jueves, 19 de noviembre de 2026

ESPECIAL DOS DE HOY JUEVES: EUROPA NO ES ESTO, EDITORIAL DE EL PAIS

 







Hay líneas rojas en la política de inmigración que no deberían cruzarse a la ligera. Un grupo de países europeos acaba de hacerlo. Alemania, Dinamarca, Austria, Países Bajos y Grecia anunciaron este lunes la creación de un “centro de retornos”, como lo denominan sus promotores, destinado a recibir a inmigrantes sin derecho a quedarse más tiempo en la UE. A partir del año próximo, estos cinco estados empezarán a expulsar a Ruanda a extranjeros a los que, pese a haber visto denegada su solicitud de asilo y haber agotado todas las vías de recurso, las autoridades no podían devolver a sus lugares de origen. El objetivo es tanto reducir el número de inmigrantes irregulares como disuadir a aquellos que quieran entrar en Europa. Pero el plan abre una senda peligrosa, porque compromete a la vez los principios de Europa y sus intereses. Los precedentes arrojan interrogantes sobre la eficacia de este tipo de medidas. Y se hace difícil ver cómo se puede externalizar la gestión de la inmigración sin poner en riesgo las garantías democráticas y los derechos de los afectados.

Los cinco países que impulsan la creación de estos centros esgrimen un argumento político para defenderlos: creen que endurecer las políticas de inmigración es el camino para contener el ascenso de la extrema derecha y evitar propuestas más extremas. El otro argumento es estadístico. Menos de un tercio de los cerca de 500.000 inmigrantes con órdenes de expulsión en la UE regresó efectivamente a sus países en 2025. Los motivos por los que estas órdenes no se aplican van desde la ausencia de acuerdos de readmisión con estos países de origen a la falta de cooperación de las autoridades locales. La creación de los centros de expulsión fuera de Europa es la fórmula para solventar estos obstáculos, y el acuerdo con Ruanda, bendecido por la Comisión Europea, debe servir de proyecto piloto. Sobre el papel, permitirá enviar a Ruanda a un centenar de inmigrantes con la idea de que, una vez allí, decidan volver a sus países o se queden de forma duradera. Los impulsores del acuerdo han explicado que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) asesorará para que el proceso se ajuste al derecho internacional humanitario. Y prometen que los expulsados disfrutarán de todas las garantías legales, aunque se encuentren a miles de kilómetros de Europa y bajo la jurisdicción de otro estado.

El cumplimiento de estas promesas exigirá la máxima vigilancia, pero es lícito dudar de su viabilidad. Italia y Reino Unido pusieron en marcha acuerdos similares y no funcionaron. La operación, además, es costosa. Alemania ha presupuestado 20 millones de euros para 40 inmigrantes. La cifra de expulsados es anecdótica en relación con los demandantes de asilo con una orden de expulsión. Tampoco está claro que la medida desanime realmente a quienes están dispuestos a superar todo tipo de obstáculos en busca de una vida mejor. Y existe un coste mayor, el que representa participar en la creación de un limbo jurídico en Ruanda, donde las protecciones democráticas no son las mismas que en la UE. Francia es, con España, es uno de los pocos estados miembros que ha cuestionado la iniciativa. Lo dijo en junio, al adoptarse en Bruselas el acuerdo europeo que permite estas expulsiones, el presidente Emmanuel Macron: “No estoy seguro de que nuestra Europa sea esto. No estoy seguro de que estos sean los principios fundamentales sobre los que se ha construido nuestra Europa”. Tenía razón. Editorial de El País de hoy jueves, 19 de noviembre de 2026.





















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