lunes, 8 de abril de 2024

De las guerras sin fin

 







Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz lunes. Netanyahu ha embarcado al país en un conflicto en el que la victoria es inalcanzable, afirma en El País el escritor y diplomático José María Ridao: la resistencia del enemigo es inagotable y él no tiene plan para controlar el territorio; la única solución es a largo plazo y está en manos de los israelíes, que deben decidir qué país quiere ser Israel. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos. harendt.blogspot.com













Israel y las guerras sin fin
JOSÉ MARÍA RIDAO
03 ABR 2024 - El País - harendt.blogspot.com

El acuerdo que parece ir abriéndose paso en la comunidad internacional para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás desencadenado por los atentados del pasado 7 de octubre se articula en torno a dos principios expresos: la salida del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el inicio de negociaciones que conduzcan a la solución de los dos Estados en el territorio del antiguo mandato británico sobre Palestina. Pero existe, además, un principio implícito, que es el que probablemente acabará marcando la evolución del conflicto en los próximos meses y años: al contrario de lo que han venido sosteniendo Netanyahu y sus aliados, incluyendo los patrocinadores de los Acuerdos de Abraham, la completa anexión de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, ocupados a raíz de la guerra de 1967, no conducirá a la “extinción” del problema palestino, sino a la profundización de la fractura política, social y religiosa que ensombrece el futuro de Israel.
El asesinato de Isaac Rabin, en 1995, fue una señal de alarma que la comunidad internacional, además de la propia opinión israelí, han preferido ignorar a lo largo de tres décadas, transigiendo entretanto con la colonización intensiva de los territorios ocupados, contra el derecho internacional. Por más que se haya responsabilizado invariablemente a los líderes palestinos de las dificultades para alcanzar un acuerdo de paz —un acuerdo que, sea del signo que sea, contendría siempre algún género de arreglo territorial—, lo cierto es que amplios sectores de la sociedad israelí, reflejados en la mayoría parlamentaria que ha sostenido durante años a Netanyahu y que lo trajo de vuelta al poder, rechazan realizar concesiones como las que proponía Rabin, quien pagó con su vida a manos de un colono radicalizado. Desde entonces poco o nada ha cambiado la corriente de fondo en Israel, salvo que las fuerzas que se encontraban en los márgenes del sistema político ocupan ahora un lugar central, polarizando a los israelíes, por un lado, y bloqueando, por otro, cualquier salida negociada con los palestinos. Y cualquier salida significa cualquier salida, territorial o jurídica, puesto que Netanyahu hizo aprobar una ley que define a Israel como un Estado judío, más de seis décadas después de su creación. La intención no era afirmar una obviedad, sino establecer un orden jurídico que conduciría a un sistema de apartheid si la salida al conflicto fuera, no la de los dos Estados, a la que Netanyahu y sus aliados se oponen, sino la de un único Estado con iguales derechos para todos, palestinos e israelíes, a la que también se oponen.
De acuerdo con una mínima exigencia democrática, sin entrar siquiera en las eventuales responsabilidades contraídas por no haber anticipado un atentado como el perpetrado por Hamás y ordenar, en represalia, una operación militar que ha causado 34.000 muertos, la destrucción de hospitales e infraestructuras civiles o la hambruna de dos millones de civiles en Gaza, un líder como Netanyahu no podría permanecer al frente de ningún Gobierno. Pero considerar que su caída, si se produce, va a permitir un giro de la política israelí con respecto a la ocupación y el trato a los palestinos es fruto de un cálculo que no toma en consideración la bomba de relojería que el propio Israel ha ido cebando en su interior desde 1967, cuando comenzó la ocupación. Hasta donde se sabe, los ciudadanos israelíes reprochan a Netanyahu haber prestado más atención a sus problemas con la justicia, tratando de someterla, que a sus deberes como primer ministro, comenzando por el de preservar la seguridad del país. Sobre la manera en la que está conduciendo las operaciones militares y el objetivo de acabar con Hamás el acuerdo es amplio, con la única excepción de si debe declarar una tregua para negociar la liberación de los rehenes.
