De los que se sienten en el medio

 

Hola, buenas tardes de nuevo a todos y feliz viernes. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy, del escritor José María Lassalle, va de los que se sienten en el medio. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.

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Ni Frankenstein ni Nosferatu

JOSÉ MARÍA LASSALLE

06 JUL 2023 - El País

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La democracia española afronta las elecciones generales del 23-J con una absurda disfuncionalidad a sus espaldas que bien podríamos describir como terrorífica o, cuando menos, freak. La resume el título de este artículo. Con él se refleja cinematográficamente de dónde venimos y a dónde podemos ir. Al menos si no se impone la sensatez de la moderación entre los que tendrán que decidir quién gobernará después de que las urnas digan lo que piensan el próximo 23-J.

Creo hablar en nombre de muchos que viven instalados en la amplia y extensa franja de la centralidad política. Gente moderada, profesional, de ideas liberales, universitaria y con una vida relativamente desahogada. Españoles que no dan lecciones de españolidad a nadie, pero que no soportan la radicalidad, la intolerancia y la prepotencia, vengan de donde vengan. Que encarnan esa franja de la población que empasta la sociedad porque se relaciona con todo el mundo y tiene capacidad para escuchar, empatizar y hablar más allá de los conflictos territoriales, las tensiones sociales y las diferencias generacionales.

Del grosor y cohesión de ella depende, en mi opinión, la estabilidad de nuestra sociedad y su coherencia al influir en la redacción del relato que explica más o menos cómo funciona la sociedad española a diario. Pues bien, esta gente no quiere que después del 23-J tengamos que ver en la pantalla de la política nacional el Frankenstein de Charles D. Hall, ni tampoco el Nosferatu de Friedrich Murnau. No lo quiere porque sintoniza con el 60% de los españoles que suman la moderación centrada de este país. Españoles que no entienden por qué tenemos que correr el riesgo de vivir condenados a que el Gobierno que salga de las urnas el 23-J nos obligue a todos a ver cómo la radicalidad desdibuja el sentir de la moderación mayoritaria.

Si el PSOE y el PP suman el 60% de los votos, ¿por qué están subordinados en sus expectativas de gobernar a que el primero agregue a los independentistas catalanes y Bildu y el segundo a Vox a cambio de concesiones a su radicalidad? Saco conscientemente a Sumar de la ecuación extrema porque la propuesta de Yolanda Díaz ha neutralizado el componente populista que aleteaba en el ADN de Podemos. Con todo, la versión Frankenstein que lideraría el PSOE tendría que congregar tanto la radicalidad independentista como el extremismo antisistema de la izquierda periférica. Un suma y sigue tan antisistema como lo sería Vox para el PP que, de pactar con la extrema derecha, se convertiría en una especie de Gobierno Nosferatu.

Lo sorprendente es que teniendo el PSOE y el PP una experiencia repetida de gobiernos moderados, con vocación de partidos de Estado y clara proyección europeísta, estén condenados a no entenderse. La culpa está en la memoria compartida que alojan desde los amargos desencuentros producidos durante los gobiernos de González y Aznar que culminaron con el 11-M y la moción de censura de 2018. Un toma y daca de reproches que ha generado resentimiento recíproco que ninguno se esfuerza en sanar. Un resentimiento tan abrupto que se ha transformado en una sima por la que se ha colado la excepcionalidad populista que aqueja nuestra democracia y que se ha adueñado de la centralidad del tablero político diario.

Aquí está la esencia de la disfuncionalidad populista de la política española. Lo que nos aleja de la ola populista europea y norteamericana. Un activo que convertimos en pasivo con torpeza, pues en España el populismo radical no es mayoritario por ahora, pero secuestra a la mayoría moderada de derechas e izquierdas, que no puede entenderse y apostar por lo que la une. Algo que lleva a cada parte moderada a culpar a la otra de la situación y defender, entonces, con pasión lo que les separa. Una situación que ha sido inaceptable durante esta legislatura y que no puede repetirse en la próxima si la moderación, de izquierdas y derechas, no interioriza de una vez por todas que debe cada parte de ella apostar por la otra. El objetivo no puede ser otro que mutualizar entre todos los que defienden la democracia que esta no caiga víctima de la toxicidad de los extremos.

