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lunes, 17 de junio de 2019

[NUESTRA EUROPA] ¿Y si la UE dejara de existir?





Si no existiera la Unión Europea (UE), ¿viviríamos mejor, con más libertad, igualdad, bienestar y seguridad? Los españoles, ¿confiamos más en España o en Europa?, se preguntaba hace unas semanas en el diario El Mundo la profesora Araceli Mangas Martín, Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM. 

La confianza de los españoles, comenzaba diciendo la profesora Mangas, logra un 75% de apoyo al entender que estas tres décadas en la UE (1986-2019) han sido beneficiosos para los intereses generales de España (encuesta de primavera del Eurobarómetro). Además, el 68% estima que las cosas van en "la mala dirección" en España, mientras que en la UE la desconfianza baja al 56%. Confiamos más en la red europea que en nuestros inmediatos representantes políticos, aunque también por nuestra escasa autoestima solemos valorar mejor lo de fuera.

Lo que más preocupa a los españoles es el desempleo juvenil (menores de 25 años). Claro, España es la subcampeona de Europa en desempleo juvenil (33,7 %) por culpa del mediocre sistema educativo, de la descuidada formación profesional, del rígido sistema laboral y sindical.... La media de la UE está en el 14,5% (marzo 2019). La política de empleo es responsabilidad nacional plena y la UE solo asume funciones de coordinación y orientación. El desempleo general se dobla en España (14%) respecto de la media europea del 6,4% (marzo 2019). Luego, el problema es España. No son las políticas de la UE las que fallan, sino las nuestras, nuestros políticos.

Sabemos que la UE ha beneficiado al bienestar de los españoles. Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres aprobadas por el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo -el legislador europeo bicameral- son la vanguardia del planeta; esas directivas europeas de igualdad se tradujeron en leyes internas, como la conocida Ley de 2007 de la que se apropió el Gobierno Zapatero. Los políticos nacionales hacen suyos los éxitos de la UE y, por el contrario, le endosan sus fracasos internos.

Además, la UE no nos roba. Por el contrario, hace ya unos años el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por haber exigido ilegalmente desde 2002 un impuesto sobre los carburantes (céntimo sanitario) que oscilaba entre 1 y 5 céntimos por cada litro de gasolina. El Tribunal europeo exigió en 2014 la devolución de cerca de 13.000 millones de euros por el Gobierno central y 13 autonómicos (incluida la Generalitat de Cataluña, que fue una de las primeras en implantarlo). La UE ni engaña ni roba, que ya es bastante.

Podría recordar otros casos importantes en los que la UE sale a nuestro rescate de la voracidad de los políticos españoles. Desde hace al menos una veintena de años, las Cortes y los bancos se aliaron para no aplicar normas europeas que nos protegían frente a viejas normas internas y exprimir nuestros bolsillos cuando se compraba una vivienda (cláusulas suelo ilegales, hipotecas con índices mal referenciados, cláusulas abusivas, ejecuciones sin derecho a tutela judicial y por escaso impago). Gracias al Tribunal de Justicia de la UE se fue desmontando una aberrante legislación de Cortes y una errónea interpretación por el Tribunal Supremo. Aún la protección de los consumidores libra nuevas batallas pendiente en Luxemburgo. Lo saben cientos de miles de españoles que han podido recuperar una parte importante del dinero apropiado (unos 20.000 millones). La Unión, de nuevo, al rescate de los derechos de los españoles frente al insensible legislador interno, Tribunal Supremo y la banca. Gracias a la aplicación de normas aprobadas por el Parlamento Europeo.

La Europa cotidiana ha extraído las consecuencias del espacio económico unificado para las personas y las empresas, también para nuestras actividades diarias, como el uso del móvil con las tarifas nacionales con validez en los 28 Estados miembros. Nos sentimos como en casa en cualquier parte de la UE. Los europeos desplazados pueden hablar a diario con sus familias y amigos; o las empresas con sus clientes abaratando costes O nos hemos desprendido de decenas de cables porque la Unión estandarizó el cable único para los móviles androides. Europa nos aproxima gracias a las normas que aprueba el Parlamento Europeo.

