del insularismo tinerfeño ejercido por ATI, y ocurrirá sin duda en las batallas que tiene en marcha. A saber. Una reforma del Estatuto de Autonomía que renombre a la Isla de Gran Canaria para quitarle el Gran que tan morbosamente le obsesiona, que modifique el nuevo escudo de la Comunidad Autonóma para aumentar el tamaño de Tenerife y eliminar la Corona de Castilla, y que haga el relato de las islas que componen el Archipiélago en orden alfabético, de manera que Tenerife cierre y adquiera mayor visibilidad.

Leña al mono: Pero esta es solo una batalla preliminar. A dónde quiere llegar el editor-director es a la descolonización de Canarias por parte de España y la creación de un país soberano. Y de esta segunda incursión deriva la tercera: el empeño de don Pepito de que Coalición Canaria le secuende en sus delirios. Cada vez que el editor-director se empecina en una u otra cuestión y no encuentra el eco y el respaldo que él supone que se le debe en funcion del poder que su potente empresa mediática le proporciona, comienzan los ataques furibundos, la total falta de respeto para las opiniones ajenas, las descalficaciones, los discursos insultantes y los insultos mismos.

Los rayos de destrucción personal y colectiva que salen de sus airadas editoriales han caído sobre todos aquellos que no se han plegado a sus caprichos y manías.

Desde los socialistas en la primera época de Jerónimo Saavedra, a las secciones grancanarias de todas las formaciones políticas, los empresarios grancanarios identificados como el sanedrín y, muy especialmente en la última etapa, los nacionalistas tinerfeños de la antigua ATI, han pasado por su trituradora de infieles. Pero también los presidentes del Gobierno y del Parlamento, otros periódicos y sus responsables y hasta el personal de su propia empresa que ha tenido la osadía de cambiar de bando, han tenido que sufrir en sus carnes las invectivas del editor que quiso reinar y solo consiguió crispar.

Peligro: Pero si se puede decir con toda tranquilidad de don Pepito que es un gran perdedor de batallas políticas, la tristeza es inevitable al constatar la posibilidad de que llegue a ganar batallas en el ámbito de la sociedad civil. Sin duda, el desprecio que destila hacia la Isla de Gran Canaria no puede sino generar un sentimiento de igual o similar naturaleza hacia Tenerife entre aquellos que cometan el error de confundir a la Isla con este delirante editor-director. Eso es lo que él pretende. Que no lo logre sería la más patética de sus derrotas.

Moción del Cabildo: Los grupos del PSC-PSOE y de NC-NGC del Cabildo de Gran Canaria, hicieron pública ayer la moción que presentaron el pasado día 17 en la que solicitan la reprobación de el periódico El Día ante los insultos de su propietario y editor a la isla de Gran Canaria y sus ataques a la unidad del Archipiélago. Los grupos políticos que gobiernan el Cabildo de Gran Canaria solicitan en la moción que se debatirá en el próximo pleno que otras instituciones se manifiesten rechazando los insultos del editorialista. En concreto piden al presidente del Gobierno de Canarias un pronunciamiento en contra. En la moción se recoge en la exposición de motivos que los insultos del periódico El Día a la isla de Gran Canaria y sus ataques a la unidad del Archipiélago no constituyen, desgraciadamente, novedad alguna. Tampoco la enorme tolerancia y mesura con la que la sociedad grancanaria ha reaccionado ante semejantes dislates. Por ello se solicita el rechazo ante las ofensas perpetradas a la isla de Gran Canaria, así como a sus habitantes e instituciones. (Canarias7, 25/09/08)

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El Día, Santa Cruz de Tenerife. Editorial. 

"ESTA BATALLA LA TIENES PERDIDA, Pepe", le dijo hace algún tiempo al editor de EL DÍA, durante una cena celebrada en Tokío, un empresario de Las Palmas vinculado a un diario de la tercera isla. El mismo diario que ayer jaleaba, a cinco columnas y con toda saña, un acuerdo del Parlamento de Canarias contra nuestro periódico y su director. Acuerdo que, tristemente, por fin adoptó ayer la Cámara legislativa autonómica, en un ataque sin precedentes a la libertad de expresión. Sabíamos que la campaña del "gran" no gusta en Canaria. No pensábamos, en cambio, que una institución que dice representar a todos los canarios, se sometiera a los dictados no ya de una sola isla, sino de los poderes fácticos de esa Isla. No lo pensábamos incluso a sabiendas, porque eso lo sabe todo el mundo, que nuestra opinión acerca de sus señorías regionales es manifiestamente mejorable.

En el breve espacio de unas pocas semanas, el Parlamento de Canarias ha cometido dos infamias políticas. Una, subirse los sueldos en plena crisis, cuando otras instituciones canarias y españolas congelaban salarios y reducían gastos; la otra, gravísima, atacar la libertad de expresión de un medio de comunicación como no lo había hecho hasta ahora ningún organismo de la Administración del Estado. Porque la declaración aprobada ayer, por unanimidad y con aplausos, es similar a las que se han venido produciendo contra los terroristas. Ninguna otra se asemeja en dureza.

