Todo sistema democrático reposa sobre la definición del sujeto en cuyo nombre se gobierna. Hace ya casi 250 años, la respuesta que inauguró el constitucionalismo moderno fue “We, the People”. La fórmula sigue siendo hoy el fundamento de legitimidad de las democracias. Pero la teoría política ha dado muchas vueltas sobre cómo se define la parte del pueblo que decide. Para votar quién puede votar hay que haber definido antes quién vota. El demos nunca se constituye a sí mismo. Es necesario un acto previo de cierre en el que se trace la frontera entre el nosotros y los otros. Hoy, fruto de las circunstancias en que nos encontramos por motivos muy diversos, el tema ha vuelto a convertirse en uno de los centros clave del conflicto político contemporáneo.
La historia muestra que la frontera del “nosotros” nunca ha sido un dato natural, sino fruto de una decisión política, y por tanto reversible. El “We, the People” de 1787 nació ya amputado. Excluía a los esclavos, a las mujeres, a los indígenas. Hizo falta una guerra civil y una enmienda a la Constitución para garantizar la ciudadanía a toda persona nacida en el país. En sentido inverso, la Europa de entreguerras mostró como ir estrechando la condición de ciudadano. Las leyes de Núremberg degradaron a los judíos convirtiéndolos primero en ciudadanos de segunda, luego desnacionalizándolos. Hannah Arendt, que vivió aquello como apátrida, concluyó con una idea básica: la ciudadanía es “el derecho a tener derechos”.
Tiene todo el sentido evocar ahora esa historia, ya que la pregunta ha regresado con estrépito. En Estados Unidos, el presidente ha intentado acabar por decreto con la ciudadanía por nacimiento, y ha sido el Tribunal Supremo, citando literalmente a Arendt, el que ha declarado inconstitucional el intento. En Europa, el Parlamento ha aprobado un Reglamento de Retornos que permite internar hasta veinticuatro meses a personas en situación irregular y crear centros de expulsión en terceros países cortando todo posible vínculo potencial de mejora. Una parte del hemiciclo celebró la votación coreando “Send them back!”.
El vector ideológico que resume el escenario es “remigración”. El término, acuñado en los círculos identitarios austríacos y alemanes y adoptado ya sin complejos por partidos con representación parlamentaria en media Europa, incluida España, permite hablar de deportaciones masivas sin pronunciar la palabra tabú. Lo significativo es que no se refiere solo a personas en situación irregular, sino también a residentes legales e incluso a ciudadanos nacionalizados que se consideren “no asimilados”. Se ha llegado a proponer entre nosotros la expulsión de millones de personas, incluidos hijos de migrantes nacidos aquí, y la pérdida de la nacionalidad por “cualquier delito”. Una nacionalidad revocable que, como decíamos, tiene infaustos precedentes históricos. No estamos ante un debate sobre los matices de una política migratoria, sino ante la posibilidad de sustituir el criterio legal por el criterio identitario. No se trata de ver quién tiene papeles y quién no los tiene, sino de distinguir entre quiénes por esencia son “nosotros” y quiénes siempre serán “ellos”.
La ultraderecha continental invoca “raíces judeocristianas” que la historia desmiente y que le sirve para alimentar su islamofobia. Cuando, de hecho, la identidad cristiana europea se construyó en buena medida contra los judíos, de las expulsiones medievales a los pogromos. Europa carece de demos. No hay un pueblo europeo, ni una lengua común, ni una esfera pública común. El “nosotros” europeo apenas comparece cada cinco años en las elecciones al Parlamento, y ni el programa Erasmus u otras iniciativas han conseguido avances claros. La “remigración” permite definirnos por lo que rechazamos. Se entiende así que la ultraderecha —históricamente antieuropea— haya pasado de querer destruir la Unión a aspirar a ocuparla. La Europa fortaleza es una máquina identitaria más potente que cualquier Estado nacional.
Las comunidades políticas siempre tienen fronteras, pero podríamos dibujarlas con criterios que no solo sean el lugar de nacimiento o la sangre. Hablemos más de arraigo, de vínculo, de comunidad cotidiana. La filosofía política contemporánea lo llama ciudadanía social, basada en el tiempo vivido en un lugar, forjada en el trabajo, en la escuela de los hijos, en el cuidado de los mayores. La vida en común genera pertenencia, con papeles o sin ellos. Las ciudades han ido practicando esa lógica defendiendo en los Estados Unidos a sus vecinos de las redadas del ICE; en España, la propia idea del padrón va en esa línea. Quien vive en la ciudad, usa sus escuelas, sus centros sanitarios, sus bibliotecas y trabaja en ella, pertenece a ella.
Renan definió la nación no como una herencia que se posee, sino como un plebiscito de todos los días, fruto de una convivencia que se renueva. Václav Havel decía de Europa que no es un territorio ni un patrimonio, sino una tarea, y que su identidad consiste precisamente en interrogarse sobre sí misma. Una Europa que dejara de preguntarse quién es para responder con listas de expulsión habría dejado de ser Europa en el único sentido que importa. La pregunta por el “nosotros” no admite respuestas definitivas, y esa es su grandeza democrática. Ahora estamos en momentos en que hemos de decidir si “el derecho a tener derechos” es prerrogativa solo de los nacidos y criados o también de los venidos y quedados, de quienes, como reconoce el proceso de regularización, ya están aquí, sosteniendo con su trabajo y su vida cotidiana ese nosotros que algunos quieren purificar. La historia europea conoce las dos opciones. Aún estamos a tiempo de elegir. Joan Subirats es catedrático emérito de ciencia política en la UAB. Su último libro es La brecha entre saber y hacer (Anagrama). El País, 23 de julio de 2026.
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