Nos ha defendido de los gigantes tecnológicos norteamericanos (de los abusos de sus buscadores, de sus agresivos modos de venta o de sus imposiciones, de su fraude fiscal masivo, de sus abusos con nuestra identidad gracias al derecho al olvido) con multas mil millonarias a Apple, Google, Amazon, o Microsoft. La Comisión Europea -el ejecutivo de la UE- nos ha protegido como nunca lo hubiera podido hacer nuestro Estado haciendo aplicar normas aprobadas por el Parlamento Europeo.

La Unión nos ha protegido de las ayudas públicas que conceden con demasiada discreción los responsables nacionales y regionales para mantener su sistema clientelar falseando la competencia. La UE exigió a los beneficiarios su devolución a las arcas públicas. ¿Se podría conseguir eso sin la Unión?

Sin sus fuertes multas y la vigilancia por la Comisión de las normas de protección medioambiental que aprueba el PE, qué sería de nuestras costas, ríos, o aguas residuales urbanas y residuos sólidos o emanaciones industriales; nos estaríamos ahogando entre la contaminación. Sabemos hasta qué punto es importante la conformación del Parlamento Europeo por su legislación progresiva, en general, para todos los ciudadanos europeos. Y, al igual que ocurre en España tras las elecciones generales, luego hay que formar el Ejecutivo que va a administrar la Unión.

Y habrá que elegir a la presidenta (hasta ahora nunca una mujer) o presidente de la Comisión abandonando el absurdo sistema del cabeza de lista más votado -al margen de la legalidad del Tratado de la UE- y sin lógica política ni jurídica, pues el voto es nacional y no podemos votar a cabezas de lista pues no hay listas transnacionales. Y, dado que desde hace dos décadas ganan los populares, eso condenaría a la Comisión a repetir un presidente popular también en la nueva legislatura. Ese pie forzado llevó al desastre institucional de la actual legislatura con tres presidencias en manos del Partido Popular Europeo -Comisión, Consejo Europeo y luego la del Parlamento-, lo que impidió la transversalidad habitual de cohabitación (populares, socialistas y, alguna vez, liberales) en el reparto de presidencias. Los liberales serán decisivos en la nueva legislatura en la que los dos grandes partidos van a pesar menos, y los encabeza una mujer.

Muchos desprecian o hablan de otra Europa, pero nadie quiere irse, ni los británicos encuentran una puerta de salida a un mundo mejor. No se atreven a plantear la renuncia al euro que, a la postre, es un verdadero escudo para nuestra estabilidad económica, a pesar de su debilidades e insuficiencias. Los que critican con apriorismos a la UE tampoco quieren renunciar al placer de la libre circulación sin fronteras o del mercado interior, ni a los fondos estructurales de la UE que representan las políticas de redistribución de riqueza entre naciones jamás soñadas. No es tan terrible la burocracia europea; como los romanos opresores de la película La vida de Brian, las instituciones europeas hacen muchas cosas buenas por nosotros.

La UE es, además, un espejo en el que se deberían mirar los partidos políticos españoles. Allí nunca un partido ha tenido la mayoría absoluta y siempre trabajan en gran coalición parlamentaria sosteniendo a la Comisión siempre interpartidaria. Desde 1979 hasta ahora su entendimiento se ha basado en la transacción difuminando la tradicional confrontación derecha-izquierda. Es cierto que los ciudadanos no siempre conocen lo logrado ni los retos de futuro ni los programas, pero tampoco en las elecciones internas. El electorado vota por los partidos con los que creen compartir valores y orientaciones en cada momento. Al igual que en las pasadas elecciones del 28-A, tenemos que movilizar el voto de los demócratas frente a los soberanistas que anteponen su terruño a los intereses de la libertad y el bienestar general. Los europeístas frente a los que quieren destruir las libertades, la igualdad y el bienestar que representa la UE.