¿Por qué ahora?, nos preguntamos. Nuestra campaña para que Canaria se llame Canaria y no Gran Canaria -nombre engañoso; lo diremos cuantas veces sea preciso- no es de ayer. Llevamos mucho tiempo manifestando que dicha denominación es engañosa. ¿Por qué ahora?, insistimos en la pregunta. ¿Qué les duele a sus señorías canarias? Permítannos nuestros lectores que seamos nosotros, y no los diputados y diputadas regionales, quienes respondamos. Les molesta que hayamos denunciado su vergonzosa subida de sueldos. ¿Saben ustedes cuánto cobra, por ejemplo, cada uno de los cinco miembros de la Mesa del Parlamento sólo por hacer acto de presencia en la Cámara? Sólo por ir a trabajar, ya que el sueldo lo cobran aparte. ¿Saben ustedes, hombres y mujeres del pueblo canario, agobiados por la situación actual, cuánto han cobrado ayer de dietas sus "señorías" regionales por ir a la calle Teobaldo Power a condenar la sagrada libertad de un medio de comunicación a expresarse libremente? Hablamos sólo de las dietas, los sueldos van por otro lado.

Comprendemos el enfado de las diputadas y diputados. Están demasiado acostumbrados a periodistas dóciles que se portan bien con ellos para que no les pongan mala cara; para que no dejen de soplarles de vez en cuando alguna noticia anodina con la que cubrir el expediente diario. Son como los canarios enjaulados en el amor a la españolidad, que se conforman con el alpiste que les echan y la lechuguita que les ponen para que picoteen. No es ese el periodismo que practicamos en esta Casa. Con todo respeto a las opiniones ajenas, porque en EL DÍA se publican artículos de todas las tendencias, en nuestro periódico decimos que Canarias es una colonia, y que Las Palmas es la gran beneficiada de esta situación. El hablar con claridad nos granjea las simpatías de muchísimos lectores. Por eso somos el diario de más difusión en el Archipiélago. Al menos hoy; mañana, Dios dirá. Un dato insoportable para nuestra competencia, que nos quiere hundir con la difamación pues no puede hacerlo en cuanto a lectores.

Estas son las claves del brutal ataque a la libertad de expresión que sufrimos desde hace algún tiempo, y que tuvo ayer su máximo exponente en la Cámara regional. Una campaña iniciada en el ámbito parlamentario por María del Mar Julios; persona que ha fracasado en política, y que aspira a méritos tardíos para que CC no termine de desaparecer en Canaria. Si esta diputada, que por lo demás siempre ha podido expresar libremente sus ideas en EL DÍA, o cualquier otro miembro del Parlamento, ya sea a título individual o como representante de la Cámara legislativa, considera que los editoriales de EL DÍA ofenden a alguien, insultan a una institución o degradan a una isla por decir que es fea y seca, puede acudir a los tribunales para defender sus derechos. Lo que de ninguna forma cabe en una democracia es una decisión como la adoptada ayer por el Parlamento.

Asunto distinto son las acusaciones de xenofobia y racismo lanzadas contra EL DÍA y su editor por algunos periodistas, políticos y ahora también el Parlamento en sesión plenaria. Suponemos que los servicios jurídicos de la Cámara han hilado fino, pues la xenofobia y el racismo son delitos tanto en España como en Canarias, y acusar de un delito sin pruebas constituye a su vez un delito de calumnias. Sin embargo, no sería la primera vez que dichos servicios jurídicos se equivocan. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió con las expropiaciones para la ampliación del edificio? Lo dicho: esperamos que sus señorías y quienes los asesoran no hayan errado otra vez, porque este asunto no queda así; esto se hincha.

Al final, resulta que tenía razón aquel señor en su premonitoria advertencia durante la cena de Tokío. Ni podíamos imaginar que su poder llegase a tanto, ni que sesenta diputados terminasen por seguirle el juego mientras continúan asegurando que encarnan la voluntad del pueblo canario. (El Día, 25/09/08)

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"La vergüenza del Archipiélago", (El Día, Santa Cruz de Tenerife, Editorial)

CON QUÉ DESCARO maltratan a Tenerife dos consejeras del Gobierno de Canarias. Nos referimos, por supuesto, a la titular de Turismo, Rita Martín, y a la de Sanidad, Mercedes Roldós. La actitud de esta última no nos extraña. Como canariona, la señora Roldós está genéticamente condicionada a barrer para su casa. La actitud de Rita Martín, en cambio, resulta menos comprensible. Al ser natural de Lanzarote -lo decíamos ayer-, carece de sentido su excesiva dadivosidad con Canaria, la isla tercera en extensión pero la primera en fealdad. Un territorio desangelado. No nos extraña que el turismo vaya cada vez menos a ella, mientras aumenta en Tenerife. Los visitantes que acuden a Canaria lo hacen engañados. Son infinitos quienes manifiestan su sorpresa apenas se bajan del avión y contemplan un paisaje desértico y sucio. Sólo por este motivo, la consejera de Turismo no debería malgastar el dinero público con inversiones inútiles. Sin embargo, concurre la circunstancia añadida de que Lanzarote, la isla de Rita Martín, sufre también la prepotencia asfixiante de Canaria. ¿Por qué mima usted tanto, señora consejera, a quienes sólo lo quieren todo para ellos?

