jueves, 12 de noviembre de 2026

ESPECIAL DE HOY JUEVES: 1976: CUANDO LA POLÍTICA ENTENDIÓ EL INTERÉS GENERAL, POR AINHOA URIBE OTALORA

 






En el 50º aniversario de la Ley para la Reforma Política, conviene recordar que los grandes acuerdos no nacen de la ausencia de diferencias, sino de la capacidad y la generosidad de reconocer aquello que una sociedad necesita por encima de los intereses particulares. Aquella experiencia demuestra que, en los momentos de mayor incertidumbre, el entendimiento puede abrirse paso cuando existe una voluntad compartida de avanzar.

El 18 de noviembre de 1976 fue posible la concordia en España. Unas Cortes que no habían sido elegidas democráticamente aprobaron una ley que abriría el camino a su propia sustitución por un Parlamento elegido mediante sufragio universal. Menos de un mes después, el 15 de diciembre, los españoles ratificaron en referéndum la Ley para la Reforma Política. Aquella decisión constituyó uno de los acontecimientos más extraordinarios de nuestra historia política reciente y un precedente universal de generosidad política. Desde la legalidad de un régimen autoritario se hacía posible su superación y el nacimiento de un nuevo sistema democrático. No se trataba de aprobar una norma, sino de asumir que la continuidad institucional necesitaba asentarse sobre una legitimidad distinta.

Cincuenta años después, cuando recordamos aquel episodio, resulta tentador detenernos en sus protagonistas y en su capacidad de liderazgo y habilidad política. No obstante, el elemento más valioso de su aportación a la Historia de España fue su voluntad de legitimar democráticamente el poder recibido y de poner el interés general, y no el partidista, por encima de todo lo demás. Una potente luz que debería iluminar las actuaciones de la clase política actual. Aquella disposición a anteponer el futuro común a las ventajas inmediatas es una lección de responsabilidad política que merece ser recordada.

No fue un camino sencillo ni estuvo exento de contradicciones, riesgos y discrepancias. Eran muchas y muy profundas. No obstante, el papel del Rey y la convicción colectiva de la necesidad de un cambio no traumático que exigía la sociedad española consolidaron entre los líderes políticos la convicción de que el país necesitaba una salida política viable, capaz de dotar de legitimidad democrática a sus instituciones y de ofrecer estabilidad y convivencia. El acuerdo no eliminó las diferencias ni hizo desaparecer los temores. Permitió, sin embargo, que la responsabilidad ante el futuro prevaleciera sobre las reservas de cada uno.

La Ley para la Reforma Política fue la respuesta a una necesidad histórica: construir un futuro de paz y convivencia, en el marco de un sistema político homologable al del resto de países europeos. Su trascendencia no radicó únicamente en permitir la celebración de las elecciones generales de junio de 1977, sino en establecer las condiciones jurídicas para que los españoles pudieran decidir su futuro político. La norma no pretendía contener por sí sola todas las respuestas, sino que abrió un proceso para construirlas y, sobre todo, devolvió la voz al soberano constitucional, es decir, al pueblo español. Y el pueblo habló y apoyó en referéndum ese cambio histórico con un respaldo del 94%. Una unanimidad que hoy en día es impensable en el escenario social y político actual. Aquel respaldo expresaba el deseo de una sociedad de participar en la construcción de su futuro y de hacerlo mediante una decisión colectiva.

Supuso también el triunfo de un principio básico de los sistemas demoliberales, y que hoy en día está bajo ataque constante por parte de muchas fuerzas políticas de forma bastante irresponsable: ponerse de acuerdo no significa siempre pensar lo mismo y, sobre todo, evita esa tentación tan propia del siglo XIX español de imponer soluciones constitucionales que excluyen a una parte relevante de la población. Ese es un camino que los protagonistas de la Ley para la Reforma Política tenían muy presente, del mismo modo que el trauma de la Guerra Civil les inspiró una capacidad inédita de encontrar puntos de encuentro. El valor del consenso residía en hacer posible una transformación compartida, sin exigir a nadie que renunciara a sus convicciones, pero sí que reconociera la legitimidad de las ajenas.

