En 2016, los ciudadanos del Reino Unido decidieron mediante referéndum abandonar la Unión Europea. Cerca de tres cuartas partes de los jóvenes entre 18 y 24 años quería quedarse y votó Remain, pero eran menos y se movilizaron menos que sus mayores, mucho más partidarios de abandonar la Unión. El resultado es conocido: el Leave se impuso con un 51,9% de los votos. Para los jóvenes británicos aquella decisión tendría consecuencias durante la mayor parte de sus vidas: perdieron la libertad automática de estudiar en otro país europeo, se acabaron los Erasmus en París o en Barcelona; quienes estaban al principio de su trayectoria laboral vieron cómo trabajar en la UE pasó a depender de las normas migratorias de cada país; y los efectos negativos que ha tenido el Brexit sobre el comercio, la inversión y la productividad británicos –cuya magnitud exacta es debatible– afectarán durante mucho más tiempo a quienes tenían 18 años en el momento de la decisión que a quienes tenían 70.
El Brexit ilustra bien una asimetría que matiza el principio de una persona un voto: aunque todos los votos cuenten lo mismo, no todos los votantes vivirán durante el mismo tiempo con las consecuencias de lo decidido. Esta asimetría adquiere especial importancia si tenemos en cuenta que algunas de las decisiones más trascendentales a las que nos enfrentamos –el cambio climático, la deuda pública, las pensiones– producen efectos durante décadas y condicionan un mundo en el que los jóvenes vivirán buena parte de sus vidas, pero que los mayores apenas conocerán. El efecto intergeneracional de las decisiones políticas no es, por supuesto, una preocupación nueva, ni mucho menos. Los constitucionalistas llevan años debatiendo sobre la “mano muerta del pasado” (dead hand of the past), es decir, hasta qué punto las decisiones de generaciones desaparecidas pueden condicionar legítimamente la vida de las generaciones presentes. Pero el problema que aquí nos interesa no es el que se plantea entre los vivos y los muertos, sino entre vivos de distintas generaciones que forman un mismo demos; entre una chica de 20 años y una señora de 80 que, en una decisión concreta, tienen el mismo poder electoral, sus intereses cuentan lo mismo, pero sus horizontes temporales frente a las consecuencias de esa decisión son completamente distintos.
Este problema inter vivos se agrava por un rasgo concreto de nuestras democracias: envejecen, y bastante rápido. En la Unión Europea, la proporción de mayores de 65 años pasó del 16,4% en 2004 al 21,6% en 2024, mientras que la de menores de 19 años descendió del 22,4% al 20% (la mediana de edad de la población ha subido cinco años: de 39,3 a 44,7 según Eurostat). En España, los mayores de 65 años representan ya el 21,1% de la población, y el INE proyecta a junio de 2026 que podrían superar el 30% en las próximas décadas. Pero el electorado envejece aún más que la población, por dos razones. Una institucional: aproximadamente uno de cada cinco europeos tiene menos de 20 años y buena parte de ellos no puede votar. Otra volitiva: cuando tienen edad de votar, los jóvenes se abstienen en una proporción muy superior a la de los mayores.
Y así llegamos a la tormenta perfecta: muchas decisiones políticas producen efectos a muy largo plazo, y quienes convivirán durante más tiempo con esas decisiones constituyen una porción relativamente menor del electorado. Es posible que este diagnóstico no impresione. Al fin y al cabo, asimetrías en los efectos de las decisiones democráticas las hay por doquier. Una subida del IRPF no afecta igual a quien gana 20.000 euros que a quien gana 200.000; una reforma de las licencias de taxis afecta sobre todo a los taxistas; y la ampliación de un aeropuerto perjudica especialmente a quienes ven su terreno expropiado. El impacto de las decisiones políticas es casi siempre asimétrico y no consideramos que haya un problema de desigualdad de poder político que deba ser corregido.