Pero es precisamente la manera en la que Netanyahu está conduciendo las operaciones militares y el objetivo de acabar con Hamás lo que está llevando a Israel a un callejón sin salida; el mismo, por cierto, en el que se precipitó Estados Unidos al declarar una “guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre. Ambas son guerras sin fin, guerras que deben librarse indefinidamente, no porque los enemigos dispongan de una inagotable capacidad de resistencia, sino porque quienes las declaran definen la victoria en unos términos que impiden alcanzarla por medios militares, obligando a que los ejércitos emprendan una interminable carrera contra la propia sombra. Por medios militares Israel podría, quién sabe, tomar el perímetro de Gaza, si es que supiera qué hacer después con el territorio y los habitantes. Acabar con Hamás, por el contrario, es una victoria inalcanzable, porque mientras uno solo de los militantes de la organización, uno solo, cometa un atentado y lo reivindique en su nombre, la guerra no habrá terminado. Esta es la razón por la que Netanyahu y sus aliados se resisten a declarar ninguna tregua, ya sea la que le reclama el Consejo de Seguridad o la que le exigen los familiares de los rehenes para negociar su liberación. Las treguas, para Netanyahu y sus aliados, son victorias parciales de Hamás, puesto que obligan a reconocer, fortaleciéndolo en el plano político, a un enemigo que, sin embargo, buscan aniquilar en el militar.
Aun suponiendo que Netanyahu cesara como primer ministro y aun suponiendo, además, que su eventual sucesor quisiera y pudiera declarar el fin de la guerra pese a los atentados que Hamás perpetraría acto seguido para arrogarse la victoria —pírrica sin duda, pero victoria al fin y al cabo, porque no habría sido destruida—, Israel se asoma a un tenebroso horizonte de división interna. En este momento, los sucesivos gobiernos de Israel han consentido que se asienten en Cisjordania y Jerusalén Este medio millón de colonos, civiles armados que algunas fuerzas políticas llevan instrumentalizando desde el asesinato de Rabin contra cualquier decisión que pudiera implicar una cesión territorial en favor de los palestinos. Así las cosas, ¿es previsible imaginar en el corto o medio plazo un gobierno israelí que cuente con la mayoría parlamentaria y el consenso social requeridos para afrontar la solución de los dos Estados, desmantelando los asentamientos? ¿O lo que puede suceder, por el contrario, es que la fractura política, social y religiosa deliberadamente alimentada por Netanyahu y sus aliados alcance un punto sin retorno si un nuevo gobierno lo intenta? La solución de los dos Estados, por lo demás, se limita a recordar, con 76 años de trágico retraso, la necesidad de dar cumplimiento a la Resolución 181 por la que Naciones Unidas dividió el mandato británico sobre Palestina entre los pioneros sionistas y los habitantes nativos.
La pregunta, como siempre en Oriente Próximo, es qué hacer. Pero la respuesta, esta vez, solo depende de los israelíes. En concreto, de la decisión que adopten acerca de en qué país quieren vivir y cuál quieren que sea la naturaleza de su Estado. ¿Pueden continuar la ocupación y los asentamientos ignorando los más elementales derechos de los palestinos, violando la legalidad internacional y acusando de antisemita a cualquiera que denuncie que sus ataques contra Gaza exceden con mucho los límites de la legítima defensa? El tiempo, entretanto, corre contra los palestinos, porque siguen muriendo cada día bajo unas bombas que exhiben obscenamente fuerza, nada más que fuerza. Pero también corre contra los israelíes, cada vez más divididos mientras Netanyahu y sus aliados, intentando imponer una solución que no es solución, perseveran en la guerra sin fin en la que se han embarcado y que ahora amenaza con arrastrar a toda la región y con llegar aún más lejos. José María Ridao es escritor y diplomático.




















