20 de diciembre de 1973
FRANCISCO ACOSTA
18 DIC 2023 - El País - harendt.blogspot.com
El 20 de diciembre se cumplen 50 años del comienzo del juicio del Tribunal de Orden Público contra diez sindicalistas de Comisiones Obreras, el llamado Proceso 1001. A la misma hora de ese día, ETA atentaba contra el presidente del Gobierno de España, Luis Carrero Blanco, en una calle de Madrid, acabando con su vida. Estos dos acontecimientos marcarían el devenir histórico de nuestra nación.
En mi condición de ser uno de los condenados del Proceso 1001 me atrevo a discernir sobre estos hechos. Trataré de aclarar por qué aquellos sucesos estaban entrelazados; por qué la organización terrorista ETA escogió aquel día para llevar a cabo su acción. La petición de una condena de 162 años de prisión contra los diez sindicalistas de CC OO detenidos en una reunión en un convento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) había provocado una ola de protestas y movilizaciones no sólo entre amplios sectores de la clase trabajadora, sino en diferentes capas de la sociedad española, que trataban de combatir al régimen franquista. Este movimiento tenía previsto confluir el 20 de diciembre con un protagonismo importante de la clase trabajadora, cuyo objetivo era realizar huelgas en los centros de trabajo y manifestaciones en las calles, haciéndolas coincidir con el comienzo del juicio. En paralelo, en los países democráticos europeos, y también en Estados Unidos, Australia o Japón, los sindicatos democráticos y otros sectores progresistas iniciaron numerosas protestas contra el régimen franquista exigiendo la libertad de los procesados.
Ante esta movilización sin precedentes, la organización terrorista ETA decidió aprovechar la coyuntura con una gran dosis de oportunismo; trató de quitar protagonismo al movimiento democrático de amplios sectores de la sociedad española contra la dictadura. Al hacer coincidir el atentado contra Carrero Blanco con nuestro juicio, ETA provocó un ambiente de rebelión de la extrema derecha y la neutralización de las luchas democráticas previstas, evitando así el debilitamiento que dichas acciones hubieran hecho a las estructuras del régimen. Se crearon además condiciones para la represión y el terror contra los procesos y sus allegados, y coadyuvó al mantenimiento de la condena de 162 años de prisión.
La incoación por parte de las estructuras gubernamentales y judiciales de la dictadura de esas brutales condenas, tenían como objetivo el escarmiento represivo al movimiento sindical y democrático que protagonizaba Comisiones Obreras desde los primeros años sesenta.
Durante el juicio pudimos comprobar cómo se mantenían las prácticas totalitarias de la dictadura. Al elegir una fecha muy cercana a las fiestas navideñas, se buscaba el aislamiento del juicio a todos los niveles.
El día 20 nos trasladaron, esposados, desde la cárcel en un furgón al Palacio de Justicia y, al entrar en la sala de vistas, nos dimos cuenta del ambiente tenso y enrarecido. Se notaba en la bancada de los abogados y en el estrado de los jueces; también nos extrañó que no hubiese público. Algo grave estaba pasando, porque nos trasladaron de nuevo a los calabozos del edificio. Allí nos enteramos del atentado contra Carrero Blanco. Al cabo de un rato vimos acercarse a un capitán de la Policía Armada, preguntó quién era Marcelino Camacho y le comunicó que estaba allí para garantizar nuestra seguridad personal y nos señaló, al fondo del pasillo, un destacamento de la Policía fuertemente armado. Pasada la hora del almuerzo volvieron a llevarnos a la sala de juicio. El ambiente seguía tenso, pero la sala ya estaba llena de personas y pudimos ver a nuestros familiares en las primeras filas. Un ujier nos colocó en el banquillo según la petición de condena. A Marcelino Camacho y los procesados que tenían mayor petición fiscal, delante, y a los demás, detrás.
Me di cuenta de que se intentaba proteger a Marcelino de un posible atentado por la espalda. Las facciones de la extrema derecha violenta que, tras conocerse el atentado contra Carrero, habían acudido a la plaza de las Salesas para amenazar a nuestros familiares y abogados, señalando las pistolas que tenían ocultas, habían entrado en la sala del juicio.
La culminación del atropello judicial del régimen contra el Proceso 1001 se cerraría el 27 de diciembre con la sentencia. El tribunal, ante una petición fiscal de 162 años de cárcel por una reunión de diez sindicalistas de Comisiones Obreras, se tomó poco tiempo para deliberar. Se trataba de dar un castigo ejemplar a Comisiones Obreras. En cierta manera también nos condenaban por el atentado contra el presidente del Gobierno.
Tras nuestro recurso ante el Tribunal Supremo en febrero de 1975, las condenas fueron rebajadas. La dictadura seguía debilitándose y la sentencia de este tribunal se ajustaba a la propia legalidad judicial franquista, que ellos mismos habían infringido el 20 de diciembre. Lo consideramos una gran victoria y al final de ese mismo año todos los condenados del Proceso 1001 estábamos en libertad. La llegada de la democracia estaba más cerca que nunca después de 36 años de dictadura. Francisco Acosta es cofundador de Comisiones Obreras y condenado en el Proceso 1001
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