Los valores y principios de la democracia y el Estado de derecho deben trascender al proceso de digitalización de la sociedad. En este nuevo marco tecnológico es esencial definir y entender las reglas del juego para aprovechar sus ventajas, comentaba en El País el pasado mes de abril Carlos López Blanco, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones.
Al hilo de la muy mediática y exhaustiva comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, comenzaba diciendo López Blanco, y tras muchas reticencias, en el Parlamento Europeo, es momento de esbozar un primer análisis de las consecuencias del escándalo Cambridge Analytica, no solo para Facebook sino para toda la industria de Internet.
Al igual que Sigfrido, en El anillo del nibelungo, de Wagner, desconocía el miedo —y de ahí su fortaleza—, Facebook y el resto de la industria de Internet han desconocido hasta ahora determinados principios esenciales del mundo en que viven y muy especialmente algunos en los que se basan el Estado de derecho (rule of law) y nuestra economía de mercado.
Efectivamente, la industria de Internet ha vivido imbuida de un juvenil espíritu libertario en virtud del cual la regulación, las normas y los principios tradicionales de la economía y la vida social no iban con su mundo. Y esto no por malicia ni intención de vulnerar la ley, no: la razón fundamental de esta creencia en la arregulación del mundo digital remite a una convicción tan elemental como, aparentemente, ingenua: los principios, la responsabilidad de las empresas de Internet, la confianza depositada en ellas por sus usuarios, y la autorregulación son instrumentos suficientes que hacen obsoleta una regulación tradicional basada en la garantía normativa de una serie de principios (protección de la intimidad, transparencia o derechos de los consumidores) que estas nuevas empresas creían garantizar por sí mismas basándose en su reputación y altos estándares éticos. Estos mecanismos, además, se consideraban los únicos eficientes en un mundo de servicios y empresas globales a escala mundial basadas en la innovación permanente.
Baste un ejemplo de esta filosofía: desde la Revolución Francesa es privilegio de los Parlamentos, representantes de la soberanía, decidir qué contenidos son accesibles o no por los ciudadanos; solo la ley puede limitar la libertad de expresión y la de acceso a ella.
Pues bien, en los últimos años han sido determinadas plataformas digitales (muy destacadamente la del señor Zuckerberg) las que han decidido qué imágenes o qué contenidos eran accesibles o no, y no porque lo dijeran los jueces sino por su sentido común, ciudadanía corporativa y la sofisticación de sus algoritmos. Y no son solo empresas privadas cuando detentan una posición de monopolio en determinados plataformas de uso común. Esto es una anomalía democrática que, sorprendentemente, ha escandalizado muy poco.
El caso de Cambridge Analytica ha supuesto un brusco aterrizaje en la realidad, el descubrimiento por Sigfrido/Zuckerberg del miedo wagneriano. El mundo de Internet está empezando a entender, y si no acaba de hacerlo tendrá muchos problemas, que el conjunto de reglas que llamamos Estado de derecho va más allá de ser una antigualla decimonónica y constituyen la base fundamental de nuestra convivencia democrática. Y ello no por la maraña regulatoria que a veces implican, sino porque reflejan valores de nuestra convivencia y los principios que la rigen y ello es totalmente válido en este mundo del siglo XXI inmerso en un proceso de digitalización acelerado que afecta a todos los sectores de la economía y la sociedad (¡que pregunten a los taxistas!).
La protección de la intimidad de las personas, la libre competencia y la igualdad de los competidores en la economía, la protección de los usuarios y consumidores, la paridad en la carga fiscal o la transparencia son principios fundacionales de nuestro sistema político y económico y entenderlo cuanto antes será esencial para estos nuevos agentes económicos si no quieren verse inundados por una ola de regulación que los acabe limitando, privándoles del espíritu innovador y dinamismo que han sido su mayor aportación a la economía y la sociedad. Esto sería una tragedia para ellos pero también para todos.
Urge pues hacer una reflexión sobre cómo los valores y principios de nuestra democracia, nuestra economía de mercado, cómo el Estado de derecho debe trascender y sobrevivir al proceso de digitalización de la economía y la sociedad. No se trata de aumentar el grado de regulaciones (como algunos defienden). Se trata de entender, todos, gobiernos, reguladores, nuevas empresas digitales y empresas tradicionales, cuáles son las reglas del juego de esta nueva partida, de este nuevo Great Game, reafirmando los valores que han hecho fuertes al Estado de derecho y la economía de mercado y evitando la sobrerregulación. Urge definir el Level Playing Field.
Y en este escenario, Europa tiene un papel que jugar más relevante de lo que muchos creen. El GDPR (Reglamento General de Protección de Datos, que entró obligatoriamente en vigor el 25 de mayo) puede ser un buen ejemplo: preservar determinados principios, en este caso la protección de los datos de los ciudadanos en el espacio digital, puede generar un estándar universal de facto en un mundo en que el exceso de regulación es contraproducente, pero en el que una regulación basada en valores y principios debe promover la continuidad de los pilares del Estado y la sociedad democrática en el siglo XXI y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Así lo han debido entender Zuckerberg y Facebook, una vez descubierto el miedo, al inundar la prensa (de papel, por supuesto) de anuncios dando, a toda página, la bienvenida a esta nueva regulación europea.
El GDPR es, junto a la ofensiva fiscal contra Apple y el procedimiento de competencia abierto a Google sobre su sistema operativo, el intento más serio por parte europea de influir en la determinación de las reglas del juego digital y tiene la virtud de poner en duda ese eslogan que, acuñado por los medios de comunicación anglosajones, tanto éxito ha tenido en los últimos años de que los datos son el nuevo petróleo; los datos son mucho más que petróleo, forman parte del patrimonio íntimo de las personas y como tal, más allá de su valor económico, deben ser protegidos. Y no se diga que proteger la intimidad y los datos de los ciudadanos es un freno al progreso. El asunto Facebook demuestra que en esto, como en tantas otras cosas en el mundo digital, es necesario un equilibrio entre los derechos y los negocios.
Estamos, pues, en un momento crucial del desarrollo de la economía y la sociedad digital. Definir y entender las reglas del juego comunes para todos será esencial si queremos aprovechar sus ventajas y evitar las inquietantes distopías de un mundo dominado por un limitado grupo de monopolios de nueva generación. La comparecencia de Zuckerberg con sus consecuencias y la entrada en vigor del GPRD suponen un inesperado buen precedente en este camino. Veremos... Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
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