Minoría sistemática. ¿Qué tiene entonces de especial la asimetría entre jóvenes y mayores? La particularidad de la edad como variable que genera un grupo identificable es que crea desigualdades que no están circunscritas a una política concreta, sino que atraviesan muchas de ellas y lo hacen siempre en la misma dirección: los jóvenes están sistemáticamente expuestos durante más tiempo a las consecuencias a largo plazo de una decisión política. Por eso tiene sentido, como no lo tiene en otros casos, preguntarnos si institucionalmente debemos dar más peso a sus intereses, teniendo en cuenta, además, que las circunstancias demográficas los convierten en una minoría sistemática.
La respuesta más intuitiva para corregir los efectos del envejecimiento del demos consiste en ampliarlo por abajo, hacerlo más joven, rebajando la edad de voto a los 16 años. Aunque se trata de una medida generalmente impulsada por partidos de izquierda, verdes y liberales, Austria, el primer país de la UE que la aprobó, lo hizo con un amplio respaldo parlamentario. Fijar la edad de voto por debajo de la mayoría de edad tiene sentido como un correlato del hecho de que la edad mínima para trabajar está también por debajo. Sería una manera de igualar cargas y derechos. Además, frente a posibles dudas sobre su madurez, los jóvenes austriacos han mostrado que no son menos capaces que el resto del electorado de votar coherentemente con sus preferencias. Votan igual de bien o de mal que sus mayores.
La cuestión, sin embargo, es si esta reforma permite atajar realmente el problema que nos ocupa y la respuesta es que bastante poco. La rebaja en la edad electoral amplía el demos únicamente en dos cohortes. En las elecciones escocesas de 2016, por ejemplo, las primeras en las que pudieron votar los jóvenes de 16 y 17 años, el censo se aumentó en 80.000 nuevos electores que representaban un 2% del electorado. El desequilibrio generacional siguió siendo considerable: en el censo de 2022, los votantes de 16 a 24 representaban la mitad que los mayores de 65. Los viejos eran, respecto a los jóvenes, mayoría absoluta.
Una segunda opción consiste en dar a los jóvenes el mismo tratamiento que otros grupos sistemáticamente desaventajados como, por ejemplo, las mujeres o las minorías raciales y crear cuotas para ellos. Esta medida no es incompatible con la anterior. De hecho, supone dar un paso más: no basta con que los más jóvenes puedan votar, sino que su escaso peso demográfico y electoral exige mecanismos específicos de representación. Según la Unión Interparlamentaria (IPU), en 2025 solo el 2,8% de los parlamentarios del mundo tenía 30 años o menos. Además, el 37,1% de las cámaras parlamentarias no tenía ni un solo diputado de 30 años o menos. En la actualidad, existen cuotas juveniles en 16 cámaras parlamentarias, casi todas únicas o bajas, que descansan, como todas las cuotas, sobre una premisa discutible: que para representar los intereses de los jóvenes hacen falta representantes jóvenes.
Asimetría temporal. De entrada, conviene cuestionar si es posible dar un sentido preciso a la idea de “intereses de los jóvenes”. Los jóvenes, como las mujeres y los negros, no son un grupo homogéneo con preferencias cognoscibles. El hecho de que compartan una asimetría temporal respecto a otros grupos no significa que coincidan en una posición política. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Los jóvenes vivirán durante más tiempo que los jubilados con las consecuencias de las decisiones que adoptemos hoy sobre su desarrollo y, sin embargo, partiendo de esta idea, unos pueden sostener que su interés es que se acelere al máximo su desarrollo para aprovechar al máximo sus beneficios, confiando en que se creen nuevos trabajos y lleguemos a una sociedad de la abundancia que haga bajar los precios; otros, atemorizados por los riesgos, pueden preferir fuertes restricciones que la frenen. ¿Cuál es el interés de los jóvenes que un parlamentario debería representar? Son varios. Afortunadamente, no en todos los debates andamos dando palos de ciego entre el optimismo extremo y el apocalipsis. Es difícil negar que una multiplicación de la deuda pública para pagar pensiones puede resultar una política muy gravosa para los jóvenes. Pero puede ser que un diputado de 25 años defienda esta política por intereses electorales, y que uno de 60 se oponga a ella con vehemencia. Un estudio sobre los parlamentarios británicos e irlandeses encontró, por ejemplo, que los parlamentarios más activos en cuestiones LGBTIQ+ eran miembros que no pertenecían a esa minoría (1). Como advierte Jane Mansbridge, la representación descriptiva no garantiza la representación sustantiva: compartir una característica con un grupo no implica necesariamente defender sus intereses.
