Algunos de ustedes se acordarán de que, muy a finales de los años ochenta, Juan Guerra fue acusado de corrupción. Esto terminó provocando la dimisión de su hermano Alfonso Guerra, por entonces vicepresidente del Gobierno. Fue quizás el primer gran escándalo de corrupción de la por entonces adolescente democracia española.
Pero tal vez no se acordarán de que Juan Guerra fue declarado no culpable hasta en siete ocasiones de los cargos relacionados con corrupción. ¿Cómo acordarse, si nos escandalizan las acusaciones de todo tipo contra políticos, pero no sus absoluciones? Tampoco se acordarán, a pesar de que es algo muchísimo más reciente, de que Francisco Camps, antiguo presidente de la Generalitat valenciana, ha salido absuelto de todas las acusaciones por corrupción que fueron difundidas por buena parte de la prensa e hicieron las delicias de los muy numerosos yonquis del escándalo.
Pero la llaga donde quiero hurgar no es tanto la de que al final se demostrara la inocencia de Guerra y Camps. Me interesa indagar más bien en las fuentes que alimentan esta adicción nacional al escándalo, fuentes entre las que figura, de manera preeminente, una confusión alrededor de la presunción de inocencia.
Y nadie ha contribuido más a este embrollo, me temo, que el gremio periodístico. La cosa funciona así. El periodista de turno, sobre todo en tertulias, dizque para protegerse de posibles querellas por injurias, se pronuncia así: “Zapatero cobró presuntamente una cuantiosa comisión por haber influido en el rescate de Plus Ultra”. Al no afirmar su culpabilidad y referirse sólo a delitos que presuntamente habría cometido, el periodista cree estar respetando la presunción de inocencia.
Pero lo que el receptor del mensaje absorbe, y con razón, es que Zapatero es presuntamente culpable, pues aquello respecto de lo cual se suspende momentáneamente el juicio es su culpabilidad, no su presunta culpabilidad. Esta última, de hecho, se afirma incluso con rotundidad. No hay mucha diferencia entre ser culpable y ser presuntamente culpable, sobre todo cuando aprieta el síndrome de abstinencia y asoma en el horizonte un buen escándalo. Pero sí hay mucha diferencia entre ser tratado como presuntamente culpable y ser tratado como presuntamente inocente.
Esta es mi propuesta: habría que referirse periodísticamente al expresidente como “el presuntamente inocente Zapatero” o, si prefieren, diciendo: “A Zapatero se le investiga por haber cobrado una cuantiosa comisión por haber influido en el rescate de Plus Ultra, acciones respecto de las cuales es presuntamente inocente”. Tomarse en serio el Estado de derecho es, en este momento del procedimiento, referirse a las acciones por las que es imputado no como los delitos que presuntamente habría cometido —que es lo que ocurre en tertulias y columnas—, sino como delitos de los que se le acusa pero que, a la espera de que se desarrolle la fase probatoria, presuntamente no habría cometido. Suena raro. Pero no lo es.
Se me dirá que lo anterior son quisquillosidades sin importancia. Y yo les responderé que es casi lo único que importa en el momento de la investigación. Los periodistas que, queriéndolo o sin querer, se apoyan en la presunción de culpabilidad para informar u opinar son los camellos que proporcionan la droga barata, socialmente autodestructiva y políticamente corrosiva que consumen los adictos al escándalo. Alfonso y Juan Guerra o Francisco Camps cayeron porque fueron descritos como presuntos culpables. Esto es más lacerante cuando se termina demostrando que eran inocentes. Pero, en realidad, es igual de grave cuando se acaba demostrando que alguien sí es culpable.
También se me dirá que nada cambiará si los periodistas se refieren a las acciones por las que es imputado el expresidente como acciones en relación con las cuales “Zapatero es presuntamente inocente”. Y es que el escándalo es la imputación misma. No lo sé. Mi impresión es que, al igual que uno no está legalmente casado si no pronuncia un “sí” en voz alta y delante de todos, uno no se convierte en carnaza hasta que los periodistas al unísono y en voz alta te tratan como presuntamente culpable. No cuestiono la relevancia periodística de la imputación de un expresidente. Tampoco que alguna dosis de escándalo es inevitable en una imputación de este tipo. Sólo disputo la sintaxis elegida para informar al respecto.
Por último, hay que señalar la extraña contribución del juez Calama al asunto. Como recordaba Jordi Ferrer (“¿Se está respetando la presunción de inocencia del expresidente Zapatero?”, Agenda Pública, 26 de mayo de 2026), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció recientemente que no se puede atribuir concluyentemente la comisión de un delito en una etapa preliminar del procedimiento penal. Pero esto es, a grandes rasgos, lo que ocurre en algunos pasajes del auto del juez Calama, en los que se afirma que Zapatero, ya en esta fase, es nada menos que un jefe de jefes.
Queridos jueces: pónganselo más fácil a los periodistas y ayúdennos a quienes creemos que, en relación con el cargo de traficar con la droga que agrava la adicción nacional al escándalo, los periodistas son presuntamente inocentes. Pau Luque es investigador de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su último libro es Ñu. Un problema para cada solución (Anagrama). El País, 1 de junio de 2026.
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