El pasado 18 de julio se cumplieron 80 años del inicio de la última guerra civil entre españoles. Una tragedia que se saldó con cientos de miles de víctimas entre muertos, heridos y desaparecidos, y una postguerra casi más atroz aun en la que los vencedores hicieron gala de una inmisericorde y cruel represión a los vencidos.
Me resultó curioso que la efeméride no despertara excesivo interés académico, editorial ni periodístico. Esa es la razón de que traiga hoy al blog el interesante artículo que el escritor y crítico literario Rafael Narbona publicaba al respecto en Revista de Libros el pasado día 16. Sencillamente, porque me parece oportuno y ecuánime. Espero que les resulte de interés.
Hace ochenta años, la guerra civil española destruyó la ilusión de una modernización política basada en ideales laicos y republicanos, dice Narbona. La coalición encabezada por Manuel Azaña no pretendía llevar a cabo una revolución, sino consolidar las reformas del bienio reformista. Aunque contaba con el apoyo del sector moderado del PSOE, liderado por Indalecio Prieto, y del Partido Comunista, que consideraba prioritario frenar el fascismo mediante alianzas estratégicas, el Frente Popular planteaba medidas moderadas, no revolucionarias. Su programa –o declaración de intenciones– proponía una explotación más racional e igualitaria del sector agrícola, el acceso al crédito de las capas sociales más desfavorecidas, la erradicación del analfabetismo mediante la creación de nuevas escuelas y una descentralización del gobierno que permitiera mayor autonomía regional. Nunca se habló de Estado plurinacional y, menos aún, del derecho de autodeterminación. A diferencia de los falangistas, la izquierda republicana no preconizaba la nacionalización de la banca o la expropiación de los grandes latifundios, sino el fin de las rentas abusivas y los desahucios, así como el derecho a compra de los antiguos arrendatarios. Los anarquistas no se mostraron hostiles con el Frente Popular, pero es evidente que su programa no satisfacía los anhelos del «comunismo libertario». De hecho, no tardaron en manifestar su decepción, acusando al nuevo Gobierno de aplicar una «política burguesa».
El desencanto de la izquierda revolucionaria no fue tan agresivo como las maniobras de la derecha católica y tradicionalista, añade. Gil-Robles y Calvo Sotelo afirmaron que Azaña y sus ministros trabajaban al servicio de la Unión Soviética, preparando una «revolución bolchevique» cuya finalidad era acabar con Dios y con España. Esas palabras sólo constituyeron el preámbulo de una serie de atentados que intentaron liquidar el orden constitucional. El 12 de marzo, un comando de pistoleros falangistas intentó matar al notable jurista Luis Jiménez de Asúa, diputado socialista y uno de los padres de la Constitución de 1931. No lograron su objetivo, pero acabaron con la vida de su escolta, Jesús Gisbert. El 13 de abril mataron al magistrado Manuel Pedregal, que había condenado a algunos de los falangistas implicados en el atentado contra Jiménez de Asúa. Los revisionistas que justifican la rebelión militar aseguran que la «primavera trágica» de 1936 no dejó otra alternativa, pues era la única manera de restablecer el orden y evitar que España se convirtiera en un «satélite de Moscú». Ese argumento omite que la derecha desempeñó un papel esencial en la desestabilización del incipiente Gobierno del Frente Popular, utilizando la prensa para incitar a la violencia. Falangistas y requetés se limitaron a ejecutar una campaña orquestada para provocar la caída de la coalición liderada por Azaña. La primavera de 1936 fue trágica, pero no se caracterizó por una violencia simétrica. Entre febrero y julio, perdieron la vida doscientas sesenta y dos personas. El mes más cruento fue marzo, con noventa y tres muertes. Ciento cuarenta y ocho víctimas militaban en la izquierda. Cincuenta procedían de la derecha y diecinueve pertenecían a las fuerzas de orden público. Se desconoce la filiación política de cuarenta y cinco. No está de más establecer un paralelismo con una situación de nuestra historia reciente. En 1980, ETA cometió cuatrocientos ochenta atentados y asesinó a ochenta y nueve personas. Su campaña de terror causó –además– cuatrocientos treinta y dos heridos, doscientas explosiones, veintidós secuestros, dos asaltos a cuarteles, más de doscientos cincuenta incendios y al menos cien amenazas de bomba. Es un cuadro sobrecogedor, pero que en ningún caso justifica el fallido golpe de Estado de febrero de 1981. En este caso, la responsabilidad moral recae en el independentismo vasco de ideología marxista-leninista. En la primavera de 1936, la violencia no fue unidireccional, sino múltiple y compleja, pero lo cierto es que el clima de crispación e inseguridad no puede atribuirse a las políticas –apenas esbozadas– del Frente Popular, sino fundamentalmente a la resistencia de la derecha a perder el poder.
