¿Por qué aceptamos ser mandados en el ámbito laboral de un modo que nos resultaría intolerable en otro sitio, especialmente en la sociedad política?, se pregunta en El País [Democratizar el trabajo, 13/01/2025] el catedrático de Filosofía política Daniel Innerarity. Hay, dice Innerarity, una incongruencia en el hecho de que, en tanto que miembros de una sociedad democrática, nos proclamemos sujetos en relaciones de igualdad y en el mundo del trabajo haya tantas personas que viven en un régimen de dominación. La exclusión de las mujeres del mundo del trabajo reconocido y retribuido (por mencionar tal vez el caso más agudo y universal de marginación) ha tenido una gran significación democrática; hay quien propone medir el valor económico de ese trabajo, pero no deberíamos olvidar la discriminación política que acompaña necesariamente a esa exclusión. No es solo que se les deje de pagar; también se les recluye en un espacio de menor significación política.
No hay libertad, tampoco libertad política, allí donde trabajadores y trabajadoras no tienen el derecho de codeterminar sus condiciones laborales; no puede haber ciudadanía política sin ciudadanía económica. Solo quien disponga de un trabajo digno y reconocido tiene la capacidad real de participar en la formación de la voluntad política colectiva. Es probable que el hecho de que voten menos los pobres corresponda a esta correlación entre las condiciones laborales y la participación política, entre justicia laboral y democracia política. Los sociólogos han estudiado profusamente el hecho de que la abstención vaya por barrios y que sea mayor en ciudades donde hay más segregación, lo que coincide con que hay peores condiciones laborales. El hecho de que los trabajadores, siendo más que los propietarios, hayan sido tan impotentes en las decisiones colectivas se explica, entre otras razones, porque sus circunstancias laborales no facilitan el ejercicio del poder y la responsabilidad política. Son más, pero son peores sus condiciones de información, tiempo e implicación que se requieren para la participación política.
En las actuales teorías de la democracia haya una ausencia llamativa de reflexión acerca del mundo del trabajo, como si fueran dos asuntos que tuvieran muy poco que ver. El sufragio censitario fue abolido y se reconoció a todos el derecho de votar con independencia de la situación económica, pero una cosa es el reconocimiento formal de un derecho y otra la capacidad real de ejercerlo. La causa de este desfase puede estar precisamente en las experiencias vitales en el mundo laboral. La mayoría de las empresas son islotes de autocracia en medio de sociedades que valoran la autonomía, los derechos humanos, la libertad de expresión y el desarrollo personal. La idea de ciudadanía democrática implica tener el derecho y la posibilidad real de participar en las decisiones colectivas en igualdad de condiciones, pero las circunstancias de la economía capitalista, la dependencia, precariedad, inseguridad y discriminación, lo dificultan enormemente. Hay presupuestos materiales, psicológicos y temporales para la implicación política que no se dan en un entorno económico de dominación. Durante mucho tiempo —y todavía hoy en buena medida— el trabajo ha sido para muchas personas una experiencia penosa, de subordinación, cuyas condiciones apenas podían negociar o modificar, con la sensación de que no se contribuía así a nada socialmente valioso, es decir, exactamente lo contrario de lo que se supone que es una relación política en una sociedad democrática.
Nos quejamos de que la actitud de las personas hacia la política sea clientelar, sin compromiso sólido, ocasional, pero no advertimos que esa es la contrapartida política de un empleo inestable, sin implicación del trabajador o la trabajadora en el futuro de la empresa, discontinuo y eventual. A la creciente precarización de la propia biografía laboral le corresponde un mundo político en el que se han debilitado estructuras de intervención duradera en la sociedad como los sindicatos y los partidos, sustituidos ahora por una explosión emocional con ocasión de grandes acontecimientos, como las crisis o las catástrofes, y seguidas poco tiempo después por periodos de depresión y desinterés hacia lo público. El efecto amenazante de las disrupciones tecnológicas sobre el trabajo y la creciente inutilidad de las competencias adquiridas en el pasado discurre en paralelo con un mundo político volátil e imprevisible, de ciclos especialmente cortos, tanto en lo que se refiere a la gestión como a la duración de los liderazgos. Son igualmente breves los tiempos de utilidad de la tecnología, la duración de los contratos y el cortoplacismo político.
Al mismo tiempo, el trabajo en un entorno digital tiene menos capacidad de integración social que el trabajo en los espacios físicos; la dificultad de situar el propio trabajo en un proyecto conjunto reconocible impide a los trabajadores experimentar en qué medida están contribuyendo a la mejora general de la sociedad; el hecho de que el propio puesto de trabajo esté al vaivén de las deslocalizaciones o en una economía volátil hace que el trabajador no se sienta parte de una comunidad que le necesite y respecto de la cual pueda sentirse de alguna medida responsable. Si la empresa solo nos necesita eventualmente, ¿qué experiencia podemos adquirir de identificación y compromiso con una comunidad política? Si no nos quieren (o solo provisionalmente) en el ámbito laboral, pierde sentido que nos requieran en el ámbito político. El trabajador prescindible acaba siendo un abstencionista político. Aquí tenemos una clave para explicar tanto la falta de expectativas del abstencionista como la desesperación del voto de los trabajadores a la extrema derecha, al que achacamos estar actuando contra sus intereses cuando lo que hacen es reflejar las contradicciones del mundo en el que viven.
La solución a todo esto pasa por considerar a la empresa, tal como sugiere Isabelle Ferreras, como una entidad política susceptible de democratización e, inversamente, entender que el mundo del trabajo puede ser un ámbito para el cambio político; su democratización tiene más efectos políticos que puramente económicos. ¿Y si el Ministerio de Trabajo fuera el que más hace o puede hacer por la regeneración democrática? Los sindicatos y la patronal tienen una responsabilidad democrática, más allá de sus funciones económicas o estrictamente laborales. Axel Honneth menciona cinco presupuestos laborales de la participación política: independencia económica, tiempo libre, autoestima, espíritu de cooperación, creatividad. En su ausencia podemos encontrar una explicación de las diversas sintomatologías de la desafección democrática. En el mundo del trabajo hay prácticas de cooperación, responsabilidad, negociación, que tienen una gran significación política. Y al contrario: donde hay relaciones que favorecen la irresponsabilidad o la falta de reconocimiento, faltan los presupuestos necesarios para el desarrollo de la conciencia política y la implicación democrática. La reducción de la jornada laboral, por ejemplo, tiene el efecto social y político de permitir el cumplimiento de otras obligaciones cívicas, como el cuidado de otras personas o el tiempo para el compromiso político.
Quien mejora las relaciones laborales está regenerando la política porque mejora las condiciones sobre las que se apoya y construye la sociedad democrática. La reducción del tiempo laboral equivale a un incremento del tiempo político (en la medida en que posibilita un tiempo libre que va más allá de la mera necesidad de la supervivencia y permite una atención hacia lo común). El desafío final no es limitar nuestra relación con la empresa sino su transformación; no se trata tanto de conseguir un derecho a la desconexión como de fortalecer el derecho de participación, tanto en el interior de las empresas como en la sociedad política en general.