La isla redonda pierde turistas con razón. Los visitantes con los que cuenta se los debe a las bellezas de otras islas, que atraen a este Archipiélago a doce millones de personas cada año. A eso, y a las políticas estúpidas como las que desarrollaron las niñas de Adán Martín, que favorecieron a una isla paramera y anodina con la nefasta marca única, debe Canaria su cuota de turistas. ¿Por qué un solo destino? ¿Se puede comparar el majestuoso Teide, hoy Patrimonio de la Humanidad, con el ridículo Roque Nublo? Nunca. Pero los canariones lo hacen porque son, además de envidiosos, atrevidos. La isla tercera no es sólo amarilla por sus secarrales, sino también por la envidia. Cualquier parte de Canarias exhibe muchísimas más bellezas.

También nos cansa ya la mentira de la hermandad entre Tenerife y Canaria. Los tinerfeños sólo podemos ser enemigos políticos de aquellos que se empeñan en someternos; de aquellos que, además, perpetúan a conciencia la condición de colonia del Archipiélago, para favorecerse con la presencia en su territorio de las sedes de los partidos españoles. Así prolongan su latrocinio y su expolio permanente a Tenerife.

Canaria debería reprimirse porque como isla es la vergüenza del Archipiélago, que pretendemos unido y armonioso. Lo decimos sin rodeos: estamos hartos de Las Palmas, y ansiamos la soberanía para que la capital esté en la isla más grande, más poblada, más bella y de mayor peso específico, que no es "Gran" Canaria sino Tenerife. La tercera isla sólo sobrevive gracias a sus políticos rapaces. Lobos con piel de cordero e hipócritas predicadores de la unidad interinsular que, a pesar de todo, son capaces de infundir miedo a los ratones de Tenerife.

José Rodríguez, editor de El Día

Entrada núm. 1969

elblogdeharentd@gmail.com

http://harendt.blogspot.com

Pues tanto como saber me agrada dudar (Dante Alighieri)

*"El Día" de Tenerife y la libertad de expresión

En las islas Canarias hay independentistas listos, independentistas tontos, independentistas utópicos, independentistas a secas, independentistas inteligentes, independentistas obtusos, y luego, como "rara avis" dentro de la fauna citada, está el dueño y editor del periódico El Día, de Santa Cruz de Tenerife, don José Rodríguez Ramírez (don Pepito).

Don Pepito, como se le llama cariñósamente en Canarias, defiende con vehemencia la independencia del archipiélago de España. Nada que objetar al respecto. Pero sobre todo, la característica que mejor le define como individuo, es su obsesiva ansia por la aniquilación, exterminio y desaparición física de la isla de Gran Canaria (la "tercera isla", la llama el susodicho) y de sus habitantes. Aniquilación en la que incluye a cualquier habitante del archipiélago, incluso tinerfeño, que no comulgue con su sagrada cruzada. A tanto llega su odio visceral a Gran Canaria y sus habitantes, que prefiere un archipiélago independiente de España, sin Gran Canaria, a un archipiélago independiente que incluya a dicha isla "maldita, seca y fea".

En una decisión sin precedente alguno en la historia parlamentaria reciente del archipiélago, España, la U.E. y el mundo civilizado, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una resolución en la que condena explícitamente los ataques del dueño y editor de El Día a la isla de Gran Canaria, a sus ideas xenófobas y a la incitación a la subversión del orden constitucional.

Creo que el Parlamento de Canarias se ha pasado una vuelta de rosca. Y no porque don Pepín no se merezca una buena patada en sus "mismísimas" partes nobles. Sobre todo, porque sus editoriales ofenden al buen gusto, la educación más elemental, la verdad y la historia; consideraciones que al citado le importan un huevo y la mitad del otro. Lo digo, sencillamente, porque con esta declaración unánime del Parlamento de Canarias lo único que se ha hecho es facilitarle cancha para seguir diciendo gilipolleces durante una década más. Pienso que lo normal, si alguna institución o persona se siente aludida ante la sarta de tonterías que dice este individuo un día sí y otro también, es meterle en los tribunales y que se las apañe como pueda.

