El blog de HArendt (2006-2026). Pensar para comprender, comprender para actuar
miércoles, 16 de julio de 2025
martes, 15 de julio de 2025
DE LAS ENTRADAS DEL BLOG DE HOY MARTES, 15 DE JULIO DE 2025
Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz martes, 15 de julio de 2025. Frente a la percepción de que está muy extendida en nuestro país la corrupción, escribe la politóloga Cristina Monge en la primera de las entradas del blog de hoy, el problema se limita al ámbito de la contratación pública y lo protagonizan políticos, empresarios y personal relacionado con las adjudicaciones, y conviene no confundirse: España no es un país corrupto. En la segunda, un archivo del blog de julio de 2015, HArendt ironizaba, mal, sobre los calores de este tórrido verano que nos asolaba, también aquí, en Gran Canaria, a pesar de la "panza de burro" y los alisios, y que no animaban a las grandilocuentes ensoñaciones pseudoliterarias del autor del blog. El poema del día, en la tercera, es el famosísimo Mire los muros de la patria mía, del poeta Francisco de Quevedo, que comienza con estos versos: Miré los muros de la patria mía,/si un tiempo fuertes, ya desmoronados,/de la carrera de la edad cansados,/por quien caduca ya su valentía. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt
DE LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA
Frente a la percepción de que está muy extendido, escribe la politóloga Cristina Monge [España no es un país corrupto. El País, 09/07/2025] el problema se limita al ámbito de la contratación públi[a y lo protagonizan políticos, empresarios y personal relacionado con las adjudicaciones. Conviene no confundirse, comienza diciendo Monge: España no es un país corrupto. Nadie ha tenido que deslizar un billete de 50 euros encima de la mesa para conseguir que el médico le recete un antibiótico, el funcionario municipal le tramite un empadronamiento o los juzgados agilicen un expediente. Tampoco a los profesores nos llegan regalos para aprobar a los estudiantes que no superan el cinco, y cada vez se escucha menos aquello de ¿con o sin factura? cuando se lleva el coche al taller o se contrata en casa una obra menor. Estas prácticas, comunes en otros países, no ocurren aquí.
Sin embargo, España es el país de la Unión Europea con mayor diferencia entre la percepción de la corrupción y los datos reales de casos. Pensamos que somos mucho más corruptos de lo que luego dicen los números. ¿Por qué? Porque España no es un país corrupto, pero tiene un problema de corrupción instalado fundamentalmente en las esferas relacionadas con la contratación pública.
Los protagonistas son conocidos: élites políticas, directivos de empresas y personal relacionado con todo el largo y complejo proceso de contratación pública en el conjunto de las administraciones. El fenómeno de la corrupción se encuentra, por tanto, localizado, residenciado en un ámbito concreto, y su funcionamiento, conocido y estudiado.
Tristemente, la historia reciente de este país ha provocado que proliferen los estudios, investigaciones y personas expertas que conocen qué hacer para luchar contra la corrupción. Una amplia red de profesionales, académicos y entidades de la sociedad civil no sólo tienen un claro diagnóstico del problema, sino que conocen también cuáles son las principales medidas. Desde Más Democracia acabamos de hacer público un documento donde se recogen muchas de ellas.
La primera consideración es que la lucha contra la corrupción requiere medios, pero esos medios son, en el fondo, un gran negocio. Una inversión —que no gasto— de entre 50 y 100 millones de euros en lucha contra la corrupción obtiene unos retornos de más de 1.000 millones de euros, según estudios de la OCDE y otros organismos internacionales.
La batalla contra la corrupción ha de librarse en distintos campos a la vez. Para empezar, en los partidos políticos, que son los que tienen entre sus funciones seleccionar a quienes nos representan y a quienes dirigen la gestión del Gobierno y ocupan, por tanto, los espacios donde se efectúan esas contrataciones. Es fundamental que se obligue a los partidos a contar con comisiones de ética y de garantía con los mecanismos suficientes para garantizar su independencia, especialmente de la secretaría de organización. De la misma manera, ayudaría a reforzar la transparencia establecer la obligación de publicar lo relativo a la financiación y remuneración de los cargos públicos y orgánicos, incluyendo las donaciones voluntarias de sus representantes electos y cargos de gobierno, así como los sobresueldos de cualquiera de sus miembros y los criterios a los que obedecen. Finalmente, como han demostrado los últimos acontecimientos, es necesario instaurar en todos los partidos —como establece la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción— un canal interno anónimo de denuncias. Esta vía debe ser reforzada designando a una persona responsable de su cumplimiento, que se encuentre protegida frente a cualquier represalia o presión, de forma que cualquier militante, simpatizante o cargo público pueda denunciar anónimamente con todas las garantías los casos que pueda conocer de corrupción o abuso de poder, incluidos los comportamientos machistas.
