De la democracia y la amnistía

 

Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz martes. Mi propuesta de lectura para hoy, del sociólogo José María Maravall, va de la democracia y la amnistía. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos. harendt.blogspot.com

La democracia y la amnistía

JOSÉ MARÍA MARAVALL - El País

22 SEPT 2023 - harendt.blogspot.com

Vivimos tiempos políticos esperpénticos. En estos días, el candidato cuyo partido obtuvo más votos en las elecciones del pasado 23 de julio acude a una investidura. Al reclamarla, olvidaba que el sistema político español no se rige por reglas mayoritarias, pues afortunadamente se desechó la ocurrencia de Manuel Fraga en el debate constitucional (cabe imaginar cuáles hubieran sido sus desastrosos resultados para la estabilidad democrática en circunscripciones como Gipuzkoa, Lleida o Girona). Nuestro sistema es proporcional y quien ocupe la presidencia del Gobierno dependerá de la decisión de una mayoría de diputados en el Parlamento.

Sabemos que Alberto Núñez Feijóo dispone del respaldo de Vox y suponemos que el del conjunto del PP. Con ese número de escaños no puede formar Gobierno. Él, sin embargo, exigió tener la iniciativa para intentar ser investido. Ese derecho, legítimo, le fue concedido. Desde el 23 de julio, sigue contando tan solo con el apoyo de PP y Vox (además de UPN y Coalición Canaria). Pero no consta ninguna propuesta relevante sobre qué haría en el caso de ocupar el poder. No conozco ningún precedente digno de un candidato a ser presidente que no presente las propuestas de un programa de gobierno.

De vez en cuando, lanza insinuaciones de forma avergonzada. Por ejemplo, tender la mano a tránsfugas del PSOE o afirmar que quiere dialogar con Junts per Catalunya. Tendría que explicar cómo quiere corromper a diputados socialistas o qué reivindicaciones del independentismo catalán está dispuesto a conceder.

Existen precedentes poco estimulantes en la historia política del PP. Siendo presidente de un Gobierno minoritario, José María Aznar calificó a ETA como “Movimiento Vasco de Liberación Nacional” en noviembre de 1998, permitiendo el acercamiento a Euskadi de más de 180 presos de la organización terrorista. Por detrás estaba su búsqueda del apoyo del PNV. Asimismo, para adornar de forma exótica el apoyo de CiU (la organización precursora de Junts per Catalunya) a su Gobierno, Aznar declaró que “hablaba catalán en la intimidad”. Convergència i Unió había apoyado con anterioridad a Adolfo Suárez en la construcción del sistema autonómico. Y, posteriormente, a Felipe González cuando el PSOE ganó las elecciones en 1993 sin disponer de mayoría en el Congreso.

Echando la vista atrás, no cabe olvidar que el 90,5% de los catalanes respaldó la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 (un porcentaje superior a la media en España, un 87,9%). Asimismo, un 88,5% de los catalanes apoyó el Estatuto de 1979. En el marco de la Constitución, Cataluña se ha regido por dos Estatutos: uno, de 1979; otro, de 2006.

Un índice de autoridad regional (Assessing Regional Authority, Oxford University Press, 2010) mostraba que España es el Estado más descentralizado del mundo, tras Alemania. Cuestión distinta es la autonomía en términos comparados. La Constitución de 1978 distingue entre “nacionalidades” (supuestamente, el País Vasco Cataluña y Galicia) y “regiones” (las 14 restantes comunidades autónomas). La asignación de competencias siguió las líneas de lo que se ha denominado “café para todos”. Cabe sospechar que parte del descontento catalán no deriva solo de sus niveles absolutos de autogobierno, sino de sus niveles “relativos”: es decir, de exigir más autogobierno que las “regiones”. No solo se reivindican derechos, sino también que los demás no los tengan. Es verdad, sin embargo, que en Alemania Baviera tiene mayor autogobierno que los demás länder.

Pero en estos momentos las reivindicaciones políticas de los partidos catalanistas no tienen que ver solo con niveles de autonomía, sino, como todos sabemos, con demandas de gracia por los hechos cometidos durante el periodo 2016-2018. Pedro Sánchez concedió en el año 2021 un total de 50 indultos, entre ellos a los dirigentes catalanes con penas por el pronunciamiento independentista. La medida de gracia fue ampliamente criticada. Ahora bien, bajo el Gobierno de Felipe González se concedieron 5.944 indultos y bajo el Gobierno de José María Aznar otros 5.948. Habría que estimar si todas esas medidas de gracia tenían mayor justificación democrática.

En estos momentos, además, se discute si cabe una extensión de las medidas de gracia a más ciudadanos catalanes y a policías implicados en el conflicto provocado por la declaración unilateral de independencia. Se desconoce qué figura jurídica adoptarán tales medidas. Sabemos que un indulto general no cabe en la Constitución. Y se debate si cabe una amnistía.

