Salvando todas las distancias —insisto: ¡todas!—, hay algo en la última tragedia ferroviaria que nos remite al 11-M. No porque en ambos casos los trenes fueran los protagonistas, sino por la proximidad de aquel abominable atentado a la celebración de unas elecciones generales. Entonces se trató de un acontecimiento ocurrido apenas tres días antes del día electoral; ahora queda un largo mes de campaña. Pero en ambos casos estamos ante un gobierno acosado por una tragedia en la que la forma de reaccionar, de gestionarla, resulta fundamental. En 2004, el error fue la falsa y persistente imputación del atentado a ETA para evitar la posible conexión de aquel atentado con la posición de dicho Gobierno en la guerra de Irak; ahora, se ha de confrontar la responsabilidad por la sucesión de dos espantosos accidentes mortales y por las muchas dudas que estos han suscitado sobre la gestión, el mantenimiento y la inversión en lo que hasta entonces constituía uno de los logros colectivos de nuestro país, la red de alta velocidad.
Si la gestión de toda catástrofe es un desafío para cualquier político, hacerlo sintiendo la inminencia de elecciones en el cogote se vuelve doblemente complejo. Aquí ya no cabe confiar en el olvido, el paso del tiempo como atenuante de la indignación. La exigencia de rendir cuentas se agranda y duplica: por el desastre en sí mismo, y por todo lo realizado —o dejado de hacer— durante la legislatura. Esa simultaneidad es lo que hace incomprensible e indignante que el ministro Puente no haya asumido el deber que imponen las normas más elementales de la democracia, la asunción de responsabilidades políticas: dimisión inmediata en vez de persistir en seguir bajo los focos, con sus evidentes consecuencias electorales.
Resulta, además, que el actual ministro ocupa el mismo cargo que Ábalos, con lo cual vuelve la memoria de lo que el Gobierno tanto trató de echar al olvido. Ambos en uno de los ministerios centrales de la Administración del Estado. Doble agravio para los ciudadanos y para su propio partido. Como no soy dado a descalificaciones categóricas, quiero detenerme en una importante lección que cabe extraer de esta tragedia, y que este ministro simboliza mejor que otros. Me refiero a esa insistencia casi patológica en el enfrentamiento como método privilegiado de práctica política: el conflicto y la obsesiva descalificación del contrario como vía principal para captar la atención. Es una actividad que encuentra el terreno propicio en esta sociedad del espectáculo y el esparcimiento, que ha terminado por devorar cualquier espacio para la reflexión profunda y serena.
Ante la inminencia de la campaña, el trauma sufrido nos ha despertado a una certeza: hay que pasar de la política del espectáculo, la infantilización institucionalizada, a la política de la gestión, la administración eficaz de toda la vida. Esto no excluye las diferencias ideológicas, porque el logro de la eficacia no es incompatible con proteger más a unos sectores o grupos que a otros. Pero necesitamos que los trenes y todos los demás servicios públicos funcionen. Por eso queremos que los cargos públicos estén ocupados por los más capacitados, no los más leales compañeros de partido o que, cuando las circunstancias lo exijan (como es el caso de la vivienda), los adversarios sean capaces de cooperar, no hacer primar lo que creen que les resulta más beneficioso políticamente. Ya no estamos para banalidades, simplificaciones ni promesas sin sustento. Queremos saber cómo se va a financiar cada una de ellas o de qué otros gastos se van a restar. Cuentas claras. En un mundo en el que todos nos prometen todo, el resultado ante la imposibilidad de hacerlo realidad solo puede ser la frustración y el desencanto. Fernando Vallespín es politólogo. Publicado en El País


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