 


[ARCHIVO DEL BLOG] Políticos: ¿Señores o empresarios del poder? [Publicada el 28/05/2013]











El pasado 18 de abril aparecía en "Vitrinas" (Revista de Libros) un artículo del profesor Rafael Núñez Florencio, titulado "Los empresarios del poder", comentando el libro del también profesor de Historia, José Varela Ortega, titulado "Los señores del poder y la democracia en España: entre la exclusión y la integración" (Círculo de Lectores, Barcelona, 2013). 
De entrada, me llamó la atención la notable diferencia semántica entre el título de la reseña y el del libro. ¿Mera argucia publicitaria? No lo creo, más bien, supuse, tras la lectura de la misma (a la que pueden acceder en el enlace de más arriba resaltado en rojo), perspectivas distintas sobre el análisis de un mismo fenómeno histórico: el ejercicio del poder político por las élites que lo conforman.
Ese mismo día envié por internet una desiderata a la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas para ver si podían adquirirlo, algo complicado en los tiempos actuales por mor de las restricciones presupuestarias. Me equivoqué de nuevo. La responsable de adquisiciones de la Biblioteca me respondía al siguiente día que la propuesta había sido admitida y que me avisarían en cuanto tuvieran el libro. Ayer me avisaron de que había llegado y por la tarde, sentado en un banco del parque de San Telmo, al calor tibio de un día soleado y ventoso mientras esperaba para recoger a mi nieto a la salida del colegio comencé a leerlo. Nada más hacerlo, tras el magnífico prólogo del también historiador,  hispanista y exembajador de Israel en España, Shlomo Ben-Ami, y el capítulo introductorio del propio autor, afloraron a mi mente las percibidas perspectivas distintas de autor y reseñador que se vislumbraban, implícitas algunas, y explícitamente otras, en el artículo de "Vitrinas".
Como no he pasado de la página 50 del libro no puedo dar una opinión ni siquiera aproximada del mismo, pero si me voy a atrever a transcribir la contraportada, que supongo es un resumen elaborado por el editor, y del esbozo biográfico de su autor, el profesor Varela Ortega. 
El currículum del profesor Varela es impresionante: Doctor en Historia por las universidades de Oxford y Complutense de Madrid, catedrático en las de Santiago, Valladolid, Rey Juan Carlos y Oxford, director del Colegio de España en París, presidente de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, y autor de prestigiosas publicaciones que se citan en la reseña del profesor Núñez Florencio.
"Este libro -dice la contraportada del mismo- es un magistral ensayo interpretativo de la historia contemporánea de España desde la invasión francesa hasta la democracia post-franquista, pasando por la Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil. En su recorrido a través de los grandes hitos de este largo devenir histórico, José Varela Ortega nos deja reflexiones y análisis originales e instructivos sobre la imagen, o el estereotipo, de España en la literatura occidental, los diferentes sistemas políticos que se instauraron en España, los grandes debates historiográficos en torno a ellos, el uso y abuso del tan debatido tema de la "memoria histórica" en estos días, y el papel del ejército en la España contemporánea, no sin desarrollar en el proceso una tipología del pronunciamiento y un recorrido histórico comparativo del violento flirteo de los militares con la política desde la Roma de Sila hasta el fallido golpe de 1981 en España. Un recorrido hilvanado por la aventura de algunos políticos profesionales que ambicionaron el poder con pasión y se dedicaron a maximizarlo con empeño. En ocasiones, lo hicieron en alianza con el demos, extendiendo e impulsando derechos. Pero a veces -continúa- sus querellas les llevaron hasta su propia descalabro, arrastrando con ellos a los ciudadanos a quienes decían representar o beneficiar. Por eso es también la conmovedora historia de quienes aprendieron de las catástrofes que generó su propia incompetencia. Decía Ortega -y concluye con el texto que estoy reseñando- que de la Historia, lo más interesante era aprender de los errores. Y, no obstante, demasiados políticos, en lugar de interpretarla como fórmula de comprensión, se aferran a Clío con voluntad anacrónica, cual maza de alabardero, que es un símbolo de poder".
Una última reflexión personal, y termino por hoy: No hay un "caso España" en la historia de Europa ni del mundo. No somos una excepción a lo vivido en otras sociedades y épocas alejadas y contemporáneas. Lo deja claro el autor del libro desde esas primeras páginas que sí he leído. Con él coinciden otros muchos historiadores españoles y extranjeros, por citar algunas publicaciones recientes, las de Juan Pablo Fusi y Juan Marichal, ya reseñadas por mí en el blog. También es mi opinión: no somos ni peores ni mejores que los demás pueblos y sociedades que han luchado a lo largo de su historia por su libertad.
Les animo de nuevo a leer la reseña del profesor Núñez Florencio, y por supuesto, si pueden y se animan a hacerlo, el libro del profesor Varela. Y espero que esta entrada de hoy les haya resultado interesante, pues dicho sea con sinceridad y reconocimiento de culpa, el blog anda algo alicaído desde hace un tiempo. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Y como decía Sócrates, "Ιωμεν". Tamaragua, amigos. HArendt













domingo, 7 de abril de 2024

Sobre Franco, el PP y Vox. Especial 3 de hoy domingo, 7 de abril

 






Con Franco hemos topado
CARLES FRANCINO
07 MAR 2024 - El Periódico - harendt.blogspot.com

Debe ser cosa del cambio climático. O del cambio de horario. O de la primavera. Tal vez algún virus que circula por los despachos de los estrategas políticos de la (ultra) derecha. Aunque tampoco descartemos una salida masiva del armario al grito de ¡sin complejos!, pero desde luego esto no es normal. Si habitualmente era la izquierda la que, cuando se acercaban elecciones, se las ingeniaba para desenterrar la momia de Franco; ahora, sorprendentemente, es el Partido Popular el que ha servido en bandeja este argumento, que puede movilizar a sus rivales. Seguro que habrá politólogos, gurús de la demoscopia e incluso historiadores con mucho más conocimiento de la materia, que discrepen y aseguren que el recuerdo de la dictadura ya no mueve votos. O conciencias.
Pero yo, sinceramente, me niego a creer que de la noche a la mañana mucha gente pueda tragarse, como si tal cosa, la humillación y el desplante que suponen las leyes de involución de la memoria democrática que se han aprobado en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, con el cinismo añadido de apelar a la concordia. En el resto de Europa tienen que estar alucinando y acordándose de aquello del “Spain is diferent”. Porque lo cierto es que el matrimonio de conveniencia del PP con Vox, para pillar un buen cacho de poder territorial, no parece haber domesticado a los aguerridos patriotas del color verde, sino que más bien ha asilvestrado el discurso de un partido que anteayer se conjuraba para conquistar el centro. Visto el panorama, y convencido de que las heridas mal curadas acaban en gangrena, me permito recomendar la oportunísima publicación de 'El abismo del olvido', la última novela gráfica de Paco Roca, en colaboración con el periodista Rodrigo Terrasa. Si alguien cree que el cómic no puede remover conciencias, que lo lea y después me llame. De momento, dejo anotadas, para los negacionistas de abrir las fosas con restos de represaliados, las frases escritas en un par de viñetas: “El olvido es el abismo que separa la vida de la muerte. Recordar es traer de vuelta a los que ya no están”. Tampoco es tan difícil de entender. Carles Francino es periodista.













