En agosto de 1936 fueron asesinados dos amigos por personas de campos políticos enfrentados. Habían compartido los años más fecundos de la vida cultural granadina. Uno, fusilado el 18 de agosto, era Federico García Lorca de quien, es de justicia, sabemos prácticamente todo de su vida y su obra. El otro, Joaquín Amigo Aguado, profesor de Filosofía, católico y conservador, fue arrojado a los nueve días desde los cien metros del Tajo de Ronda por milicianos de la República. Lorca se convirtió en símbolo universal de la barbarie franquista. Joaquín Amigo, con una obra de calibre no comparable, quedó olvidado a pesar de la sólida camaradería que desarrollaron en la Granada intelectual de los años veinte.
Ambos coincidían en inquietudes culturales y fueron claves en el ambiente del que surgió la revista gallo (conscientemente editada en minúscula) siendo Joaquín Amigo, discípulo de Ortega y Gasset, uno de los interlocutores más próximos del poeta. Por encima de sus distintas convicciones ideológicas compartieron con pasión afectos y proyectos de modo que recordarlos juntos trascendería sus biografías y además se cumpliría, sin medias tintas, la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022.
Poco se ha publicitado que, tal y como establece esta ley, el 31 de octubre de cada año es el “día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura”. Casi seguro que el único que celebra esta fecha y cumple con la ley es el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. El 31 de octubre de 2022 incluyó y reconoció, junto a unas 20 víctimas de la represión franquista, la memoria de dos personas asesinadas en territorio republicano, el dirigente reformista Melquíades Álvarez y el sacerdote Adrián de Luz Anchuelo.
Así lo hace cada año y en 2024 este Gobierno homenajeó a Joaquín Amigo Aguado y su inclusión, junto a personas represaliadas de otras ideologías, constituyó un reconocimiento explícito de que la dignidad de las víctimas no depende de su orientación política ni de la identidad de sus asesinos. Este acto institucional merece ser destacado y publicitado e invita a dar un paso más transformando el gesto del reconocimiento oficial en una memoria pública compartida. En el aluvión de actos programados por el 90º aniversario del asesinato de Lorca, muy necesarios, ¿sería descabellado imaginar que Federico, con su generosidad sin límites, no lloraría igualmente por el asesinato de su amigo Joaquín? Más aún, si se trata de convivencia democrática ¿por qué mutilamos la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y no seguimos el ejemplo del Gobierno y se promueve un homenaje conjunto a Federico y Joaquín, precisamente por la amistad que mantuvieron y por el destino trágico que ambos sufrieron?
No se trata de equiparar responsabilidades históricas. La sublevación militar destruyó la legalidad republicana y dio origen a una dictadura que institucionalizó la represión durante décadas. Reconocer esa diferencia decisiva no obliga, sin embargo, a silenciar los asesinatos cometidos en territorio republicano. Tampoco la condena de esos crímenes desacredita los principios democráticos de quienes los defendieron durante la República. En definitiva, la desigualdad de las responsabilidades históricas no implica una desigualdad en la dignidad de las víctimas.
Intelectuales muy respetados como Paul Ricoeur, Tzvetan Todorov o Dominick LaCapra, coinciden en plantear que la memoria de las víctimas exige reconocimiento y también una elaboración crítica que permita comprender lo ocurrido sin perpetuar indefinidamente las divisiones heredadas. Nuestra Guerra Civil constituye uno de esos acontecimientos que desbordaron las experiencias individuales para convertirse en un trauma colectivo y sabemos que sus consecuencias no terminaron en 1939, ni desaparecieron con la recuperación de las libertades democráticas. Han persistido en las familias, en los silencios y en las identidades políticas del presente.
Por eso, la memoria democrática de ningún modo debe repetir el mismo esquema excluyente de la memoria franquista. Si esta aplastó en un fanático y amargo silencio a los adversarios políticos, la memoria democrática no puede silenciar lo que aporta la investigación histórica, esto es, la reconstrucción de las responsabilidades, distinguiendo las formas de violencia y explicando sus circunstancias para contribuir a que el conocimiento del pasado no reproduzca las mismas exclusiones que lo atravesaron. Porque los traumas no se superan borrando las diferencias entre quienes defendieron la legalidad republicana y quienes se sublevaron contra ella, sino impidiendo que esas diferencias determinen qué víctimas merecen un reconocimiento y cuáles permanecen en los márgenes del recuerdo o en un silencio oneroso.
Es muy ilustrativo en este punto el libro de J. Gómez Calvo, Negra historia de un batallón rojo (2026), reconstrucción de la matanza cometida durante la Guerra Civil por una unidad comunista. La reflexión de Antonio Rivera, en un prólogo sobre “Víctimas sin dueño”, resulta pertinente para los casos de Lorca y Amigo, porque advierte contra la tentación de apropiarse políticamente de las víctimas para reforzar determinados relatos del presente. Quizás en la avalancha de memoria sobre Lorca se haya impuesto la comodidad ideológica sobre la realidad histórica, pero sabemos que la violencia de las guerras civiles no se explica con la simple división entre buenos y malos, ni se reduce a una confrontación entre ideologías perfectamente homogéneas.
Intervinieron proyectos políticos enfrentados, incluyendo también sus miedos, las venganzas personales, las rivalidades locales y unas decisiones individuales que la investigación debe esclarecer. Comprender históricamente no equivale a justificar y una memoria democrática no puede basarse en víctimas ideológicamente ejemplares, sino que se apoya en la idea tan profundamente ética de que ninguna persona merece ser asesinada por sus creencias. Por eso es justo recuperar la amistad que Lorca mantuvo con alguien a quien la guerra también destruyó.
La escritora Ana Merino recuperó la figura de Joaquín Amigo en su novela Amigo (2022), con documentos fehacientes de una amistad que sobrevivió a las diferencias políticas. La historia de Lorca y Amigo ofrece una posibilidad muy valiosa para la educación democrática, para enseñar que las diferencias ideológicas no tienen por qué destruir los vínculos humanos y que ninguna causa política puede convertir el asesinato en un acto legítimo. Sería deseable que las instituciones culturales y memoriales, si se autoclasifican de progresistas, siguieran al menos el ejemplo del Gobierno que, cada 31 de octubre, recuerda a víctimas de los distintos campos políticos que se confrontaron en 1936. Para explicar sus vidas, sus ideas y las circunstancias de sus asesinatos para conocer también los contextos y motivaciones de los distintos verdugos.
La convivencia democrática alberga una memoria plural y permite sostener interpretaciones históricas diferentes sin negar la dignidad de quienes piensan de otro modo. Por eso, a mi entender, la memoria de Lorca seguirá incompleta mientras no incorpore el recuerdo de su amigo asesinado también por sus ideas. Recordarlos juntos ampliaría el reconocimiento que el propio Estado inició en 2024 y demostraría que la memoria democrática puede reunir lo que la violencia política separó. Porque Lorca y Amigo fueron asesinados por quienes no soportaban las diferencias ideológicas. Recordarlos juntos sería demostrar que la democracia sí que puede hacerlo. Juan Sisinio Pérez Garzón es historiador, autor de Breve historia de España (Los Libros de la Catarata). Publicado en El País.
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