Que nadie piense que apelo con lo dicho a una gran coalición PP-PSOE de cara al 23-J. No lo hago porque básicamente nos dejaría sin alternativa moderada. Tampoco reclamo que vote la lista más votada, a pesar de compartir el fondo del análisis. Lo que quiero resaltar es que la democracia española necesita después del 23-J seguir siendo básicamente liberal. Al menos si quiere sobrevivir en medio del oleaje populista y autoritario que desestabiliza nuestra sociedad y todo el mundo occidental. Un reto conectado a otros de fondo que requieren políticas de extraordinario calado. Hablamos de desafíos que nos confrontan con la emergencia climática, la sostenibilidad ética de nuestra transformación digital, la geopolítica de bloques global y, sobre todo, cómo hacer viables la libertad y la igualdad entre tantísimos diferentes que tienen el derecho a serlo.

De cómo abordemos esta suma de desafíos que son, en realidad, una encrucijada de caminos, dependerá que acertemos o nos equivoquemos como país en un momento crucial de la historia de Europa y Occidente. Algo para lo que no valen gobiernos, digamos, atemorizantes para la otra parte de la sociedad, sino sensatos para la mayoría de ella. Gobiernos que saquen acuerdos para satisfacción de ella. Sobre todo porque 2024 vendrá cargado de más tensiones e incertidumbres debido a las elecciones europeas, rusas y norteamericanas. Y porque estará en el aire el desenlace de una guerra de Ucrania que, entonces, llevará dos años de vida a las espaldas de todos y que puede coincidir con el arranque de otra, u otras. Porque la lucha por la hegemonía planetaria entre Estados Unidos y China se va a poner seria en un futuro no muy lejano y nos obligará a elegir con más nitidez que ahora.

Admitámoslo, dar respuesta y acertar en todo lo dicho es imposible. Pero intentarlo y acertar en algunas cosas, sí lo es. Para ello es imprescindible que quien tome las decisiones sea capaz de mutualizar el coste político y social de ellas mediante consensos y pactos que conciten alrededor la mayoría moderada que tiene este país. Esto solo es viable desde un realismo pragmático que sume y no divida desde la moderación. No lo olvidemos porque la radicalidad debilita los consensos y hace imposible la perdurabilidad de los pactos.

En cualquier sociedad europea, los números que suman los partidos que encarnan la moderación, haría que se entendieran al verlos como un activo de país. Aquí, todavía es imposible antes del 23-J. La falta de una trinchera que la moderación debería haber puesto frente a los extremos nos hace víctimas de ellos en este tramo final que nos conduce directamente a una especie de segunda vuelta del 28-M que hace que PSOE y PP no estén dispuestos a entenderse. Y a que todos vivamos el momento atrapados por un riesgo fatídico de bloqueo recíproco. Algo que sucede en medio de una presidencia española de Europa y cuando la guerra de Ucrania se adentra en sus peores momentos.

Tal y como están las cosas, solo una mayoría clara, aunque minoritaria, podrá gobernar este país. Eso sí, tendrá que hacerlo con la mano tendida a la minoría mayoritaria y habrá de convencerla de que le deje gobernar.

Esto solo sucederá si la mayoría suficiente pacta con ella y le da su protagonismo de minoría necesaria. Solo de este modo podrá acertarse en los desafíos que mencionábamos e impedir el riesgo de un gobierno mayoritario pero freak. Bien bajo las sombras alargadas de Nosferatu, bien bajo los electrodos paralizantes de Frankenstein. 

[ARCHIVO DEL BLOG] La Justicia en España. [Publicada el 15/07/2014]

A mis amigas, y letradas,

Ana, Cristina, Eli, Juana, Lourdes y Syra

Hace unos días veía por televisión una película canadiense en la que los progenitores de un menor, de padre negro y madre blanca, litigaban por la custodia de su hijo ante los tribunales. Casi al final de la película el abogado de la madre le comunica a ésta que el Tribunal Supremo de Canadá, compuesto por nueve jueces, y que no ve más de setenta u ochenta casos al año, acepta tratar el mismo. La resolución del alto tribunal canadiense da igual y no viene ahora a cuento. La cuestión está en que el número de casos que el tribunal acepta tramitar y resolver cada año no llega al centenar. El hecho me llamó la atención y me puse a investigar en las memorias de los Tribunales Supremos de otros países sobre el número de resoluciones que adoptan de media al año.

Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, compuesta de nueve miembros, no acepta ni resuelve más de un centenar de casos anuales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, compuesto de veintiocho jueces y nueve abogados generales acepta y resuelve una media de quinientos casos al año. El Tribunal Supremo de España, compuesto por cinco salas con un total de ochenta magistrados, resolvió el año 2012 la friolera de 22.050 asuntos. El Tribunal Constitucional de España, compuesto de doce miembros, resolvió ese mismo año 8.041 asuntos.

Evidentemente, y sin entrar en mayores detalles, algo funciona mal, pero que muy mal, al menos organizativamente en la justicia ordinaria española y no digamos en la constitucional, cuando las resoluciones adoptadas por los dos más altos tribunales españoles pasan anualmente de 30.000 asuntos. 
Hace unos años escribí una entrada en el blog sobre la designación por el presidente Obama de la puertorriqueña Sonia Sotomayor, en aquel entonces de 54 años de edad, como miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, lo que la convertía en la primera mujer de origen hispano en sentarse en el más exclusivo de los ámbitos judiciales del mundo, dado que conservan sus cargos de por vida mientras observen buena conducta o no dimitan voluntariamente. 
Pero si la revisión del funcionamiento del sistema judicial español requiere algo más que el cosmético, inútil y desafortunado proyecto propiciado por el ministro de Justicia, el señor Gallardón, para si no solucionar al menos paliar el desastre organizativo del mismo, lo del Tribunal Constitucional clama al cielo.

Si hay algo que caracteriza al sistema político norteamericano no es la estructura federal del poder, el presidencialismo, la estricta división de poderes, la libertad religiosa, o el derecho de los ciudadanos a portar armas. No, la característica más peculiar de dicho sistema es la instauración por vez primera en la historia de la facultad de revisión por el Poder Judicial, La Corte Suprema, de todos los actos y leyes contrarios a la Constitución. 
Era algo que estaba latente en la Constitución aunque nada dice sobre ello su artículo III, Sección II, pero que sí se proponía en "El Federalista" (Fondo de Cultura Económica, México, 1994). Lo hacía Alexander Hamilton, uno de sus primeros comentaristas y promotores, en su famoso artículo LXXVIII, escrito en abril de 1788, al decir que "no hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, -añade-, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto, afirma Hamilton, equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que éstos no permiten, sino incluso lo que prohíben". Solo hacía falta que un jurista del prestigio del juez Marshall, presidente de la Corte Suprema de 1801 a 1835, lo desarrollara y aplicara en el famoso caso Marbury versus Madison, para que la "judicial review" se convirtiera en el rasgo más distintivo del sistema constitucional norteamericano. 
Yo no sé si en el sistema judicial español faltan o sobran jueces; seguramente, faltan. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que la organización judicial española, vista en su conjunto, es un desastre sin paliativos. Desastre, desde luego, del que los jueces no tienen la culpa.  Y sobre la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, pues más de lo mismo, o peor. Al Tribunal Constitucional le sobran competencias y debería limitarse a la única labor para la que fue creado: interpretar la Constitución como última y definitiva instancia. Y todo lo demás, le sobra. Así que, señoras y señores del gobierno, señoras y señores diputados y senadores, señoras y señores integrantes del Consejo General del Poder Judicial, pónganse las pilas, y al tajo, que esto no da para más y va proa al marisco, como dicen por mi tierra.
Les recomiendo la lectura del soberbio artículo del profesor de Derecho Administrativo de la UNED, Enrique Linde Paniagua, titulado: La reforma de la administración de justicia en España. Las claves de su crisis, publicado en Revista de Libros. Sean felices, por favor, y ahora, como también decía Sócrates, "Ιωμεν": nos vamos. Tamaragua, amigos. HArendt

De la mentira en política

 

Hola, buenas tardes de nuevo a todos y feliz jueves. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy, del periodista Jaime Rubio, va de la mentira en política. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.

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Mentiras y campañas

JAIME RUBIO HANCOCK

05 JUL 2023 - El País

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Hace dos semanas me despedí diciendo que hasta la semana que viene y llegó la semana que venía, que fue la pasada, y no envié nada. ¿Mentí? No, porque no sabía que esto iba a pasar. Solo calculé mal. Os pido disculpas.

En cualquier caso, no es fácil admitir que hemos mentido (¡no mentí!), sobre todo si uno es político. Vemos que los políticos rectifican, como Pedro Sánchez, o simplemente ignoran el pasado, como todos en el PP cuando llega el Orgullo y se olvidan de cómo se opusieron al matrimonio igualitario. Y luego están los que siguen la escuela de Trump y defienden la existencia de “hechos alternativos”. Pero mentir, lo que se dice mentir, parece que no miente nadie.