Sobre el comodín de Franco. Especial 2 de hoy domingo, 7 de abril

 









El comodín de Franco
ELVIRA LINDO
07 ABR 2024 - El País - harendt.blogspot.com

A Domingo, el abuelo de la artista María Herreros, le gustaba ir al campo con peladuras de fruta para echárselas a los animales, que le salían al paso porque lo conocían. Luego regresaba trayendo hierbas para las vecinas, lavanda, espliego, manzanilla. A la nieta, ese abuelo que prefería la libertad de los paseos solitarios al gregarismo del bar le provocaba fascinación. Con los años ha podido desentrañar el misterio: la madre de la ilustradora puso en sus manos el diario que el abuelo escribió en guerra, el relato de un muchacho todavía adolescente al que el 36 sorprendió haciendo la mili en Valencia. Durante los siguientes cinco años ya no pudo soltar el fusil: después de la guerra, el castigo por haber luchado en el bando republicano. El diario ilustrado, Un barbero en la guerra, es el testimonio único de un joven al que la contienda y la represión le arrebatan la juventud, también la narración del compañerismo, de la conciencia del chico de pueblo por las cosechas sin recoger y del cariño que siente hacia los animales que acompañaban al batallón. El relato de un soldado pacifista. María ha descubierto al joven que escribía cartas de amor a su novia, al muchacho que tras presenciar el horror ya no pudo volver a ser el mismo. Dice Herreros que por momentos lloró al ilustrar estas palabras, y no extraña: el corazón de dos generaciones late acompasado en el relato del joven soldado y en los dibujos de María, que traduce con arte unas palabras que suenan a riguroso presente.
Otro ejercicio ejemplar de memoria ha sido el que ha surgido de la colaboración entre el dibujante Paco Roca y el periodista Rodrigo Terrasa. El abismo del olvido sigue los pasos de Pepica, una anciana que lucha contra las rocosas barreras burocráticas para que se exhumen los restos de su padre, fusilado tras la guerra y arrojado a una fosa común en el cementerio de Paterna, población valenciana en la que se fusiló a 2.238 personas; el lugar, después de Madrid, con más ejecuciones de España. Esta novela gráfica es la historia de Pepica, de tantas otras, y del sepulturero que trata, jugándose la vida, de ordenar los cadáveres y rescatar objetos de los muertos, un botón, un cordón, un sonajero, que se han de convertir en talismanes del dolor para las familias. El dibujante cuenta con maestría por qué saber dónde están los restos de nuestros seres queridos apacigua nuestro dolor. La crueldad con la que fueron tratados los familiares de los derrotados debiera ser el principal motivo por el que la derecha española tratara de compensar tanto escarnio. No es así. Se comportan como dignos herederos de unos vencedores sin piedad.
Hay un tercer cómic, Contrapaso. Los hijos de los otros, de la autora Teresa Valero, que nos sitúa en el Madrid de los cincuenta en el que dos periodistas, un hijo de republicano y otro de falangista, investigan sucesos y nos introducen en las miserias de la dictadura: de la psiquiatría como instrumento de control a la construcción clandestina de chabolas en la periferia, de seguir el rastro a un asesino de mujeres a las primeras publicaciones prohibidas que salían de las cárceles. Si quieren visitar ese Madrid de posguerra piérdanse en estas páginas tan bien documentadas.
Estos y otros dibujantes han encontrado en las historias de sus abuelos un tesoro argumental y sus libros están conquistando a lectores insospechados. No son panfletarios, ni partidistas, no están haciendo campaña sino justicia. ¿Por qué la derecha española es tan reacia a recompensar a los vencidos? No perciben que hay ahora una generación que desea rescatar del olvido a sus antepasados, sacarlos, aunque sea a través de sus dibujos, de la fosa común de la historia. Pero cómo esperar sensibilidad en quien dice (el inefable García-Gallardo) que el Gobierno para tapar sus miserias “recurre al comodín de Franco”. No es Sánchez, amigo, es una parte del pueblo. Elvira Lindo es escritora.