Dibujo de Raúl Arias para El Mundo



Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt





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miércoles, 4 de julio de 2018

[A VUELAPLUMA] Volver a Europa y al mundo






Aparte de la crisis catalana, magnificada por la dolosa pasividad del Gobierno de Rajoy, y los casos de corrupción en el Partido Popular, lo que ha infligido mucho daño a nuestro país ha sido el descrédito exterior de España y la consiguiente pérdida de influencia en las relaciones internacionales, comentaba hace unos días en El Mundo la profesora Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

España, muy débil internacionalmente ya en la etapa Zapatero, desapareció de la arena internacional y europea durante los gobiernos de Rajoy, comienza diciendo la profesora Mangas. Primero, poco a poco. Y a partir de 2015 de forma clara y veloz. Conforme el Estado desaparecía de Cataluña, el Gobierno faltaba a su deber de prevenir los graves delitos que se estaban cometiendo y permitía la emergencia de un poder territorial paralelo al que se toleraba una sistemática violencia institucional contra la Constitución y la integridad territorial de España. Inexplicablemente, sin cumplir el Ejecutivo su obligación de prevenir e impedir los graves delitos que cometían quienes estaban al frente de las instituciones catalanas y sin hacer todo lo necesario para defender la Constitución que habían jurado.La política exterior de España pasó a ser interior en el sentido de que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se limitaban a hacer llegar a los gobiernos extranjeros la situación y conseguir, lo que fue un éxito vital, que no hubiera ningún reconocimiento internacional de la doble declaración de independencia. Fue mucho, sí, pero muy insuficiente al no hacer nada para defender el relato constitucional desde las embajadas de España y con una política informativa. 

La política exterior siempre se beneficia de una política interna coherente; fue muy claro cómo despegó externamente España en la Transición a partir de la ejemplar política interna de democratización de todas las estructuras políticas, económicas y sociales propiciada por la Constitución de 1978. Un Estado de tipo intermedio, como España, para ser tenido en cuenta debe poder presentar una clara concordancia entre el contexto interno y el escenario internacional.No ha habido protagonismo activo en la vida internacional. De la reacción defensiva no hemos pasado a la acción protagonista acorde. Se vivió de las rentas del pasado en nuestras relaciones internacionales, pero sin construir nada nuevo en la acción europea. España ha desaprovechado el nuevo peso político que le deja el Brexit en el seno de la UE. Afortunadamente, en estos años se minimizarán los daños por la desaparición no menor de Italia de la escena europea al quedar en manos de la populocracia antieuropeísta. Ser la tercera potencia de la UE tiene que reportar grandes beneficios internos -para la estabilidad y unidad nacional- y externos, muchos de naturaleza económica. No se ha contado con España para nada. Ni tan siquiera Estados Unidos informaba del uso de sus aviones en nuestras instalaciones de apoyo (bases) para bombardear Siria. Insignificantes. Si nos comparamos con Portugal y su capacidad para ser tenido en cuenta, el resultado es bochornoso y deja al anterior Gobierno en pésimo lugar. 

No ha sido responsabilidad de nuestra diplomacia la irrelevancia de España, sino de la dirección política desganada y aislacionista de Moncloa, ajena siempre a los intereses generales de España. El ridículo fue total en el reparto de las suculentas agencias europeas (la bancaria y la del medicamento). España propuso a Barcelona, frente a las seguras Valencia o Málaga, para la candidatura de la Agencia europea del medicamento -que tenía que abandonar Londres por la retirada británica de la Unión-;presentaba así una ciudad de la que huían todas las empresas en una región con futuro incierto dentro de la UE (del seguro Brexit al incierto Catexit). Nos quedamos sin barcos y sin honra con el anterior Gobierno.