Para entender la relación de los políticos con la verdad podemos detenernos en "La mentira en política", un ensayo que Hannah Arendt incluyó en Las crisis de la república. La filósofa lo escribió después de que The New York Times y The Washington Post publicaran en 1971 los papeles del Pentágono, un informe secreto sobre la implicación militar y política de Estados Unidos en Vietnam entre 1945 y 1967. La lectura del informe dejaba claras las mentiras que los presidentes, en especial Lyndon B. Johnson, habían soltado con el objetivo de ocultar el alcance y el fracaso de la guerra.

Arendt usa este ejemplo para analizar cómo los políticos mienten, y empieza recordando que “la sinceridad nunca se ha contado entre las virtudes políticas, y las mentiras siempre se han visto como herramientas justificables en los asuntos políticos”. Solemos excusar los engaños, las medias verdades y las exageraciones de los políticos, a menudo en campaña y a menudo con la excusa de que todos lo hacen.

No debería ser así: deberíamos hacer más caso a Kant y recordar que cada mentira devalúa el valor de la palabra, y cada mentira política devalúa el valor del discurso público. Pero aquí estamos, por desgracia.

La fragilidad de los hechos. ¿Y por qué es tan fácil mentir y que los mentirosos sigan contando con nuestro respaldo, sean o no políticos? Arendt recuerda que no hay ninguna declaración factual que pueda estar tan fuera de duda como decir que dos más dos son cuatro. “Esta fragilidad es lo que hace que la mentira sea hasta cierto punto tan fácil y tan tentadora”.

Además, los mentirosos saben lo que su público quiere oír y lo presentan de forma creíble. De hecho, la mentira puede resultar más atractiva que la realidad, que “tiene la costumbre desconcertante de enfrentarnos a lo inesperado, para lo que no estamos preparados”.

Aquí la filósofa se refiere, sin nombrarlo, al sesgo de confirmación: es decir, a la tendencia a buscar y encontrar pruebas que apoyan las creencias que ya tenemos, e ignorar o reinterpretar las pruebas que no se ajustan a estas creencias.

Un ejemplo ya clásico es el de un experimento de la Universidad de Emory, en Estados Unidos, que recoge Michael Shermer en su libro The Believing Brain: en 2004 y antes de las elecciones, los experimentadores mostraron a votantes demócratas y republicanos declaraciones en las que tanto John Kerry como George W. Bush se contradecían a sí mismos. Tal y como se preveía, los demócratas excusaron a Kerry y los republicanos hicieron lo mismo con Bush.

La novedad del estudio era que a los participantes se les sometió a una resonancia magnética: esta prueba puso de manifiesto que las partes más activas del cerebro durante las justificaciones eran las relacionadas con las emociones y con la resolución de conflictos. En cambio, las asociadas con el razonamiento apenas registraban actividad. No solo eso: una vez se llegaba a una conclusión satisfactoria, se activaba la parte del cerebro asociada con las recompensas.

Es decir, reaccionamos de forma emocional a datos conflictivos y después racionalizamos esta decisión o valoración. Y, además, a veces nos gusta que nos mientan.

La teoría y la práctica. Un peligro de las mentiras políticas es que los mentirosos se las acaban creyendo. Esto es especialmente cierto, escribe Arendt, en el caso del presidente de Estados Unidos (o de cualquier otro país), a quien la información le llega filtrada por ministros, consejeros y asesores que interpretan el mundo para él, y que a menudo lo hacen a través de teorías, análisis y sistemas con los que lo intentan explicar todo. Para ellos, son los hechos los que tienen que adaptarse a la teoría y no al revés. Por culpa de esta tendencia, el mentiroso “pierde todo el contacto con su público, pero también con el mundo real".

Aun así, la pensadora defiende que la mentira tiene un recorrido limitado, aunque pueda ser largo: la realidad se impone porque el mentiroso "puede sacar su mente del mundo, pero no su cuerpo”. Esto es más fácil en democracia y aquí la filósofa subraya la importancia de la prensa y la libertad de expresión. Pero ocurre también con los “experimentos totalitarios”. Llega un momento en el que nadie puede convencer a los ciudadanos, por ejemplo, de que no hay problemas de abastecimiento, cuando esos mismos ciudadanos hacen cola en tiendas casi vacías.

