Lo que nos pasa —decía Ortega— es que no sabemos lo que nos pasa. Se dice que la nuestra es una sociedad cansada, desilusionada, acelerada, conformista. Y últimamente, que vivimos tiempos de incertidumbre. Desconocemos qué nos deparará el futuro, ignoramos hacia dónde dirigirnos en este mundo de posveracidad, desinformación y polarizaciones enconadas. Sin embargo, si empezando por aquel entorno que nos resulta más accesible, por España, la Unión Europea y América Latina, pudiéramos construir un nosotros desde un diálogo abierto, ¿hacia dónde decidiríamos ir?
Tal vez descubriríamos que tan desnortados no estamos, que en cuanto habláramos en serio saldrían a la luz conquistas ya alcanzadas, de las que tenemos una buena experiencia cuando las hemos vivido, y a las que, por eso mismo no deberíamos renunciar, sino fortalecerlas y prolongarlas. Sobre ellas podríamos encontrar un acuerdo.
En principio, aceptaríamos que la comunidad política, siguiendo la sugerencia de Rawls, es un sistema equitativo de cooperación a lo largo del tiempo, desde una generación hacia las siguientes. No un campo de Agramante, ni siquiera un sistema de convivencia más o menos llevadero, más o menos injusto, sino un sistema de cooperación con el que todos deberíamos conseguir ventajas y por eso tiene sentido aceptar el pacto de colaborar. La justicia es la clave de ese contrato social que constituye nuestras sociedades democráticas y que resulta irrenunciable, porque fuera del pacto, a la intemperie, hace un frío insufrible, como el que narra la Nobel surcoreana Han Kang en su desgarradora novela Imposible decir adiós.
Dando un paso más, en nuestros países hemos experimentado ya la forma política, más o menos incorporada en la vida cotidiana, de un Estado social y democrático de derecho, es decir, una democracia liberal-social, que se compromete a tratar a sus ciudadanos como “ciudadanos sociales”, siguiendo el concepto de ciudadanía social de Marshall; es decir, debe proteger sus derechos civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales. Este es el modelo democrático de la Unión Europea, que se propone en sus documentos evitar cualquier exclusión, cualquier descarte, para que nadie quede atrás. Es la plasmación de las actuales propuestas de socialdemocracia, que aceptan la economía social de mercado, con intervención del Estado para corregir desigualdades, promover la justicia y mantener servicios públicos de calidad, creando con ello cohesión social en el mejor sentido de la palabra. Este es el modo de generar entre la ciudadanía una amistad cívica: la que nace entre quienes comparten un proyecto común desde el pluralismo y desde profundas discrepancias en el modo de llevarlo a cabo.
A diferencia del modelo de democracia neoliberal estadounidense, sobre todo en la versión MAGA, y frente al comunismo capitalista chino totalitario, que es radicalmente antidemocrático, la Unión Europea apuesta en sus documentos por la socialdemocracia, que se propone unir valores irrenunciables, como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Cuando llega a encarnarse en las sociedades realmente, es capaz de unir lo justo y lo conveniente. Renunciar a ella sería un delito de lesa humanidad. Es el modelo que algunos universalizaríamos en una ciudadanía social cosmopolita, el modelo europeo hacia el cosmopolitismo, que también Habermas diseñó desde ese afán de entendimiento mutuo, que une razón y emoción. La reciente visita de León XIV a España ha demostrado una vez más que en ese diseño converge también la doctrina social de la Iglesia, iniciada por León XIII en 1891 con la Rerum novarum.
Ciertamente, cuando se está hablando de proponer un nuevo contrato social en el nivel mundial para responder a los retos de la inteligencia artificial, de modo que esté al servicio del bien común y no de unas cuantas compañías poderosas o del Estado totalitario, España tiene que estar preparada para sumarse a este diálogo e intentar tener una voz en el contexto europeo.
Ahora bien, una cosa son las propuestas, sobre las que deberíamos deliberar los ciudadanos en distintos foros y los representantes en el Parlamento, si es que queremos construir una democracia deliberativa, progresista, y no agregativa, reactiva, y otra cosa es decidir en manos de qué partido o partidos políticos sería razonable poner la responsabilidad de llevar adelante la propuesta socialdemócrata para que no desaparezca. Y en este punto, aunque nadie es perfecto, el nivel de corrupción de que tenemos noticia a diario en nuestro país ha conseguido liquidar la confianza en la política. Se extiende la desafección.
Y es que, por desgracia, más que la posverdad se ha impuesto la posveracidad, el hábito de mentir sin ningún problema y de justificar lo injustificable. Entonces sucede, como decía Hannah Arendt, que ya nadie se cree nada. No hace falta criticar la desinformación que extienden las plataformas, porque la mentira se ha normalizado y además sin penalización alguna. Pero entonces, como nuestra Constitución pone en manos de los partidos una gran parte de la gestión política, ¿a cuáles se puede confiar algo tan importante como llevar adelante la socialdemocracia?
¿Cómo confiar en quienes destruyen de hecho la separación de poderes al criticar públicamente las decisiones de los jueces cuando les incomodan, las atribuyen a una conspiración orquestada y perversa, pretendiendo convertirse en víctimas, en vez de practicar una elemental autocrítica?
Es bien conocida la afirmación de Kant en La paz perpetua, cuando asegura que hasta un pueblo de demonios, de seres sin sensibilidad moral, preferiría un Estado de derecho al estado de naturaleza, con tal de que tengan inteligencia. El estado de naturaleza es un estado potencial de guerra de todos contra todos en el que vence el más poderoso, no quien tiene razón, mientras que en un Estado de derecho el que está legitimado para resolver las disputas es el juez, y por eso debe ser imparcial e íntegro. Naturalmente, el juez puede equivocarse y el derecho a recurso debe estar instituido. Pero quien debe decidir entonces no es el gobernante; la separación de los tres poderes es irrenunciable para evitar el totalitarismo, destructor de la democracia. El derecho de la ciudadanía es sagrado.
Y como solo despiertan confianza algunas personas o grupos, en una democracia que quiera ser viva y flexible se hace necesario desacoplar la propuesta socialdemócrata de las siglas de un partido que en realidad no la defiende, y encomendarla a quienes sí parezcan estar dispuestos a ponerla en marcha desde un acuerdo básico. En este punto se hace imprescindible que la ciudadanía asuma también esa ética de la responsabilidad de la que hablaba Max Weber, que en una sociedad democrática no es sólo la que corresponde a los políticos de oficio sino a todos los ciudadanos. Una ciudadanía madura, crítica, es la que intenta discernir qué es lo más conveniente en cada contexto, sin ataduras dogmáticas.
Precisamente, la transición desde la dictadura a la democracia fue posible en España, entre otras cosas, porque se logró una sinergia entre un poder político democrático, el poder económico, el consenso entre todas las fuerzas sociales y la mano intangible de los hábitos, los valores éticos y las virtudes cívicas que valen por sí mismos y para que la democracia funcione. Una sinergia que es hoy necesario reconstruir en este tiempo nuevo para tener realmente razones para la esperanza de un mundo justo y compasivo. Contando también con la estabilidad que ofrece el suelo de una institución que ya tenemos, la Monarquía parlamentaria, que aporta un capital simbólico de imparcialidad en el juego partidario, unidad y permanencia del Estado, a largo plazo, y un muy valioso capital social internacional, especialmente como vínculo de unión con todos los países de América Latina, a los que llevamos cálidamente en el corazón.
Adela Cortina es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora de la Fundación ÉTNOR. Su último libro es ¿Ética o ideología de la inteligencia artificial? (Paidós). El País, 24 de junio de 2026.-
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