La decisión, por supuesto, corresponde al Tribunal Constitucional. Este afirmó en 1983 que “debe ser el legislador el que determine el régimen jurídico de la amnistía, pues no hay restricción constitucional directa sobre esta materia”. Formaban parte de ese tribunal Francisco Tomás y Valiente, Francisco Rubio Llorente, Luis Díez-Picazo, Jerónimo Arozamena y Antonio Truyol.

Respecto de una medida de gracia que beneficiase a implicados en el conflicto del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, sí se deben discutir los aspectos políticos. En primer lugar, la extrema judicialización del conflicto, algo que ha reducido mucho el espacio de la política. En segundo lugar, cuál es la disposición de los implicados. Es decir, ¿cuáles son las condiciones políticas para conceder medidas de gracia (amnistía u otra) a los todavía implicados aquellos hechos? Cabe pensar que los dirigentes catalanes independentistas tendrán en cuenta tres consideraciones.

La primera es que, sea cual sea, la medida de gracia no borrará la calificación legal del delito. Es decir, otra declaración unilateral de independencia volvería a generar serias consecuencias penales.

La segunda, que un Gobierno del PP con Vox sería una catástrofe para España y para Cataluña. Si su apoyo electoral ha caído de forma estrepitosa, cabe imaginar que sufriría mucho si Junts per Catalunya se convirtiese en el responsable del acceso de Vox al poder.

La tercera, que las políticas de Pedro Sánchez respecto de Cataluña han reducido de manera drástica el apoyo al independentismo. Es sabido que, en las elecciones de julio de 2023, tanto ERC como Junts obtuvieron siete escaños: una suma de 14 frente a los 19 del PSC. El Centre d’Estudis d’Opinió (dependiente de la Generalitat) ha mostrado que la independencia era apoyada en julio de 2023 por un 43,8% de los catalanes, mientras que un 53,4% lo rechazaba. El Institut de Ciències Politiques i Socials (ICPS) reducía el porcentaje de apoyo a un 39%.

Sin duda, las políticas de Sánchez han influido en estos cambios en Cataluña. Y, también, estos cambios sugieren que abordar de forma política y no estrictamente judicial el problema catalán ofrece más luz al final del túnel. La cuestión radica en si los dirigentes independentistas aceptan la Constitución que los catalanes respaldaron; en si entienden que romper con España es romper con Europa; en si comprenden que los demócratas españoles no aceptarán nunca una escisión de Cataluña.

Paso a la última cuestión. El CIS lleva mucho tiempo ofreciendo datos que muestran que, con independencia de los resultados electorales, desde los años noventa entre un 65% y un 75% de los catalanes desean ampliar sus cotas de autogobierno. Tal vez la vía política podría ser una reforma de un Estatuto probablemente obsoleto. Pero esa vía política afecta también a la relación entre el PP y el PSOE. Dejado atrás este periodo de enfrentamiento, es imprescindible que se vuelvan a establecer lazos entre el Gobierno y la oposición. Puentes entre los dos partidos que pueden gobernar España resultan imprescindibles. Deben respetarse el poder del PP y los intereses de los ciudadanos que lo han votado. Los dos partidos pueden, lentamente, empezar a considerar si acaso, por los intereses de la democracia y de los ciudadanos, no conviene plantearse la revisión de algunos puntos de la Constitución que pueden haberse vuelto obsoletos. En ese caso, el PSOE tal vez podría retomar la propuesta federalista diseñada por Alfredo Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui.

[ARCHIVO DEL BLOG] Algunas fechas de la Transición. [Publicada el 08/04/2017]

Mañana, 9 de abril, hace cuarenta años justos. Era el Sábado Santo de 1977, y el gobierno de Adolfo Suárez legalizaba, contra todo pronóstico y por sorpresa, al partido comunista de España. Lo han contado muy bien en sendos libros Joaquín Bardavío y Alfonso Pinilla. De ambos he escrito ya suficientemente en el blog. 
Es esa una fecha clave para entender la Transición española a la democracia. Las otras son, para mí al menos, el 22 de noviembre de 1975 (la proclamación de Juan Carlos I como rey), el 3 de julio de 1976 (la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno), el 6 de diciembre de 1978 (la aprobación en referéndum de la Constitución), el 23 de febrero de 1981 (el intento de golpe de Estado), y el 28 de octubre de 1982 (la victoria socialista en las elecciones generales), hecho este con el que la Transición política española a la democracia, puede darse como culminada. Pero cada uno puede elegir las que prefiera; o ninguna, faltaría más. 

