Siempre se ha dicho que una de las grandes lagunas de la transición fue la falta de renovación del Estado. No solo no hubo renovación en sectores como el ejército, la policía o la justicia, sino que el gobierno de Adolfo Suárez aprobó un real decreto por el cual el personal del Movimiento Nacional se incorporaba a la Administración civil (se publicó el 1 de abril de 1977, aniversario de la victoria del bando franquista en la Guerra Civil). No era un buen augurio.
En su comparación entre las transiciones española y portuguesa, Robert Fishman ha señalado que así como en Portugal se produjo una crisis de régimen y de Estado a raíz de la revolución de los claveles, en España hubo una crisis de régimen, pero no de Estado, el cual se mantuvo prácticamente intacto a lo largo del proceso de cambio político.
La brutalidad del Estado quedó patente en los primeros compases de la transición. La Policía Nacional y la Guardia Civil acabaron con la vida de 84 ciudadanos que no estaban relacionados ni con la delincuencia común ni con el terrorismo en el periodo que va entre la muerte de Franco y la victoria del PSOE en octubre de 1982. Desde noviembre de 1975 hasta las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977, murieron 27 ciudadanos en actividades de protesta, controles de carretera y altercados con las fuerzas de seguridad. Asimismo, durante la transición y mucho después, la tortura fue práctica habitual en comisarías y casas cuartel.
En cuanto al ejército, no hace falta extenderse sobre lo que supuso la amenaza militar en la primera década democrática. La última intentona golpista tuvo lugar en fecha tan tardía como 1985: una conspiración de altos mandos militares pretendía crear una situación de vacío de poder matando al Rey, al presidente del Gobierno y a otras autoridades durante la celebración del día de las Fuerzas Armadas en A Coruña.
Las consecuencias de no renovar el Estado se han dejado sentir a lo largo de las cinco décadas de democracia. Desde los primeros tiempos, ha habido numerosos escándalos en todo lo relativo a la seguridad del Estado. Mencionaré solo algunos a modo de recordatorio: la impunidad de las tramas de ultraderecha en los primeros años de democracia; el terrorismo de Estado (los GAL), que llevó a un ministro del Interior a la cárcel; el uso de los fondos reservados para fines ilícitos; el escándalo de las escuchas ilegales de 1995, en el último gobierno de Felipe González, que produjo la dimisión del vicepresidente y del ministro de Defensa; el escándalo de las filtraciones de los papeles de Perote; la corrupción de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil; la manipulación de la información sobre la autoría del 11-M realizada por el gobierno de José María Aznar; la llamada policía patriótica durante la etapa de Mariano Rajoy; las tramas en torno al comisario Villarejo; las escuchas a los independentistas catalanes (el caso Pegasus), y así hasta llegar al reciente escándalo sobre la trama de Leire Díez.
Acerca de los problemas de la justicia, he escrito en numerosas ocasiones en las páginas de La Vanguardia. Hay cada vez más personas convencidas de la existencia de lawfare (utilización de la ley con fines políticos) o, al menos, de un doble rasero en los casos políticos. Lo más inquietante es descubrir la connivencia entre iniciativas de las fuerzas de seguridad (de la UCO o de la UDEF) y los jueces de instrucción. Se dan por definitivas las informaciones de la policía aun cuando se han detectado numerosos errores e invenciones (casi siempre en la misma dirección). En los últimos años hemos visto causas judiciales que producían vergüenza ciudadana (las de los García-Castellón, Escalonilla, Peinado, el Tribunal Supremo condenando al fiscal general del Estado, etcétera).
El origen de muchos de estos problemas se encuentra, como antes he dicho, en una transición política que no tocó los aparatos de Estado. Lo interesante, sin embargo, es que con el paso del tiempo se ha producido una diferencia entre el ejército, la policía y la justicia. El ejército se ha modernizado y ha superado sus vicios intervencionistas o golpistas. Hoy no plantea un problema para la gobernación del país. En cambio, la policía y la justicia siguen involucradas en prácticas que se alejan de lo que cabe esperar en un Estado de derecho democrático. ¿A qué se debe esta diferencia?
Para responder a esta pregunta, hay que recordar la integración de nuestro ejército en la OTAN, así como su participación en numerosas misiones internacionales. Creo que esa apertura al exterior y el aprendizaje de las normas y valores que rigen en otras latitudes ha sido fundamental en la normalización de las relaciones entre el ejército y el poder político en España. En cambio, policías y jueces siguen inmersos en las peores tradiciones carpetovetónicas, impregnados por un fuerte corporativismo y sin entender del todo su papel en una sociedad democrática.
Hace falta que entre aire fresco, huele a cerrado en esos cuerpos. Los ministros del Interior y de Justicia de la época democrática o no se han atrevido a realizar una reforma en profundidad o han visto cómo se bloqueaba todo intento de cambio. Un cambio mínimo como el que ha propuesto el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, consistente en introducir una prueba escrita en las oposiciones a juez, ha provocado una reacción airada en la mayoría de los jueces, acusando al Gobierno de querer “someter” la justicia a su control. Que hayamos llegado a ese punto de ridiculez muestra mejor que ninguna otra cosa el coste de no haber hecho bien las cosas en su momento. José Ignacio Sánchez-Cuenca es politólogo. La Vanguardia, 13 de junio de 2026.
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