Sobre la defensa de Puigdemont o algo así. Especial 1 de hoy domingo, 7 de abril

 







En defensa de Puigdemont, o algo así
PAU LUQUE SÁNCHEZ
07 ABR 2024 - El País - harendt.blogspot.com

El posible regreso de Carles Puigdemont a Cataluña difícilmente elevará su figura política. Como mito de Cataluña, Puigdemont ocupa un lugar muy discreto. Compararlo con Lluís Companys o con Jordi Pujol sería, por razones de distinta naturaleza, un ejercicio hiriente para Puigdemont. Comparémoslo, pues, con el último presidente de la Generalitat que regresó tras años de exilio. Josep Tarradellas poseía la fuerza moral de ser perseguido por una dictadura. Fuerza que quedó acreditada al ser su regreso a Cataluña parte de un pacto de Estado que refundaba democráticamente un país. Puigdemont llegará, si llega, a Cataluña como consecuencia de una carambola electoral que obligó a Sánchez a perfeccionar, más aún si cabe, su arte de hacer lo correcto por las razones incorrectas.
Al regreso de Tarradellas lo amparaba un relato forjado a la luz de las mejores virtudes políticas, como Jordi Pujol reconoce, con sorpresa retrospectiva, en sus Memòries. Al de Puigdemont no lo ampara ninguna narración que no sea tan, pero tan, de parte que a su lado el himno de tu equipo favorito de futbol se convierte en un canto a la equidistancia.
A Puigdemont lo votarán desde luego centenares de miles de personas pero, a estas alturas, su figura encarna, si acaso, a unos pocos centenares de personas que tiran de su propio cabello para salir del pozo emocional al que cayeron en 2017. Tarradellas, en cambio, encarnaba la suerte institucional de una cultura y una lengua sometidas al yugo de más de treinta años de fascismo.
Tarradellas, en fin, tenía voz moral. Puigdemont, tiene tuiter.
Ya paro. La comparación es insoportable, más aun si tenemos en cuenta que Tarradellas adquirió categoría de mito más por un deus ex machina que por su trayectoria política. Y, sin embargo, es porque Puigdemont palidece ante Tarradellas que hay que celebrar su eventual retorno. Y es que una persona que no está dispuesta a pasar ni un solo día en la cárcel por la causa de la independencia de Cataluña es alguien a quien yo comprendo perfectamente. Su retórica es ambigua, desde luego. Y no dejará de serlo. Su obsesión por el poder, así como su desprecio por la autoridad moral, hacen imposible que no hable como si quisiera destruir España. Pero del mismo modo que —como decía aquel refrán sefardí— no por decir “fuego” arde la boca, tampoco por decir “independencia” se rompe España. Puigdemont no puede dejar de pronunciar esa palabra que en algún momento muy temprano interiorizó y que ya no dejó de conjurar en él, así como en muchos otros, algún tipo de bienestar personal al que no está dispuesto a renunciar. ¿Pero pasar ni que sea un único y solitario día en el talego por desfigurar España? Ni de broma. Olvídense de lo que dice y fíjense solo en lo que hace. Puigdemont actúa teniendo muy claro que solo los locos o los tontos pisarían la cárcel por la independencia de Cataluña. Y ahora, en un episodio más de su magistral picardía disfrazada de alta política, Puigdemont consigue además pactar la amnistía para aquellos que, a diferencia de él, se habían dejado pillar.
Pero si digo que comprendo a quien cree que la independencia de Cataluña vale exactamente un total de cero días de cárcel es porque yo pienso lo mismo de la unidad de España: vale cero días de cárcel. Es una suerte de pacto implícito de no agresión, el que Puigdemont establece con gente como yo. Un pacto, por lo demás, del todo ininteligible fuera del manicomio en que se ha convertido la Cataluña política de las últimas décadas. Y un pacto que otros compañeros de generación, sin ir más lejos Oriol Junqueras, han rechazado porque sí asumieron que valía la pena ir a la cárcel por intentar resquebrajar España.
Cierto es que Puigdemont ha estado refugiado en Bélgica casi siete años. Pero no deduciría yo de semejante circunstancia que él piense que la independencia de Cataluña sí vale siete años de exilio. Lo único que inferiría es, en el fondo, una obviedad: una vida entera exiliado en un país de la Unión Europea en pleno siglo XXI es infinitamente mejor que un solo día en una cárcel donde sea. En el fondo Puigdemont es, como todos los pícaros, una persona sensata y de orden. Y la prueba definitiva es que, tras declarar la independencia de Cataluña y tras jurar haber destruido la unidad de España, Puigdemont se volvió de nuevo políticamente relevante en Cataluña al contribuir a la formación y estabilidad de un Gobierno…español.
Y es que si no fuera por lo acomplejados que por fortuna nos sentimos los españoles, más aún los catalanes que no somos independentistas, deberíamos concluir una cosa que de tan trivial se nos olvida, a saber, que no hay signo más inequívoco de que Puigdemont ha aceptado su vulgar derrota política que su regreso a Cataluña como un vulgar cabeza de lista que se presenta a unas anodinas, felices y vulgares elecciones autonómicas. Pau Luque es investigador en filosofía del derecho en la UNAM.












