Hace dos años Valencia se sintió desprotegida la tarde y la noche de la dana, cuando la alarma sonó con el agua ya dentro de las casas. También se sintió así en los días siguientes, mientras miles de voluntarios llegaban a pie donde los poderes públicos aún no lo habían hecho.
Desde entonces nos ha visitado demasiadas veces una sensación parecida, aunque fuera a menor escala. La tuvo la península entera el 28 de abril de 2025, a oscuras desde el mediodía del apagón. La tuvieron los pueblos de Ourense, León y Zamora en agosto de 2025, con vecinos apagando llamas con lo que tenían a mano, y los de Ávila, Toledo o Guadalajara este verano. La tuvo Ceuta cuando decenas de miles de personas cruzaron en dos días, y la tiene hoy con la ciudad desbordada.
Y algo desprotegido se siente quien se sube a un tren hoy, sí. Son más de cien muertes en menos de un año en una misma línea. No es algo que puedas resolver con una probabilidad de accidente y ya. “Es un medio seguro” puede sonar plausible y a la vez fuera de lugar: nadie se sube a un tren comparándolo con la A-3 o con saltar en paracaídas, sino con lo que ha conocido (una alta velocidad puntual, segura, fiable). Angrois, en 2013, se vio como una excepción terrible. Los de 2026 se leen en conjunto, y de alguna manera con todo lo demás.
Estos episodios tienen orígenes distintos y responsables diferentes, lo sé. Pero también un hilo común: un shock de partida complejo; una reacción que se sintió insuficiente; y, sobre todo, cosas que se podrían haber hecho para evitar buena parte del daño.
ES-Alert estaba disponible y no se usó. Los proyectos para el cauce desbordado en Valencia estaban redactados. Los mecanismos para que la red asumiera bien el incremento de renovables, solicitados por expertos, operadores y Red Eléctrica desde hacía años. En Ceuta, la Delegación del Gobierno advirtió por escrito de una entrada masiva “altamente probable”, y el CNI avisó de las convocatorias. En el monte, los expertos llevan años diciéndonos que la clave contra los incendios es cambiar cómo poblamos y usamos el territorio. Y en la alta velocidad a Andalucía, los maquinistas avisaron por escrito en 2025 del deterioro de la vía, y el sistema de señalización de 1992 que falló en Urda tenía su sustitución licitada desde 2020.
Todo esto desemboca en un diagnóstico difuso pero tangible, que creo que atraviesa a toda la sociedad: el de un Estado que no llega, que no da. Se aprecia en las catástrofes, pero también en las carencias de cada día: la vivienda que falta pero no se construye, el cercanías que no llega, la plaza de educación infantil que no existe, el centro de atención primaria saturado.
Como dijo Alicia González en este periódico: un país de casi cincuenta millones de personas con una infraestructura dimensionada para cuarenta.
Esos éramos en el año 2000, cuando culminaba un ciclo de inversión en nosotros mismos. La España que salió de la crisis de los setenta y de la reconversión se hizo a sí misma entre mediados de los ochenta y finales de los noventa. Transformó Barcelona y Bilbao por completo. Montó la alta velocidad, con el Madrid-Sevilla de 1992 en el que se han sucedido las dos tragedias. Multiplicaba las autovías en el sistema de carreteras. Universalizaba la sanidad y cambió ambulatorios por centros de salud. Y terminaba de media más de 80.000 viviendas protegidas al año, con un pico de 114.000 en 1985.
Todo eso fueron inversiones para el país de entonces. Pero el de ahora es distinto. No solo somos más: los retos son más complejos. Un clima que ya no es el que era, que convierte un barranco seco en una riada y un verano a la vez cálido y de fuertes vientos en una sucesión de incendios. Una red eléctrica que debe soportar que estemos electrificándolo casi todo, porque es la manera más eficaz de descarbonizar nuestro consumo energético. Ciudades que concentran cada vez más interés: porque son nuestro mejor invento para que las ideas salten de una cabeza a otra, y todos (nativos o no) queremos ser parte de esa cadena de valor. Una población que envejece y que, al mismo tiempo, crece por la inmigración, con esa doble presión demográfica sobre los servicios públicos de primera línea.
Para abordar todo esto hay que invertir en el país que viene. Pero si sumamos varias legislaturas (de ambos colores) lo que nos sale es que, en euros reales, invertimos en infraestructuras un 25% menos que en el año 2000. La inversión pública cerró 2025 en el 2,9% del PIB, frente al 3,7% de media europea, y eso con los fondos europeos post-pandemia (que se agotan este año, y de cuyos préstamos renunciamos a tres cuartas partes) empujando. La parte que va a infraestructuras ha pasado del 61% del total en 2009 a menos del 38%. En lo social no hemos ido a más: sanidad y educación pesan sobre el PIB lo mismo o menos que en 2009, con más población y más envejecida, y por cabeza seguimos por debajo de Europa y la OCDE.
Lo que nos queda en lugar de un nuevo plan ambicioso, lo que sí tenemos ante los nuevos desafíos, son muchos “no”. De derechas: que no entren más inmigrantes. Que no se pongan más placas ni molinos, que ya vimos lo del apagón. También de izquierdas, claro: que no circulen tantos trenes de tantas compañías (deshagamos la liberalización). Que no se construya en zonas inundables (sea “inundable” cada diez o cada quinientos años: como si fuera lo mismo). Vamos, que elijamos entre decrecimiento económico y retraso social.
Resulta que a un Estado incapaz solo le queda el recurso de instalarse en el no. Pero lo que necesitamos es lo contrario: un Estado que cumpla, y llegue. Recuperar la idea de progreso que lo impulsó en décadas anteriores. Esto, antes que nada, exige prioridades claras, y la mas urgente son ciudades y transportes a la altura de una nueva ambición. Eso significa vivienda protegida entendida como infraestructura, para cubrir el déficit abrumador que sufren sobre todo los perfiles más vulnerables, expuestos al hacinamiento en las periferias. Y servicios bien dotados para una vida con oportunidades: transporte cercano, educación desde los 0 años, sanidad, seguridad.
Cumplir también es mantener bien lo que ya construimos. El mantenimiento no se inaugura, y por eso nunca era prioritario. Pero creo que la acumulación de accidentes y mal funcionamiento, también en las redes convencionales, ha creado los incentivos políticos para centrarte en ello.
El cambio climático también se enfrenta haciendo. ¿Qué inversiones nos van a permitir manejar la próxima dana o el próximo verano de máximos? Cosas como barrancos encauzados, montes gestionados, o aire acondicionado.
Todo esto necesita energía barata y confiable. Tenemos las condiciones para ello: sol, viento, territorio y capacidad instalada. Ahora el foco debería estar en la red y las conexiones.
Sí: esto va a costar dinero. Podemos pensar en deuda, impuestos y colaboración público-privada. Pero quizás debemos empezar por fijarnos en que el gasto hoy mira al pasado y se lleva parte de lo que podría ir al futuro: la factura anual de las pensiones ha crecido en unos 75.000 millones desde 2019. Solo esto ya supera la inversión de las administraciones públicas en 2025.
Sumadas, estas acciones empujarían la productividad y las oportunidades. Pero también nos harían sentir más tranquilos, más protegidos, y más esperanzados para ir hacia adelante con un nuevo Estado capaz. Jorge Galindo es sociólogo. Publicado en El País.
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