Cuando era niño, escribe en El Mundo el jurista Javier Delgado Barrio, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia y exmagistrado del Tribunal Constitucional, recitábamos los mandamientos de la ley de Dios y acabábamos diciendo: "Estos 10 mandamientos se encierran en dos...". Muchos años después, tras varias lecturas de la Constitución del 78, se me ocurrió reflexionar sobre cuáles podrían ser los dos mandamientos que mejor reflejaran su sentido, más allá de la transcendental misión del establecimiento de la democracia.
Ninguna dificultad, comienza diciendo, tuve para encontrar el primer mandamiento, que para mí no podía ser otro que el reconocimiento de la dignidad de la persona del art. 10.1: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social".
Acoge así la Constitución como fundamento principal la proclamación de la dignidad de la persona, que es justamente la idea que está en la base de la cultura occidental, para dotarla, en el terreno jurídico, de la "enérgica pretensión de validez" (O. Bachof) que es propia de la norma fundamental. Sigue, pues, nuestra Constitución la línea de la alemana, si bien ésta, con más acierto, es en las primeras palabras del primer párrafo del primero de sus artículos donde formula ese reconocimiento -"la dignidad del hombre es intangible"-, que en la española solo aparecerá más tarde en el art. 10.1.
Algún constitucionalista español entendió que el precepto carecía de eficacia jurídica, aunque podría alcanzar utilidad a la hora de explicar la Constitución a los niños en las escuelas, pero, como tan tempranamente destacó García de Enterría, nada en la Constitución puede ser mera retórica y desde luego el Tribunal Constitucional ha identificado en este precepto principios con plena virtualidad jurídica (STC 192/2003, de 27 de octubre).
Si la elección del primer mandamiento fue muy sencilla, la del segundo resultó más difícil pero al fin me decidí por el art. 9º.2 : "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud..." (la cursiva es mía).
Una vez señalado este segundo mandamiento vi claramente que la elección no podía haber sido otra: si para mí el primero era la proclamación de la dignidad de la persona, el segundo tenía que ser su directa exigencia del objetivo que debía enderezar la actuación de los poderes públicos hacia una libertad e igualdad que fueran reales y efectivas. Y lo que ya destaco es que, ahora sí, este segundo mandamiento aparece en el Título Preliminar de la norma fundamental, es decir, en su quintaesencia: es, pues, un mandato rigurosamente esencial, al que, en la vertiente que atañe a la igualdad, voy a dedicar estas líneas, pues no solo de organización territorial -reforma del Título VIII de la Constitución- vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de la dignidad de la persona, que, como hemos visto, impone con carácter esencial el objetivo de la plenitud de una igualdad real y efectiva.
Leemos en la prensa: "Bruselas sitúa a España a la cabeza de la desigualdad en la Unión Europea" (El País, 24 de noviembre de 2017); "Los altos directivos del IBEX-35 cobran de media 207 veces el sueldo mínimo de su empresa" (El MUNDO, 30 de noviembre de 2017); "Empresas no financieras en 2016. Los sueldos bajaron mientras los beneficios se dispararon un 69 %" (ABC, 1 de diciembre de 2017); "Habrá que esperar 70 años para que hombres y mujeres reciban un salario igual por el mismo trabajo" (EL MUNDO, 2 de noviembre de 2017), y así un largo etcétera.
Y sin entrar a valorar los fundamentos que puedan apoyar estos y otros muchos análogos titulares periodísticos que tan frecuentemente aparecen ni mencionar matices pertinentes, importa recordar que el Derecho nace y vive para realizarse a fin de conformar la realidad social con arreglo a las exigencias del modelo de convivencia que traza para la comunidad. Si no se realiza, si no pasa a la realidad, si se queda en el papel de la ley, es sólo un Derecho aparente.
Preocupa a nuestra Constitución quedarse en la triste condición de Derecho aparente y por ello manifiesta expresamente un riguroso designio de eficacia para sus principios y normas, con una terminología -eficacia, eficaz, efectivo- que aparece ya en su Preámbulo, que después se reiterará con frecuencia en el texto de sus preceptos, y que refleja su decidido propósito de incidir en la realidad. Y como sabía muy bien lo arduo de su objetivo de la plenitud de la igualdad real y efectiva, no solo acude a su terminología preferida sino que expresa su mandato con tal intensidad que incluso no tiene reparo alguno en incurrir en una llamativa redundancia.