Del desmoronamiento

 






Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz domingo. La infraestructura que soporta las operaciones marítimas no es privada, comenta en El País la escritora Marta Peirano, son infraestructuras críticas, mantenidas y operadas por autoridades públicas, locales o estatales, con dinero público. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos. harendt.blogspot.com











El desmoronamiento
MARTA PEIRANO
01 ABR 2024 - El País - harendt.blogspot.com

El 26 de marzo de 2024, un portacontenedores perdió propulsión saliendo del puerto de Baltimore y chocó contra el puente Francis Scott Key, provocando un colapso total de la estructura. El Dali mide 300 metros y, cargado, puede pesar más de 116.000 toneladas pero no es el más grande del mundo. Ni siquiera era el más grande que ha pasado por Baltimore, cuyo puerto procesa 45 buques diarios, incluyendo el Ever Max, que mide más que la torre Eiffel con antena incluida (365 metros de largo) y puede transportar hasta 15.432 contenedores.
El Ever Given, que bloqueó el Canal de Suez durante seis días de pandemia con 400 metros de largo, 59 de ancho y capacidad para 20.000 contenedores, tampoco es el más grande. Los buques portacontenedores ultragrandes de nueva generación pueden transportar hasta 24.346 unidades, apiladas en 25 alturas. Miden lo mismo y pesan más. El transporte mundial de contenedores se ha disparado en la última década. Se estima que, en los próximos 20 años, se cuadruplicará.
Parece inevitable. Los buques son clave para el comercio global, con su logística y cadenas de suministro que sostienen la economía planetaria. Es un futuro basado en tres valores: la privatización, el crecimiento y la optimización. Pero la infraestructura que soporta sus operaciones —como el canal de Panamá o el puente de Baltimore— no es privada. Son infraestructuras críticas, mantenidas y operadas por autoridades públicas, locales o estatales, con dinero público. Algo tiene que cambiar, o algo tiene que ceder.
Dali es propiedad de Grace Ocean Pte Ltd y estaba operado por Synergy Marine Group. Ambas empresas trabajan para Maersk. Como Boeing, Maersk lidera un mercado marcado por una fuerte competencia. La naviera danesa se hizo fuerte gracias a su habilidad para reducir costos y mejorar la eficiencia en un servicio a escala planetaria. El pasado noviembre anunció un plan para reducir su plantilla a menos de 100.000 empleados. Dice que los tiempos vienen mal.
El equipo de Maryland que recibió la alerta del buque y en pocos minutos había cortado el tráfico, cerrado el puente, alertado a los trabajadores y organizaba a la policía y bomberos para auxiliar a las víctimas y contener la situación no trabajaba para Maersk. Los trabajadores que tapaban agujeros en la noche no trabajaban para Maersk. Ha sido el Gobierno quien ha desbloqueado 60 millones de dólares de dinero público para financiar la limpieza y empezar la reconstrucción. A falta de verdadero análisis, proliferan las conspiraciones: han sido los inmigrantes, las feministas, los Obama, la tercera guerra mundial. Como dice Yeats, “las cosas se desmoronan, el centro no se sostiene. (…) Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores / Están llenos de furiosa intensidad”.
La cultura de la optimización empieza a generar fallos sistémicos. Aviones que se estrellan, edificios que arden, petroleros que se derraman, barcos llenos de nitrato de amonio que explotan en un puerto comercial. Lo puntual es político: la cadena de fallos técnicos, descuidos administrativos, errores humanos y miserias de un sistema diseñado para acumular el valor y distribuir la responsabilidad. Como dijo Dana Meadows, podríamos pasar a la historia como “la primera sociedad que no se salvó a sí misma porque no era rentable”. Pero no es la única opción. Marta Peirano es escritora.






























[ARCHIVO DEL BLOG] La república que duró 46 segundos. [Publicada el 14/10/2017]
