No hay españoles en puestos de relieve en las grandes organizaciones internacionales ni probablemente se intenta ante nuestra falta de prestigio e influencia. Hablo de puestos en los que se presenten por parte de nuestro país candidatos españoles y que compitan con nacionales de terceros Estados. La insignificancia de España en estos años ha sido más dolorosa si cabe cuando se tiene en cuenta cómo ha seguido comprometida, incluso en plena crisis económico-financiera, con numerosas acciones militares y humanitarias. Nuestras unidades y observadores militares están participando en 17 misiones en todos los continentes, muchas de gran riesgo como las de Irak y Líbano o las de varios países en el corazón de África, en todas con un alto nivel de profesionalidad y logro de los objetivos que los organismos internacionales les trazan. Y el Gobierno de Rajoy apenas sacó rendimiento de ese sacrificio para ser influyentes.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, es una esperanza sólida de que, a pesar de la corta caducidad del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pueda poner fin a la irrelevancia de España. Aunque no basta la personalidad del nuevo ministro, que es mucha y con determinación, importa que el presidente Sánchez no se comporte como Rajoy, como un oscuro funcionario en el casino de su pueblo, y sea consciente del papel proporcionado que corresponde a España. Durante el último año ha habido grandes debates y tomas de posición a raíz de los grandes discursos europeístas del providencial presidente Macron. Sus cuatro grandes discursos sobre el futuro de Europa en un año recibieron el silencio ruin del Gobierno anterior de Rajoy; había que despreciar los grandes planes de Francia para evitar, se decía, que favorecieran a Ciudadanos por la errónea asimilación de Rivera con Macron. Rivera está a millones de años luz del discurso europeísta del brillante presidente galo. Pura mezquindad de Rajoy.

El anterior Gobierno olvidó que España ganó su prestigio e influencia gracias a la sabia política que supuso en su día estar junto a la locomotora franco-alemana. Pero España tiene de nuevo la oportunidad de volver al centro de la renovada vitalidad política de la UE. Cuando nuestro país vuelva al "corazón de Europa" -una expresión que tanto gustaba a Manuel Marín-, defendiendo el proyecto Macron en equilibrio con Alemania, España podrá inclinar la balanza en favor de las grandes reformas comunitarias y allanar el camino que se prepara para fortalecer la Unión. En cuestiones concretas del día a día europeo podemos disentir de los dos grandes y pelear;pero en las grandes cuestiones hay que cooperar e influir del lado de la locomotora franco-alemana. Somos los terceros a bordo de la nave europea y debemos ejercer nuestra responsabilidad.Cuando España se afianzó en el núcleo duro de la integración, su sacrificio permitió que los demás socios tuvieran en cuenta nuestros intereses. Cuando hemos sido activos e influyentes en la UE, ésta nos ha servido para impulsar las relaciones con zonas de interés preferente de España tales como Iberoamérica o el Mediterráneo en las que la Corona cumplió un papel estelar. Tenemos que volver a europeizar nuestros intereses en las áreas tradicionales de influencia de España y en las nuevas, como es África. Tenemos que despertar nuestras potencialidades en política exterior anestesiadas por Rajoy. Tenemos que volver a una decidida acción exterior bilateral y multilateral para ser creíbles en Europa, y añadir al doble pilar diplomático clásico nuestro poder blando comunitario, el que nos corresponde, muy superior al actual.

Cuando un Estado es cooperativo con los intereses del conjunto europeo, sus intereses nacionales podrán ser defendidos y tenidos en cuenta de forma pragmática por los socios. Tenemos que ayudar a renovar y fortalecer la UE y tendremos la ayuda de la Unión para nuestra crisis nacional. España tiene que volver a involucrarse con el proyecto europeo como parte esencial del proyecto nacional. No vivamos más atenazados por la crisis catalana, levantemos la cabeza.



Dibujo de Javier Olivares para El Mundo



Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt




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jueves, 6 de octubre de 2016

[A vuelapluma] Colombia: ¿Puede haber reconciliación sin reparación? El valor del coraje





Resulta complicado aquilatar donde está la verdad. No hay verdades absolutas, salvo en el fanatismo. Ni siquiera en la investigación científica, que avanza paso a paso mediante el sistema de la prueba y el error. Y en política, menos que en ninguna otra cosa. La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura, decía Voltaire, y yo lo repito en la firma de mi blog cada día.

Es mucho más fácil vivir con un problema irresoluble que pagar el precio de resolverlo, dice el periodista Antonio Navalón en su crónica de El País relatando el "no" de los colombianos al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC. Y la que fuera rectora de mi universidad, la UNED, y ahora catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas, se pregunta en El Mundo si puede haber reconciliación sin reparación, en un extenso análisis del acuerdo firmado por el gobierno colombiano y las FARC. Les recomiendo su lectura.