El asunto ha generado en la prensa canaria un debate muy interesante, del que son reflejo los artículos de opinión que reproduzco más adelante, todos del día de ayer. También incluyo la respuesta de don Pepín en su "pastoral", también de ayer, en su periódico. Y un editorial suyo de hace unos meses, para general admiración y asombro del pueblo llano sobre la profundidad de pensamiento de tan insigne prócer tinerfeño

Decía el filósofo francés Voltaire (siglo XVIII), uno de los máximos exponentes del pensamiento ilustrado, refiriéndose a otro escritor enemigo suyo: "No estoy de acuerdo con tus ideas, pero defiendo tu sagrado derecho a expresarlas". No soy filósofo, y aunque me gusta la frase -que encuentro admirable- prefiero recurrir al más positivista argumento jurídico que establece la Constitución en su artículo 20: "Se garantiza el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (.../...) sin otro límite que el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y...". Pues eso. Sean felices. (HArendt)



"El pleno del Parlamento rechaza los editoriales de 'El Día'". (Agencia EFE. Santa Cruz de Tenerife)

El pleno del Parlamento de Canarias manifestó este miércoles su rechazo a los ataques a la unidad de los canarios y a la dignidad de la isla de Gran Canaria y a las ideas xenófobas y a la incitación a la subversión del orden constitucional que, agrega, de forma reiterada defiende el editorial del periódico El Día.

En una manifestación institucional leída ante el pleno del Parlamento se indica que el estado de derecho garantiza que todas las opiniones y posiciones ideológicas se expresen libremente siempre que observen el respeto debido a las leyes y a la dignidad de las personas e instituciones.

Agrega que cualquier línea de opinión o actuación cuyo objetivo sea fomentar la división y colisión dentro de la sociedad canaria, trunca el camino decidido de una ciudadanía "que defiende la convivencia y el buen entendimiento entre los habitantes de las siete islas".

Sin embargo, agrega la declaración, recientemente se han producido una serie de opiniones descalificatorias, "amparadas en el insulto, la ofensa y xenófobas en muchos caos, que atentan contra la convivencia y el carácter conciliador". (Canarias Ahora, 25/09/08)




"La libertad de 'El Día'", por Carlos Sosa

Los grupos parlamentarios canarios condenaron este miércoles la línea editorial del periódico tinerfeño El Día en una decisión que considero lamentable. Vaya por delante que rechazo de plano los planteamientos de ese diario, tanto los que manifiesta en sus artículos editoriales como los que vierten algunos de sus más señeros colaboradores. Pero es mi obligación como periodista y como ciudadano defender la libertad de todos ellos a que expresen libremente sus ideas, por muy extravagantes o rechazables que puedan parecer.

No conozco a ninguna institución del Estado español que haya producido en su día una declaración institucional contraria a la línea editorial del diario El Mundo cuando éste dedicaba páginas y páginas a intoxicar y a opinar acerca de la autoría de los atentados del 11-M, poniendo en peligro no sólo la concordia y la convivencia entre los españoles, sino la credibilidad y el buen funcionamiento de unas cuantas instituciones del Estado.

Lo tenía muy fácil el Parlamento de Canarias este miércoles: hubiera bastado con instar al Gobierno de Paulino Rivero a cumplir con el decreto por el que se conceden subvenciones a las empresas editoras de periódicos de pago en el Archipiélago, que dice muy a las claras que tales ayudas tienen como objetivo fomentar la cohesión de las Islas. Parece acreditado que el diario El Día no cumple con esa finalidad, y sin embargo este Gobierno le sigue inyectando gran cantidad de dinero público por esa vía y por la de la publicidad institucional.

De paso, que Paulino Rivero explique por qué se le concedió a El Día una frecuencia de TDT, por qué el presidente en persona invitó al dueño de esa editora a participar en el concurso de informativos de la Televisión Canaria y por qué le acaban de contratar un programa para esa cadena por importe de 200.000 euros.

Tóquenle a don Pepito los dineros y ya verán qué pronto se le acaban las zarandajas soberanistas. Pero que a nadie se le ocurra atentar contra la libertad que tiene para expresarse. Y si insulta, veja, injuria o calumnia a alguien, ahí están los tribunales para juzgarle.
(Canarias Ahora, 25/09/08)




"Una pintadera en la frente", por José Antonio Alemán

El Parlamento "manifiesta su firme rechazo ante los ataques a la unidad de los canarios y la dignidad de la isla de Gran Canaria, y sus ciudadanos, así como a las ideas xenófobas y a la incitación a la subversión del orden constitucional que reiteradamente se defienden en 'el editorial' de el periódico El Día". Así terminaba la declaración institucional que la cámara aprobó ayer por rara unanimidad.

Y ayer mismo el periódico seguía destilando lo suyo. En el comentario "Caterva de desagradecidos" arremetía contra los hombres y las mujeres de la cultura canaria en Tenerife que no están de acuerdo con su línea. Los calificó por ello de "parásitos" y de "personajillos que han sido algo en esta sociedad gracias al espacio que, año tras año y cada vez que lo pedían, se les daba en estas páginas".

