Resulta complicado aquilatar donde está la verdad. No hay verdades absolutas, salvo en el fanatismo. Ni siquiera en la investigación científica, que avanza paso a paso mediante el sistema de la prueba y el error. Y en política, menos que en ninguna otra cosa. La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura, decía Voltaire, y yo lo repito en la firma de mi blog cada día.
Es mucho más fácil vivir con un problema irresoluble que pagar el precio de resolverlo, dice el periodista Antonio Navalón en su crónica de El País relatando el "no" de los colombianos al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC. Y la que fuera rectora de mi universidad, la UNED, y ahora catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas, se pregunta en El Mundo si puede haber reconciliación sin reparación, en un extenso análisis del acuerdo firmado por el gobierno colombiano y las FARC. Les recomiendo su lectura.
Coraje, dice Navalón, es un término que tiene una mala interpretación en español. Suele ser sinónimo de una conducta casi suicida para enfrentarse a la realidad. Sin embargo, en su acepción sajona, tiene un matiz que hace referencia a la capacidad de tomar decisiones correctas bajo una gran presión.
La firma de la paz entre el Estado colombiano y el pseudo-Estado en el que ya se habían convertido las FARC el pasado 26 de septiembre, sigue diciendo, fue una muy buena noticia para América y para el mundo. Tras 52 años de guerra, las FARC eran mucho más que un grupo insurgente: controlaban casi el 40% del territorio y eran la hipoteca de las escuelas, de los hospitales, de la esperanza de los mayores y del miedo de los pequeños, que no soportaban vivir en un conflicto permanente. Desde que mataron al líder político Jorge Eliécer Gaitán en 1948, murió con él la posibilidad de que Colombia escribiera las páginas de su historia con algo que no fuera pólvora y sangre.
Sin embargo, añade, sería por medio de un plebiscito como los colombianos definirían el triunfo o el fracaso de los Acuerdos de Paz con las FARC promovidos por su presidente Juan Manuel Santos. Pero sabido es que Colombia es un país realmente bravo. Sabido es que allí la sangre no se derrama en vano. Y sabido es que una cosa son las normas o las aportaciones que puedan ser posibles en la política y otra muy distinta es el sentimiento de los ciudadanos.
El expresidente Álvaro Uribe le apostó en el momento final al sabor y al recuerdo de la sangre derramada, nos dice. Aseguró que la paz era un anhelo de Colombia, pero que los acuerdos de La Habana eran verdaderamente decepcionantes. Ahora con el resultado del plebiscito no sólo ganó Uribe, sino ganó el recuerdo de las víctimas y, en cierto sentido, del espíritu de venganza que aún está latente en una parte del pueblo de Colombia. Pero también triunfó el olvido de las consecuencias y de los costos que ha tenido el mantenimiento de la guerra para la sociedad.
Santos, añade el periodista, es un hombre que viene de la escuela romana, la del dicho "si quieres la paz, prepara la guerra", tanto que fue ministro de Defensa de Uribe, que ganó grandes batallas contra las FARC. Pero un día Santos se hizo una pregunta inconveniente porque la respuesta implicaba exterminar a un enemigo que ya era parte del propio Estado. Lo que estaban viviendo los colombianos era una guerra civil y no había manera de ganar sin matar a la mitad del país. Por eso, sin duda, había que tener coraje y valor para encontrar la paz. Los mismos que tuvo el ex primer ministro de Israel, Isaac Rabin, que, después de la firma de los Acuerdos de Oslo con los palestinos en 1993, se enfrentó a sus enemigos políticos que le acusaban de haber cedido frente a los terroristas palestinos. "La paz se firma con los enemigos", fue la respuesta del líder laborista, un militar laureado y aclamado por su pueblo. A partir de ahí, en ese cambio de paradigma y en esa transformación de un militar que, después de haber ganado la guerra, quiso conquistar la paz, estuvo presente el coraje que seguramente le costó la vida.
Hoy Israel y Palestina no tienen paz, nos dice. Sin embargo, el fenómeno no debe ser exportable a Colombia porque ahora lo importante en ese país es que el valor de Santos se refleja en su capacidad para quebrar una costumbre presupuestaria, militar y social que duró cinco décadas. Es mucho más fácil vivir con un problema irresoluble que pagar el precio de resolverlo. Por eso, el coraje es un gesto de valor que trasciende el caso colombiano. Y que, en estos momentos de redefinición ideológica en la región latinoamericana, de reasentamiento de los intereses estadounidenses y de reincorporación plena de la Cuba de los Castro, nos permite saber que necesitamos iniciativas que no se basen en una victoria fratricida, sino en apostar a ser destruidos o construidos por tener el valor de cambiar.
