Imaginemos una ley que concede derechos a un grupo de personas que antes no los tenían. Imaginemos que esa ley entra en vigor y, a los pocos meses, se incorpora como disposición adicional una circular administrativa que aclara y concreta los criterios para aplicar la ley. Imaginemos que las previsiones originales sobre la cantidad de gente con derecho a solicitar los beneficios desbordan las capacidades de los funcionarios, por lo que se amplía el plazo inicial de dos años para presentar los papeles.
Imaginemos ahora que los expedientes van resolviéndose sin que trascienda ningún problema. La gente consigue sus derechos sin que afloren denuncias o casos sospechosos. Así transcurren cuatro años —¡cuatro años!—, hasta que dos organizaciones presentan sendos recursos al Supremo. Ojo, cuidado, dicen: esto está lleno de impostores.
¿Qué pruebas tienen? ¿Han recabado casos fraudulentos? ¿Algún funcionario ha denunciado irregularidades? ¿Acaso tienen un solo nombre —¡uno solo!— que justifique el recurso? Nada. Solo aducen sospechas. Que faltan datos en la trazabilidad, dicen, como si hablasen de productos ganaderos. Piden aclaraciones, pero no basan sus sospechas en ningún caso concreto porque no han encontrado ninguno entre 163.020 expedientes. Que ya es difícil. Estoy seguro de que, entre tanto papel, alguien habrá metido la pata o se les habrá colado un pícaro.
Imaginen que, en lugar de exigir pruebas a los recurrentes, el Tribunal Supremo hace suyas sus sospechas y dicta unas medidas cautelares que privan de un derecho fundamental a 163.020 ciudadanos. Las argumenta en 18 páginas llenas de expresiones latinas que, traducidas del juridiqués, significan que aquí han fumado, aunque nadie enseñe la colilla ni aparezcan las cenizas.
En resumen, esto es lo que ha sucedido con la ley de nietos.
Nadie se exilia con un certificado. Salvo en casos muy notables, las vidas rotas de los exiliados no vienen compaginadas ni compulsadas: no guardan los pasaportes, ni los billetes de los barcos, ni los carnés de los partidos. Muchos salen del país ilegalmente, sin sello del carabinero. Para que una ley de reparación sea eficaz y no se quede en un brindis inaplicable hay que establecer criterios genéricos y generosos, presuponiendo que quienes salieron de España en determinadas fechas lo hicieron para salvar la vida o la libertad, y si en ese saco se cuelan unos pocos casos dudosos, el daño será ínfimo en comparación con el bien reparador que la ley lleva gestionando cuatro años.
El Supremo puede sospechar que se la están dando con queso. La suspicacia es libre, pero mientras no nos enseñen pruebas concretas, lo único que ha alterado el censo y ha perturbado el proceso electoral son sus medidas cautelares. Sergio del Molino es escritor. El País, 21 de octubre de 2026.
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