Una tercera posibilidad, mucho más radical, consiste en establecer un límite al derecho de voto por arriba, igual que existe por abajo. En 1970, Douglas J. Stewart publicó el artículo Disenfranchise the Old, en el que sugería la retirada del sufragio a los 70 años. Su argumento aludía precisamente a la asimetría temporal que aquí se discute. Cualquier umbral tiene un componente arbitrario y, medio siglo después, el aumento de la esperanza de vida permitiría elevarlo, por ejemplo, hasta los 75 años. Pero la cifra exacta es lo de menos. La propuesta es arriesgada y plantea una objeción inmediata: ¿no supondría discriminar a los mayores? La respuesta no es evidente. Muchos derechos universales están sujetos a lo que podríamos llamar condiciones de activación o desactivación. El derecho al habeas corpus, por ejemplo, se hace efectivo cuando alguien es detenido; el derecho al salario mínimo, cuando trabaja. El sufragio ya funciona de manera semejante respecto de la edad: es un derecho universal cuya posibilidad de ejercicio se activa al alcanzar una determinada edad. La peculiaridad de una condición de edad es, además, que si vivimos lo suficiente cruzaremos el umbral, tanto el inferior como el superior, si decidimos fijarlo. Esto no elimina de cuajo la preocupación sobre fijar un límite superior pero permite responder a la pregunta sobre la discriminación con otra pregunta: si aceptamos que la edad puede determinar cuándo comienza el ejercicio del sufragio, ¿por qué debemos rechazar de entrada que pueda determinar también cuándo termina?
La objeción más profunda es otra. No todas las decisiones políticas proyectan sus consecuencias durante décadas. Un anciano de 80 años tiene un interés tan inmediato como el de cualquiera en la seguridad de su barrio, por ejemplo. Retirarle completamente el voto para corregir una desigualdad que aparece sobre todo ante decisiones de largo plazo, puede ser una decisión demasiado drástica. Imaginemos una comunidad de propietarios que debe decidir sobre una reforma muy costosa que supone una derrama carísima. Todos deben pagarla ahora para que se acometan las obras, pero los beneficios se extenderán durante décadas. Supongamos, por simplificar, que cinco propietarios tienen menos de 30 años, diez tienen entre 30 y 69 y los treinta restantes superan los 70. La edad genera una asimetría considerable respecto a la exposición a los costes y beneficios de la decisión. Pero imaginemos ahora que la comunidad decide cuánto gastar en la limpieza del edificio durante el próximo año. La asimetría prácticamente desaparece. Una edad máxima para votar, sin embargo, trataría ambos supuestos exactamente igual.
Y por eso, Philippe Van Parijs juzga la retirada completa del sufragio como una medida cruda que supone una especie de muerte política. Su propuesta pasa por mecanismos alternativos más moderados como ponderar el voto por edad. Por ejemplo, conceder un voto adicional a los menores de 60 años, hacer que un voto valga dos a los 18 y pierda un 1% de su peso cada año o, de manera más sistemática, vincular el número de votos a la esperanza de vida restante. Aplicado a nuestro edificio, nadie perdería por completo el derecho a participar: el propietario de 70 años seguiría votando, pero su voto pesaría menos que el del propietario de 25. Esto parece justo cuando se trata de decisiones de largo alcance temporal. Pero cuando se trata de cuestiones inmediatas en las que el tiempo no es relevante, el voto ponderado, si bien evita la muerte política, crea una desigualdad difícilmente justificable: ¿por qué debería contar menos el voto de un jubilado al decidir sobre algo que ocurrirá mañana?
Esta no es una democracia para jóvenes. Intentar que lo sea nos obliga a poner en cuestión la promesa igualitaria que mejor define la democracia: una persona, un voto. Un precio considerable. Jahel Queralt es profesora de Filosofía política en la Universitat Pompeu Fabra. Su último libro es ‘Nadie merece nada. Por qué la izquierda necesita la meritocracia’ (Anagrama, 2026). Publicado en Tinta Libre.
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