Hay momentos políticos en los que lo decisivo no es lo que ocurre, sino lo que falta. La izquierda española —entendida aquí como el espacio a la izquierda del PSOE— atraviesa uno de esos momentos. No hay un acontecimiento fundacional, ni una derrota épica, ni un cisma generacional. Hay algo más difícil de narrar y, por eso mismo, más revelador: un agotamiento acompasado por una sucesión de pequeños vacíos que, sumados, dibujan un problema mayor. Una líder que se va sin relevo. Unos resultados autonómicos que confirman lo que las encuestas llevaban meses anticipando. Una candidatura unitaria andaluza cosida con prisas y desconfianza. Y el atajo de Gabriel Rufián, que cada vez parece menos un proyecto y más una operación de supervivencia personal dentro de su propio partido.
En paralelo, y aquí está la lectura interesante, el PSOE no solo ha resistido el desgaste: lo ha convertido en oportunidad. Sánchez ha capitalizado un terreno que históricamente disputaba la izquierda alternativa —el rechazo a la guerra, la denuncia del genocidio en Gaza, el liderazgo del progresismo internacional— con la complicidad pasiva de quienes ahora descubren que se les ha quitado la bandera sin que nadie protestara. Lo que ocurrió en Barcelona los días 17 y 18 de abril fue una transferencia de capital político en directo.
Cada una de estas capas merece análisis propio. Cada una explica una cara distinta del mismo problema. Y, sumadas, anuncian un futuro que ya no admite optimismo fácil.
Cuando Yolanda Díaz anunció el 25 de febrero que no se presentaría a las generales de 2027 —y ratificó después, en una entrevista en Radio Galicia, que tampoco aparecería en ninguna lista, «en absoluto, para nada»—, la noticia tuvo escasa capacidad de sorpresa. Dentro de Sumar la daban por amortizada desde mucho antes: ni había logrado articular un paraguas organizativo para el conjunto de la izquierda, ni sus valoraciones personales ni la estimación electoral de su formación se acercaban a las cifras de 2023. El primero en decirlo en voz alta fue Antonio Maíllo, que ya en enero exigió un cambio total de rumbo y un frente amplio desvinculado del PSOE. Es decir: el coordinador federal de IU le pidió públicamente un giro de proyecto a la candidata de la coalición a la que su propio partido pertenece. Pocos diagnósticos políticos son más elocuentes.
Su marcha cierra un ciclo que comenzó en julio de 2023 con un resultado que se quiso leer en clave épica: 31 diputados, más de tres millones de votos, quince formaciones unidas y un pacto de Gobierno con el PSOE. Tres años después, lo que parecía la consolidación de un nuevo polo se ha desmoronado en una secuencia previsible —fugas, con Podemos en cabeza, implosiones internas y resultados decrecientes—. Díaz se va con el aval indiscutible de su gestión en Trabajo —subida del SMI, derechos laborales ampliados, reducción de jornada en debate—, pero deja atrás el proyecto político que la encumbró convertido en una alianza sin candidato y sin relato. La paradoja es cruel: una ministra que ha sido referente es también la dirigente que ha asistido a la descomposición de su propio espacio.
Lo relevante, sin embargo, no es su marcha. Es el silencio que deja detrás. ¿Quién hereda el espacio? La pregunta lleva meses formulándose y no encuentra respuesta convincente. Pablo Bustinduy ha sido apuntado por algunos —incluido Rufián, que lo definió como «de las mejores cabezas»—, pero su perfil, sólido en gestión y discreto en exposición, carece de la proyección estatal que exige una candidatura nacional. Mónica García y Ernest Urtasun cumplen con sus carteras, pero ninguno genera el voltaje necesario para reagrupar a un electorado disperso. Maíllo es un dirigente fiable y un articulador eficaz —como demuestra la unidad andaluza, una operación de coordinación más que de arrastre electoral—, pero no se proyecta como líder estatal. Irene Montero conserva fervor militante en una fracción de Podemos, pero su techo electoral está acotado y su capacidad de costura interna, muy mermada.
El problema no es de nombres. Es de patata caliente. Nadie quiere asumir una pieza que, en el escenario más probable, conduce a una derrota electoral en 2027 con la responsabilidad histórica añadida de haber facilitado, una vez más, la fragmentación. Y mientras nadie la asume, el espacio se enfría.
Los datos de las dos primeras citas autonómicas del ciclo son demoledores y conviene leerlos sin atenuantes. En Aragón (8 de febrero), la coalición IU-Movimiento Sumar consiguió un único escaño con un 2,94 % de los votos, replicando el suelo de 2023. Podemos, que llegó a tener catorce diputados en su ciclo álgido de 2015, desapareció directamente del Parlamento autonómico —y quedó por detrás incluso de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, que tampoco entró pero la superó en votos—. El espacio a la izquierda del PSOE se sostiene allí, paradójicamente, gracias al regionalismo: Chunta Aragonesista duplicó representación, pasando de tres a seis diputados. Un dato que merece atención: en Aragón lo que funciona no es la marca estatal, es la marca aragonesa.
En Castilla y León (15 de marzo), el resultado fue todavía más severo. Por primera vez en quince años, la izquierda situada a la izquierda del PSOE no obtuvo representación en las Cortes. IU-Sumar-Equo logró 27.605 votos (2,23 %) y Podemos-Alianza Verde apenas 9.225 (0,74 %). Ni juntos habrían alcanzado escaño alguno bajo la fragmentación provincial castellano-leonesa. El PSOE resistió incluso con ligera mejoría, lo que confirma que el problema no es de ola sino de marca: el voto progresista está, pero ya no se canaliza por la izquierda alternativa.
Dos comunidades, dos retratos del mismo problema. El bloque de la derecha avanza con holgura mientras el espacio a la izquierda del PSOE no encuentra suelo. Y todo esto, conviene recordarlo, ocurre tras una legislatura en la que ese mismo espacio ha tenido carteras ministeriales, gestión visible y agenda propia.
El acuerdo in extremis que cerraron IU, Movimiento Sumar y Podemos para concurrir juntos a las elecciones andaluzas del 17 de mayo bajo la coalición Por Andalucía, con Maíllo como cabeza de lista, es una unidad por miedo, no por convicción. Las bases de Podemos en Andalucía avalaron la integración con un 81,4 % de apoyos, una cifra que indica menos entusiasmo del que parece. Lo que ratificaron, en realidad, fue que el escenario alternativo —concurrir por separado y arriesgarse a quedar fuera del Parlamento andaluz, repitiendo el desastre aragonés— resultaba sencillamente impensable.
Y aun así, la unidad andaluza es la mejor noticia que ha tenido el espacio en lo que va de ciclo. Sumar plantea ya replicar el «modelo andaluz» en otros territorios. La pregunta es si la fórmula resiste cuando se aplica a contextos donde no hay un liderazgo aglutinador como el de Maíllo o cuando la presión del calendario no fuerza el acuerdo. El mapa de las generales de 2027 no se parece al de Andalucía: faltan articuladores.
Aquí entramos en el episodio más revelador del trimestre. Los actos de Rufián —primero en Madrid junto a Emilio Delgado en febrero, después en Barcelona junto a Irene Montero el 9 de abril— se vendieron como el arranque de algo nuevo. Un nuevo «bloque histórico», una izquierda capaz de condicionar el rumbo político y disputar escaños a la derecha en clave territorial. La narrativa funcionó durante unas semanas. Hubo titulares, datos favorables, especulación sobre operaciones, alineamientos y giros. A día de hoy, ese horizonte se ha disuelto. Y conviene explicar por qué con precisión.
Primero, porque Rufián nunca pasó del condicional. En el acto con Delgado dejó todas las puertas abiertas y todas las definiciones aplazadas. En el de Barcelona con Montero subió un peldaño retórico —apeló a ERC para «liderar» un frente de izquierdas— pero sin proponer nada que implicara ruptura con su partido. La ambición declarada y la ejecución contenida son incompatibles. Ya lo apuntamos en estas mismas páginas en febrero: si la promesa era desborde, lo que hubo fue contención calculada.
Segundo, porque ERC ha cerrado la puerta. La dirección de Oriol Junqueras mantiene una posición «firme e imperturbable» contraria a cualquier frente estatal. La argumentación interna es nítida: ERC no se concibe como izquierda al PSOE, sino como «izquierda nacional de Cataluña», con vocación de ocupar todo el espacio del centro a la izquierda manteniendo su carácter independentista.
Tercero, porque Sumar, IU, los Comuns, Bildu y la propia ERC han rechazado las condiciones planteadas por Rufián. Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns lanzaron el 21 de febrero su propia escenificación, en parte como maniobra defensiva frente al ruido rufianista.
¿Qué queda entonces de la operación? Una hipótesis razonable: lo que probablemente fue desde el principio, una maniobra de reposicionamiento personal dentro de ERC. En la formación republicana hay sectores que dan a Rufián por amortizado y estudian renovar la cabeza de lista para las próximas generales. Construir desde fuera un capital político transferible —audiencias, encuestas, presencia mediática— es una vía clásica para revalorizarse internamente. Si ese era el objetivo, la operación ha funcionado a medias: ha generado ruido suficiente para mantenerlo en el centro del debate, pero no ha modificado la correlación interna en ERC. Lo que se vendió como un movimiento de fondo, ha terminado siendo un movimiento de pieza.
Mientras la izquierda alternativa se consume en sus debates internos, el PSOE ha hecho algo aparentemente sencillo y políticamente decisivo: ocupar el terreno simbólico que tradicionalmente disputaba con esa izquierda. Y lo ha hecho a través de dos vectores muy claros: la oposición a la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la denuncia del genocidio en Gaza.
El «no a la guerra» de Sánchez. Tras el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, el Gobierno español negó el 2 de marzo el uso de bases en territorio español para operaciones contra Irán, lo que provocó la amenaza de Trump de romper lazos comerciales y, según filtraciones publicadas en medios estadounidenses, la apertura de un debate interno en el Pentágono sobre castigos a los aliados de la OTAN considerados «problemáticos». No hay forma más rotunda de marcar una posición geopolítica que sostenerla cuando tiene coste. Y, fundamentalmente, esa posición reactiva un significante histórico de la izquierda española, el del «no a la guerra» de 2003, que entonces enfrentó a millones de personas con el PP de Aznar. Hoy ese eslogan no lo sostiene una manifestación: lo sostiene un presidente del Gobierno desde Moncloa. Quien quiera entender la transferencia de capital simbólico entre familias de la izquierda no necesita más metáfora.
La cumbre de Barcelona del 17 y 18 de abril fue la escenificación más rotunda. Allí confluyeron dos eventos —tres sin incluímos la cumbre bilateral entre España y Brasil— deliberadamente solapados: la IV Reunión en Defensa de la Democracia —foro creado por España y Brasil en 2024— y la Global Progressive Mobilisation, convocada por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista. Más de 6.500 personas movilizadas y una veintena de mandatarios, a los que se sumaron Mensajes pregrabados de personalidades como Bernie Sanders o Zohran Mamdani. Un dispositivo simbólico de primer orden.
Sánchez clausuró con una sentencia que merece ser leída con atención: «El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin». Y añadió, en la misma intervención, que la alianza progresista debía estar orgullosa de ser «pacifista, ecologista, sindicalista y feminista». Conviene fijarse en los cuatro adjetivos. Son, históricamente, los significantes de la izquierda alternativa al PSOE. Sánchez los reclamó para el polo socialdemócrata global con naturalidad.
Hay un detalle más, y es probablemente el más significativo. A la Global Progressive Mobilisation no acudieron solo cuadros del PSOE. Acudió, en sentido amplio, gente del bloque de la izquierda. Perfiles vinculados a Sumar, dirigentes de los Comuns, cuadros de Más Madrid, miembros de IU, sindicalistas, intelectuales y figuras culturales que históricamente habrían orbitado más cerca del espacio de la izquierda alternativa que del PSOE. La cumbre funcionó como casa común del progresismo.
Esto modifica la geometría política española. Durante una década, la pregunta dominante en el espacio alternativo era cómo construir una izquierda capaz de condicionar al PSOE desde fuera. Barcelona sugiere que esa pregunta puede haber quedado obsoleta. Cuando el PSOE ocupa simultáneamente el espacio de la gestión, el del rechazo a las guerras imperiales, el de la condena del genocidio en Gaza, el del feminismo institucional y el del progresismo global, la izquierda alternativa pierde el suelo desde el que se construía como alternativa. No porque el PSOE haya virado a la izquierda, sino porque ha sabido capitalizar el relato. Y en política, ya se sabe, quien pierde el relato pierde el horizonte.
La izquierda española, entendida como espacio plural a la izquierda del PSOE, atraviesa una crisis que combina cuatro dimensiones simultáneas.
Es crisis de liderazgo: Díaz se va y nadie quiere ocupar el centro del cuadrilátero. A esto se suma una escasez de cuadros políticos de referencia. Es también crisis de representación: Aragón y Castilla y León confirman que la marca estatal se evapora donde antes había suelo, y que solo las coaliciones cosidas con prisas (Por Andalucía) consiguen retener algo. Es crisis de proyecto: el atajo Rufián evidencia que cuando se busca un acelerador externo, el resultado es un quiero y no puedo que se desinfla por su propia incoherencia. Y es crisis de relato: el PSOE ha ocupado el terreno simbólico del progresismo internacional.
Hay quien piensa que este diagnóstico es transitorio y que el ciclo electoral de 2027 reordenará las piezas. Es posible. Pero también hay una hipótesis más incómoda: que la izquierda alternativa española esté entrando en su versión particular del ciclo italiano, ese paisaje donde la fragmentación deja de ser un accidente y se convierte en una condición estructural. Donde cada elección genera una nueva sigla, cada sigla un nuevo desencanto, y el partido socialdemócrata —como antes el PD italiano— absorbe progresivamente todo el espacio progresista útil mientras la fragmentación a su izquierda se vuelve folclore electoral.
La diferencia entre uno y otro escenario depende, fundamentalmente, de tres variables. La capacidad del espacio para producir un liderazgo que no sea defensivo ni residual. La voluntad real —no retórica— de construir confluencias estables más allá de la urgencia de cada cita electoral. Y, sobre todo, la honestidad para asumir que el problema no es la falta de unidad: es la falta de una razón compartida para querer estar unidos. EDUARDO BAYÓN es politólogo. Publicado en InfoPolítica el 25 de abril de 2026.