En este momento, añade, pese al resultado del plebiscito en Colombia no se le resta a Santos el valor de su coraje. Y aunque en la vida no se juzga por intenciones sino por resultados, hay que reconocer que los más de seis millones de votos (50.23%) que optaron por el “no”, no le quitan la fuerza moral de lo que significó el intento de los Acuerdos de Paz.
El presidente de la República española, Manuel Azaña, que murió en el exilio tras la Guerra Civil, concluye su artículo, escribió que España necesitaba "paz, piedad y perdón". Ahora esas palabras deben retumbar en los oídos de Santos porque el único camino para que Colombia salga del momento en el que se encuentra tras el plebiscito es saber y asumir que la paz se construye con piedad, con perdón y, añado yo, con justicia.
El no del pueblo colombiano al reciente acuerdo entre el Gobierno y el grupo armado de las FARC, dice la profesora Araceli Mangas, pone de relieve alguna debilidad del propio acuerdo y sobre todo errores de bulto al convocar de forma precipitada el referéndum.
La paz es un bien común global indiscutible. Sin duda; pero tiene siempre un precio. Poner fin a un largo y brutal conflicto armado interno debe concitar el apoyo de todo ciudadano de bien; este argumento arrojó al gobierno a un rápido plebiscito que saldara las cuentas del conflicto. Los populistas creen que todo se puede poner a votación. Y hay bienes como la paz (Colombia), la unidad nacional y el territorio (España), o el bienestar y seguridad propia y ajena (Reino Unido), o qué es o no delito, o los derechos humanos (Hungría, Suiza), que no pueden quedar al albur de mayorías plebiscitarias.
Los romanos establecieron bienes extra commercium tan protegibles que no podían someterse o modificar por acuerdo de los humanos. La demagogia triunfalista cegó al Gobierno. En su apresuramiento pusieron los bueyes antes que el carro; apelaron a la complicidad del pueblo para bendecir un complejo acuerdo cuyo buen propósito es laudable. Si tenían planificado el referéndum, ¿por qué firmarlo como norma consumada en un artificial clima exultante en Cartagena de Indias? Hubiera bastado la firma efectiva del texto en La Habana (24 de agosto).
Dieron poco tiempo para conocer un acuerdo, sigue diciendo, sin duda laborioso, de más de 300 páginas y fomentar su conocimiento. El Acuerdo es muy complejo y en su mayoría con partes de calado muy positivo o no problemático para los valores éticos y cívicos. Pero con un gran talón de Aquiles: la justicia ad hoc y la laxa sanción de crímenes masivos. Esto, si se pone a votación, debió ser explicado y justificado a la ciudadanía.
Más allá de los errores tácticos, señala, la clave es ajustar los costes del acuerdo de paz, los materiales o tangibles y los intangibles de los valores. Y ahí está la gran debilidad del acuerdo y la división de los votantes y, posiblemente, la abstención repulsiva de otros a un acuerdo de olvido a las víctimas, más allá de la retórica reiterativa, y pasar página pronto a crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por los tres contendientes del conflicto armado: el grupo rebelde, los paramilitares, y el ejército y policía colombianos. Lo sucedido allí en estos años ha sido claramente un conflicto armado interno al que le era aplicable el art. 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II de 1977.
Desde luego, nos dice, aquel conflicto armado interno no es asimilable a situaciones de violencia terrorista pura y dura, como las vividas en Europa, incluida España. Hay criterios legales que permiten identificar un conflicto armado interno (Protocolo II): enfrentamientos generalizados, carácter abierto de las operaciones militares, volumen y organización de las fuerzas y grupos armados en presencia, división y control sobre un territorio, duración del conflicto, etc. Todos los reunía el conflicto colombiano. Otra cosa es que en ese conflicto armado las FARC acudieron de forma sistemática y constante a métodos terroristas y a crímenes de guerra y de lesa humanidad (asesinato indiscriminado de civiles, violación de mujeres, reclutamiento de niños y forzado de adultos...).