La intrahistoria de ese Sábado Santo de 1977, la contó antes que nadie Joaquín Bardavío en su libro Sábado Santo rojo (Ediciones V, Madrid, 1980), que leí con fruición en abril de ese mismo año, y Alfonso Pinilla la recrea de nuevo en su reciente libro La legalización del PCE. La historia no contada. 1974-1977 (Alianza, Madrid, 2017), que hace solo unos días terminé de leer. Ambos se complementan, la de Bardavío es más amplia a mi juicio, abarca más aspectos; la de Pinilla se centra más en lo que atañe a los contactos secretos entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, que por encargo del primero llevó a cabo con absoluta discreción el periodista y director en aquellas fechas de la Agencia Europa Press, José Mario Armero, con cuyas notas reconstruye su historia Alfonso Pinilla. Ambos son magníficos y se los recomiendo encarecidamente.

Seis días después de ese Sábado Santo, el 15 de abril de 1977, en una abarrotada rueda de prensa, el máximo dirigente del PCE en aquel entonces Santiago Carrillo, dando pruebas de la madurez política de su organización, dijo que el cambio de toda la situación política de España, tras una detenida deliberación, les había llevado a considerar su actitud hacia los símbolos y emblemas del Estado que acaba de reconocerles, y que por eso, en tanto que representativa de ese Estado que les reconocía, habían decidido colocar aquel día allí, en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de su partido, que era y seguiría siendo la roja con la hoz y el martillo, la bandera del Estado español, la bandera bicolor. En lo sucesivo, en los actos del partido -añadía- al lado de la bandera de éste, figurará la bandera con los colores oficiales del Estado. La bandera -continuó- no puede ser monopolio de ninguna facción política, ni mucho menos podríamos abandonarla a los que intentan hacer uso de ella para impedir el paso de la dictadura a la democracia. Esa bandera -concluía- es hoy por hoy una bandera de todos los españoles, independientemente de las ideas políticas que profesen. 

Momentos después, Santiago Carrillo sacaba a colación el otro gran símbolo del Estado: "Si la monarquía continúa obrando de una manera decidida para establecer en nuestro país la democracia, estimamos que en unas próximas Cortes nuestro Partido y las fuerzas democráticas podrían considerar la monarquía como un régimen constitucional".

¿Mero oportunismo? Creo sinceramente que no. Creo que el PCE, por el que no siento especial simpatía, por el que nunca he votado y por el que no creo que vaya a hacerlo en ocasión alguna,  mostró con su actuación la moderación, la entereza y la madurez de una organización política democrática. No creo que se pueda decir lo mismo de otras organizaciones a la izquierda y la derecha de la política nacional de hoy. Pero es lo que hay... Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

De la paradoja tecnocrática

 

Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz lunes. Mi propuesta de lectura para hoy, del escritor Jordi Amat, va de la paradoja tecnocrática. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos. harendt.blogspot.com

La paradoja tecnocrática

JORDI AMAT - El País 

17 SEPT 2023 - harendt.blogspot.com

La mayoría de los artículos sobre Saudi Telecom Company (STC) y Telefónica han descrito los entresijos de una operación financiera que parece haber descolocado tanto a la dirección de la empresa como al Gobierno, provocando las tensiones internas habituales. Otras reflexiones piensan cuáles podrían ser las repercusiones políticas y económicas de la operación, toda vez que revelan fragilidad nacional y evidencian el temor geopolítico que se produzca una pérdida de control de una compañía tan endeudada como estratégica. A la vez hemos descubierto la metódica estrategia de inversión del Public Investment Fund, el todopoderoso fondo soberano saudí que es propietario del 64% de la empresa de telecomunicaciones STC ―uno de los principales patrocinadores, por cierto, de nuestro Mobile World Congress― y que va a convertirse en el principal accionista de Telefónica. En la información que publicó la agencia Reuters, además, se incluía un breve apunte que inscribe la noticia en otra dimensión. Intuyo que esta valoración saudí la aportaba Hadeel al Sayegh, una de las tres periodistas que firmaba el artículo y que es jefa del equipo de reporteros de la agencia que cubren la actividad económica en el Golfo Pérsico. “STC espera que los lazos con Telefónica le ayuden a desarrollar ciudades digitales en Arabia Saudí, importando conocimientos tecnológicos de países como España, según una fuente que había asesorado a la empresa”.

Si se interpreta lo ocurrido también desde esta óptica, que no es la nuestra sino la suya, el episodio revela algunas de las paradojas de nuestro tiempo y nuestras prejuiciosas resistencias para comprender cómo funcionan los nuevos centros de poder global. Hoy Arabia Saudí es uno de los principales laboratorios urbanos del planeta. En 2016 el príncipe Mohamed Bin Salmán presentó el plan estratégico denominado Visión Saudí 2030. Es la hoja de ruta para implementar un megalómano proyecto de modernización basándose en la tecnología y cuyo objetivo último es diversificar la economía. La escalada de los precios de la energía, acelerada por la guerra de Ucrania, ha disparado los ingresos públicos que, como siempre desde la fundación de Arabia Saudí, provienen del petróleo. Son beneficios que están posibilitando la materialización de la Visión y uno de sus ejes fundamentales era, precisamente, la construcción de ciudades inteligentes. No sería extraño, pues, que la innovación urbana sea una de las claves que hayan llevado al fondo soberano saudí a invertir 2.100 millones de euros para hacerse con el 9,9% de las acciones de Telefónica.

