DIEZ LECCIONES QUE DEJA CEUTA, POR CRISTINA MONGE
Hace mucho que los veranos dejaron de ser desiertos informativos, pero este ha sido diferente. A los consabidos incendios, sequías y olas de calor se ha unido una crisis, la entrada masiva de migrantes en Ceuta, cuya sombra se alargará en el tiempo. Las lecciones que deja son múltiples, y todas ellas describen muy bien el momento político actual. Ahí van las que creo que son las diez más relevantes:
1.- Si una crisis no está bien identificada, no se puede gestionar. La de Ceuta no es una crisis migratoria, sino una grave crisis geopolítica que usa la migración como arma. Como todas las crisis actuales, y como si de una muñeca matrioska se tratara, encierra dentro otras: la humanitaria, que apunta a los migrantes que siguen aún ahí, y la de convivencia, que altera la vida de los y las ceutíes, son algunas de ellas. El Real Decreto que declara la situación de interés para la Seguridad Nacional (ver aquí), sin embargo, la define como “la producida por los efectos derivados de la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta, mientras se resuelven y se lleven a cabo los trámites y actuaciones pertinentes, de un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026, que está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana en dicha ciudad, y que, por su alto riesgo, requiere la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local”. Es decir, mira sólo una parte de la crisis. El Gobierno ha renunciado a definir correctamente en voz alta la naturaleza de esta crisis. Se acercó a ello el presidente del Gobierno cuando el primer día dijo que era una ”violación de la integridad territorial de España”, pero 48 horas después el ejecutivo optó por hacer como si la crisis estuviera resuelta. Ahí empezaron los principales problemas.
2.- Cada crisis tiene un contexto sin el que no se puede entender. Lo ocurrido en Ceuta encaja en lo que se denomina una “guerra híbrida”, término que hasta hace unos meses no salía de grupos de expertos y que hoy la sociedad española ha aprendido por la fuerza de los hechos. Con este término se hace referencia a aquellos conflictos que combinan acciones militares tradicionales con métodos no convencionales para desestabilizar a un país enemigo sin declarar una guerra formal (ver aquí). Entre los no convencionales se encuentran la desinformación, los ciberataques, la presión económica y/o comercial (por ejemplo en materia de energía, chips…) y, por supuesto, el uso de flujos migratorios. Una de sus características es que es de difícil atribución. No está claro si es un Estado, varios, o si son grupos concretos dentro de ese Estado, ni si actúan por su cuenta o son subcontratados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Marruecos: de su rey, de una parte de su gobierno, o de las diferentes facciones que se enfrentarán en unas elecciones el próximo 23 de septiembre? Lo que no admite lugar a dudas, sin embargo, es que Marruecos es un aliado de EEUU e Israel, países todos ellos que chocan de frente con las políticas del actual Gobierno de España: oposición frontal al genocidio en Gaza y apuesta por la solución de los dos estados, negativa a incrementar hasta el 5% del PIB la aportación a la OTAN, etc. Pedro Sánchez se ha erigido en el último año en el ámbito internacional, donde goza de enorme prestigio, en la figura antagónica a Trump y lo que el trumpismo representa. En este contexto, la debilidad que el Gobierno de España ha mostrado con Marruecos en asuntos clave como el Sáhara ha sido interpretada como un flanco por el que atacar. ¿Para cuándo otro tipo de relación con Marruecos, que nunca ha ocultado y ahora reivindica la marroquinidad de Ceuta y Melilla?
3.- La pregunta clave: ¿Quién gana? Dado que quizá nunca sepamos del todo quién o quiénes estaban detrás de esto y qué rol jugaba cada uno, conviene acudir a una pregunta que ayuda a entender más de lo que parece. Es sencilla, y remite al centro de la política. ¿Quién gana? En este caso está claro: la ultraderecha global. En un curso especialmente relevante para Europa, donde se celebrarán elecciones en varios estados alemanes, presidenciales y legislativas en Francia y generales en España, Italia, Suecia y Finlandia, la crisis de Ceuta ha impactado con fuerza en toda la Unión Europea. No hay más que echar un vistazo a la prensa de estos países y comprobar cómo todas las fuerzas de ultraderecha han hecho de Ceuta su bandera, y en buen número de casos las derechas no ultras les han seguido asumiendo buena parte de su discurso, como hace el PP con los planteamientos racistas y xenófobos de VOX. Y sí, también la “socialdemócrata” danesa –con muchas comillas–, la primera ministra Mette Frederiksen, se ha unido a esta tendencia, como mostró el comunicado que firmó junto a la ultra Meloni (ver aquí).