Si no fuera por su extrema gravedad, lo ocurrido en el Parlamento de la comunidad autónoma española de Cataluña el pasado 10 de octubre no pasaría de la condición de sainete o esperpento: la solemne y efímera proclamación de una república independiente catalana que duró exactamente 46 segundos. Es todo un progreso en cuanto a las tres anteriores, pues no hubo víctimas mortales ni daños colaterales apreciables...,  de momento.
La primera república catalana duró seis días, exactamente entre el 17 y el 23 de enero de 1641,y acabó con la sumisión y entrega de la república al rey de Francia. La segunda tuvo una vida de tres días, entre el 14 y el 17 de abril de 1931, y acabo con todos sus dirigentes en la cárcel de Carabanchel en Madrid. Y la tercera no llegó a las diez horas de existencia entre el 6 y el 7 de octubre de 1934, y acabó a cañonazos. Las tres generaron numerosas víctimas. 
A quien piense que intento hacerme el gracioso le aseguro que se equivoca. Al contrario, me duele en el alma ver adonde han llevado a Cataluña unas autoridades autonómicas desvergonzadas y ensimismadas en sus propias mentiras, y un sistema educativo nazi-estalinista y sectario a varias generaciones de niños catalanes educados en el odio a España y en la consideración de Cataluña como el ombligo del mundo. Como decía hace unos días un eminente catalán, los "independentistas" catalanes tienen un ego excesivamente exacerbado. Creo que se queda corto en la apreciación.
No se producirá la independencia de Cataluña, comenta en el diario El Mundo el eminente profesor y jurista Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y miembro de las Reales Academias Española y de Ciencias Morales y Políticas.  Quiero decir, señala, que una declaración de independencia no llevará a la creación de un Estado republicano separado de España, con soberanía propia y revestido de las atribuciones correspondientes, reconocido por los Estados más importantes del mundo. No ocurrirá porque no se dan las condiciones y porque en Europa, desde la Paz de Westfalia para acá, no se han variado nunca las fronteras, salvo acuerdo voluntario, sino en el marco o como consecuencia de confrontaciones bélicas. Y no parece que haya nadie que esté dispuesto a llevar el conflicto a ese terreno ni que ningún Gobierno responsable vaya a dar facilidades para la demolición de la unidad constitucional y la fragmentación de España. No se producirá, por tanto, si las instituciones del Estado no se conforman con las declaraciones de los sublevados y se aprestan a evitar las consecuencias. No conviene, sin embargo, dejarse llevar por la idea de que, en este contexto, la declaración de independencia no será mucho más que un desahogo de los nacionalistas, con meros efectos simbólicos. El Gobierno catalán, todas las instituciones que están bajo su control y muchos ayuntamientos de Cataluña pueden tomarse en serio la representación y continuar por la senda abierta de hacer desaparecer el Estado español de aquel territorio.
El Estado lleva años diluyéndose allí, física y jurídicamente. Lo primero porque no tiene ni infraestructuras en las que refugiarse, como ha mostrado dramáticamente el reciente vagabundeo de las fuerzas de seguridad por los hoteles de la costa y los barcos de turismo usados como alojamientos subsidiarios. Lo segundo porque, desde hace también mucho tiempo, las resoluciones que adopta el Estado en materias de su competencia se cumplen o no según la libérrima voluntad del Gobierno de la Generalitat; lo mismo da que la fuente de la decisión sea el Tribunal Constitucional o que la resolución provenga de un modesto juzgado de instancia.
Pero en este punto exacto, en que se hace preciso optar por dos legalidades en conflicto, radica el problema y la elección de las medidas que tengan que usarse para resolverlo. El Estado, para funcionar adecuadamente, no puede prescindir de dos instrumentos que lo han acompañado durante toda su Historia, y que ahora funcionan en los términos que establecen las constituciones de todos los Estados de derecho del mundo. Esas dos herramientas imprescindibles son, por un lado, que las decisiones de una autoridad pública tienen que ser inmediatamente cumplidas por sus destinatarios; y, por otro, que si no son cumplidos voluntariamente pueda el órgano que los dictó imponer su cumplimiento usando medios coactivos que las leyes ponen a su disposición.
Las decisiones ejecutivas pueden proceder de órganos gubernativos o administrativos o consistir en sentencias y otras resoluciones de los jueces y tribunales. Si se incumplen o se resisten a cumplirlas los obligados a acatarlas, la ejecución forzosa se puede llevar a cabo por diferentes vías (de sustitución del responsable, económicas, sancionadoras o de coacción física) que de una u otra manera, en caso de resistencia recalcitrante no superable por otros medios, necesitan finalmente la concurrencia de las fuerzas encargadas de asegurar el orden y la paz jurídica.
Si la coacción legítima del Estado no se pone en duda, la arquitectura del sistema institucional en que se apoya nuestra convivencia no se resentirá. Si se ofrece resistencia y el Estado no se impone, quedará abatido en las zonas de su territorio donde esto ocurra. Estaremos en tal caso ante la emergencia de otro soberano.
La aceptación de un nuevo soberano, nacido del interior del único Estado soberano contemplado por la Constitución y concurrente con él, supone reconocer a aquél, si hay aquietamiento, poderes de acción y de resistencia equivalentes. El conflicto se transforma en una confrontación entre un Estado legítimo y otro impostado, que se envuelve en una legalidad de ocasión y que cuenta con su propia Policía para imponerse. Ésta es la transformación de la realidad constitucional que están imponiendo el Gobierno y el Parlamento de Cataluña.
La declaración de independencia no es cuestión indiferente, por las razones que acaban de indicarse, aunque consistiese en un mero desahogo de los nacionalistas sin consecuencias internacionales. Soberano, en una situación convulsa de este género, será quien sea capaz de imponer la legitimidad de su origen y cuente con fuerzas bastantes para ello. Quien pueda invocar los poderes de excepción, los aplique y supere, ejerciéndolos, el intento de demoler el orden establecido.