Coraje, dice Navalón, es un término que tiene una mala interpretación en español. Suele ser sinónimo de una conducta casi suicida para enfrentarse a la realidad. Sin embargo, en su acepción sajona, tiene un matiz que hace referencia a la capacidad de tomar decisiones correctas bajo una gran presión.

La firma de la paz entre el Estado colombiano y el pseudo-Estado en el que ya se habían convertido las FARC el pasado 26 de septiembre, sigue diciendo, fue una muy buena noticia para América y para el mundo. Tras 52 años de guerra, las FARC eran mucho más que un grupo insurgente: controlaban casi el 40% del territorio y eran la hipoteca de las escuelas, de los hospitales, de la esperanza de los mayores y del miedo de los pequeños, que no soportaban vivir en un conflicto permanente. Desde que mataron al líder político Jorge Eliécer Gaitán en 1948, murió con él la posibilidad de que Colombia escribiera las páginas de su historia con algo que no fuera pólvora y sangre.

Sin embargo, añade, sería por medio de un plebiscito como los colombianos definirían el triunfo o el fracaso de los Acuerdos de Paz con las FARC promovidos por su presidente Juan Manuel Santos. Pero sabido es que Colombia es un país realmente bravo. Sabido es que allí la sangre no se derrama en vano. Y sabido es que una cosa son las normas o las aportaciones que puedan ser posibles en la política y otra muy distinta es el sentimiento de los ciudadanos.

El expresidente Álvaro Uribe le apostó en el momento final al sabor y al recuerdo de la sangre derramada, nos dice. Aseguró que la paz era un anhelo de Colombia, pero que los acuerdos de La Habana eran verdaderamente decepcionantes. Ahora con el resultado del plebiscito no sólo ganó Uribe, sino ganó el recuerdo de las víctimas y, en cierto sentido, del espíritu de venganza que aún está latente en una parte del pueblo de Colombia. Pero también triunfó el olvido de las consecuencias y de los costos que ha tenido el mantenimiento de la guerra para la sociedad.

Santos, añade el periodista, es un hombre que viene de la escuela romana, la del dicho "si quieres la paz, prepara la guerra", tanto que fue ministro de Defensa de Uribe, que ganó grandes batallas contra las FARC. Pero un día Santos se hizo una pregunta inconveniente porque la respuesta implicaba exterminar a un enemigo que ya era parte del propio Estado. Lo que estaban viviendo los colombianos era una guerra civil y no había manera de ganar sin matar a la mitad del país. Por eso, sin duda, había que tener coraje y valor para encontrar la paz. Los mismos que tuvo el ex primer ministro de Israel, Isaac Rabin, que, después de la firma de los Acuerdos de Oslo con los palestinos en 1993, se enfrentó a sus enemigos políticos que le acusaban de haber cedido frente a los terroristas palestinos. "La paz se firma con los enemigos", fue la respuesta del líder laborista, un militar laureado y aclamado por su pueblo. A partir de ahí, en ese cambio de paradigma y en esa transformación de un militar que, después de haber ganado la guerra, quiso conquistar la paz, estuvo presente el coraje que seguramente le costó la vida.

Hoy Israel y Palestina no tienen paz, nos dice. Sin embargo, el fenómeno no debe ser exportable a Colombia porque ahora lo importante en ese país es que el valor de Santos se refleja en su capacidad para quebrar una costumbre presupuestaria, militar y social que duró cinco décadas. Es mucho más fácil vivir con un problema irresoluble que pagar el precio de resolverlo. Por eso, el coraje es un gesto de valor que trasciende el caso colombiano. Y que, en estos momentos de redefinición ideológica en la región latinoamericana, de reasentamiento de los intereses estadounidenses y de reincorporación plena de la Cuba de los Castro, nos permite saber que necesitamos iniciativas que no se basen en una victoria fratricida, sino en apostar a ser destruidos o construidos por tener el valor de cambiar.

En este momento, añade, pese al resultado del plebiscito en Colombia no se le resta a Santos el valor de su coraje. Y aunque en la vida no se juzga por intenciones sino por resultados, hay que reconocer que los más de seis millones de votos (50.23%) que optaron por el “no”, no le quitan la fuerza moral de lo que significó el intento de los Acuerdos de Paz.