Cuando Arendt habla de cómo los mentirosos y quienes les creen viven en un mundo alternativo, está anticipando lo que luego llamaríamos posverdad. Aunque en la actualidad hay una dificultad añadida: quienes viven en estos mundos paralelos cuentan con más materiales en foros y redes para retroalimentar su fantasía con teorías, indicios o correcciones y para que la realidad siga adaptándose a su imaginación, aunque sea a duras penas. Recordemos que Trump sigue empeñado en que ganó las elecciones y que los antivacunas continúan convencidos de que las inyecciones de Pfizer y Moderna van a diezmar la población mundial en cuestión de meses, si es que no lo han hecho ya y nos lo ocultan.

Todo esto no es muy esperanzador: a los políticos les resulta fácil negar la realidad, a nosotros a veces nos gusta creernos sus mentiras y cada vez lo tenemos más fácil para atrincherarnos en ellas.

Pero Arendt da claves para evitarlo, como la ya mencionada necesidad de una prensa libre. La filósofa también defiende, sobre todo en libros como Eichmann en Jerusalén, nuestra facultad de juzgar, nuestro juicio crítico, que enlaza con la idea de Kant de pensar por uno mismo, de modo independiente y sin prejuicios.

Por supuesto, los políticos no deben mentir, pero nosotros no podemos eludir nuestra responsabilidad y hemos de ser críticos con sus discursos. Si acabamos creyendo que la Tierra es plana también es por culpa nuestra.

[ARCHIVO DEL BLOG] Sobre la cadena perpetua en España. [Publicada el 18/01/2018]

La detención del asesino confeso de la joven gallega Diana Quer y el posterior encuentro de su cuerpo, han desatado de nuevo en nuestro país el recurrente debate sobre la pertinencia o no de la prisión permanente revisable, la cadena perpetua, en el ordenamiento penal español. Por horrendo que sea el crimen cometido, por justo que nos parezca el deseo de venganza y reparación de los deudos de la víctima inocente, personalmente estoy en contra de la prisión permanente.

Para una tradición central del liberalismo decimonónico tanto la pena de muerte como la de cadena perpetua son despóticas, dice en El País el historiador Tomás Llorens. El Estado no tiene derecho a arrebatarle al individuo ni su vida ni la totalidad de su libertad, afirma. Y creo que tiene razón.

Leí el verano pasado Historia de dos ciudades, la singular novela histórica que Dickens dedicó a la Revolución Francesa, comienza escribiendo Llorens. La visión que ofrece de la Revolución es claramente negativa. Su descripción de la vida cotidiana en las calles de París bajo el Terror es espeluznante. Especialmente atroz es el personaje de Thérèse Defarge, tabernera y líder revolucionaria, que decide de la vida y la muerte de los ciudadanos que tienen la desgracia de toparse con ella. Sin embargo, Dickens es igualmente duro con el Antiguo Régimen. La sed de sangre de la propia Defarge se explica, al final de la novela, por el hecho de que es la única superviviente de una familia de campesinos exterminada por un capricho criminal de los marqueses de St. Evremonde. El novelista inglés describe el crimen aristocrático con tintes no menos apasionados que los que aplica a los crímenes revolucionarios.

No es el único ejemplo que encontramos en la novela de la tiranía del Antiguo Régimen. Uno de los más memorables es el encierro del médico Alexandre Manette en La Bastilla. La descripción con la que Dickens introduce el personaje, recién salido de prisión, es inolvidable. Encogido, frágil e insustancial como un espectro, Manette es un muerto viviente. No tolera la luz ni el espacio abierto. Tampoco tolera la presencia de personas desconocidas. Vive absorto en un delirio interno y todo lo que le distrae de su delirio le sume en un pánico furioso.

Además de un tour de force literario, la descripción de Dickens es asombrosamente verídica. Puedo dar fe de ello. Esa agorafobia invencible, esa introversión, esos ojos que han perdido la costumbre de mirar, los he visto. En un grado mucho menor que el de Manette, pero los he visto. En 1959 un tribunal militar me condenó a tres años de cárcel. Tras un periodo inicial en la prisión de Carabanchel, cumplí la mayor parte de la condena en la de Valencia. Aunque los presos de larga duración eran destinados a los penales, a veces alguno de ellos era trasladado temporalmente a nuestra cárcel. Cuando salía al patio y se mezclaba con los demás presos destacaba a simple vista, como destaca una gota de aceite en un vaso de agua.