A pesar de que los especialistas han recordado con cierta frecuencia la disputa de hace un siglo entre Kelsen y Carl Schmitt acerca de quién debe ser el defensor de la Constitución, estamos nosotros en otra época y esa cuestión aparece en el texto de nuestra Ley fundamental resuelta y bastante depurada. Es este documento jurídico el que hay que consultar. La Constitución compromete en la tarea a todas las instituciones del Estado. No es preciso que justifique mucho esta afirmación. Basta con acercarse a los diferentes artículos que proclaman la unidad e indivisibilidad de la nación española, el papel de las Fuerzas Armadas, las atribuciones del Rey, los poderes de excepción con que cuenta el Gobierno, con intervención del Congreso, para la declaración de estados de excepción y sitio; la participación del Senado en la habilitación de poderes especiales para evitar la vulneración del interés general por una Comunidad Autónoma, las funciones de los tribunales, el papel del Tribunal Constitucional, o el poder de reforma constitucional que pone en manos de las instituciones del Estado la competencia de la competencia, es decir, la potestad de revisar el reparto del poder establecido en cada momento.
El Gobierno ha canalizado la defensa de la Constitución hasta ahora exclusivamente a través de la Justicia, incitando su protección por los tribunales penales y el Tribunal Constitucional. Los resultados no han sido espectaculares porque la Justicia siempre cuece las respuestas a fuego lento. Pero serán efectivos. Algunos hubieran preferido la utilización de vías más rápidas que permitieran descabezar inmediatamente la revuelta. Lo primero que debe hacerse, en caso de levantamiento, es apartar a los líderes, como los imperantes han hecho siempre a lo largo de la Historia. De aquí la apelación continua al artículo 155 de la Constitución donde se cree que residen todos los remedios. No me detengo en la exposición de las posibilidades que ofrece este precepto tan popular (mi portero me despide por las mañanas preguntándome cuándo se va a aplicar por fin) porque se ha convertido en un mito de tanto invocarlo y todo el mundo le atribuye virtudes inacabables, incluidas las que no contiene.
No soy por mi parte tan crítico con que el Gobierno, como se dice mucho, se haya escondido detrás de las togas de los magistrados. Considerando que interesa a los insurgentes que el Estado español ofrezca la imagen internacional de represor e intolerante con el ejercicio de las libertades, tiene mejor presentación y es más difícil de tergiversar que sean los tribunales, y mejor aún que sea el Tribunal Constitucional, los autores de las decisiones más serias, adoptadas en el marco del procedimiento debido y acompañado de todas las garantías. Esta preferencia no deja, sin embargo, al Gobierno libre de obligaciones. Las decisiones de los Tribunales tienen que cumplirse y si, como está ocurriendo con las del Tribunal Constitucional, no se atienden e incluso son motivo de burla y escarnio por parte de los más atrevidos, el Gobierno tiene que poner la fuerza al servicio de la constitucionalidad y la legalidad. También él es garante de la Constitución y el único poder del Estado que controla la coacción legítima aplicada a través de las fuerzas del orden.
Hay problemas que los tribunales no pueden resolver. El que acabo de señalar es uno. Otro la resistencia utilizando o manipulando medios de fuerza propios del incumplidor. Pero los que más difícilmente pueden dejarse a la exclusiva responsabilidad de los tribunales son los que implican a grupos amplios de ciudadanos. Las actuaciones en masa. El Estado tiene que habilitar en tal caso los medios de que dispone, que forman, a mi juicio, en dos grupos bien definidos. Primero, las medidas de intervención, sustitución de dirigentes, redistribución y avocación de competencias: los tribunales pueden suspender y condenar a los responsables de la insurgencia; también adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. El Gobierno, por la vía ejecutiva, con apoyo del Senado, puede dar instrucciones y, en su caso, sustituir a los jefes de las instituciones catalanas, asumir el mando de las fuerzas de seguridad dependientes de la Generalitat que han dado muestras de deslealtad, y cambiar temporalmente el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad autónoma. A todo ello da cobertura el artículo 155 de la Constitución.
Segundo, las medidas que aseguren la eficacia y ejecutividad de las decisiones anteriores y el mantenimiento del orden: son el control total de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y la aplicación de todas las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional de 2015 y, en su caso, con intervención del Congreso, las que habilita la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio de 1981. Todas estas vías suponen, como mínimo, que todos los agentes y funcionarios de las Administraciones públicas del territorio, incluidos los Ayuntamientos, quedan a las órdenes de una autoridad única designada por el Gobierno.Y, mientras tanto, restablecido el orden constitucional, será ineludible celebrar, en cuanto sea posible, unas elecciones autonómicas ajustadas a la legalidad que permitan conocer bien la voluntad del pueblo de Cataluña. Naturalmente, también es imprescindible poner sobre la mesa propuestas inteligentes en las que basar un nuevo pacto que asegure una relación pacífica y estable de Cataluña con el Estado. Las mías siguen siendo las que figuran en Cataluña y las demás Españas (Crítica, 2014). A este libro me remito, concluye diciendo el profesor Muñoz Machado. Por cierto, hoy cumpliría 111 de edad mi admirada Hannah Arendt.
Con el mismo título del artículo del profesor Muñoz Machado ("¿Cataluña independiente?") se publicará, a primeros de la próxima semana, un número especial de la revista El Cronista del Estado de Derecho, que él dirige. Incluye 40 colaboraciones de los mejores constitucionalistas y administrativistas del país sobre el referéndum del 1-O y la independencia de Cataluña. El artículo anterior resume algunas ideas del autor que se contienen en su contribución a la indicada revista. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt