Ante el giro de los acontecimientos, con la legislatura en plena ebullición, lo más cómodo es apelar a la división de poderes, la imparcialidad de los jueces y dejar “que hablen los tribunales”. Que caiga quien tenga que caer. Cualquiera que vaya más allá de ahí se expone a que se le acuse de disculpar la corrupción por sectarismo partidista o de subvertir la independencia del poder judicial.
Quisiera comenzar presentando mis credenciales, con la vana esperanza de evitar las reacciones más furibundas. Hace algo menos de un año, cuando surgió el escándalo de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, escribí en estas páginas un artículo hablando de las responsabilidades políticas que le tocaba asumir al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Entre otras cosas, defendí que, tras la caída sucesiva de dos secretarios de Organización del partido, lo mejor que podía hacer Sánchez era anunciar que no se presentaría de nuevo a las elecciones y dejar paso a un nuevo equipo que renovara el proyecto y la organización. Creo que si hubiera hecho algo así, habría sido bueno para la salud democrática del país, para el futuro del PSOE y, por si no fuera suficiente lo anterior, se habría evitado este final de legislatura un tanto agónico.
El lío actual no se puede atajar apelando a la presunción de inocencia de los acusados. Cuando sucedieron los escándalos de corrupción de la época de Rajoy, se insistía, creo que con buenas razones, en que una cosa eran las responsabilidades penales, que se sustanciarían en su momento, y otra las responsabilidades políticas, que exigían una respuesta más inmediata. Algo puede no ser un delito pero resultar políticamente inaceptable. Todos pudimos ver la libreta de Bárcenas. El máximo responsable del partido, Mariano Rajoy, aparecía en más de 30 anotaciones por pagos en negro. Aquello era suficiente para formarse una opinión de lo ocurrido. Salieron también evidencias de abusos de poder, suficientes para entender qué tácticas había utilizado el Gobierno del PP para tapar el rastro de su corrupción y acabar con los rivales. Aunque la justicia apenas ha avanzado en el esclarecimiento de estos acontecimientos (se está juzgando la Kitchen diez años después, pero no se ha hecho prácticamente nada con las operaciones contra Podemos y los independentistas catalanes), es legítimo discutir sobre la responsabilidad política del PP en estos acontecimientos.
El problema que surge en la actualidad con respecto a las responsabilidades políticas del PSOE es que para formarnos una opinión de lo que está sucediendo no podemos confiar ciegamente en el principio de imparcialidad de la justicia. Y tampoco hay buenas razones para creer sin más en las actuaciones policiales: nos hemos ido acostumbrando a que los informes de la UCO y de la UDEF mezclen realidad y ficción. Cuando se descubren falsedades y manipulaciones en dichos informes, no hay forma de que esos cuerpos rindan cuentas ante la ciudadanía. Por mencionar solo algunos ejemplos recientes: la UDEF jugó sucio contra Podemos (caso Neurona), se equivocó gravemente en el caso de Sandro Rosell y hemos visto en el juicio de la Kitchen el testimonio demoledor del comisario Morocho sobre las presiones que sufrió para proteger a Mariano Rajoy. La UCO, por su parte, se caracteriza por lanzar interpretaciones atrevidas que suelen perjudicar casi siempre a los mismos… Son agencias del Estado opacas por su propia naturaleza que no están sujetas a principio de responsabilidad alguno.
No estoy sugiriendo que haya una concertación de los jueces ni nada parecido; basta que los jueces que lleguen al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional arrastren sesgos ideológicos y corporativos, es decir, que se dejen arrastrar por el clima dominante en la carrera. En España parece sacrílego poner en cuestión la actuación de los jueces. Sin embargo, son un poder del Estado y están sometidos a muy pocos controles. Los controles previstos constitucionalmente son internos, pero sabemos que hay un fuerte corporativismo en la profesión y que la cúpula del sistema, el Tribunal Supremo, está en manos de jueces conservadores desde hace mucho tiempo. La mejor prueba de la parcialidad de los jueces son las luchas encarnizadas de los partidos en torno al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno que decide quiénes llegan a los más altos tribunales. Si los jueces fueran imparciales, no habría necesidad alguna de luchar por el dominio político de la institución. El Partido Popular es un maestro en este terreno: tanto le importa el asunto que mantuvo cinco años bloqueada la renovación del CGPJ.
Esto no quiere decir que los jueces prevariquen o que no haya justicia, pero sí que la justicia no se aplica igual a todos los actores políticos. Dentro de los márgenes del Derecho, hay espacio para ser más estricto en unos casos que en otros. Aparece ahí el doble rasero. No se trata necesariamente de que las condenas sean incorrectas jurídicamente, sino de que no se investigue con la misma diligencia a todos los actores políticos y que se valoren las pruebas de forma distinta en cada caso. El ejemplo más claro ha sido la condena del ya exfiscal general del Estado. Habiendo filtraciones judiciales constantemente, se aprovechó una filtración (cuya autoría no pudo determinarse) para ajustar cuentas con Álvaro García Ortiz.
Los primeros síntomas de que la situación estaba descontrolándose pudieron observarse con la gran causa judicial a los independentistas catalanes. En una maniobra bien calculada, se comenzó acusando por rebelión para luego dar una apariencia de ecuanimidad condenando por sedición. El Tribunal Supremo tuvo que hacer cabriolas argumentativas para que la manifestación del 20 de septiembre de 2017, similar a otras muchas en nuestra historia democrática, o las protestas por las cargas policiales el 1 de octubre, se convirtieran en “alzamientos tumultuarios” que intentaban evitar la aplicación de la ley mediante la fuerza o fuera de las vías legales. La mayoría social, incluyendo entonces al PSOE, no quiso cuestionar una sentencia que, con tal de llegar a condenas duras, pasaba por encima de los valores democráticos que amparan la protesta popular. Desde entonces, los jueces, envalentonados, han ido abandonando toda forma de autocontención y hemos visto actuaciones disparatadas y maliciosas (las de los García-Castellón, Escalonilla, Peinado, etc.), con una clara motivación política y una pobreza argumental alarmante.
Podemos mirar para otro lado y envolvernos en el formalismo de la imparcialidad de los jueces, pero hay motivos para cuestionar dicha imparcialidad en los casos políticos. Algunos asuntos se investigan hasta sus más mínimos detalles, mientras que otros quedan en el olvido. El doble rasero judicial y policial acaba erosionando la legitimidad de un poder fundamental del Estado. Más allá de ese daño estructural al sistema, el problema es que cuando una parte relevante de la ciudadanía pierde la fe en la imparcialidad judicial, los escándalos de corrupción, real o supuesta, ahondan la división social: unos creen que la justicia es valiente e insobornable, mientras que otros concluyen que hay una intencionalidad política en su proceder. En esas condiciones, si el objetivo último de los actores judiciales y policiales es cargarse el Gobierno, puede producirse un cierre de filas en torno al Ejecutivo por parte de todos aquellos que han dejado de confiar en lo que se supone que han de ser órganos imparciales de control del poder político. Ignacio Sánchez-Cuenca es politólogo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. El País, 2 de junio de 2026.