4.- Es clave entender el objetivo: un torpedo en la línea de flotación de las democracias europeas. Cuando este movimiento se activa es clave entender qué buscan sus impulsores, y en este caso los efectos son clarificadores. La división de los países de la Unión Europea se vio de forma meridianamente clara en esa carta que 22 Estados miembros dirigieron a los máximos representantes institucionales de la UE (ver aquí) criticando la actuación de España y vinculando este ataque con la reciente regularización de migrantes, algo de lo que no hay evidencia alguna de causalidad (la anterior entrada masiva fue en 2021 y la última regulación en 2016.). Es cierto que la reunión urgente del Consejo de Ministros de Exteriores encauzó la situación, pero la brecha está abierta en el conjunto de la UE y en el interior de muchos estados miembros. En Ceuta se ha librado el primer combate de la siguiente campaña electoral, el que decide cuál va a ser el tema central de la campaña. Y ya está claro. La migración capitalizará las contiendas electorales de toda Europa. Un asunto donde la ultraderecha se siente en casa, la derecha no ultra bastante cómoda, y la izquierda absolutamente perdida.
5.- Conviene evitar la disonancia de percepción. ¿Creo lo que ven mis ojos o lo que dice mi gobierno? En el complejo mundo de las relaciones internacionales, y más cuando de Marruecos se trata, una cosa es lo que se dice en público y otra las conversaciones y negociaciones que se producen con la imprescindible discreción. En los primeros días el señalamiento de las mafias —aparentemente pactado— como los culpables de la entrada masiva de migrantes podía responder a la necesidad de que las autoridades marroquíes colaboraran en el regreso voluntario de la gran mayoría de los que cruzaron. Ahora bien, a partir de ese momento, y aunque quedan aún miles de personas cuya situación está aún por valorar, la sociedad española está viendo con sus ojos una realidad que conoce –no es la primera vez–, sin que su gobierno se la explique de forma convincente. Las primeras encuestas nos dicen que casi la mitad de los españoles cree que Marruecos ha estado impulsando de una forma u otra esta operación (ver aquí). Si por algo se caracteriza el lenguaje diplomático y político es porque tiene un amplio y ancho margen de ambigüedad en el que caben medias verdades, alusiones oblicuas y todo tipo de ejercicios en el alambre. No se trata de hacer un ejercicio de striptease, sino de explicar hasta donde se pueda de forma creíble. Tratar a la sociedad como personas adultas es propio de las mejores democracias.
6.- Las democracias se juegan su ser o no ser en la gestión de la migración. Innerarity lo expresaba así en una reciente entrevista en El Correo: “la calidad democrática de un país se mide también en cómo gestiona la inmigración” (ver aquí). En efecto, las democracias tienen procedimientos legales y un ordenamiento jurídico que establece cómo se gestiona el fenómeno migratorio desde la legalidad y el respeto a los derechos humanos (el debate sobre estas políticas, para otro día). Por eso están fuera de lugar todas las alusiones que, tanto desde miembros del Gobierno como, sobre todo, desde líderes de la oposición, incluyendo al presidente Vivas, han llamado a la inmediata expulsión de todos los que cruzaron (ver aquí una muestra… hay muchas más). Olvidan que hay menores, solicitantes de asilo, y situaciones que han de ser valoradas una a una. Lo contrario es un ejercicio de desobediencia a la ley y es no sólo inadmisible, sino una grave irresponsabilidad y, en algunos casos, de manifiesto sadismo y falta de humanidad.
7.- Si los migrantes están bien, los ceutíes estarán mejor. Durante unos días se habló de una cierta tardanza deliberada en atender con las infraestructuras básicas —cobijo, comida, agua potable, condiciones sanitarias— a los migrantes que seguían en Ceuta entendiendo que de esta forma volverían voluntariamente a Marruecos. Si esto fue así —por mi parte, carezco de esa información— fue un enorme error. No ocurre nunca y tampoco ha pasado en Ceuta, al menos en cifras relevantes. Si fuera cierto que ha habido un goteo, como declaró el viernes Marlaska, ¿cómo es posible que no se haya sabido? Así y todo, el mayor de los errores es no entender que cuanto mejor estén los que siguen a la intemperie mientras se tramitan una a una sus respectivas situaciones, mejor estarán los vecinos porque menos afectada se verá la convivencia. Por el contrario, los campamentos improvisados por los migrantes en la playa o los escondites en el monte son un polvorín tanto para la seguridad —no puedo dejar de pensar en las niñas— como para la convivencia. Ya hemos visto las primeras imágenes del horror. Ojalá no vayan a más. Conviene recordar que en una crisis las primeras horas son cruciales. Y si, al tercer o cuarto día, cuando ya habían vuelto a Marruecos quienes quisieron hacerlo voluntariamente, se hubiera convocado el “mando único”, la autoridad funcional según el artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional (ver aquí), y puesto en marcha los medios e infraestructuras necesarias, se habrían evitado muchos problemas. Cada minuto que pasa será más difícil gestionar una situación que tiende a envenenarse por minutos.
8.- La institucionalidad se demuestra en los momentos duros. Esta es una de las mayores crisis que España ha afrontado en los últimos años, y van unas cuantas. Es ahora cuando se demuestra y se ha de poner en valor la institucionalidad. Esto implica, al menos, atender a dos cuestiones: en primer lugar, la naturaleza política de España como Estado compuesto y, en el marco de las competencias de cada administración, extremar los mecanismos de cooperación institucional. De nada valdrían estados de alarma ni imposiciones de otro tipo. La naturaleza de España apela a la cooperación y la colaboración entre instituciones para poder dar respuesta a las crisis. Lo vimos en Valencia, en los incendios, en la pandemia, y volvemos a verlo ahora. La segunda cuestión es la lealtad institucional, esa que la derecha olvida de forma sistemática cada vez que toca arrimar el hombro.
9.- La crisis no ha acabado, las gestiones avanzan lentamente y la irresponsabilidad lo hace a toda velocidad. Mientras vemos cómo las gestiones para dar salida a la situación van avanzando lentamente —un mes después aún no hay cifras oficiales de las personas que quedan y aún se habla de que quedan X por filiar!!!—, los actos de irresponsabilidad política crecen rápidamente. La ultraderecha aprovecha para izar banderas xenófobas, Aznar acude a Ceuta en un acto de clara provocación, imágenes sensacionalistas llenan las televisiones… La primera víctima, la convivencia en Ceuta. Es eso lo que ahora está en peligro extremo. Ceuta se ha convertido en un polvorín. Cualquier chispa —y van ya unas cuantas— lo hará arder. Ojalá me equivoque.
10.- Un elemento subyace a todas estas crisis, y le debemos prestar especial atención. Se trata del sentimiento de abandono que expresan cada vez más colectivos sociales. Ahora son los y las ceutíes —de forma bastante transversal, por cierto—, antes lo fueron los afectados por la DANA, y hace ya años, quienes viven en la España vacía. Cada vez son más y por ahí se cuela la ultraderecha, ensanchando las brechas que existen en las democracias. La política siempre ha tenido mucho de gestión del miedo, y cada vez más se articula sobre percepciones. Quien consiga generar una percepción de protección y seguridad frente a las amenazas, la inseguridad, la incertidumbre y el miedo, gobernará el futuro. Cristina Monge es socióloga. (InfoLibre).
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SÁNCHEZ Y EL JUEGO DE TRONOS DE CEUTA, POR RUBÉN AMÓN
Pedro Sánchez ha encontrado al culpable más cómodo de la crisis de Ceuta. Felipe VI. No porque el Rey haya provocado la avalancha migratoria, ni porque disponga de competencias ejecutivas para contenerla, ni porque pueda decidir por sí mismo cuándo visita la ciudad autónoma. Precisamente por todo lo contrario. La ventaja política del monarca consiste en su indefensión. No puede entrar en la refriega ni responder al presidente del Gobierno. Y permite a Sánchez desplazar hacia la Corona una responsabilidad que pertenece al Ejecutivo.
El presidente reapareció en la SER después de unas vacaciones que la emergencia ceutí convirtió en una forma de ausencia. Defendió su derecho al descanso y sostuvo que había seguido trabajando. La discusión no concierne al derecho laboral del presidente ni a su intimidad familiar, sino a la imagen de un jefe del Ejecutivo que permaneció retirado mientras se producía una transgresión de la frontera, se desbordaban los servicios públicos y Ceuta adquiría la fisonomía de una crisis de Estado. Sánchez, que ha hecho del movimiento una doctrina de supervivencia, eligió esta vez la inmovilidad.
Resulta especialmente llamativa la parálisis porque Sánchez siempre nos ha confundido con la velocidad. El movimiento terminaba sustituyendo al resultado y la agitación hacía las veces de proyecto. Avanzar, rectificar, cambiar de posición, abrir otro frente. La política entendida como una huida hacia delante cuya eficacia consistía precisamente en que nadie pudiera determinar el punto de llegada. Ceuta ha desmentido el método. El hombre de acción se quedó quieto. Y semejante quietud coincide con la única dirección en la que Sánchez parece incapaz de moverse con libertad, o sea, la que conduce a Mohamed VI.
La prudencia diplomática con Marruecos puede comprenderse. La sumisión resulta bastante más difícil de explicar. Sánchez aseguró en la SER que no dispone de información de las Fuerzas de Seguridad ni del CNI que permita responsabilizar a las autoridades marroquíes y elogió la cooperación de Rabat. Conviene preservar la diferencia entre la sospecha y la evidencia. No está acreditado que Mohamed VI ordenara la entrada masiva. Tampoco parece razonable contemplar una crisis de semejante magnitud prescindiendo del funcionamiento de la frontera marroquí, de la capacidad de Rabat para abrirla, cerrarla o modularla y de los precedentes en que la inmigración ha adquirido naturaleza de instrumento diplomático, intimiditatorio.
Sánchez prefiere mirar en otras direcciones. Rusia e Israel comparecen en sus explicaciones. También las redes sociales y la extrema derecha. Puede existir desinformación y pueden intervenir intereses extranjeros, pero la proliferación de culpables termina produciendo una absolución demasiado conveniente. Marruecos queda fuera del juego narrativo. Y la paradoja adquiere una dimensión formidable cuando el Gobierno denuncia una agresión contra nuestra soberanía mientras extrema la delicadeza con el vecino que dispone de la llave fronteriza.
Es entonces cuando aparece Felipe VI. Sánchez anunció que el Rey visitará Ceuta «cuando se den las condiciones» y afirmó que existen razones para que lo haga «por fin, después de 20 años». El lapsus cronológico reviste mucha gracia involuntaria. Felipe VI reina desde 2014. Más reveladora resulta la apropiación presidencial de la agenda del jefe del Estado. El viaje del Rey depende del Gobierno. No corresponde al monarca fijar unilateralmente una visita de semejante trascendencia diplomática. De modo que presentar su ausencia como una deuda de la Corona equivale a reprocharle una agenda que el propio Ejecutivo condiciona.
La maniobra tampoco resulta novedosa. Sánchez mantiene con la monarquía un duelo intermitente que reaparece cuando necesita tensionar las instituciones, complacer las pulsiones republicanas de sus socios o encontrar una instancia sobre la que descargar responsabilidades. Felipe VI sirve de adversario vicario. La naturaleza constitucional de la Corona facilita la operación porque el Rey no puede responder en términos políticos sin incurrir precisamente en la extralimitación que luego se le reprocharía.
Ceuta proporciona ahora el episodio más obsceno de ese viejo combate. Sánchez se esconde detrás del Rey para no mirar de frente su propia pasividad. Convierte una crisis ejecutiva en una controversia simbólica y traslada la conversación desde la frontera hasta Zarzuela. Terminamos discutiendo cuándo debe viajar Felipe VI en vez de preguntarnos por qué el presidente no interrumpió sus vacaciones, por qué tardó el Gobierno en reaccionar, qué información manejaba antes de la avalancha y hasta qué punto la relación con Mohamed VI condiciona la autonomía española.
El contraste resulta feroz. Al Rey español, que nada podía ordenar en la frontera, Sánchez le reprocha no haber estado. Al rey marroquí, cuyo Estado controla el otro lado de esa misma frontera, lo exculpa con una solicitud extraordinaria. La Moncloa se muestra severa con quien carece de competencias ejecutivas y exquisita con quien posee capacidad material para alterar la situación. Es una inversión perfecta de las responsabilidades.
Ni siquiera hace falta atribuir a Mohamed VI una orden que no está demostrada para advertir el desequilibrio. Basta observar la cautela reverencial del Gobierno, recordar los sucesivos episodios de presión migratoria y reparar en el misterio que sigue acompañando determinadas decisiones de Sánchez respecto a Marruecos. El presidente no necesita demostrar la inocencia de Rabat para cooperar con Rabat. Tampoco debería convertir esa cooperación en una exoneración preventiva.
Sánchez está noqueado. Y recurre a una de sus especialidades cuando la partida se complica, cambiar el tablero. El jaque al Rey distrae del jaque al Gobierno. Felipe VI comparece como una pieza útil en la escenografía de la crisis, precisamente porque su función constitucional le impide defenderse en el mismo terreno. Mohamed VI permanece cuidadosamente fuera del foco mientras Ceuta permanece dentro del problema.