Para reforzar el sistema de cumplimiento resulta esencial reforzar los medios y funciones del Tribunal de Cuentas y establecer un sistema de sanciones más severo sobre los comportamientos inadecuados de gestión presupuestaria de los partidos políticos, así como el uso de fuentes de financiación no establecidas. Si se plantea que las empresas que hayan participado en un acto de corrupción no puedan contratar con la administración pública durante diez años, parece coherente hacer lo mismo con los partidos políticos, excluyéndolos durante el mismo periodo de la posibilidad de obtener financiación pública si han incurrido en financiación irregular.
Otro ámbito a mejorar es el campo institucional. En la actualidad existen siete organismos, además del Tribunal de Cuentas, dedicados a prevenir la corrupción. Se trata de la Oficina de Conflicto de Intereses, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Oirescon, la Oficina Nacional de Auditoría-Seneca, la Dirección General de Gobernanza, la Inspección de Servicios y la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante. Lejos de aumentar la eficacia del sistema, esta multiplicación de organismos lo complejiza y debilita, por lo que resulta recomendable agruparlo en un gran órgano independiente y bien dotado de medios. Una agencia antifraude, como han propuesto algunos grupos parlamentarios, es ya algo obligado, si bien sería recomendable que fuera nombrada y rindiera cuentas ante el Parlamento.
En Octubre se celebrará en Vitoria la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Sería el momento oportuno para aprobar la Ley de Gobierno Abierto, estableciendo el acceso a la información como un derecho fundamental, reduciendo las opciones de opacidad, limitando las excepciones y estableciendo la transparencia desde el diseño de las políticas públicas. Sería también el momento de dotar al Consejo de Transparencia de un régimen específico de infracciones, multas coercitivas y sanciones frente a los incumplimientos de la ley, así como de mayor independencia.
Si nos centramos en la contratación pública, auténtico meollo de los problemas de corrupción, es necesario que las empresas que participen en prácticas corruptas, o cuyos directivos lo hagan con financiación de la empresa, no puedan volver a contratar con la administración durante un tiempo suficientemente desincentivador. Pero con esto no basta. El control debe extenderse desde la fase previa de planificación, evitando la información privilegiada, hasta la de posadjudicación, sancionando las modificaciones y cambios fraudulentos y declarando la nulidad de los contratos públicos, concesiones o licencias obtenidos mediante un acto afectado por la corrupción. El personal que valora las propuestas de las licitaciones debe contar con acreditación de sus conocimientos y su integridad, con las competencias que establece el marco europeo ProcurCompEU, y debe hacerlo dentro de órganos de la administración independientes.
El Parlamento español, Congreso y Senado, sede de la soberanía popular, no puede quedar al margen de una ofensiva contra la corrupción. Para ello, debe dar prioridad a la regulación de la actividad de los grupos de interés, trasladando la legislación europea en materia de transparencia, registro, código de conducta, huella legislativa y transparencia de las agendas de los miembros de la Cortes Generales. La tramitación de la regulación de los lobbys ha sido iniciada ya en varias ocasiones y nunca ha llegado a su fin. Es hora de ponerle remedio.
Por otro lado, es necesario reformar a las cuestionadas comisiones de investigación para que puedan cumplir el cometido para el que fueron diseñadas. Para ello, es imprescindible aumentar la capacidad de los grupos parlamentarios minoritarios para impulsarlas a propuesta de una cuarta parte de los miembros del parlamento, como ocurre en Alemania o Portugal, y regular sus plazos de constitución para acortar tiempos, así como eliminar el voto ponderado e introducir voto secreto.
Estas son sólo algunas ideas de las muchas que deben ponerse en marcha para lanzar una ofensiva contra la corrupción, pero hay más. La convocatoria de una amplia conferencia de profesionales, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil podría identificar, completar y perfeccionar esas propuestas. Ojalá pudieran después debatirse en el Congreso y acabar formando parte de un pacto de estado que contara con la participación y aprobación del conjunto de la cámara. Plantear esto en el marco y clima de crispación instalado en nuestro país parece un acto de ingenuidad, pero no caminar en esta dirección es alentar la desafección, la desconfianza, y abrir la puerta a esa ultraderecha que cuestiona los consensos democráticos al tiempo que recoge los malestares de la sociedad. Cristina Monge es politóloga.
[ARCHIVO DEL BLOG] CASILLAS, MAS Y EL REY FELIPE. PUBLICADO EL 10/07/2015
DEL POEMA DE CADA DÍA. HOY, MIRÉ LOS MUROS DE LA PATRIA MÍA, DE FRANCISCO DE QUEVEDO
MIRÉ LOS MUROS DE LA PATRIA MÍA
Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.
Salíme al campo; vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.
Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos;
mi báculo, más corvo y menos fuerte;
vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.
FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645)
poeta español
lunes, 14 de julio de 2025
DE LAS ENTRADAS DEL BLOG DE HOY LUNES, 14 DE JULIO DE 2025. 236º ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REOLUCIÓN FRANCESA
Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz lunes, 14 de julio de 2025. Si los españoles no quisieran que se alcanzaran pactos de legislatura entre fuerzas con distintas prioridades votarían en favor de mayorías absolutas, pero sucede lo contrario, escribe en la primera de las entradas del blog de hoy el cineasta David Trueba. La segunda, un archivo del blog de tal día como hoy de 2014 en la que se hablaba de que París, aquel día de hacía 225 años, fue una fiesta con el asalto del pueblo a la prisión real de La Bastilla, que significó el inicio de la Revolución Francesa y el colapso del Antiguo Régimen. El poema del día en la tercera, es del poeta Fray Luis de León, se titula Oda a Santiago, y comienza con estos versos: Las selvas conmoviera,/las fieras alimañas, como Orfeo,/si ya mi canto fuera/igual a mi deseo,/cantando el nombre santo Zebedeo. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt
DE LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL
Si los españoles no quisieran que se alcanzaran pactos de legislatura entre fuerzas con distintas prioridades votarían en favor de mayorías absolutas, pero sucede lo contrario, escribe en El País [La sentencia del Constitucional, 08/07/2025] el cineasta David Trueba. Fue pintoresca la reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara la ley de amnistía dictada por el Gobierno para los condenados en el procés separatista catalán, comienza diciendo Trueba. De nuevo la histeria sobreactuada que dura un par de días, se utiliza y se tira a la papelera. Los mismos que dicen defender férreamente la separación de poderes y que afean cualquier crítica a sentencias o instrucciones judiciales, algunas de las cuales son como mínimo cuestionables, han salido a insultar a todos los miembros del Constitucional que han apoyado la resolución. Descalificaciones brutales, portadas degradantes e injurias contra magistrados que llevan décadas de oficio y llegaron al tribunal con el acuerdo de los dos principales partidos. Este delirio forma parte del estado mental en que vivimos, donde nadie se atreve a ver la viga en el ojo propio. Entre otras cosas, porque la viga del sectarismo ya no deja ni ver el propio ojo.
Que la ley de amnistía cumplía con los preceptos constitucionales era evidente. Su redacción fue una filigrana para resultar admisible. Cualquiera es libre de cuestionar su oportunidad, incluso su pertinencia, pero no conviene confundir el juicio político sobre las razones que la impulsaron con la revisión del Constitucional. La aritmética parlamentaria obliga en toda vida política a negociar concesiones y acuerdos. Si los españoles no quisieran que se alcanzaran pactos de legislatura entre distintas fuerzas, cada una con muy distintas prioridades, votarían en favor de mayorías absolutas. Pero sucede al contrario; han dado en votar parlamentos cada vez más fraccionados donde los pactos son imprescindibles. Hasta Donald Trump, para sacar su llamada Ley Grande y Hermosa, ha concedido a Alaska y otros estados ciertas ventajas a cambio del voto de sus senadores. Las cesiones a partidos que representan a sus autonomías, incluso de impuestos del Estado, han sido necesarias tradicionalmente para elegir un presidente en España. La amnistía, al fin y al cabo, sería la menor de las concesiones, pues, tras las condenas de cárcel y los años de exilio de sus máximos responsables, recuperar la normalidad perdida no resulta tan gravoso para el conjunto de los ciudadanos.
Es evidente que los magistrados del Supremo que protagonizaron aquel juicio, herido por el defecto de ser un juicio más político que técnico, aborrezcan de la ley de amnistía. Lo cuestionable es que se hayan inventado estratagemas para inutilizarla. La más chocante es la que apela a la malversación. Es algo así como si tras la amnistía que dictó el gobierno de José María Aznar para la cúpula de Interior condenada por el secuestro de Segundo Marey perpetrado por los GAL, los jueces exigieran que se mantuviera la condena por los daños psicológicos que le causaron a la víctima. O por doblar las matrículas de los coches utilizados para el delito.
Las amnistías provocan una enorme controversia siempre y los gobiernos que recurren a ellas han de asumir el coste político. Esto les obliga a esmerarse en la pedagogía con los ciudadanos, algo complicado cuando los discursos electorales son primarios y ramplones. Si los socialistas no se hubieran pasado una campaña negando la posibilidad de la amnistía hubiera resultado mucho más fácil convencer a los españoles de su pertinencia. Es una buena lección. A todos, y sobre todo a los políticos, nos iría mejor con una versión más adulta y rigurosa de la política. En lo que concierne a los altos tribunales estamos obligados a aceptar su designio si no queremos deslizarnos definitivamente hacia la degradación absoluta. David Trueba es cineasta.
































































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