Cincuenta años después, tenemos la obligación de recordar y aprender; la lección más importante es tener la convicción de que ninguna sociedad está condenada a permanecer prisionera de sus propias divisiones. Aquella generación comprendió que el futuro de España era más importante que la victoria particular de cualquiera de sus protagonistas, y que la democracia exigía algo más difícil que alcanzar el poder: aceptar sus límites, reconocer la legitimidad del adversario y construir un destino compartido. Por eso, recordar 1976 exige reconocer que la convivencia se construye cada día, con decisiones políticas que miran más allá del beneficio inmediato.

Honrar aquel legado no debería consistir en invocar nostálgicamente la concordia de entonces, sino en recuperar la ambición política y moral que la hizo posible. Porque las democracias no se engrandecen cuando todos piensan igual, sino cuando quienes piensan distinto son capaces de comprender que hay algo más importante que sus diferencias: el país que comparten y el futuro que tienen la obligación de legar a quienes vendrán después. Ainhoa Uribe Otalora es catedrática de Ciencia Política en la Universidad CEU San Pablo. Publicado en El País.























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DEL ARCHIVO SEMANAL DEL BLOG: UTOPÍA E ILUSTRACIÓN, POR HARENDT. PUBLICADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2013

 





En la presentación de este blog dice su autor que se declara hijo de la Ilustración, monárquico y socialdemócrata. Supongo que para algunos les sonará anticuado, caduco... Creo que se equivocan, pero dejémoslo así de momento.

Tenía pensado desde hace un tiempo dedicar una entrada a reflexionar sobre lo que el pensamiento ilustrado tuvo de relación con lo utópico, un tema, este, que me apasiona. Y lo que son las casualidades, justamente esta mañana, mientras voy en la guagua en busca de mi nieto más pequeño para acompañarlo al colegio con mi hija, llego al capítulo X del libro que estoy leyendo en estos momentos: la "Historia crítica del pensamiento español. Tomo 4", de José Luis Abellán (Círculo de Lectores, Barcelona, 1993) y me encuentro con que lleva casi el mismo título: "Ilustración y utopía", que pensada dar a la entrada de hoy.

Tengo claro que mis posibles reflexiones no estarán nunca a la altura de las del profesor Abellán así que voy a seguir algunas de las pautas que da este y dejar las que yo tenía pensadas para otra ocasión. En todo caso, y sobre "utopías", un asunto que ya he tratado anteriormente en el blog, les remito a mi entrada de noviembre del pasado año: "Sobre utopías y otras cosas...", que creo les resultará interesante.

La comenzaba con este párrafo que resume bastante bien mi pensamiento al respecto: "Utopía: palabra griega que significa "lugar que no existe"... Una buena amiga de muchos años con la que he compartido vida académica, estudios, intimidades, complicidades y muchas otras cosas, tenía la palabra "utopía" grabada a fuego en su corazón. Yo, no; me resulta imposible después de ver lo que las dos grandes utopías del pasado siglo, el fascismo y el comunismo le han hecho a la humanidad. A pesar de ello, pienso, como mi amiga, que no se puede vivir sin ella".

Efectivamente, no podemos vivir sin pensamiento utópico, pero tampoco podemos obviar el daño que cifrarlo todo a un futuro y un lugar que, posiblemente no existan y al que nunca vamos a llegar puede provocar. Así pues, un poco de sano escepticismo crítico ante la avalancha de utopismo desaforado que últimamente parece haberse apoderado de los españoles (secesiones territoriales, cambios de régimen político, abolición de sistemas socioeconómicos y felicidad a golpe de revoluciones varias) como panecea universal, creo que no viene mal. 

Cita el profesor Abellán en su libro una carta del ilustrado español por antonomasia, Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) -a cuyo pensamiento y obras principales pueden acceder desde este enlace de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes- a otro ilustrado británico contemporáneo suyo, que pienso refleja bastante bien lo que quiero decir: "Jamás concurriré a sacrificar la generación presente por mejorar las futuras.  Usted -dice a su interlocutor- aprueba el espíritu de rebelión; yo no: le desapruebo abiertamente, y estoy muy lejos de creer que lleve consigo el sello del mérito... Creo que una nación que se ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre, y creo que para ilustrarse tampoco sea necesario la rebelión".