Toda esa estrategia confluye con una transformación de la sociedad impulsada desde la política. El periodista Thomas Friedman, que es uno de los mayores expertos en la región, publicó hace tres meses un largo reportaje en The New York Times tras una visita a Israel y a Arabia Saudí. No había estado en Riad desde 2017. Al regresar a la ciudad y hablar con políticos y gente de la calle, no podía dejar de sorprenderse por el cambio de mentalidades producido en tan solo cinco años. No silenciaba el crimen de Estado del periodista Jamal Khashoggi ni tampoco las vigentes restricciones de las libertades. Pero a la vez constataba los cambios sobre la presencia de la mujer en la sociedad o la persecución del islamismo radical o las medidas oficiales adoptadas en la educación para eliminar la intolerancia. Es una sociedad en cambio, aunque sigue viviendo bajo una monarquía autocrática, sí, que es joven y cada vez mejor formada porque una parte significativa ha cursado estudios superiores en Estados Unidos; este mes de mayo 27 estudiantes saudíes, chicos y chicas, ganaron premios en la International Science and Engineering Fair celebrada en Dallas. Al mismo tiempo, allí donde se va a usar la más avanzada tecnología china de vigilancia, es el lugar donde se exploran las más ambiciosas alternativas de sostenibilidad; ya es el país puntero en la producción de hidrógeno verde gracias a la sal que se obtiene de la desalinización del agua usando energía solar y eólica. Esta paradoja tecnocrática, inquietante, pero que es un proyecto de futuro, es la que no sabemos descifrar.

[ARCHIVO DEL BLOG] La igualdad tiene que ser real y efectiva, no retórica. [Publicada el 12/03/2018]

Cuando era niño, escribe en El Mundo el jurista Javier Delgado Barrio, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia y exmagistrado del Tribunal Constitucional, recitábamos los mandamientos de la ley de Dios y acabábamos diciendo: "Estos 10 mandamientos se encierran en dos...". Muchos años después, tras varias lecturas de la Constitución del 78, se me ocurrió reflexionar sobre cuáles podrían ser los dos mandamientos que mejor reflejaran su sentido, más allá de la transcendental misión del establecimiento de la democracia.
Ninguna dificultad, comienza diciendo, tuve para encontrar el primer mandamiento, que para mí no podía ser otro que el reconocimiento de la dignidad de la persona del art. 10.1: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social".
Acoge así la Constitución como fundamento principal la proclamación de la dignidad de la persona, que es justamente la idea que está en la base de la cultura occidental, para dotarla, en el terreno jurídico, de la "enérgica pretensión de validez" (O. Bachof) que es propia de la norma fundamental. Sigue, pues, nuestra Constitución la línea de la alemana, si bien ésta, con más acierto, es en las primeras palabras del primer párrafo del primero de sus artículos donde formula ese reconocimiento -"la dignidad del hombre es intangible"-, que en la española solo aparecerá más tarde en el art. 10.1.
Algún constitucionalista español entendió que el precepto carecía de eficacia jurídica, aunque podría alcanzar utilidad a la hora de explicar la Constitución a los niños en las escuelas, pero, como tan tempranamente destacó García de Enterría, nada en la Constitución puede ser mera retórica y desde luego el Tribunal Constitucional ha identificado en este precepto principios con plena virtualidad jurídica (STC 192/2003, de 27 de octubre). 
Si la elección del primer mandamiento fue muy sencilla, la del segundo resultó más difícil pero al fin me decidí por el art. 9º.2 : "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud..." (la cursiva es mía).
Una vez señalado este segundo mandamiento vi claramente que la elección no podía haber sido otra: si para mí el primero era la proclamación de la dignidad de la persona, el segundo tenía que ser su directa exigencia del objetivo que debía enderezar la actuación de los poderes públicos hacia una libertad e igualdad que fueran reales y efectivas. Y lo que ya destaco es que, ahora sí, este segundo mandamiento aparece en el Título Preliminar de la norma fundamental, es decir, en su quintaesencia: es, pues, un mandato rigurosamente esencial, al que, en la vertiente que atañe a la igualdad, voy a dedicar estas líneas, pues no solo de organización territorial -reforma del Título VIII de la Constitución- vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de la dignidad de la persona, que, como hemos visto, impone con carácter esencial el objetivo de la plenitud de una igualdad real y efectiva. 
Leemos en la prensa: "Bruselas sitúa a España a la cabeza de la desigualdad en la Unión Europea" (El País, 24 de noviembre de 2017); "Los altos directivos del IBEX-35 cobran de media 207 veces el sueldo mínimo de su empresa" (El MUNDO, 30 de noviembre de 2017); "Empresas no financieras en 2016. Los sueldos bajaron mientras los beneficios se dispararon un 69 %" (ABC, 1 de diciembre de 2017); "Habrá que esperar 70 años para que hombres y mujeres reciban un salario igual por el mismo trabajo" (EL MUNDO, 2 de noviembre de 2017), y así un largo etcétera.
Y sin entrar a valorar los fundamentos que puedan apoyar estos y otros muchos análogos titulares periodísticos que tan frecuentemente aparecen ni mencionar matices pertinentes, importa recordar que el Derecho nace y vive para realizarse a fin de conformar la realidad social con arreglo a las exigencias del modelo de convivencia que traza para la comunidad. Si no se realiza, si no pasa a la realidad, si se queda en el papel de la ley, es sólo un Derecho aparente.
Preocupa a nuestra Constitución quedarse en la triste condición de Derecho aparente y por ello manifiesta expresamente un riguroso designio de eficacia para sus principios y normas, con una terminología -eficacia, eficaz, efectivo- que aparece ya en su Preámbulo, que después se reiterará con frecuencia en el texto de sus preceptos, y que refleja su decidido propósito de incidir en la realidad. Y como sabía muy bien lo arduo de su objetivo de la plenitud de la igualdad real y efectiva, no solo acude a su terminología preferida sino que expresa su mandato con tal intensidad que incluso no tiene reparo alguno en incurrir en una llamativa redundancia.
Se ha dicho con acierto que la nuestra, lo mismo que su, en este punto, modelo italiano, es una Constitución sincera: contempla una realidad que no le gusta y aspira a transformarla, dirigiéndola, en lo que ahora importa, hacia la plenitud de una igualdad real y efectiva. Pues bien, efectivo es en el Diccionario de la Real Academia Española "lo real y verdadero en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal", de modo que la intensidad del propósito constitucional conduce a una deliberada redundancia: si lo efectivo es lo real, cuando la Constitución define el objetivo al que han de dirigirse los poderes públicos indicando que es la igualdad real y efectiva, lo que está diciendo es que sea real y real, configurando así una buscada redundancia que no aparece en su modelo italiano y que pretende evidenciar la intensidad de su esencial mandato.
Va dirigido éste a todos los poderes públicos, que habrán de cumplirlo en el campo de sus respectivas competencias, lo que implica que han de ser los que tienen capacidad normativa creadora, es decir, los poderes legislativo y ejecutivo los que tengan el protagonismo principal en el camino de la igualdad real y efectiva.
No significa esto que el poder judicial carezca de cometido en este campo. Lo tiene, y bien importante, en la solución de los casos concretos sometidos a la decisión del juez, que habrá de resolverlos no desde sus opiniones personales sino aplicando las normas y principios que integran el ordenamiento jurídico, pues, con una "obediencia pensante" (Heck), está sometido al imperio de la ley: su contribución al avance en el camino hacia la igualdad consiste en hacer verdad en el concreto fragmento de la realidad social del que está conociendo la igualdad querida por el ordenamiento jurídico.
Pero fundamentalmente el mandato se dirige a los poderes legislativo y ejecutivo y puesto que los partidos políticos aspiran en los procesos electorales a cubrir con sus candidatos los cargos propios de esos poderes, el objetivo constitucional que estoy comentando, esencial y de la máxima intensidad, reclama, como primer paso para su eficacia, que los programas electorales de los partidos incluyan un destacado capítulo en el que figuren las medidas que se proponen introducir a fin de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y removerlos obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Y ahora mismo, el mandato constitucional impone a los que ya ejercen el poder, gobiernos estatal y autonómicos, Cortes Generales y Asambleas legislativas comunitarias, el cumplimiento del protagonismo que la Constitución les encomienda para avanzar hacia la plenitud de la igualdad real y efectiva, objetivo constitucional esencial que no debe ser solo Derecho aparente. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

De la IA y los votantes

 

Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz domingo. Mi propuesta de lectura para hoy, del escritor Andrés Ortega, va de la IA y los votantes. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos. harendt.blogspot.com

Cómo la nueva Inteligencia Artificial puede manipularte como votante

ANDRÉS ORTEGA - El País

17 SEPT 2023 - harendt.blogspot.com

No se la llamaba entonces inteligencia artificial (IA), pero la manipulación que puso en marcha la empresa Cambridge Analytica, esencialmente a través de la combinación de redes sociales y datos personales por medio de algoritmos, de los votantes en el referéndum sobre el Brexit —que triunfó— y en las elecciones de 2016 en EE UU, que ganó (no en votos populares sino electorales) Donald Trump, cambiaron un equilibrio interno en las democracias. Esa capacidad de influir —no de decidir­— en las preferencias de los votantes con mensajes individualizados adaptados a los gustos de cada uno es solo un primer paso comparado con lo que entraña la simbiosis que está al llegar entre la IA generativa basada en lenguaje natural (como ChatGPT o Bard, entre las principales), con unas redes sociales mucho más ágiles que Facebook (como TikTok) y otros futuros ecosistemas como el Metaverso. ¿Lo veremos ya en 2024 en las diversas elecciones europeas (incluidas a la Eurocámara) o en las cruciales de EE UU? En principio, esta simbiosis va contra la democracia, pero la nueva IA (aceptemos el nombre, aunque no sea propiamente “inteligencia”) aporta también nuevas posibilidades de participación directa de los ciudadanos en las decisiones colectivas.