Se ha dicho con acierto que la nuestra, lo mismo que su, en este punto, modelo italiano, es una Constitución sincera: contempla una realidad que no le gusta y aspira a transformarla, dirigiéndola, en lo que ahora importa, hacia la plenitud de una igualdad real y efectiva. Pues bien, efectivo es en el Diccionario de la Real Academia Española "lo real y verdadero en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal", de modo que la intensidad del propósito constitucional conduce a una deliberada redundancia: si lo efectivo es lo real, cuando la Constitución define el objetivo al que han de dirigirse los poderes públicos indicando que es la igualdad real y efectiva, lo que está diciendo es que sea real y real, configurando así una buscada redundancia que no aparece en su modelo italiano y que pretende evidenciar la intensidad de su esencial mandato.
Va dirigido éste a todos los poderes públicos, que habrán de cumplirlo en el campo de sus respectivas competencias, lo que implica que han de ser los que tienen capacidad normativa creadora, es decir, los poderes legislativo y ejecutivo los que tengan el protagonismo principal en el camino de la igualdad real y efectiva.
No significa esto que el poder judicial carezca de cometido en este campo. Lo tiene, y bien importante, en la solución de los casos concretos sometidos a la decisión del juez, que habrá de resolverlos no desde sus opiniones personales sino aplicando las normas y principios que integran el ordenamiento jurídico, pues, con una "obediencia pensante" (Heck), está sometido al imperio de la ley: su contribución al avance en el camino hacia la igualdad consiste en hacer verdad en el concreto fragmento de la realidad social del que está conociendo la igualdad querida por el ordenamiento jurídico.
Pero fundamentalmente el mandato se dirige a los poderes legislativo y ejecutivo y puesto que los partidos políticos aspiran en los procesos electorales a cubrir con sus candidatos los cargos propios de esos poderes, el objetivo constitucional que estoy comentando, esencial y de la máxima intensidad, reclama, como primer paso para su eficacia, que los programas electorales de los partidos incluyan un destacado capítulo en el que figuren las medidas que se proponen introducir a fin de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y removerlos obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Y ahora mismo, el mandato constitucional impone a los que ya ejercen el poder, gobiernos estatal y autonómicos, Cortes Generales y Asambleas legislativas comunitarias, el cumplimiento del protagonismo que la Constitución les encomienda para avanzar hacia la plenitud de la igualdad real y efectiva, objetivo constitucional esencial que no debe ser solo Derecho aparente. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
Ninguna dificultad, comienza diciendo, tuve para encontrar el primer mandamiento, que para mí no podía ser otro que el reconocimiento de la dignidad de la persona del art. 10.1: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social".
Acoge así la Constitución como fundamento principal la proclamación de la dignidad de la persona, que es justamente la idea que está en la base de la cultura occidental, para dotarla, en el terreno jurídico, de la "enérgica pretensión de validez" (O. Bachof) que es propia de la norma fundamental. Sigue, pues, nuestra Constitución la línea de la alemana, si bien ésta, con más acierto, es en las primeras palabras del primer párrafo del primero de sus artículos donde formula ese reconocimiento -"la dignidad del hombre es intangible"-, que en la española solo aparecerá más tarde en el art. 10.1.
Algún constitucionalista español entendió que el precepto carecía de eficacia jurídica, aunque podría alcanzar utilidad a la hora de explicar la Constitución a los niños en las escuelas, pero, como tan tempranamente destacó García de Enterría, nada en la Constitución puede ser mera retórica y desde luego el Tribunal Constitucional ha identificado en este precepto principios con plena virtualidad jurídica (STC 192/2003, de 27 de octubre).
Si la elección del primer mandamiento fue muy sencilla, la del segundo resultó más difícil pero al fin me decidí por el art. 9º.2 : "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud..." (la cursiva es mía).
Una vez señalado este segundo mandamiento vi claramente que la elección no podía haber sido otra: si para mí el primero era la proclamación de la dignidad de la persona, el segundo tenía que ser su directa exigencia del objetivo que debía enderezar la actuación de los poderes públicos hacia una libertad e igualdad que fueran reales y efectivas. Y lo que ya destaco es que, ahora sí, este segundo mandamiento aparece en el Título Preliminar de la norma fundamental, es decir, en su quintaesencia: es, pues, un mandato rigurosamente esencial, al que, en la vertiente que atañe a la igualdad, voy a dedicar estas líneas, pues no solo de organización territorial -reforma del Título VIII de la Constitución- vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de la dignidad de la persona, que, como hemos visto, impone con carácter esencial el objetivo de la plenitud de una igualdad real y efectiva.