Dice Abellán al inicio del citado capítulo X: "Los ilustrados más típicos se hallaban todos animados por un profundo deseo de cambio, que es lo que originó el giro copernicano que desde entonces va a dar la cultura española. Ahora bien -dice-, un impulso de cambio total supone una meta ideal a la cual se aspira, y que en siglo XVIII no puede dejar de tener un carácter utópico". Y sigue diciendo: "El XVIII es el siglo de las utopías, y así aparece en Francia, donde el pensamiento ilustrado y enciclopedista se canaliza por vías utópicas: la entronización de la diosa Razón, la recuperación del estado de naturaleza, el mito del buen salvaje... Algunos de ellos -añade- tenían un olvidado origen español, como ocurría con el último citado; de ahí que España no pudiese permanecer al margen de semejante movimiento, si bien en nuestro país no culminó en un proceso revolucionario, como ocurrió en el vecino".

Unas páginas antes ha definido nuestro autor lo que significaba el término ilustrado a finales del siglo XVIII: "hombre que busca el progreso y la transformación de la sociedad, con una serie de rasgos muy típicos: tolerancia religiosa, sentido crítico respecto al pasado, optimismo frente al futuro, confianza en el poder de la razón, oposición a la autoridad eclesiástica y al poder tradicional de la Iglesia, interés por los problemas sociales y el desarrollo técnico de la sociedad, impulso hacia lo natural y valoración positiva de la experiencia, exaltación del progreso y del conocimiento...".

Termino la entrada con un poema de Jovellanos en el que se refleja muy claramente el contenido utópico y "presocialista" del pensamiento ilustrado y su profunda fé en una humanidad futura mejor, poema que figura en su "Respuesta a la epístola de Moratín":



El fatal nombre

de propiedad, primero detestado,

será por fin desconocido. ¡Infame,

funesto nombre, fuente y sola causa

de tanto mal! Tú solo desterraste,

con la concordia de los siglos de oro,

sus inocentes y serenos días.


Nueva generación desde aquel punto

la tierra cubrirá, entrambos mares;

al franco, al negro etíope, al britano

hermanos llamará, y el industrioso

chino dará, sin dolo ni interese,

al transido lapón sus ricos dones.


Un solo pueblo entonces, una sola

y gran familia, unida por un solo

común idioma, habitará contento

los indivisos términos del mundo.


No más los campos de inocente sangre

regados se verán, ni con horrendo

bramido, llamas y feroz tumulto

por la ambición frenética turbados.


Todo será común; que ni la tierra

con su sudor ablandara el colono

para un ingrato y orgulloso dueño.


Todo será común; será el trabajo

pensión sagrada para todos; todos

su dulce fruto partirán contentos.


Una razón común, un solo, un mutuo

amor los atarán con dulce lazos.


Una sola moral, un culto solo,

en santa unión y caridad fundados,

el nudo estrecharán, y en un solo himno,

del Austro a los Triones resonando,

la voz del hombre llevará hasta el cielo

la adoración del universo, a la alta

fuente de amor, al solo Autor de todo.



Explicado, espero, el por qué de "hijo de la Ilustración"; dejo lo de monárquico y socialdemócrata, quizá, para otro momento. Todo muy antiguo, sí; será la edad… HArendt





















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miércoles, 11 de noviembre de 2026

ESPECIAL DOS DE HOY MIÉRCOLES: HUELGA GENERAL EN ESPAÑA, POR INFOLIBRE

 






España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre, lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años.  Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía.

El seguimiento. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas.

En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche.

Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos.

Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE, representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. 

En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. 

Las manifestaciones. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles. Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. 

Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". 

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país".

“Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha.

Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas", y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.

La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes.

En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales.

Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda".

No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general.

“Esta huelga general no es ningún favor al PSOE. Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. 

Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “la vivienda nos cuesta la vida” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. 

También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. 

Cargas policiales. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. 

La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. 

En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid, también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio.

A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado. Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. 

También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. 

En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados.

La bronca política. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. 

Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. 

Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona".

Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. 

La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”.

La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles. De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición".

También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”. Publicado en InfoLibre. 






















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ESPECIAL DE HOY MIÉRCOLES: POLITICAS DE VIVIENDA, POR PEDRO BRAVO Y JON AGUIRRE

 






Uno de los síntomas —pero también de las causas— del ruido y la confusión de nuestro tiempo es la pretensión de que los problemas complejos pueden resolverse con una sola solución de enunciado simple. Este síndrome de la solución singular funciona, además, como potenciador de la polarización: normalmente, la solución de un bando es la contraria a la del otro y se convierte en una bandera con la que disputar una batalla que sólo refuerza los sesgos de confirmación de cada uno.