“La IA generativa, basada en lenguajes naturales, y la ciencia de redes pueden converger en una tormenta perfecta, para dar lugar a nuevas formas de manipulación a nivel societal”, señala Manuel Cebrián, uno de los investigadores más importantes en este campo a lo largo de dos décadas en diversos centros punteros del planeta, ahora en la Universidad Carlos III de Madrid. La capacidad de esta tecnología para adaptarse, aprender y crear, junto con la ciencia de redes que aporta comprensión detallada de la propagación de la información y el cambio social, podría utilizarse para socavar la seguridad, la privacidad y la autonomía a una escala sin precedentes, señala. Lo que va mucho más allá de la política. “Para combatir estos desafíos”, estima Cebrián, “es fundamental desarrollar y adoptar nuevos enfoques”.

En contra. Esta simbiosis va a generar más capacidad de desinformación. “La IA generativa no solo inundará internet con más mentiras, sino que también puede crear desinformación convincente dirigida a grupos o incluso a individuos”, señala un reciente análisis en Wired. El uso de las redes sociales (entonces embrionarias) en las campañas electorales, antes de esta nueva IA, lo empezó Barack Obama en 2008. Le permitió no solo hacer llegar sus mensajes a una parte importante de la población, sino también escuchar esa “conversación pública” que no sabían recoger las encuestas que, en general, le daban como perdedor en su primer y exitoso intento. Algo similar, con las redes sociales ya plenamente desplegadas, ocurrió en las últimas elecciones en España del pasado 23 de julio. Todos los partidos con posibles hacen análisis de redes e intervienen, pero, sorprendentemente, no así los medios de comunicación. La consultora Llorente & Cuenca sí realizó este tipo de estudios. Y así como en la campaña (en un sentido amplio) para los comicios locales y autonómicos del pasado 28 de mayo, el PP logró imponer sus temas en la conversación pública (al final, contra la ley del sí es sí, y los votos comprados), no ocurrió lo mismo en las generales del 23-J, en las que, en la última semana de campaña, dicha conversación fue mucho más emborronada y favorable a los temas del PSOE, que recuperó mucho terreno. Pero había que saber escuchar.

Esto antes de que intervenga la citada simbiosis entre la IA generativa y la ciencia de redes que va a permitir una desinformación personalizada. Si las redes sociales clásicas usan ya la IA para atraer la atención, para que el usuario pase más tiempo en ellas, le saquen más información, y le metan más publicidad, la nueva combinación, con las posibilidades de la IA generativa puede llevar a un objetivo mucho más peligroso: que el usuario cambie de opinión (política, cambiando de voto; de consumo u otras formas) casi de forma inconsciente, con mensajes diseñados para cada cual que cambian de forma casi instantánea según las circunstancias a lo largo de una campaña, adaptándose a cada individuo de forma muy rápida, gracias a lo que se llama reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo.

Un estudio sobre Facebook de Sandra González-Bailón y otros autores, publicado en Science, concluye que “la derecha está más expuesta a bulos intencionales que la izquierda”. En todo caso, esto dará mucho poder a los que estén detrás, desde un candidato, su oponente o un boicoteador —hay muchos y de varios tipos—, a empresas o a potencias extranjeras con intereses en los resultados.

Falta poco más de un año para las elecciones estadounidenses, y menos de nueve para las europeas. El uso de la IA generativa en las campañas estará en sus comienzos. Pero son numerosos los expertos que alertan contra sus efectos, no solo con enormes cantidades de desinformación y noticias falsas, con capacidades técnicas muy avanzadas (por ejemplo, en vídeos fake), que rápidamente se van amoldando a las preferencias de sus destinatarios, e inundando todo el ecosistema de falsedades difícilmente diferenciables de las veracidades, especialmente cuando los medios de comunicación tienen menos capacidades profesionales. Esta herramienta permite que personas con pocos conocimientos técnicos puedan generar esos contenidos, y reduce la capacidad de los receptores de diferenciar lo que viene de otra persona de lo que viene de una máquina o programa. Un reciente experimento en la Universidad de Cornell envió cartas a siete millares de legisladores en EE UU, la mitad generadas por IA y la otra mitad por humanos. El número de respuestas de los legisladores a unas y otras fueron muy similares.

Algunos expertos consideran que hay una aceleración y democratización de la propaganda. Archon Fung y Lawrence Lessig, en un análisis sobre cómo la IA podría tomar el control de las elecciones y socavar la democracia, citan cómo, preguntado en este sentido por el senador Josh Hawley, el propio director ejecutivo de OpenAI (ChatGPT), Sam Altman, respondió en una audiencia parlamentaria que algunas personas podrían utilizar estos modelos lingüísticos para manipular, persuadir y entablar interacciones individuales con los votantes.

En los últimos meses —ChatGPT va a cumplir un año de su lanzamiento público—, empresas como OpenAI, que la creó, o Google con Bard, han lanzado sus productos al mercado de masas y así han surgido herramientas de IA fáciles de utilizar capaces de crear imágenes fotorrealistas, imitar el sonido de la voz y escribir textos humanos de forma bastante sencilla.

No todos los expertos, sin embargo, coinciden en que la manipulación de las redes genera más polarización. Algunos estudios, con muestras amplias, como el de Andrew Guess y otros, también publicado en Science, concluyen que las personas no informaron de cambios en sus comportamientos políticos después de que se cambiaran lo que recibían por Facebook o Instagram. Pero el estudio es anterior a la IA generativa. La polarización está ya en las sociedades, pero se puede alimentar con estas tecnologías, aunque la televisión —en la que está por ver cómo entra esta herramienta, un proceso que ya ha empezado— es más determinante.

Hay también otra peligrosa simbiosis en marcha, la de la IA y la neurociencia. Es un campo que investigan tanto los servicios de inteligencia de países como EE.UU., como, especialmente, China, y también numerosas grandes empresas que quieren influir a través de la manipulación de nuestras mentes en nuestras decisiones comerciales. Como señala Nita Farahany en su libro The Battle for Your Brain (La batalla por tu cerebro), empresas de marketing descodifican nuestro cerebro para vendernos productos e incluso adaptar elementos de consumo (como las películas o las series) a los deseos de nuestra mente. Y para controlar. En esta ciencia, China parece más avanzada, y algunos estudios, como el del Centro para una Nueva Seguridad en EE UU, ven un peligro en la difusión global de lo que llama el “autoritarismo digital”, aunque EE UU también controla, como puso de manifiesto el exanalista de la CIA Edward Snowden con sus filtraciones. Son numerosos los gobiernos con medios para llevar a cabo investigaciones en este terreno, o comprar la tecnología necesaria, y aplicarlas. El desarrollo de la IA empodera a los gobiernos, a las empresas con medios y a los individuos. Por estas razones, el neurocientífico español Rafael Yuste ha promovido un nuevo tipo de derechos, que llama “neuroderechos” —véase al respecto la Declaración de Valencia a la que se quiere dar mayor alcance— porque “los datos cerebrales pueden ser uno de los pocos baluartes que quedan contra el compromiso total de la privacidad en la vida moderna”. Aunque está por demostrarse que nuevos derechos o declaraciones impidan este tipo de abusos en el mundo si no van acompañados de técnicas específicas para impedirlos que habrá que desarrollar.

Entre los previsibles efectos nocivos de la IA generativa en modelos amplios de lenguaje natural está que, como lo definen Markus Anderljung y Paul Scharre, se “democratice la violencia”, la capacidad de hacer daño. Ya no solo por parte de hackers o codificadores experimentados, sino por todo tipo de gente. La generación de desinformación va a resultar mucho más fácil de conseguir, y la diferencia entre la mentira y la verdad, mucho más difícil de discernir. El concepto de “posverdad” para la era que vivimos se puede quedar corto. Y la fabricación de armas biológicas y químicas por parte de individuos y grupos con escasos conocimientos de ellas también resultará facilitada. ¿Hacia un terrorismo generativo? La IA puede generar catástrofes, y no solo impedirlas que es para lo que se suponía que nació.

Incluso en vez de unir, la IA puede separar, justamente por la uniformidad que fomenta. En países básicamente democráticos como India, hay nuevos chatbots que fomentan la intolerancia religiosa (de los hindúes contra las musulmanes) y el extremismo.

A favor. La IA aporta grandes ventajas, por ejemplo, en avances en medicina o en el estudio del cambio climático. No todo con esta nueva tecnología tiene por qué ser negativo para la democracia. También brinda nuevas posibilidades a los ciudadanos, para empezar, forzando una nueva transparencia —además de un mayor control— en las administraciones o en las empresas privadas que sustentan estas nuevas tecnologías (a menudo con apoyo del sector público).

Puede permitir nuevos tipos de participación ciudadana en, por ejemplo, los usos de los fondos públicos. Es algo que se está empezando a estudiar. Así, desde el European Institute of Science in Management, un centro de investigación sin ánimo de lucro con sede en Barcelona, se está intentando poner en marcha con un equipo internacional de politólogos, físicos teóricos, matemáticos, biólogos, neurocientíficos, y economistas de Israel, USA y Europa un programa para enlazar la matemática de la física cuántica con un nuevo tipo de gobernanza democrática multinivel para la que la nueva IA será esencial, con unos primeros ensayos en ciudades europeas. Son proyectos de investigación que permitirían una participación más profunda de la ciudadanía no sólo en la elección de sus representantes, sino también de las prioridades presupuestarias a adoptar en ayuntamientos.

¿Regular es la solución? Crecen las demandas, incluso por los propios impulsores de la nueva tecnología, de regular el uso de la IA generativa en las elecciones democráticas, aunque hay dudas sobre la efectividad de tales regulaciones. OpenAI se ha comprometido a monitorear el uso de su ChatGPT para tratar de detectar operaciones de influencia política.

Algunos expertos, como los citados Anderljung y Scharre, hablan de la necesidad de “alineación de la IA”, es decir, de asegurar que los objetivos de un sistema de IA coinciden con las intenciones de sus usuarios y los valores de la sociedad. Se podrían prohibir este tipo de programas. Pero estos autores reconocen que “hasta ahora, nadie ha descubierto cómo controlar de forma fiable el comportamiento de la IA”, y menos cuando se prioriza (no es el caso de China) la libertad de expresión, que habrá que reforzar con la libertad de pensamiento, si nos controlan este último como George Orwell entrevió.

La UE lo está intentado con la nueva Ley de IA, la primera del mundo de su tipo, que está pendiente de un acuerdo final entre las instituciones, y cuya efectividad está por ver. El proyecto establece cuatro niveles de riesgo para los sistemas de IA, cada uno con su propio conjunto de requisitos de transparencia, trazabilidad, no discriminación y respeto por los derechos humanos. Los sistemas de IA de alto riesgo, como los que se usan en la toma de decisiones automatizadas con implicaciones legales o significativas para las personas, deben ser sometidos a una evaluación de impacto de la IA antes de su despliegue.

Sobre todo, hay que educar a los ciudadanos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, en lo que implican estas tecnologías. Ya casi todo el mundo sabe que lo gratuito, para el usuario, tiene un precio, el de los datos cedidos a cambio, y ahora la capacidad de manipulación de nuestras propias mentes. Mucha IA generativa es gratuita. La alimentamos con nuestras preguntas, imágenes o escritos. Lo gratuito se acaba pagando. De otra forma.

[ARCHIVO DEL BLOG] Valores, civismo y mayúsculas. [Publicada el 26/10/2014]

 

Siempre he desconfiado de la gente que habla o escribe con mayúsculas. Por supuesto que con eso no me refiero a los que escriben en alemán, un idioma que hace uso profuso de ellas. Me refiero a aquellos a los que no se les cae de la boca, la pluma o el teclado palabras como Dios, Patria, Libertad, Justicia, Estado, Nación, Derecha, Izquierda, Religión, Paz, Guerra, Valores, Civismo y todo el largo etcétera que ustedes quieran. Me cabrean mucho porque suelen ser -hay pocas excepciones a la regla- los que uso más torticero hacen de esos valores que dicen defender. ¿Pruebas?: Basta con abrir un periódico y encender un televisor para ponerse al día. Me excusarán de citar algún caso en particular pues se iría al traste el límite de palabras que me impongo para cada entrada del blog en un mero índice de los susodichos.

Frente a la generalizada apelación a los valores no vendría nada mal un poco más de prosaico interés en la defensa de los derechos y libertades individuales consagrados constitucionalmente y cada vez más restringidos en esta España y Europa nuestras: el proyecto de ley de seguridad ciudadana y la falta de acuerdo para hacer frente al tremendo desafío de la inmigración ilegal, por ejemplo.  

Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social en la Universidad del País Vasco, en un artículo en El País de hace ya unos años titulado "Cuidado con los valores" comentaba con sarcasmo que cuando un profesor de Oxford se refiere a la decadencia de Occidente en realidad está pensando en lo malo que es el servicio doméstico. ¿Una boutade más de un ingenioso profesor universitario? Me temo que no, porque como se decía en el artículo citado, a lo largo de la historia los seres humanos hemos justificado hasta lo menos justificable apelando a los valores morales. Pero habría que preguntarse -continuaba- si con la actual inflacción de discursos morales no se estaba poniendo de manifiesto algo más ideológico e inquietante para las democracias contemporáneas, algo que se traduce en un permanente cuestionamiento de la prioridad que en una sociedad democrática le corresponde a los derechos, el consentimiento, las garantías y las libertades individuales reduciendo el espacio de la política, no para fundar los derechos sino para ponerlos en cuestión. Sean felices por favor, y ahora, como también decía Sócrates, "Ιωμεν": nos vamos. Tamaragua, amigos. HArendt