¿Cuánto tiempo de encierro hace falta para que se produzca la mutación de un preso? En mi limitada experiencia de mediados del siglo pasado, yo pensaba que unos diez o doce años. Naturalmente la cifra depende de cada persona y de las condiciones del encierro. No es lo mismo estar encerrado en una cárcel española de hoy, o de mediados del siglo XX, que en La Bastilla bajo el Antiguo Régimen. El Manette de Dickens estuvo preso en La Bastilla durante 18 años en unas condiciones que hoy nos resultan inimaginables, por muy bien que se nos describan. Sin embargo, lo que explica la severidad extrema de su enajenación no es tanto la longitud del encierro, ni la dureza de sus condiciones, como el hecho de que tuvo que experimentarlo, día a día, como una prisión permanente. Es eso lo que hace de él, como insiste Dickens, un muerto viviente. Los presos de La Bastilla permanecían encerrados indefinidamente, sometidos al arbitrio del poder monárquico. Aunque había excepciones —Manette resultó ser una de ellas— no solían salir vivos. La fortaleza se convirtió por ello en el símbolo más conspicuo del despotismo implícito en la monarquía absoluta y la liberación de sus presos por el pueblo de París el 14 de julio de 1789 quedó grabada en los anales de la historia como el acto inicial de la Revolución, el punto final del Antiguo Régimen.

La prisión por tiempo indefinido era una institución paradigmática del Antiguo Régimen. En la medida en que se iban alejando de él, los Estados europeos fueron elaborando, a lo largo del siglo XIX, una legislación penal que tipificaba, objetivaba y limitaba las penas de prisión, substrayéndolas, en la medida de lo posible, a la aplicación discrecional del poder del Estado, incluso el judicial. Esa tendencia de la legislación penal moderna es a su vez hija de una tradición filosófica liberal cuyos orígenes se remontan a la Ilustración. La reflexión sobre el poder punitivo del Estado se imbrica en la reflexión sobre la justificación misma del Estado y de las leyes. El tratado De los delitos y las penas (1764) del filósofo ilustrado milanés Cesare Beccaria, que es la base del derecho penal moderno, se nutre de la idea del contrato social de Rousseau y presupone implícitamente el principio de separación de poderes de Montesquieu.

Hace cinco años, cuando un Gobierno presidido por Mariano Rajoy presentó un proyecto de ley que incluía la prisión permanente revisable, publiqué, en las páginas de este mismo diario, un artículo en el que argumentaba su incompatibilidad con la tradición filosófica liberal. Retomo un pasaje de John Stuart Mill que cité en aquella ocasión: “La libertad humana —escribía Mill— exige libertad en nuestros gustos y en la determinación de nuestros propios fines para trazar el plan de nuestra vida según nuestro propio carácter y para obrar como queramos, sujetos a las consecuencias de nuestros actos”. Pues bien, la prisión permanente aniquila para el condenado precisamente esa posibilidad de “trazar su plan de vida” aceptando “las consecuencias de sus actos”, es decir, su autonomía moral. El hecho de que los jueces puedan revisarla no hace sino subrayar la heteronomía absoluta a la que ha quedado reducido. Revisable o no, la condena implica una supresión total de su libertad, tal como la define Mill. Para una tradición central del liberalismo decimonónico, que la mayoría del pensamiento de izquierdas del siglo XX ha asumido como propia, tanto la pena de muerte como la de cadena perpetua son despóticas. El Estado no tiene derecho a arrebatarle al individuo ni su vida ni la totalidad de su libertad.

La prisión permanente forma hoy, por desgracia, parte de nuestro ordenamiento jurídico. Fue aprobada por las Cortes, con sólo los votos del PP, cuando este partido contaba con mayoría absoluta. Hoy ya no cuenta con ella, pero la pena sigue vigente. Y, lo que es peor, se ha aplicado ya, al menos en una sentencia judicial. Por otra parte, cabe temer que ciertos casos aún no juzgados, como por ejemplo el de Diana Quer, propicien una marea populista favorable a su consolidación. Es necesario que los partidos políticos que se opusieron en su día a la prisión permanente tengan ahora la lucidez y la valentía de desoír esa marea y se unan en las Cortes para derogar una medida que supone un paso atrás hacia el despotismo del Antiguo Régimen. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: vámonos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt