No dejemos que los “tecno-autócratas” se adueñen del imaginario del futuro. Con esta frase resume el investigador Lucas Chancel, codirector del Laboratorio sobre las Desigualdades Mundiales, creado por el economista Thomas Piketty en 2007, la intención que subyace al “proyecto de justicia mundial” publicado el jueves 4 de junio y al que Mediapart tuvo acceso con antelación.
Un título ambicioso para una iniciativa un tanto descabellada: trazar una hoja de ruta para hacer del mundo un lugar más justo de aquí a 2100, a pesar de las limitaciones y amenazas del cambio climático. Esta gran reforma, sintetizada en un informe redactado por más de 40 investigadores, pasaría por la creación de un “fondo para la justicia mundial”, financiado mediante la tributación de los multimillonarios (sobre su capital y sus ingresos) y redistribuido a los países en función de su riqueza per cápita.
Ese maná —equivalente al 10% del PIB mundial gastado cada año— serviría para financiar políticas progresistas de reducción de la jornada laboral, de refuerzo de los sectores de la salud y la educación, así como la transición hacia un sistema energético descarbonizado. Una especie de “tasa Zucman ampliada”, mediante el cual ya no se trataría solo de luchar contra la evasión fiscal, sino de refundar la arquitectura de la economía mundial.
Al término de este ambicioso proceso de redistribución, los países ricos y pobres convergerían hacia un nivel medio de ingresos comparable: 5.000 euros de renta nacional bruta al mes por habitante, en lugar de la diferencia actual de 1 a 16 entre los países del África subsahariana (290 euros) y los de América del Norte y Oceanía (4.590 euros).
El mundo se volvería así menos desigual: la parte de la riqueza mundial del 50% más pobre pasaría del 2% al 30%, mientras que la de los multimillonarios se reduciría del 6% al 0,05%. “Casi el 90% de la población mundial duplicaría sus ingresos trabajando la mitad de lo que trabaja hoy”, escriben los autores del informe.
¿Un flagrante caso de pensamiento mágico o una apuesta populista? Lucas Chancel lo niega: “A principios del siglo XX se trabajaban 3.200 horas al año, pero hoy en día solo 1.600 horas al año en los países ricos. […] Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral en Europa a cuatro o cinco horas al día. Algunos dirán que es una locura. Pero ya hemos reducido a la mitad las horas trabajadas a la semana desde principios del siglo XX. Y con el desarrollo de la IA, ¿cómo no pensar que todo esto va a cambiar profundamente otra vez?”.
Para los 45 investigadores que han participado en este trabajo prospectivo, es posible demostrar, con cifras, que las políticas de redistribución económica son compatibles con las medidas de fuerte descarbonización del sector energético.
“¿Se puede lograr progreso social bajo la presión de actuar contra el cambio climático? La respuesta es sí”, asegura Chancel, “pero con tres condiciones: una fuerte reducción de las desigualdades entre países y dentro de los países, con mucha más sobriedad y llevando a cabo la transición energética”.
El colectivo de especialistas se basa en lo ocurrido durante el siglo pasado: “En el siglo XX fue posible una reducción muy significativa de las desigualdades”, recuerda Chancel, retomando una de las principales tesis de Thomas Piketty. “Cosas que parecían utópicas a principios del siglo XX —la Seguridad Social, el impuesto progresivo sobre la renta, la educación para todos— se han convertido en algo totalmente habitual”
El programa del Laboratorio de Desigualdades Mundiales se basa pues en una apuesta paradójica: seguir con la tendencia a largo plazo del siglo XX de reducir las desigualdades y reconocer los derechos sociales, pero romper con el actual laissez-faire tan favorable a las grandes fortunas y a los poderosos.
Se trataría de crear un nuevo sistema de tributación de los ultrarricos: un sistema fiscal doble, para gravar tanto el capital que poseen los multimillonarios como sus ingresos. El tipo impositivo sobre el patrimonio (bienes inmuebles, participaciones en sociedades, títulos financieros, etc.) se fijaría en el 1% para las personas que posean el equivalente a 20 veces la riqueza media mundial por persona (2,2 millones de euros en 2026), el 3% para los niveles 50 veces superiores, el 5% para los 100 veces superiores… hasta el 20% para quienes posean el equivalente a 5.000 veces más que la media mundial individual (550 millones de euros). Entre el 1,3% y el 1,5% de la población mundial estaría sujeta a este impuesto hasta 2050. El Fondo para la Justicia Mundial sería una especie de antítesis del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En cuanto a los ingresos, se crearía un impuesto mundial: un tipo del 5% para las personas que perciban unos ingresos 10 veces superiores a la renta media disponible por adulto en el mundo, del 40% para 50 veces, del 70% para 500 veces y del 90% para 5.000 veces (110 millones de euros).
En los países ricos, entre el 10% y el 20% de la población podría salir perdiendo económicamente, pero se beneficiaría de las ventajas de la sobriedad, de más tiempo libre y de la preservación de la habitabilidad del mundo. O puede que se lo crean. Esta batalla estará en el centro de las luchas sociales y políticas venideras, reconocen los autores de este informe.
El dinero de este proyecto de justicia mundial sería recaudado por una nueva institución internacional, el “Fondo para la Justicia Mundial”, que se asemeja a una especie de antítesis del Fondo Monetario Internacional (FMI) tal y como lo conocemos hoy en día.
En lugar de someter a los países pobres a planes de ajuste estructural destructivos para pagar sus deudas, este fondo les proporcionaría las subvenciones necesarias para la creación de empleo en los servicios esenciales: educación, salud, electrificación del transporte, abandono de las energías fósiles, etc. También se beneficiaría de los rendimientos de la inversión de otra nueva entidad, el “Fondo Soberano Mundial”.
Esta ingeniería técnico-burocrática no podría ser más que una herramienta que habría que poner en marcha en apoyo de fuertes movilizaciones sociales por mayor igualdad y menos caos climático. Prepararlas desde ahora implica una apuesta optimista: confiar en que llegarán a ver la luz. ¿No choca esto con las realidades del conflictivo mundo actual, marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, los ataques estadounidenses contra Irán y el genocidio en Gaza?
No, responde Cornelia Mohren, doctoranda en desigualdades climáticas y coautora del informe: “Existe un fuerte rechazo a las injusticias y esto genera frustración en muchas sociedades. Hay por tanto una gran necesidad de contar otras historias a estas personas. En nuestro informe, cuantificamos quiénes son los ganadores y los perdedores de este nuevo sistema redistributivo y vemos que, incluso en países ricos como Estados Unidos, las personas pobres verían aumentar sus ingresos en las próximas décadas”.
Según Lucas Chancel, “nuestra época se caracteriza por una ultraconcentración de la riqueza de los multimillonarios a un nivel nunca visto en la historia. La presión climática también es única en la historia. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es aquí donde necesitamos pensar en el futuro de manera positiva y recordar los momentos históricos en los que se redujeron las desigualdades”.
¿Qué posibilidades tienen estas ideas de ser adoptadas por las fuerzas políticas? Los autores del informe abogan por la creación de nuevas alianzas con los Estados que tuvieran interés en ello, incluso sin la participación de Estados Unidos.
Países a favor de la creación de una convención de la ONU sobre fiscalidad (Global Tax Justice); tasa internacional a los superricos defendida por el presidente brasileño Lula y el presidente del Gobierno español Sánchez; compromiso del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a favor de un IPCC de las desigualdades para que los científicos trabajen siguiendo el modelo de lo que se hace con el clima, "iniciativa de Bridgetown" impulsada por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para reforzar la financiación destinada a los países del Sur global ante el caos climático, etc.
Para Chancel, ya está tomando forma una nueva geopolítica de la demanda de justicia fiscal. ¿Qué lugar querrá ocupar en ella la Unión Europea, con sus países ricos y sus gobiernos cada vez más hostiles al reparto de la riqueza?
El Fondo para la Justicia Global es objeto de debate durante una conferencia en la Paris School of Economics hasta este sábado. No se espera la presencia de ningún candidato a las elecciones presidenciales francesas. Pero sí estará presente una estrella de la literatura de anticipación: Kim Stanley Robinson, exitoso escritor estadounidense y autor de El Ministerio del Futuro, una gran obra sobre el caos climático cuyos protagonistas acaban encontrando una solución mediante la regulación y la creación monetaria. El futuro dirá si este patrocinio literario fue un buen augurio. Jade Lindgaard es analista política en Mediapart. InfoLibre, 5 de junio de 2026.
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