Una democracia funciona bien cuando cualquiera puede ganar las elecciones y quienes pierden aceptan la legitimidad de los ganadores; deben darse las condiciones para que a nadie se le impida ganar y que quien ha perdido pueda aceptar el resultado electoral. En ocasiones no se dan estas condiciones, pero incluso cuando las elecciones se han desarrollado con normalidad democrática sigue habiendo actores que no aceptan su derrota, no reconocen la victoria del adversario y declaran ilegítimo al Gobierno que surge del resultado electoral. Se produce una peculiar degradación de la vida política cuando no contamos con eso que Christopher Anderson denominó el consentimiento de los perdedores. Una de las propiedades más importantes de la democracia es que, más allá de la mera existencia de la oposición, se asegure la lealtad de quienes deseaban otro gobierno, de las minorías que han quedado fuera de la mayoría gubernamental, de manera que sus decisiones —por muy contrarias e incluso equivocadas que les parezcan— sean consideradas vinculantes y legítimas también por parte de quienes no están a favor del gobierno.
Hay ocasiones en las que es muy difícil aceptar la derrota y quien pierde tiene todo el derecho de impugnar el resultado. Me refiero a las manipulaciones electorales y a la modificación ventajista de las reglas de la competición. En Estados Unidos hay una larga tradición de modificar los distritos para maximizar las ventajas electorales (una distorsión que se conoce como gerrymandering), algo que también se ha llevado a cabo en otros países.
Pero los casos más preocupantes son aquellos en los que se impugna el resultado de las elecciones sin aportar ninguna prueba que justifique esa impugnación. Guardamos en la memoria el asalto al Capitolio de Washington en 2021 y a las instituciones de Brasilia en 2023. Una versión preventiva de esta deslegitimación del triunfo ajeno es anticipar un posible fraude a través del voto por correo o la sospecha de que la regularización de emigrantes obedezca a la pretensión de modificar el censo electoral. Esta anticipación no necesita una prueba; le basta con crear un estado de opinión para justificar una posible retirada de reconocimiento en el caso de una futura derrota. Hay en amplios sectores sociales una creciente incredulidad en el funcionamiento ordinario de las instituciones y una desmesurada credulidad ante cualquier explicación conspiratoria. Ciertas formas de populismo viven en esta contradicción: se alimentan de la desconfianza social que ellos mismos generan, aunque su comportamiento no la justifique. De hecho, Trump no dejó de utilizar el voto por correo en las elecciones del Estado de Florida y Feijóo defendió una regulación de emigrantes cuando era presidente de la Xunta de Galicia muy similar a la que ahora ha puesto en marcha el Gobierno y que ha calificado como ingeniería electoral. Por supuesto que la limpieza de las elecciones no dependerá de que se cumplan determinados requisitos sino de que ganen quienes han alimentado la sospecha. No se conoce el caso de alguien que haya lanzado esas acusaciones y las mantenga después de ganarlas; solo valen si se pierden. Lo que cabe adivinar cuando se anticipa esa sospecha es que la oposición intuye que no está tan clara su victoria en las próximas elecciones.
Hay unas razones estructurales en nuestra cultura política (o incultura) que explican el hecho de que se haya extendido tanto la desautorización de los resultados electorales. Vivimos en una cultura de la urgencia, de la satisfacción inmediata y las recompensas en el corto plazo que está abreviando despiadadamente la vida política de los candidatos. Antes, con ritmos políticos más lentos, quien perdía unas elecciones sabía que gozaría de nuevas oportunidades en el futuro. Hoy hemos tensado tanto nuestras demandas de éxito que partidos y electores apenas conceden nuevas oportunidades; al primer fracaso se declara agotado el liderazgo y se lo remplaza. El mandato político es considerado como una especie de “última oportunidad” que ha de aprovechar quien gobierna y quien está en la oposición. Esta prisa explicaría algunos errores de los que han ganado, que a veces gobiernan como si no hubiera un mañana, y de una oposición que actúa confundiendo la construcción de una alternativa con la destrucción de la mayoría gobernante. Como en muchos otros aspectos de la vida, solo hay manuales para ganar y nadie te prepara para gestionar bien la derrota. La democracia necesita gobernantes competentes y gobernados críticos, pero también requiere perdedores a la altura de la situación. Necesitamos unos buenos perdedores tanto o más que buenos ganadores. Un buen perdedor es aquel que reconoce la legitimidad de quien ha ganado y juega sus cartas en la oposición sin poner en peligro los procedimientos que le permitirían volver a gobernar. Es más difícil hacer una buena oposición que gobernar y se acredita para esto quien ha sabido hacer aquello.
Da la impresión de que no terminamos de entender que ganar es lo que pasa antes de perder y que perder es el preludio de una futura victoria. Una democracia se caracteriza porque no hay nada definitivo. Ganar y perder son algo provisional, aunque la ansiedad de los actores políticos lo experimenten como una última oportunidad (de acabar definitivamente con la corrupción, de asaltar los cielos, cambiar o asegurar el régimen actual, salvar la democracia o la nación) y, de su fracaso se seguiría la muerte política personal y la definitiva desaparición de los valores que pretenden monopolizar. Que los perdedores no reconozcan la victoria justa dice mucho de la gravedad de la fractura social, algo más serio que eso que llamamos polarización. El respeto a los adversarios es necesario para que, ganen o pierdan, formen parte de nuestra comunidad política. Y eso es lo que delata la retirada injustificada de legitimidad al adversario: que en el fondo pensamos que no son de los nuestros, que solo son tolerables en posición subordinada.
En España el consentimiento de los perdedores tiene un carácter asimétrico. Todos perdemos mal, por supuesto, pero solo la derecha, cuando pierde, en vez de ejercer su derecho y obligación de criticar al nuevo Gobierno lo declara ilegítimo desde el principio. Esto explica que el tensionamiento de la vida política sea como una corriente alterna, más intenso cuando la derecha está en la oposición, como si gobernar fuera su estado natural y ser desalojada del poder, una anomalía. En ocasiones esta tensión ha sido y es insoportable, pero me pregunto qué grado de toxicidad y qué crisis de gobernabilidad podría producirse si la retirada del consentimiento de los perdedores fuera general, en la derecha y en la izquierda; si una eventual victoria de la derecha en unas próximas elecciones no fuera entendida por la opinión pública progresista como resultado de que los electores hubieran preferido las alternativas ofrecidas por la derecha, sino la consecuencia de un brutal asedio a la actual mayoría gobernante, con la colaboración interesada de otros actores de carácter policial o judicial que estuvieran haciendo lo que pueden para alterar las reglas del juego. Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la UPV-EHU y titular de la cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia. Su último libro es El futuro de la democracia (Galaxia Gutenberg). El País, 13 de julio de 2026.