Tampoco se limitaron las fuerzas gubernamentales, ni los paramilitares (contratados por los hacendados y ganaderos que estimaban floja la respuesta gubernamental) a combatir objetivos militares, es decir, rebeldes y sus efectivos materiales, sino que arrasaron con todos los civiles que tenían la desgracia de vivir en las zonas ocupadas por los rebeldes o que clamaban en las ciudades por el respeto a normas de derechos humanos. Varios millones de campesinos se refugiaron en Bogotá para huir de las zonas del conflicto, cayendo en la marginación o en la delincuencia.
En la época del siniestro presidente Uribe, añade, se mataba en cifras insospechadas a civiles y se les contabilizaba sin más como rebeldes para hinchar las estadísticas de su victoria. Por ello, no es de extrañar que altos mandos de las Fuerzas Armadas colombianas hayan participado activamente en las negociaciones y defiendan el acuerdo. Sobre todo el acuerdo que conlleva de facto "borrón y cuenta nueva" para todos. El perdón y la reconciliación son imprescindibles para cerrar todo conflicto armado. El citado Protocolo II establece que «las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en conflicto armado» (art. 6.5).
Francisco de Vitoria, nos recuerda Araceli Mangas, hace casi cinco siglos, desde la Universidad de Salamanca en su obra De iure belli, ya recomendaba al vencedor proceder con moderación, pero también castigar a los dirigentes pues "las más de las veces... toda la culpa es de los príncipes, porque los súbditos pelean por su príncipes de buena fe". ¿Es suficiente, como dice la parte del Acuerdo sobre el Sistema Integral de la Verdad, "conocer la Verdad de lo ocurrido", esclarecer las infracciones y "ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad" sin que se pueda "implicar la imputación penal de quienes comparezcan» ni la información pueda ser trasladada... a autoridades judiciales... ni las autoridades judiciales podrán requerírsela"?
El acuerdo sobre reparación, dice, reconoce, de forma muy correcta, ciertos crímenes no amnistiables (graves crímenes de guerra y los de lesa humanidad como secuestros o asesinatos masivos. Exime las actuaciones gubernamentales que se limitaron a las "reglas de enfrentamiento" (es decir, a cumplir con su deber de respeto a la ley, tan obvio que no debió incluirse). En relación con los delitos amnistiables, tras pasar por un procedimiento prolijo y frustrante, basta reconocer lo hecho para obtener el perdón con sanciones simbólicas.
Para juzgar y obtener el perdón, de los delitos amnistiables y no amnistiables, señala, se inventa una compleja "Jurisdicción Especial para la Paz" que apenas se ha podido explicar al pueblo colombiano por ser una tela de araña: la impresión es que se pretende el blanqueo de todos los delitos. Todo un complejo sistema con las normas del debido proceso para constatar judicialmente hechos criminales, pero con las menores consecuencias sancionadoras. Complejo teatro.
Los crímenes no amnistiables, añade, se saldarían, si son previamente reconocidos, con sentencias "reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento". Por el contrario, "cuando no exista reconocimiento de verdad y de responsabilidad" la sentencia será conforme a las normas penales (entre 15 y 20 años), «sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad».
Justicia sí, pero demasiado blanda para reparar tanto crimen, sigue diciendo. La justicia específica para juzgar situaciones de violaciones masivas (justicia transicional) es recomendable para todas las situaciones de conflicto, aunque el sectarismo ideológico sólo las reclame para crímenes de grupos supuestamente relacionados con la izquierda. En Argentina, Camboya, Ruanda o Chile no se admitió la justicia transicional y se comprende bien. En España, pasados 75 años de la Guerra Civil, todavía hay partidos y grupos sociales empeñados en pedir responsabilidades penales por la guerra y posguerra. El Acuerdo colombiano, aunque haya embarrancado temporalmente, debería servir de ejemplo para situaciones similares que ponen fin a conflictos armados. Hay razones para creer que no se volverá a las armas; la Unión Europea ya ha excluido a las FARC de la lista de grupos terroristas y de sus sanciones. Lo que importa, tras el esfuerzo de años, es que ese Acuerdo es algo más que un punto de partida si bien requiere algunos arreglos desde la justicia y la ética.
La paz y la reconciliación, concluye la profesora Mangas, tienen un precio que hay que explicar y no ocultar con enmarañados procedimientos de falsa expiación. Y para eso hace falta un coraje que el gobierno colombiano no ha tenido.
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Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
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