La democracia, es notorio, atraviesa una fase de pésima salud. El último informe del prestigioso instituto V-Dem, publicado en marzo, considera que la calidad democrática ha retrocedido a escala global a niveles de 1978, antes de la gran ola democratizadora posterior a la caída del muro de Berlín. Europa, aunque menos golpeada que otras regiones, no está exenta de síntomas preocupantes en los criterios que se tienen en cuenta en ese tipo de informes —libertades, derechos, procesos electorales, participación, etcétera— pero hay otro elemento que sobresale ese marco y es especialmente inquietante: la capacidad de ese modelo de proveer una gobernanza eficaz, una fuerza tractora de acción y reforma adecuada a las exigencias del tiempo. Con ese prisma, el panorama europeo es desolador.
Francia, por ejemplo, encadena una llamativa serie de cambios de primer ministro —cinco desde 2024— con una sustancial inoperancia gubernamental, incluido un bloqueo presupuestario mientras la deuda pública se dispara. En los primeros años del macronismo sí hubo serios intentos de incidir, por ejemplo con reforma de pensiones o migratoria. Buena, mala o regular, hubo acción de Gobierno. En los últimos años, prácticamente nada. El plano judicial arrojó indignación generalizada recientemente al evidenciarse la inadecuada acción en casos de violencia sexual contra menores.
El Reino Unido no se queda atrás. Pronto tendrá su séptimo primer ministro en 10 años. La alternancia no es necesariamente de por sí un veredicto negativo, pero el balance político es desastroso, e incluso los dos años de gobierno laborista con una supermayoría parlamentaria arrojan uno francamente pobre. Cualquiera que no sea un experto tendría mucha dificultad en recordar algún elemento reseñable de reforma o acción de gobierno del Ejecutivo de Starmer.
Lo mismo ocurre en Italia, con otra mayoría muy sólida. Desgraciadamente, justo ayer llegó a la Cámara de Diputados un proyecto legislativo por el cual sí podría ser recordada esta mayoría capitaneada por la ultraderecha de Meloni: un intento de reformular la ley electoral, con un sistema que ofrecería un fuerte premio de mayoría a la coalición que gane alcanzando el 42% de los votos. La maniobra provoca fuerte rechazo en la oposición. Siempre es una pésima señal para una democracia el cambio de reglas del juego a golpes sin entendimiento con al menos parte de la oposición.
España, por su parte, es caso de especial interés. Los informes internacionales de referencia han atestiguado en los últimos años la persistencia de un alto nivel de calidad democrática, desmintiendo en cierta medida los cantos catastrofistas de la oposición que ve fantasmas autoritarios en cada sala gubernamental. Pero considerar por ello que las cosas van bien para la democracia española sería un error craso.
Tras una legislatura de extraordinaria fertilidad legislativa —con medidas acertadas y de calado como la reforma laboral, la ley de eutanasia o la ley de ingreso mínimo vital— la actual es una travesía en el desierto. La buena marcha de algunos datos económicos no puede ocultar el fracaso absoluto de una temporada desprovista de sustancial acción reformista. Un estado de semiparálisis nunca es positivo, pero en tiempos tan convulsos como estos es más necesaria que nunca una constante tarea de adaptación democrática a los retos del mundo. En España no hay presupuestos desde 2023 y durante años no se ha ni siquiera presentado un proyecto, en eminente desprecio del mandato constitucional. No hay ninguna perspectiva de que se apruebe legislación relevante hasta que se disuelva el Parlamento. Es un panorama desolador.
Ello se produce además en un contexto de toxicidad corrosiva. No debería ser tan difícil reconocer la coexistencia de dos verdades. Por un lado, el aparecer —además de una primera sentencia condenatoria— de serios indicios de graves conductas ilegales por parte de figuras clave del principal partido del Gobierno. Por el otro, acciones judiciales extraordinariamente llamativas que parecen obedecer a cálculos más políticos que legales.
Sin embargo, muchos simpatizantes del presidente Sánchez otorgan relevancia despropositada a lo segundo y tienden a cerrar los ojos ante lo primero. Los simpatizantes del PP hacen lo contrario, y olvidan pequeños detalles como los ordenadores rotos en la sede de su partido en un gesto de dudosa lealtad con la justicia, el whatsapp del senador popular Ignacio Cosidó en 2018 con el cual se jactaba del control desde atrás la Sala Segunda del Supremo (la penal) con un pacto que afortunadamente se desmoronó y una pléyade de casos de corrupción ya juzgados que introduce —a falta de conocer las muchas sentencias pendientes, algunas llamativamente lentas— de pleno derecho al PP en la Champions League de los partidos más corruptos de Europa en este siglo. El ranking sobre calidad democrática de los partidos elaborado por la asociación +Democracia, que preside la politóloga y socióloga Cristina Monge, presentado esta semana, arroja un análisis con varios motivos de inquietud y un claro suspenso de las dos principales formaciones.
Desprestigio e ineficacia son gangrenas democráticas muy serias. Lo primero es letal, pero lo segundo es peligroso también. En un ensayo breve publicado recientemente y muy cuestionable en muchos aspectos, Tony Blair sí dio con una clave difícil de refutar. Recurría el exprimer ministro británico a la metáfora de un muro para explicar el éxito de partidos antisistema de derecha. Su razonamiento es que en la vida política inexorablemente aparecen muros que impiden el camino directo hacia los objetivos. Las democracias demuestran cada vez más problemas para respetar normas y rodearlos con eficacia para proseguir el camino. Polarización, obstruccionismos, deficiencias de arquitectura institucional complican en demasía. Esto genera frustración en la ciudadanía. Los ultra prometen simplemente reventar los muros y pasar al otro lado. Esto atrae mucho.
Por supuesto, no es cuestión de abrazar sus tácticas y ponerse a reventar con todos los daños que ello provoca. Pero es hora de tener la altura moral de por lo menos evitar zancadillas en los caminos de rodeo, de entender que en algunas cosas básicas es necesario cooperar para el bien común, que, igual, echando una mano se puede saltar al otro lado sin dar un rodeo de kilómetros, y cosas por el estilo. Va en ello el nivel de eficacia mínimo imprescindible de la democracia.
Daniel Innerarity acaba de publicar un interesante ensayo (El futuro de la democracia, Galaxia Gutenberg), una recomendable lectura que teoriza sobre los riesgos que afronta este modelo de gobierno y también sobre sus rasgos de resiliencia. Correctamente, invita a no ceder a una visión de pesimismo excesivo y a una sobrevaloración de las capacidades de los adversarios de la democracia que solo espolea la resignación; exhorta a no centrarse solo en la amenaza procedente de los enemigos del modelo, sino en las disfunciones y en las dificultades de adaptación.
Los problemas existen, y aunque no debe cundir el pánico, sí deberían sonar las alertas. Actuemos para parar la gangrena antes de que se torne una amenaza vital. Andrea Rizzi es analista político. El País, 27 de junio de 2026.
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