La interpretación del pasado es una cuestión esencial para la convivencia, particularmente cuando se trata de hechos históricos que han representado una catástrofe moral para una sociedad, continúa diciendo. Lejos de ser un capítulo cerrado, la guerra civil española ejerce una poderosa influencia en el presente, despertando pasiones y enconos. La paz y la reconciliación no pueden construirse por medio de mitos y mentiras, falsificando los hechos. Desde hace varios años, se intenta rehabilitar la dictadura franquista de una forma más o menos velada. Se presenta la rebelión militar de 1936 como una respuesta necesaria al presunto radicalismo de una izquierda revolucionaria y antidemocrática. Se cuestiona el número de víctimas de matanzas tan escandalosas como la de Badajoz y se destacan los logros económicos del régimen, insinuando que establecieron las bases del cambio político y social. Esa perspectiva sería inimaginable en Alemania e Italia, que vivieron bajo la bota del fascismo durante un período más breve, pero no menos destructivo. Impugnar el revisionismo que absuelve al franquismo de un genocidio, no comporta justificar o ignorar la represión del bando republicano, aduciendo que la masacre del clero y los sectores más conservadores constituyó un fenómeno inevitable en una época marcada por la desigualdad y la explotación laboral del campesinado. Sin embargo, hay indudables diferencias. Según Antony Beevor, «el número de víctimas del terror en zona republicana durante el golpe de Estado y la Guerra Civil sería de unas treinta y ocho mil personas, casi la mitad de ellas asesinadas en Madrid (8.815) y Cataluña (8.352) durante el verano y el otoño de 1936» (La guerra civil española, trad. de Gonzalo Pontón, Barcelona, Círculo de Lectores, 2005, p. 127). En cambio, «la represión franquista durante la guerra y la posguerra podría situarse alrededor de las doscientas mil víctimas, cifra que no desacredita del todo los cálculos del general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, cuando juró “por mi palabra de honor y de caballero que por cada víctimas que hagáis, he de hacer lo menos diez”» (op. cit., p. 139).