Salvo superior opinión facultativa, creo que esta loquinaria reacción refleja la manera de entender el periodismo del editor al afirmar que esos "intelectuales" y "artistas" (el entrecomillado es suyo) lo son porque al periódico le dio la gana promocionarlos, pues antes de tan providencial acogida "sólo los conocían en sus casas a la hora de comer". De nada valen, por lo visto, el trabajo y las aportaciones de cada uno de ellos. Ha llegado a creer El Día que manda sobre vidas, haciendas y famas y que todo el mundo en Tenerife está obligado a someterse a sus dictados. Al punto de denunciar como sobornados por los "pérfidos dirigentes canariones" a "personajillos" como Cristino de Vera, Olga Ramos, María Orán, Ramón Trujillo, Elfidio Alonso, Carlos Pinto Grotte, Nilo Palenzuela, Rubens Henríquez, Manuel Hernández González, Mari Carmen Mulet, Jose Abad, Benito Cabrera, Eliseo Izquierdo, Rodríguez Placeres, etcétera. No estar de acuerdo con el periódico los convierte en "ratoncillos hipnotizados por la lengua bípeda (sic) y la mirada envidiosa de la serpiente" (Gran Canaria, por supuesto) y pone de manifiesto que "la maldición de Tenerife no es solo Canaria, sino los infiltrados canariones que ahora se han destapado como felones".

Remata filípica joseantoniana con la amenaza de que "en una próxima edición publicaremos dos páginas con las fotos de los sobornados por la tercera isla". Ya puestos, no sé porqué no les graban en la frente, a fuego que duele más y no se quita, una pintadera cual estrella de David. Por suerte, El Día no es Tenerife y Fyffes sólo existe ya en sus negras alucinaciones.
(Canarias Ahora, 25/09/08)




"'El día' feliz de Don Pepito", por Juan García Luján

El editor de El Día, José Rodríguez Ramírez, tiene razones para sentirse traicionado. Después de 20 años utilizando sus páginas para machacar a cualquier persona o colectivo que cuestionara los planes de la gran burguesía chicharrera y sus representantes políticos áticos, después de haber sido el principal altavoz de los intereses políticos de Manuel Hermoso, Adán Martín, Miguel Zerolo, Ricardo Melchior, Ana Oramas y Paulino Rivero, después de su entrega a la causa insularista, Don Pepito tuvo ayer que ver cómo se leía en el Parlamento canario una declaración institucional que criticaba su línea editorial.
Don Pepito se siente víctima de una injusticia porque después de haber utilizado su periódico para campañas estratégicas como la oposición a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la defensa de los aguatenientes, del puerto de Granadilla, de las carreteras de Tenerife y la oposición a la investigación de las tramas de corrupción vinculadas a instituciones gobernadas por Coalición Canaria en Tenerife... Después de haber sido distinguido con la medalla de Oro de Tenerife otorgada por el cabildo de la isla, de tener una calle con su nombre en La Laguna y varios municipios tinerfeños, de haber sido nominado para el Premio Canarias por el cabildo de Tenerife con el apoyo de CC, PP y PSOE, de ser llamado como pregonero de las fiestas más señeras, después de haber sido elegido por el actual gobierno de Rivero y Soria junto a otros dos periódicos para formar una productora de televisión para realizar los informativos de Televisión Canaria, después de lograr una de las dos licencias de TDT que dieron en Tenerife Paulino Rivero y PP Manolo, después de todas esas prebendas, se ha encontrado con un castigo simbólico en forma de moción parlamentaria.

Antes de que saque las dos páginas con las fotos de los traidores antipatriotas, don Pepito debe saber que sus columnistas Cristina Tavío y Miguel Zerolo, y su candidato a presidir la futura república independiente de Bananaria, Paulino Rivero, intentaron hasta el último minuto que en la moción contra su periódico no se nombrara a su periódico. Tavío lo hizo desde su puesto en la Mesa del Parlamento, Zerolo desde su ausencia calculada y Rivero mandando el recado de no mencionar a El Día con el majorero en excedencia de origen grancanario José Miguel Barragán. Pero los socialistas se negaron y amenazaron con proponer incluso que le cortaran el grifo del dinero público. Y el actual pacto de gobierno no quiere jugar con la comida de Don Pepito, por eso sus diputados al final tuvieron que ceder y apoyaron la moción de 20 líneas reprobando los editoriales de El Día.

El periodista Luis María Ansón, nada sospechoso de ser militante de la izquierda abertzale, y combativo defensor de la unidad de España y de su monarquía, se opuso siempre al cierre del diario Egin y del periódico Egunkaria, aunque rechazaba frontalmente su línea editorial. Decía Ansón que "los periódicos no delinquen, si lo hacen alguno de sus redactores, articulistas o empresarios la ley debe caer sobre ellos, pero no sobre el periódico". Comparto el planteamiento de Ansón, y creo que el Parlamento canario inició ayer un peligroso camino de reprobación a la línea editorial de un periódico. A lo mejor Don Pepito ha incumplido el artículo 510 del Código Penal por sus editoriales xenófobos. Pero si Don Pepito es un delincuente racista lo podremos comprobar gracias a la denuncia que presentó Ben Magec contra El Día en los tribunales por un artículo xenófobo. La valentía de los ecologistas podría servir para poner a Don Pepito en su sitio. Esa valentía contrasta con la cobardía de unos parlamentarios que no se atrevieron a parlamentar, o sea, a debatir públicamente la moción, sino que se limitaron a discutirla a puerta cerrada en la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces. Ese es el nivel que tenemos en la cámara de Teowaldo Power. Pero la moción parlamentaria no ha sido inútil, creo que ha servido para demostrar las ataduras políticas del partido que preside el gobierno canario desde hace 15 años, y también servirá para aumentar las ventas del periódico El Día y de los otros diarios que han descubierto en este tema un filón para incrementar el número de visitas a sus ediciones digitales. Don Pepito se mostrará hoy cabreado contra los antipatriotas parlamentarios, pero el gerente de su empresa debería convencerlo de que ayer fue un día feliz para el diario fundado por Leoncio Rodríguez, porque las ventas van a aumentar en estos tiempos de crisis y el gobierno de Paulino y Soria continuarán patrocinándole suplementos e invitándolo a beneficiarse de subvenciones públicas. (Canarias Ahora, 25/09/08)




"Escuche la noticia", por Carmen Merino

El lector avispado se preguntará por qué utilizar el pasado en el titular -«El editor que quiso reinar» cuando, en realidad, el editor-director al que nos referimos, don José Rodríguez Ramírez, don Pepito en el argot periodístico y popular, mantiene en el presente de indicativo las infulas de dictar lo que se hace en esta Comunidad Autónoma y, en especial, en la Isla de Tenerife. Tal vez el titular debiera haber sido «El editor que quiere reinar», pero esa definición no habría hecho justicia a la realidad. A pesar de la potencia que tiene el periódico propiedad de tan ambicioso personaje, El Día, las campañas emprendidas por su dueño nunca han conseguido el objetivo perseguido, a no ser que no hayan tenido en realidad otro fin que intentar crispar la vida política y social de Canarias.

Entre sus grandes batallas solo cabe citar espectaculares derrotas. Ocurrió con Ley de Aguas y con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, batallas en las que don Pepito coincidía, imponía o seguía las consignas del insularismo tinerfeño ejercido por ATI, y ocurrirá sin duda en las batallas que tiene en marcha. A saber. Una reforma del Estatuto de Autonomía que renombre a la Isla de Gran Canaria para quitarle el Gran que tan morbosamente le obsesiona, que modifique el nuevo escudo de la Comunidad Autonóma para aumentar el tamaño de Tenerife y eliminar la Corona de Castilla, y que haga el relato de las islas que componen el Archipiélago en orden alfabético, de manera que Tenerife cierre y adquiera mayor visibilidad.

Leña al mono: Pero esta es solo una batalla preliminar. A dónde quiere llegar el editor-director es a la descolonización de Canarias por parte de España y la creación de un país soberano. Y de esta segunda incursión deriva la tercera: el empeño de don Pepito de que Coalición Canaria le secuende en sus delirios. Cada vez que el editor-director se empecina en una u otra cuestión y no encuentra el eco y el respaldo que él supone que se le debe en funcion del poder que su potente empresa mediática le proporciona, comienzan los ataques furibundos, la total falta de respeto para las opiniones ajenas, las descalficaciones, los discursos insultantes y los insultos mismos.

Los rayos de destrucción personal y colectiva que salen de sus airadas editoriales han caído sobre todos aquellos que no se han plegado a sus caprichos y manías.

Desde los socialistas en la primera época de Jerónimo Saavedra, a las secciones grancanarias de todas las formaciones políticas, los empresarios grancanarios identificados como el sanedrín y, muy especialmente en la última etapa, los nacionalistas tinerfeños de la antigua ATI, han pasado por su trituradora de infieles. Pero también los presidentes del Gobierno y del Parlamento, otros periódicos y sus responsables y hasta el personal de su propia empresa que ha tenido la osadía de cambiar de bando, han tenido que sufrir en sus carnes las invectivas del editor que quiso reinar y solo consiguió crispar.

Peligro: Pero si se puede decir con toda tranquilidad de don Pepito que es un gran perdedor de batallas políticas, la tristeza es inevitable al constatar la posibilidad de que llegue a ganar batallas en el ámbito de la sociedad civil. Sin duda, el desprecio que destila hacia la Isla de Gran Canaria no puede sino generar un sentimiento de igual o similar naturaleza hacia Tenerife entre aquellos que cometan el error de confundir a la Isla con este delirante editor-director. Eso es lo que él pretende. Que no lo logre sería la más patética de sus derrotas.