El asunto de la vivienda es el ejemplo perfecto. Parece que hay que escoger entre limitar el precio y aumentar la oferta como únicas e incompatibles opciones. Pero ante un problema tan gigantesco, de causas tan diversas y motivaciones económicas y políticas tan profundas bien vale pensar en soluciones múltiples y valientes. Por eso, repetir como un mantra “hay que construir más” no basta para garantizar vivienda asequible ni acceso universal. De hecho, la insistencia puede aumentar y cronificar el problema. Lo sabemos porque lo hemos vivido. La burbuja inmobiliaria ya demostró que construir puede acarrear subidas de precios y especulación. Además, algunas de las comunidades que más han fiado su respuesta al aumento de la oferta son aquellas en las que los incrementos son más notables.

La complejidad empieza desde el mismo sujeto. La vivienda es al tiempo un derecho, una propiedad, un hogar, un activo económico y financiero, un objeto contractual y una pieza fundamental para la vida en sociedad. La Constitución reconoce el derecho a la vivienda y el de la propiedad privada y su función social, aunque subordina la riqueza al interés general. Sobre ella actúan leyes de urbanismo, arrendamientos, fiscalidad, financiación, turismo, rehabilitación, medio ambiente y políticas sociales. Las competencias están repartidas entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Intervienen, además, actores muy diferentes: pequeños propietarios, promotores, bancos, grandes tenedores, fondos, plataformas, cooperativas, administraciones… y políticas y movimientos financieros internacionales.

Pero complejidad no significa neutralidad: ni todos los actores tienen el mismo poder ni persiguen los mismos intereses. La mayoría de propietarios no son caseros y los pequeños arrendadores tampoco tienen la capacidad de los grandes operadores para condicionar un mercado que está generando una brecha de desigualdad inasumible. Por eso hay que intervenir en él. Proponemos hacerlo con cinco movimientos simultáneos.

Producir. Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 se crearon unos 750.000 hogares más que viviendas se terminaron. Un déficit considerable, pero no un cheque en blanco para construir cualquier cosa en cualquier lugar. Se ha de edificar allí donde sea necesario, pero preguntándose qué tipo de vivienda, dónde, para quién, a qué precio y dentro de qué modelo urbano. El hecho de que los precios suban también donde la población decrece desmiente que sea sólo un problema de oferta. Además, a determinados inversores les sirve la situación actual: operar con inmuebles ya existentes, altas rentabilidades y menos riesgos. El sector de la construcción, por su parte, se queja de falta de crédito y mano de obra, entre otras cosas. En cualquier caso, si hay que construir que sea aprendiendo de errores pretéritos: protegiéndonos de la especulación y del crecimiento ingobernable de las ciudades.

Preservar. Evitar que la vivienda protegida, el suelo público y los recursos invertidos colectivamente se privaticen. Aunque parezca increíble en un contexto como este, 14 de las 17 comunidades autónomas siguen permitiendo que determinadas viviendas protegidas pasen al mercado libre al cabo de unos años —según Civio, hasta unas 900.000 viviendas de los 1,5 millones construidas desde 1991 podrían perder su protección en 2030, incluyendo las descalificaciones anticipadas—. Toda vivienda protegida, especialmente cuando incorpora suelo o inversión pública, debe ser un bien común para siempre. Y eso sólo se puede hacer modificando las pertinentes leyes autonómicas.

Regular. Intervenir sobre alquileres, viviendas de uso turístico (VUT) y temporal, vivienda vacía, cambios de uso y prácticas especulativas cuando comprometan el acceso residencial. No se trata de eliminar el derecho a la propiedad privada, sino de rescatar a nuestra sociedad de la versión más codiciosa y poderosa del mercado. Hay que proteger a las personas vulnerables, garantizar la estabilidad de los contratos sin subidas abusivas, reducir drásticamente las VUT y revisar, de paso, un modelo productivo excesivamente dependiente del turismo. En definitiva, legislar para la estabilidad social a largo plazo y no para los beneficios de unos pocos a corto. Además, regular exige disciplina: sin control efectivo de los alquileres temporales, VUT ilegales y de otras prácticas fraudulentas, las normas no sirven para nada.

Reequilibrar. Fortalecer el parque público de vivienda, las cooperativas, los promotores sociales y los modelos de beneficio limitado. Impulsar fórmulas como la cesión de uso, los derechos de superficie o la promoción sin ánimo de lucro que amplíen las opciones de acceso a la vivienda más allá del mercado convencional. También, aprovechar los mecanismos urbanísticos que permiten recuperar parte de las plusvalías del suelo, conservar la titularidad pública del patrimonio residencial y adquirir viviendas existentes donde sea necesario. Así como promover sistemas de intermediación y garantías públicas para incorporar viviendas privadas al alquiler asequible, ofreciendo seguridad a sus propietarios a cambio de rentas reguladas y estabilidad para los inquilinos. Es decir, reforzar la capacidad de las administraciones para promover, gestionar, inspeccionar, corregir desequilibrios y recuperar el tiempo perdido en garantizar la función social de la vivienda.

Territorializar. Adaptar las estrategias a las distintas realidades del territorio. No necesita las mismas políticas una gran ciudad, un municipio turístico o una localidad que pierde población. Relacionar la vivienda con el empleo, el transporte, los equipamientos y los servicios públicos. Y mejorar la coordinación entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Quizá sea ingenuo, pero una crisis de esta magnitud debería servir para superar las disputas competenciales y avanzar hacia políticas más coordinadas y eficaces.

Y hay, finalmente, una tarea transversal a todos estos movimientos: hacer pedagogía y garantizar información pública de calidad. Explicar con datos contrastados qué viviendas hacen falta, dónde y para quién, cómo funcionan los instrumentos disponibles y qué resultados están ofreciendo las políticas. Porque la desinformación, los titulares interesados y la confusión deliberada empobrecen el debate y dificultan la construcción de los consensos necesarios para afrontar esta crisis.

Todo esto puede sonar muy ambicioso y lo es: no nos podemos permitir actuar de otra manera. Pero ambicioso no es sinónimo de imposible. Podemos aprender de Euskadi y Navarra, con sus reservas de vivienda protegida, y también de Baleares: las tres han establecido la protección permanente como regla general para las nuevas viviendas protegidas; de Viena, con su amplio parque de vivienda social, o de Zúrich y Uruguay, con sus distintos modelos cooperativos. Ninguna experiencia es perfecta, pero todas demuestran que existen herramientas más allá del deseo de “construir más”.

El desafío que tenemos por delante es tan grande que hay que rebelarse contra la tendencia a la solución singular y afrontarlo asumiendo su complejidad y, por tanto, la necesidad de actuar con criterio y valentía en distintos frentes. Atreverse, parafraseando a la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, a hacer todo a la vez en todas partes. Y sin necesidad de saltar de multiverso. Pedro Bravo es periodista y escritor. Su último libro es Antes todo esto era ciudad (Debate). Jon Aguirre Such es arquitecto-urbanista. Es coautor de Escuchar y transformar la ciudad (Los Libros de la Catarata). Publicado en El País.


























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DEL CAFÉ SEMANAL: LA CARRERA ES ENTRE EL PP Y VOX, POR IGNACIO PEYRÓ

 






A Felipe González se le tuvo rabia, a Zapatero siempre se le ha tenido un agudo desprecio intelectual, pero el Partido Popular solo ha distinguido con la gran cruz de su aborrecimiento a Pedro Sánchez. Tal vez no guste, pero tampoco puede extrañar: Sánchez está detrás de los dos sobresaltos existenciales que, de diez años a esta parte, ha sufrido el PP. El primero fue en 2018, cuando el partido abandonó el poder con las prisas de una evacuación por tsunami. Abocado a un proceso congresual, sus distintas facciones se iban a sacar los ojos con tal garbo que, al lado del congreso que eligió a Pablo Casado, Hobbes parece una mañana en Eurodisney. La segunda agonía del PP tuvo lugar en 2023, cuando Narciso Michavila, demóscopo de confianza del centroderecha, apeló a la “pura matemática” para afirmar que Alberto Núñez Feijóo le sacaría cuarenta diputados al PSOE. Su empresa iba a “clavar” el resultado: “Nos jugamos nuestro prestigio”, declaró. Los populares no necesitaban mucho más: el vaticinio coincidía con su propia percepción de Sánchez como un molesto paréntesis en la Historia de España, cuyo curso volvería a la normalidad después de, según la expresión entonces célebre, “derogar el sanchismo”. Al final, los 40 escaños en las encuestas fueron solo 16 en las elecciones: por mucho menos, antes la gente se retiraba un par de legislaturas a una Trapa. Para lo que importa, tanto en 2018 como en 2023, la derecha coincidió en hacer de menos a Sánchez: han pasado tres años y, las vueltas que da la vida, hoy quizá pequen por hacerle de más.

No es tanto un miedo concreto como una aprensión difusa: no se sabe con qué sorprenderá, pero es seguro —se barrunta en la derecha— que Sánchez sorprenderá con algo. ¿No se la ha hecho ya otras veces? Puede ser alguna argucia o algún anuncio en los debates: recordemos cómo en su día —“usted no es una persona decente”— descompuso a Rajoy. O puede ser la utilización de la Diputación Permanente para aprobar medidas como golosina electoral: de la subida del salario mínimo a la convalidación de los decretos sobre vivienda, las ayudas a los jóvenes o la revalorización de las pensiones. Y si bien no cabe hablar aún de una épica de la remontada, las izquierdas la darán por hecha si hay pasos concluyentes: por ejemplo, la presentación de listas unitarias al Senado o, de modo notable, la articulación de propuestas que, en todo lo que va de Ada Colau a Podemos, dejen entrever más proyecto que cainismo. Por lo demás, tanto Vox como PP han mostrado algo más que suspicacia a una ley de nietos ahora en los limbos de la judicatura. Y si Vox pide votar presencialmente, el PP también “entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo”.

Lo llamativo de esta alarma es que las perspectivas de 2026 son mucho más sólidas que las de 2023. Lo son para la derecha, tal y como avala una cierta convergencia táctica entre PP y Vox hasta el adiós de Sánchez: los de Feijóo han tenido en estos meses un tono más guerrero y los de Abascal, un tono más institucional; y los dos partidos parecen haber firmado un armisticio para concentrar las fuerzas en vencer a la izquierda sin dispersarse en ataques cruzados. También el PSOE contempla un escenario en el que Sánchez pierde el poder pero se rehace como líder de una oposición que no da tregua. Las movilizaciones tras la muerte de Maricarmen Abascal serían, de hecho, el primer movimiento de esa oposición.

La inquietud para la derecha está menos en la victoria que en la proporción de PP y Vox que ofrezca esa victoria. De momento, de cara a la negociación de las capitulaciones, Vox parece más cómodo que el PP: la derecha dura crece y crece en las encuestas, en tanto que la derecha clásica no va a más, si es que no va ligeramente a menos. Es un cambio de escenario frente al Feijóo que —en el congreso del PP en verano de 2025— aspiraba a diez millones de votos y un Gobierno en solitario. La realidad, además, parece trabajar ahora mismo para Vox, con temas —Ceuta, inmigración, vivienda— en los que se siente cómodo, un escenario internacional que como mínimo absuelve a las derechas duras y un panorama nacional en el que no han repetido sus excentricidades de antaño en los Gobiernos autonómicos. Más aún: un Vox fuerte desincentiva cualquier noción de voto útil al PP. De hecho, muchos consideran que, al votar a Vox, no hacen sino asegurarse de que el PP tiene bien apretadas las tuercas. El electorado más conservador aún recuerda —justa o injustamente— los Gobiernos de Rajoy como años entre la renuncia ideológica y la oportunidad perdida. Y ahí llama la atención la pervivencia de un cierto mito según el cual Vox sería una especie de versión concentrada del PP cuando en realidad uno es un partido centralista, euroescéptico, corporativista (ahora) en lo económico y con sus distancias con la Corona y el otro está en lo contrario.

De cara a gobernar, Feijóo contaba más con soliviantar a la izquierda y los nacionalismos que con tener que nombrar en Interior, para entendernos, a un primo de Ortega Smith. Esto tiene muy mala pata en un momento en que —si alguien escuchara esas cosas— el PP parece haber dejado atrás los tiempos en que su proyecto se podía resumir entre el antisanchismo y la desanchificación: más allá de las yoyas de Tellado, el discurso de Feijóo intenta entroncar mucho más con el Aznar de los comienzos que con el Rajoy de siempre. De formar Gobierno, sin embargo, es fácil prever que la convivencia PP-Vox será más tormentosa que la suave doma que Sánchez ha ejercido sobre los partidos a su izquierda. El propio Sánchez, en fin, ya sabe que es mejor estar mal en el Gobierno que fuerte en la oposición, pero, en vísperas de Vox, quizá Feijóo tenga que echarle un ojo al Manual de resistencia. Ignacio Peyró es escritor. Publicado en El País.