Leemos en la prensa: "Bruselas sitúa a España a la cabeza de la desigualdad en la Unión Europea" (El País, 24 de noviembre de 2017); "Los altos directivos del IBEX-35 cobran de media 207 veces el sueldo mínimo de su empresa" (El MUNDO, 30 de noviembre de 2017); "Empresas no financieras en 2016. Los sueldos bajaron mientras los beneficios se dispararon un 69 %" (ABC, 1 de diciembre de 2017); "Habrá que esperar 70 años para que hombres y mujeres reciban un salario igual por el mismo trabajo" (EL MUNDO, 2 de noviembre de 2017), y así un largo etcétera.
Y sin entrar a valorar los fundamentos que puedan apoyar estos y otros muchos análogos titulares periodísticos que tan frecuentemente aparecen ni mencionar matices pertinentes, importa recordar que el Derecho nace y vive para realizarse a fin de conformar la realidad social con arreglo a las exigencias del modelo de convivencia que traza para la comunidad. Si no se realiza, si no pasa a la realidad, si se queda en el papel de la ley, es sólo un Derecho aparente.
Preocupa a nuestra Constitución quedarse en la triste condición de Derecho aparente y por ello manifiesta expresamente un riguroso designio de eficacia para sus principios y normas, con una terminología -eficacia, eficaz, efectivo- que aparece ya en su Preámbulo, que después se reiterará con frecuencia en el texto de sus preceptos, y que refleja su decidido propósito de incidir en la realidad. Y como sabía muy bien lo arduo de su objetivo de la plenitud de la igualdad real y efectiva, no solo acude a su terminología preferida sino que expresa su mandato con tal intensidad que incluso no tiene reparo alguno en incurrir en una llamativa redundancia.
Se ha dicho con acierto que la nuestra, lo mismo que su, en este punto, modelo italiano, es una Constitución sincera: contempla una realidad que no le gusta y aspira a transformarla, dirigiéndola, en lo que ahora importa, hacia la plenitud de una igualdad real y efectiva. Pues bien, efectivo es en el Diccionario de la Real Academia Española "lo real y verdadero en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal", de modo que la intensidad del propósito constitucional conduce a una deliberada redundancia: si lo efectivo es lo real, cuando la Constitución define el objetivo al que han de dirigirse los poderes públicos indicando que es la igualdad real y efectiva, lo que está diciendo es que sea real y real, configurando así una buscada redundancia que no aparece en su modelo italiano y que pretende evidenciar la intensidad de su esencial mandato.
Va dirigido éste a todos los poderes públicos, que habrán de cumplirlo en el campo de sus respectivas competencias, lo que implica que han de ser los que tienen capacidad normativa creadora, es decir, los poderes legislativo y ejecutivo los que tengan el protagonismo principal en el camino de la igualdad real y efectiva.
No significa esto que el poder judicial carezca de cometido en este campo. Lo tiene, y bien importante, en la solución de los casos concretos sometidos a la decisión del juez, que habrá de resolverlos no desde sus opiniones personales sino aplicando las normas y principios que integran el ordenamiento jurídico, pues, con una "obediencia pensante" (Heck), está sometido al imperio de la ley: su contribución al avance en el camino hacia la igualdad consiste en hacer verdad en el concreto fragmento de la realidad social del que está conociendo la igualdad querida por el ordenamiento jurídico.
Pero fundamentalmente el mandato se dirige a los poderes legislativo y ejecutivo y puesto que los partidos políticos aspiran en los procesos electorales a cubrir con sus candidatos los cargos propios de esos poderes, el objetivo constitucional que estoy comentando, esencial y de la máxima intensidad, reclama, como primer paso para su eficacia, que los programas electorales de los partidos incluyan un destacado capítulo en el que figuren las medidas que se proponen introducir a fin de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y removerlos obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Y ahora mismo, el mandato constitucional impone a los que ya ejercen el poder, gobiernos estatal y autonómicos, Cortes Generales y Asambleas legislativas comunitarias, el cumplimiento del protagonismo que la Constitución les encomienda para avanzar hacia la plenitud de la igualdad real y efectiva, objetivo constitucional esencial que no debe ser solo Derecho aparente. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
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