El presidente de la República española, Manuel Azaña, que murió en el exilio tras la Guerra Civil, concluye su artículo, escribió que España necesitaba "paz, piedad y perdón". Ahora esas palabras deben retumbar en los oídos de Santos porque el único camino para que Colombia salga del momento en el que se encuentra tras el plebiscito es saber y asumir que la paz se construye con piedad, con perdón y, añado yo, con justicia.

El no del pueblo colombiano al reciente acuerdo entre el Gobierno y el grupo armado de las FARC, dice la profesora Araceli Mangas, pone de relieve alguna debilidad del propio acuerdo y sobre todo errores de bulto al convocar de forma precipitada el referéndum. 

La paz es un bien común global indiscutible. Sin duda; pero tiene siempre un precio. Poner fin a un largo y brutal conflicto armado interno debe concitar el apoyo de todo ciudadano de bien; este argumento arrojó al gobierno a un rápido plebiscito que saldara las cuentas del conflicto. Los populistas creen que todo se puede poner a votación. Y hay bienes como la paz (Colombia), la unidad nacional y el territorio (España), o el bienestar y seguridad propia y ajena (Reino Unido), o qué es o no delito, o los derechos humanos (Hungría, Suiza), que no pueden quedar al albur de mayorías plebiscitarias. 

Los romanos establecieron bienes extra commercium tan protegibles que no podían someterse o modificar por acuerdo de los humanos. La demagogia triunfalista cegó al Gobierno. En su apresuramiento pusieron los bueyes antes que el carro; apelaron a la complicidad del pueblo para bendecir un complejo acuerdo cuyo buen propósito es laudable. Si tenían planificado el referéndum, ¿por qué firmarlo como norma consumada en un artificial clima exultante en Cartagena de Indias? Hubiera bastado la firma efectiva del texto en La Habana (24 de agosto). 

Dieron poco tiempo para conocer un acuerdo, sigue diciendo, sin duda laborioso, de más de 300 páginas y fomentar su conocimiento. El Acuerdo es muy complejo y en su mayoría con partes de calado muy positivo o no problemático para los valores éticos y cívicos. Pero con un gran talón de Aquiles: la justicia ad hoc y la laxa sanción de crímenes masivos. Esto, si se pone a votación, debió ser explicado y justificado a la ciudadanía. 

Más allá de los errores tácticos, señala, la clave es ajustar los costes del acuerdo de paz, los materiales o tangibles y los intangibles de los valores. Y ahí está la gran debilidad del acuerdo y la división de los votantes y, posiblemente, la abstención repulsiva de otros a un acuerdo de olvido a las víctimas, más allá de la retórica reiterativa, y pasar página pronto a crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por los tres contendientes del conflicto armado: el grupo rebelde, los paramilitares, y el ejército y policía colombianos. Lo sucedido allí en estos años ha sido claramente un conflicto armado interno al que le era aplicable el art. 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II de 1977. 

Desde luego, nos dice, aquel conflicto armado interno no es asimilable a situaciones de violencia terrorista pura y dura, como las vividas en Europa, incluida España. Hay criterios legales que permiten identificar un conflicto armado interno (Protocolo II): enfrentamientos generalizados, carácter abierto de las operaciones militares, volumen y organización de las fuerzas y grupos armados en presencia, división y control sobre un territorio, duración del conflicto, etc. Todos los reunía el conflicto colombiano. Otra cosa es que en ese conflicto armado las FARC acudieron de forma sistemática y constante a métodos terroristas y a crímenes de guerra y de lesa humanidad (asesinato indiscriminado de civiles, violación de mujeres, reclutamiento de niños y forzado de adultos...). 

Tampoco se limitaron las fuerzas gubernamentales, ni los paramilitares (contratados por los hacendados y ganaderos que estimaban floja la respuesta gubernamental) a combatir objetivos militares, es decir, rebeldes y sus efectivos materiales, sino que arrasaron con todos los civiles que tenían la desgracia de vivir en las zonas ocupadas por los rebeldes o que clamaban en las ciudades por el respeto a normas de derechos humanos. Varios millones de campesinos se refugiaron en Bogotá para huir de las zonas del conflicto, cayendo en la marginación o en la delincuencia. 