Franco declaró que ganaría la guerra a cualquier precio y, una vez en el poder, anunció que la represión duraría hasta aniquilar completamente a al adversario, añade más adelante. El 19 de mayo de 1939 dejó muy claras sus intenciones durante el discurso pronunciado el Día de la Victoria: «No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un día, y aletea en el fondo de muchas conciencias». No sabemos hasta dónde habría llegado la represión, sin la derrota del Eje en 1945. En 1940, había casi cuatrocientos mil presos republicanos, condenados o a la espera de juicio. Muchos salvaron la vida gracias al desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que convirtió a la España de Franco es una anomalía histórica. Las vengativas arengas de Franco, justificando la represión en aras de la pacificación del territorio conquistado, contrastan con las declaraciones de las autoridades republicanas. El 3 de octubre de 1936, Julián Zugazagoitia, diputado socialista y ministro de la Gobernación entre mayo de 1937 y abril de 1938, aprovechó su condición de director de El Socialista para condenar los crímenes de la retaguardia republicana: «La vida del adversario que se rinde es inatacable; ningún combatiente puede disponer libremente de ella. ¿Que no es la conducta de los insurrectos? Nada importa. La nuestra necesita serlo». Exiliado en París después de la guerra, Zugazagoitia fue detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades españolas. Durante el Consejo de Guerra celebrado el 21 de octubre, el fiscal reconoció que no había cometido ningún delito, pero lo acusó de «inducir a la revolución» por el simple hecho de ocupar un cargo político. Notables franquistas, como el escritor Wenceslao Fernández Flórez, el falangista Rafael Sánchez Mazas, la viuda de Julio Ruiz de Alda y Antonio Lizarra, capitán de los requetés carlistas, testificaron que Zugazagoitia había salvado muchas vidas, librando a buen número de monjas y sacerdotes de la violencia de las milicias anarquistas. No sirvió de nada. Zugazagoitia fue fusilado el 9 de noviembre junto con otros catorce republicanos en el cementerio madrileño del Este. Entre sus compañeros de infortunio se hallaba el mordaz periodista Francisco Cruz Salido. Se dice que Franco se negó a conmutar la pena de Salido por el carácter satírico de sus artículos. Ni siquiera se planteó el indulto de Zugazagoitia, pues su intención era descabezar a las fuerzas políticas de signo opuesto. Un desconocido (probablemente, un derechista influyente) encargó y pagó una sepultura para Salido y Zugazagoitia, que consistió en una lápida con un relieve de granito con forma de libro abierto con los nombres de los dos ejecutados. El benefactor registró la tumba a nombre de Sabina Marroquina. Hasta ahora han fracasado todos los intentos para descubrir su identidad.
Ochenta años después del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, no hay argumentos sólidos para minimizar las políticas de exterminio de los golpistas, añade. Franco, un general mediocre y tristemente reaccionario, trasladó a España las tácticas de guerra empleadas en Marruecos, inspirándose en la «gesta de la Reconquista». No ofreció tregua ni cuartel, pues su intención era extenuar y aniquilar al enemigo, sembrando el terror. El terror también existió en la «zona roja», con sus checas, paseos y ejecuciones masivas, pero ni los crímenes cometidos por las milicias revolucionarias, ni la responsabilidad de la Junta de Defensa de Madrid en las matanzas de Paracuellos, restan un ápice de horror a una dictadura que torturó y fusiló sin piedad a sus enemigos reales o imaginarios durante cuatro décadas. Franco gobernó mediante el miedo, prolongando el bando de guerra hasta 1948 y proclamando el estado de excepción ante cualquier expresión de protesta. Los piquetes de fusilamiento y el garrote vil funcionaron hasta el último aliento del régimen. No creo que la victoria de la República en la Guerra Civil hubiera desembocado en un Estado totalitario de ideología comunista, pero está claro que sublevación militar exacerbó la impaciencia de quienes reivindicaban una insurrección armada para poner fin a las desigualdades sociales. El pronunciamiento sólo agravó la polarización de la sociedad, impidiendo que nuestro país se convirtiera en una democracia de corte europeo. Incluso hoy perviven las heridas del conflicto en forma de mitos y falacias. La izquierda idealiza la resistencia republicana, eludiendo la cruel represión de la retaguardia, y la derecha intenta limpiar la cara al régimen franquista, rebajando la cifra de ejecuciones y exagerando los problemas de orden público de la España del Frente Popular.
Los ideales laicos y republicanos podrían haber configurado una historia diferente, sin revoluciones ni asonadas castrenses, concluye Narbona. Dicen que Ortega y Gasset votó al Frente Popular, tachando todos los nombres, salvo el de Julián Besteiro. No sé si es cierto o sólo es una leyenda, pero creo que su gesto apunta en la dirección acertada. Desgraciadamente, el reformismo perdió la batalla. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón, mostrando que la convivencia democrática es la única alternativa razonable. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