Moción del Cabildo: Los grupos del PSC-PSOE y de NC-NGC del Cabildo de Gran Canaria, hicieron pública ayer la moción que presentaron el pasado día 17 en la que solicitan la reprobación de el periódico El Día ante los insultos de su propietario y editor a la isla de Gran Canaria y sus ataques a la unidad del Archipiélago. Los grupos políticos que gobiernan el Cabildo de Gran Canaria solicitan en la moción que se debatirá en el próximo pleno que otras instituciones se manifiesten rechazando los insultos del editorialista. En concreto piden al presidente del Gobierno de Canarias un pronunciamiento en contra. En la moción se recoge en la exposición de motivos que los insultos del periódico El Día a la isla de Gran Canaria y sus ataques a la unidad del Archipiélago no constituyen, desgraciadamente, novedad alguna. Tampoco la enorme tolerancia y mesura con la que la sociedad grancanaria ha reaccionado ante semejantes dislates. Por ello se solicita el rechazo ante las ofensas perpetradas a la isla de Gran Canaria, así como a sus habitantes e instituciones. (Canarias7, 25/09/08)




El Día, Santa Cruz de Tenerife. Editorial. "ESTA BATALLA LA TIENES PERDIDA, Pepe", le dijo hace algún tiempo al editor de EL DÍA, durante una cena celebrada en Tokío, un empresario de Las Palmas vinculado a un diario de la tercera isla. El mismo diario que ayer jaleaba, a cinco columnas y con toda saña, un acuerdo del Parlamento de Canarias contra nuestro periódico y su director. Acuerdo que, tristemente, por fin adoptó ayer la Cámara legislativa autonómica, en un ataque sin precedentes a la libertad de expresión. Sabíamos que la campaña del "gran" no gusta en Canaria. No pensábamos, en cambio, que una institución que dice representar a todos los canarios, se sometiera a los dictados no ya de una sola isla, sino de los poderes fácticos de esa Isla. No lo pensábamos incluso a sabiendas, porque eso lo sabe todo el mundo, que nuestra opinión acerca de sus señorías regionales es manifiestamente mejorable.

En el breve espacio de unas pocas semanas, el Parlamento de Canarias ha cometido dos infamias políticas. Una, subirse los sueldos en plena crisis, cuando otras instituciones canarias y españolas congelaban salarios y reducían gastos; la otra, gravísima, atacar la libertad de expresión de un medio de comunicación como no lo había hecho hasta ahora ningún organismo de la Administración del Estado. Porque la declaración aprobada ayer, por unanimidad y con aplausos, es similar a las que se han venido produciendo contra los terroristas. Ninguna otra se asemeja en dureza.

¿Por qué ahora?, nos preguntamos. Nuestra campaña para que Canaria se llame Canaria y no Gran Canaria -nombre engañoso; lo diremos cuantas veces sea preciso- no es de ayer. Llevamos mucho tiempo manifestando que dicha denominación es engañosa. ¿Por qué ahora?, insistimos en la pregunta. ¿Qué les duele a sus señorías canarias? Permítannos nuestros lectores que seamos nosotros, y no los diputados y diputadas regionales, quienes respondamos. Les molesta que hayamos denunciado su vergonzosa subida de sueldos. ¿Saben ustedes cuánto cobra, por ejemplo, cada uno de los cinco miembros de la Mesa del Parlamento sólo por hacer acto de presencia en la Cámara? Sólo por ir a trabajar, ya que el sueldo lo cobran aparte. ¿Saben ustedes, hombres y mujeres del pueblo canario, agobiados por la situación actual, cuánto han cobrado ayer de dietas sus "señorías" regionales por ir a la calle Teobaldo Power a condenar la sagrada libertad de un medio de comunicación a expresarse libremente? Hablamos sólo de las dietas, los sueldos van por otro lado.

Comprendemos el enfado de las diputadas y diputados. Están demasiado acostumbrados a periodistas dóciles que se portan bien con ellos para que no les pongan mala cara; para que no dejen de soplarles de vez en cuando alguna noticia anodina con la que cubrir el expediente diario. Son como los canarios enjaulados en el amor a la españolidad, que se conforman con el alpiste que les echan y la lechuguita que les ponen para que picoteen. No es ese el periodismo que practicamos en esta Casa. Con todo respeto a las opiniones ajenas, porque en EL DÍA se publican artículos de todas las tendencias, en nuestro periódico decimos que Canarias es una colonia, y que Las Palmas es la gran beneficiada de esta situación. El hablar con claridad nos granjea las simpatías de muchísimos lectores. Por eso somos el diario de más difusión en el Archipiélago. Al menos hoy; mañana, Dios dirá. Un dato insoportable para nuestra competencia, que nos quiere hundir con la difamación pues no puede hacerlo en cuanto a lectores.

