El cáncer terminal de la democracia española lo constituye su sistema judicial: anquilosado, burocratizado, decimonónico, ineficaz, y por si le faltara algo, y como se acaba de ver, ¿corporativista?, aunque éste sea un mal endémico muy característico de los altos cuerpos funcionariales españoles (y los jueces lo son, con preeminencia). Desde luego no son ellos, los jueces, los únicos responsables de la situación, y aunque casos como el del juez Calamita, de Murcia, que pone a Dios (su Dios) por encima de las leyes que está obligado a cumplir y hacer cumplir; o el del juez Tirado, de Sevilla, irresponsable por lo que parece del desastre organizativo de su oficina judicial que ha costado la vida de una niña, nos hagan dudar de la clase de elementos a los que la democracia española confía la misión de ejercer el poder judicial del Estado.
Por una vez, y sin que vaya a servir por desgracia de precedente, gobierno y oposición están de acuerdo en el diagnóstico de que el sistema judicial no funciona. ¿Sería mucho pedir que se pusieran de una vez por todas a su reforma en profundidad?
Lo que sigue son opiniones personales del que suscribe y, lógicamente, criticables, pero entiendo que en esa hipotética reforma hay algunas cuestiones que deberían de estar ya, a estas alturas, meridianamente claras para todos:
1.- La misión de los jueces no puede seguir siendo la de instruir procedimientos. Los jueces están para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para hacer que se cumpla la ley, y para proteger los derechos de las partes, incluyendo los de los acusados. Y los fiscales, a investigar, instruir y a poner ante los jueces, en nombre del pueblo, a los que infrinjan la ley.
2.- Todos los procesos de ámbito penal, y aquellos civiles en que por la relevancia o el cargo de los implicados o por la cuantía económica en litigio así lo determine la ley, deberían ser resueltos por el procedimiento del jurado, con la única obligación por parte de éste, de decidir, por su propio concurso, sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
3.- Todos los tribunales colegiados, en especial las Audiencias Provinciales, y los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y el Tribunal Supremo deberían reconvertirse en tribunales unipersonales.
4.- Los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas deberían ser los órganos de casación y apelación en última instancia en cuanto se refiera al Derecho emanado de la propia Comunidad Autónoma. En cada uno de esos Tribunales existiría una sala, colegiada, encargada de dilucidar los recursos de revisión, contra sentencias de los órganos unipersonales del propio Tribunal Superior de Justicia, y de la unificación de doctrina sobre sentencias emanadas del Derecho propio de la Comunidad.
5.- Al Tribunal Supremo de Justicia le correspondería la misma función que a los TSJ de las Comunidades Autónomas, pero únicamente en lo que respecta al Derecho emanado de los órganos del Estado.
6.- La ley debería determinar taxativamente en que casos y bajo cuales circunstancias las sentencias de los órganos jurisdiccionales son recurribles ante los órganos jurisdiccionales superiores. ¡Qué!, ¿nos ponemos a ello?... Sean felices. Tamaragua.
(HArendt)
¡Visto para sentencia!