En la época del siniestro presidente Uribe, añade, se mataba en cifras insospechadas a civiles y se les contabilizaba sin más como rebeldes para hinchar las estadísticas de su victoria. Por ello, no es de extrañar que altos mandos de las Fuerzas Armadas colombianas hayan participado activamente en las negociaciones y defiendan el acuerdo. Sobre todo el acuerdo que conlleva de facto "borrón y cuenta nueva" para todos. El perdón y la reconciliación son imprescindibles para cerrar todo conflicto armado. El citado Protocolo II establece que «las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en conflicto armado» (art. 6.5). 

Francisco de Vitoria, nos recuerda Araceli Mangas, hace casi cinco siglos, desde la Universidad de Salamanca en su obra De iure belli, ya recomendaba al vencedor proceder con moderación, pero también castigar a los dirigentes pues "las más de las veces... toda la culpa es de los príncipes, porque los súbditos pelean por su príncipes de buena fe". ¿Es suficiente, como dice la parte del Acuerdo sobre el Sistema Integral de la Verdad, "conocer la Verdad de lo ocurrido", esclarecer las infracciones y "ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad" sin que se pueda "implicar la imputación penal de quienes comparezcan» ni la información pueda ser trasladada... a autoridades judiciales... ni las autoridades judiciales podrán requerírsela"?

El acuerdo sobre reparación, dice, reconoce, de forma muy correcta, ciertos crímenes no amnistiables (graves crímenes de guerra y los de lesa humanidad como secuestros o asesinatos masivos. Exime las actuaciones gubernamentales que se limitaron a las "reglas de enfrentamiento" (es decir, a cumplir con su deber de respeto a la ley, tan obvio que no debió incluirse). En relación con los delitos amnistiables, tras pasar por un procedimiento prolijo y frustrante, basta reconocer lo hecho para obtener el perdón con sanciones simbólicas. 

Para juzgar y obtener el perdón, de los delitos amnistiables y no amnistiables, señala, se inventa una compleja "Jurisdicción Especial para la Paz" que apenas se ha podido explicar al pueblo colombiano por ser una tela de araña: la impresión es que se pretende el blanqueo de todos los delitos. Todo un complejo sistema con las normas del debido proceso para constatar judicialmente hechos criminales, pero con las menores consecuencias sancionadoras. Complejo teatro. 

Los crímenes no amnistiables, añade, se saldarían, si son previamente reconocidos, con sentencias "reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento". Por el contrario, "cuando no exista reconocimiento de verdad y de responsabilidad" la sentencia será conforme a las normas penales (entre 15 y 20 años), «sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad». 

Justicia sí, pero demasiado blanda para reparar tanto crimen, sigue diciendo. La justicia específica para juzgar situaciones de violaciones masivas (justicia transicional) es recomendable para todas las situaciones de conflicto, aunque el sectarismo ideológico sólo las reclame para crímenes de grupos supuestamente relacionados con la izquierda. En Argentina, Camboya, Ruanda o Chile no se admitió la justicia transicional y se comprende bien. En España, pasados 75 años de la Guerra Civil, todavía hay partidos y grupos sociales empeñados en pedir responsabilidades penales por la guerra y posguerra. El Acuerdo colombiano, aunque haya embarrancado temporalmente, debería servir de ejemplo para situaciones similares que ponen fin a conflictos armados. Hay razones para creer que no se volverá a las armas; la Unión Europea ya ha excluido a las FARC de la lista de grupos terroristas y de sus sanciones. Lo que importa, tras el esfuerzo de años, es que ese Acuerdo es algo más que un punto de partida si bien requiere algunos arreglos desde la justicia y la ética. 

La paz y la reconciliación, concluye la profesora Mangas, tienen un precio que hay que explicar y no ocultar con enmarañados procedimientos de falsa expiación. Y para eso hace falta un coraje que el gobierno colombiano no ha tenido.


Partidarios del "sí" lloran por la derrota



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