Estas son las claves del brutal ataque a la libertad de expresión que sufrimos desde hace algún tiempo, y que tuvo ayer su máximo exponente en la Cámara regional. Una campaña iniciada en el ámbito parlamentario por María del Mar Julios; persona que ha fracasado en política, y que aspira a méritos tardíos para que CC no termine de desaparecer en Canaria. Si esta diputada, que por lo demás siempre ha podido expresar libremente sus ideas en EL DÍA, o cualquier otro miembro del Parlamento, ya sea a título individual o como representante de la Cámara legislativa, considera que los editoriales de EL DÍA ofenden a alguien, insultan a una institución o degradan a una isla por decir que es fea y seca, puede acudir a los tribunales para defender sus derechos. Lo que de ninguna forma cabe en una democracia es una decisión como la adoptada ayer por el Parlamento.

Asunto distinto son las acusaciones de xenofobia y racismo lanzadas contra EL DÍA y su editor por algunos periodistas, políticos y ahora también el Parlamento en sesión plenaria. Suponemos que los servicios jurídicos de la Cámara han hilado fino, pues la xenofobia y el racismo son delitos tanto en España como en Canarias, y acusar de un delito sin pruebas constituye a su vez un delito de calumnias. Sin embargo, no sería la primera vez que dichos servicios jurídicos se equivocan. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió con las expropiaciones para la ampliación del edificio? Lo dicho: esperamos que sus señorías y quienes los asesoran no hayan errado otra vez, porque este asunto no queda así; esto se hincha.

Al final, resulta que tenía razón aquel señor en su premonitoria advertencia durante la cena de Tokío. Ni podíamos imaginar que su poder llegase a tanto, ni que sesenta diputados terminasen por seguirle el juego mientras continúan asegurando que encarnan la voluntad del pueblo canario. (El Día, 25/09/08)




"La vergüenza del Archipiélago", (El Día, Santa Cruz de Tenerife, Editorial)

CON QUÉ DESCARO maltratan a Tenerife dos consejeras del Gobierno de Canarias. Nos referimos, por supuesto, a la titular de Turismo, Rita Martín, y a la de Sanidad, Mercedes Roldós. La actitud de esta última no nos extraña. Como canariona, la señora Roldós está genéticamente condicionada a barrer para su casa. La actitud de Rita Martín, en cambio, resulta menos comprensible. Al ser natural de Lanzarote -lo decíamos ayer-, carece de sentido su excesiva dadivosidad con Canaria, la isla tercera en extensión pero la primera en fealdad. Un territorio desangelado. No nos extraña que el turismo vaya cada vez menos a ella, mientras aumenta en Tenerife. Los visitantes que acuden a Canaria lo hacen engañados. Son infinitos quienes manifiestan su sorpresa apenas se bajan del avión y contemplan un paisaje desértico y sucio. Sólo por este motivo, la consejera de Turismo no debería malgastar el dinero público con inversiones inútiles. Sin embargo, concurre la circunstancia añadida de que Lanzarote, la isla de Rita Martín, sufre también la prepotencia asfixiante de Canaria. ¿Por qué mima usted tanto, señora consejera, a quienes sólo lo quieren todo para ellos?

La isla redonda pierde turistas con razón. Los visitantes con los que cuenta se los debe a las bellezas de otras islas, que atraen a este Archipiélago a doce millones de personas cada año. A eso, y a las políticas estúpidas como las que desarrollaron las niñas de Adán Martín, que favorecieron a una isla paramera y anodina con la nefasta marca única, debe Canaria su cuota de turistas. ¿Por qué un solo destino? ¿Se puede comparar el majestuoso Teide, hoy Patrimonio de la Humanidad, con el ridículo Roque Nublo? Nunca. Pero los canariones lo hacen porque son, además de envidiosos, atrevidos. La isla tercera no es sólo amarilla por sus secarrales, sino también por la envidia. Cualquier parte de Canarias exhibe muchísimas más bellezas.

También nos cansa ya la mentira de la hermandad entre Tenerife y Canaria. Los tinerfeños sólo podemos ser enemigos políticos de aquellos que se empeñan en someternos; de aquellos que, además, perpetúan a conciencia la condición de colonia del Archipiélago, para favorecerse con la presencia en su territorio de las sedes de los partidos españoles. Así prolongan su latrocinio y su expolio permanente a Tenerife.

Canaria debería reprimirse porque como isla es la vergüenza del Archipiélago, que pretendemos unido y armonioso. Lo decimos sin rodeos: estamos hartos de Las Palmas, y ansiamos la soberanía para que la capital esté en la isla más grande, más poblada, más bella y de mayor peso específico, que no es "Gran" Canaria sino Tenerife. La tercera isla sólo sobrevive gracias a sus políticos rapaces. Lobos con piel de cordero e hipócritas predicadores de la unidad interinsular que, a pesar de todo, son capaces de infundir miedo a los ratones de Tenerife. (El Día)