De un tiempo a esta parte hemos visto reproducidas hasta la saciedad, tanto en televisión como en prensa escrita, las palabras pronunciadas por José Luis Ábalos el 31 de mayo de 2018, cuando presentó la moción de censura contra Rajoy para “sacar de la política la corrupción”. El motivo de tan insistente recordatorio resultaba evidente: se pretendía denunciar la flagrante contradicción entre lo que dijo en sede parlamentaria el que luego sería ministro de Transportes y su conducta real, efectiva, tanto en el plano personal como en el político. No he visto recordadas, en cambio, otras palabras anteriores, pronunciadas concretamente en diciembre de 2015 por Pedro Sánchez en el histórico cara a cara electoral previo al 20-D que mantuvo con Mariano Rajoy, palabras que mantenían un inequívoco aire de familia con las anteriores. Reconozco que a mí me impactaron sobremanera, pero las reproduzco para quien no las recuerde: “El presidente del Gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es [sic]”, le espetó el entonces candidato a la presidencia del gobierno al líder del PP.
Vaya por delante, para evitar enojosos equívocos, que lo que aquí me interesa no es deslizar, de manera más o menos subrepticia, algún tipo de paralelismo entre la situación de ambos dirigentes socialistas, como si de los dos se pudiera predicar una parecida contradicción personal y política. Lo que me interesa es algo muy distinto: resaltar lo que compartían las palabras tanto de uno como de otro, a saber, la apelación a la decencia. Porque tal vez la coincidencia tenga algo de reveladora del signo de estos tiempos que nos está tocando vivir.
Es muy probable que haya quien piense que precisamente uno de los rasgos que mejor define dichos tiempos es la crisis de valores, lugar común donde los haya en los debates éticos. Pero quizá convendría pararse a pensar un momento y plantear la posibilidad de que dicha crisis, cuya existencia nadie en su sano juicio puede negar, resulta susceptible de ser planteada bajo otra luz, distinta a la habitual. Se trataría de dejar de verla como el episodio casi terminal de un viejo imaginario colectivo agonizante, para pasar a considerarla como uno de sus rasgos más persistentes y que mejor da cuenta de su solidez. Dicho de una manera tan vertical como simplista: si no dejamos de hablar de crisis de valores es porque tenemos una clara conciencia de su rigurosa necesidad, de que sin ellos no resulta pensable una vida buena colectiva mínimamente digna.
A modo de refuerzo de esta afirmación se podría aportar el dato, contrastable sin el menor esfuerzo, de que el cuestionamiento de los valores socialmente más aceptados (como podría ser el de la decencia en la gestión de la cosa pública) nunca se hace en nombre de unos hipotéticos valores de signo contrario. De hecho, el reproche que con más frecuencia suelen recibir de parte de sus adversarios quienes apelan a los valores como criterio fundamental, indiscutible, de su práctica política es el de “buenismo”. Se trata de un reproche que no entra en el fondo del asunto, esto es, no cuestiona la idea de bondad en sí misma sino la función que se le hace desempeñar a la hora de tomar decisiones de trascendencia colectiva. Quien lo formula no apela a un valor alternativo sino a una particular manera de entender el principio de realidad.
Con otras palabras, este tipo de críticos no se presentan a sí mismos como unos cínicos carentes por completo de valores, sino como adultos maduros que, frente a la infantil ingenuidad de los buenistas, son plenamente conscientes de la desgarradora dificultad que en muchas ocasiones plantea intentar aplicar a la realidad los más excelsos criterios éticos. Uno de los avales de autoridad al que con más frecuencia recurren dichos críticos para legitimar su actitud es el de Max Weber, de cuya ética de la responsabilidad hacen una lectura pro domo sua, reduciéndola a un mero tener en cuenta las consecuencias de las propias acciones, sin atender a ninguna cuestión valorativa. En todo caso, repárese en que este recurso argumentativo, sustanciado en la fórmula “por responsabilidad” (tan utilizada por los profesionales de la política, en especial cuando se ven pillados en un renuncio), presenta un alcance limitado, al igual que le ocurre al de que el fin justifica los medios. Únicamente resulta de aplicación en aquellos casos en los que el abandono de los valores comúnmente aceptados se hace en nombre de la salvaguarda de los intereses colectivos.
Pero este mismo recurso argumentativo resulta del todo inaplicable para casos como los de corrupción económica, que constituyen un tipo de comportamiento de naturaleza por completo distinta a la de, supongamos, un mero incumplimiento programático. Es evidente que el corrupto desdeña cualquier consideración valorativa porque le importa única y exclusivamente su propio interés. De ahí que los episodios protagonizados por dicha figura representen devastadores proyectiles bajo la línea de flotación de las formaciones a las que pertenece, sin margen alguno de justificación. Porque en los casos de esta corrupción, en efecto, el consecuencialismo weberiano se vuelve en contra de sus usuarios, dado que no hay consecuencias prácticas más devastadoras para el vivir juntos que el imperio del egoísmo generalizado, del sálvese quien pueda en el que, inexorablemente, siempre termina salvándose el más fuerte. De ahí también que, frente a esto, la reivindicación de la decencia no se plantee en términos de un desideratum abstracto sino de una necesidad urgente, ineludible, inaplazable. Porque, por añadidura, dicha reivindicación no es vivida como un anhelo utópico, sino como la nostalgia por algo perdido. Aunque tal vez fuera más preciso decir por algo arrebatado.
Nada tiene de extraño, por regresar ya al punto de partida, que poder endosar al adversario la responsabilidad por dicha pérdida se haya convertido en un objetivo político de primer orden. El elogio de Zapatero por ser presuntamente el presidente bajo cuyo mandato no se había producido ningún caso de corrupción, elogio que en los últimos tiempos tanto gustaba de reiterar Pedro Sánchez, iba, sin duda, en esta dirección, la de extraer rendimientos electorales de la ética. El impoluto comportamiento atribuido al expresidente legitimaba la nostalgia de la decencia, sin por ello incurrir en ninguna variante de pasadismo, puesto que el que ya hubiera tenido lugar convertía en verosímil la posibilidad de recuperarla. Como resulta notorio, las imputaciones de las que recientemente ha sido objeto Zapatero en sede judicial han dado al traste con la formulación más interesada de semejante pretensión (la de que solo el sector político afín al expresidente podía protagonizar dicha recuperación). El jarrón chino, si es que alguna vez fue tal, ha caído de la peana en la que algunos le habían colocado. Ha quedado hecho añicos, sin la menor posibilidad de reconstrucción. Así la cosa, quizá deberíamos intentar minimizar el perjuicio, y aprovechar la experiencia para extraer de la misma alguna lección.
Constituiría un grave error reincidir en alguna de las actitudes más frecuentes en el pasado, con el desencanto o la desafección respecto a la totalidad del sistema en lugar muy destacado. La decepción provocada por la indecencia de la corrupción no falsea en absoluto la expectativa de eliminarla algún día, sino tan solo la selección equivocada que hemos hecho de los que debían efectuar esa tarea. Los cuales no están a la altura de la misma por el mero hecho de que la invoquen con énfasis, sino solo si son capaces de acreditar con su práctica que han interiorizado la exigencia moralizadora que la sociedad no cesa de reclamar. Y únicamente podrán hacerlo quienes, previamente, hayan entendido que la ética es, por definición, prepolítica. Manuel Cruz es catedrático de filosofía y expresidente del Senado. Es autor del libro Resabiados y resentidos. El eclipse de las ilusiones en el mundo actual (Galaxia Gutenberg). El País, 22 de julio de 2026.

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