La paradoja final consiste en que Sánchez pretende defender la soberanía española debilitando a una de las instituciones que la encarnan y evitando incomodar al poder extranjero que puede ponerla a prueba. Extraño patriotismo y extraordinaria jugada. Señalar a Felipe VI no resuelve Ceuta, pero permite al presidente esconderse detrás del Rey. Y esta vez ni siquiera el movimiento disimula el jaque. Rubén Amón es escritor. Publicado en Ethic el 3 de septiembre de 2026.
UN PAÍS NO ES UNA CASA, Y LA FRONTERA NO ES UNA PUERTA, POR SERGIO DEL MOLINO
Ya nos advirtió Susan Sontag sobre el poder maléfico de las metáforas, pero, pese a sus advertencias, caemos una y otra vez en ellas. Qué remedio. La metáfora es la figura literaria más útil. Bien usada, en manos de un escritor certero, amplifica los significados y agranda la comprensión de lo que, a plena luz y en la prosa más prosista, no hay manera de entender. Pero es fácil abusar. La metáfora es tan agradecida que se vuelve una droga: cuando queremos darnos cuenta, la tomamos por la cosa misma, ni siquiera la reconocemos como metáfora, y hablamos de ella con la misma naturalidad con la que pedimos la comanda a un camarero. Es entonces cuando, anquilosada en un cliché que se replica sin pensar, la metáfora se vuelve peligrosa. En vez de iluminar, ciega, impidiendo toda posibilidad de pensamiento genuino.
En el caso de la migración muchos abusan de la metáfora del país como una casa. Todos hemos recurrido a ella, y hoy me arrepiento de las veces en que he caído en tal tópico. Es muy fácil comparar una casa con un país. Tan fácil, que mucha gente ni siquiera entiende que es una metáfora y cree que un país es una versión ampliada de una casa. En la imaginación de algunos, un país se compondría de muchas casas juntas, no siendo más que una especie de asociación de vecinos muy grande.
Como las casas, los países tienen límites y un título de propiedad (que en los países se llama soberanía). Ambos, la casa y el país, sirven para vivir y convivir, y también necesitan reglas y acuerdos para regular la convivencia. Por eso, en los debates y griteríos tras la crisis de Ceuta, muchos han recurrido a esta metáfora para justificar medidas represivas o una política migratoria más estricta, como la que finalmente ha adoptado el gobierno, alineándose con las posiciones ultras casi hegemónicas en Europa.
La doctrina se resume en términos casi groseros: a mi casa puede entrar gente siempre que yo los invite. Si se cuelan por la ventana, tengo derecho a que la policía los eche. ¿Cómo es posible que un país, que es la casa de todos sus ciudadanos, no pueda decidir a quién invita y no pueda repeler a quienes intentan colarse? El razonamiento es impecable.
La perversión de esta metáfora es que sólo funciona con un concepto muy enano y patrimonialista de la nación y del Estado. Implica aceptar que hay dueños y moradores legítimos, con capacidad para decidir quién entra y quién no. Puede parecer evidente que los españoles (o el pueblo español, o el Estado que representa a dicho pueblo) son los dueños de España, pero desde una perspectiva democrática y compleja que comprenda bien en qué consiste el espacio público, esto es más que discutible.
Para que un país fuera una casa, todo su espacio tendría que ser privado. Pero la esfera pública de una nación entendida como comunidad política es lo contrario a un domicilio. Un país democrático y liberal vive en la tensión entre dos esferas, la privada y la pública, en las que funcionan reglas opuestas. La plaza pública —tanto la plaza real como el uso de plaza como metáfora de foro de debate— no es el equivalente urbano del salón de una casa, sino el espacio donde es posible la abstracción. Ni una ciudad es un conjunto de casas ni un país es un conjunto de ciudades y regiones. Ambos, la ciudad y el país, son ideas, convenciones filosóficas muy complejas que preexisten y trascienden a las personas y, al mismo tiempo, les son útiles y serviciales. El Estado es una abstracción gestionada por personas a las que se inviste de poder. A su vez, esas personas están sometidas a unas normas generales que mantienen el equilibrio entre la esfera pública y la privada, garantizando tanto la libertad de los individuos en su privacidad, como su capacidad de influencia y representación en la parte pública.
En este dibujo, fácilmente reconocible por cualquier ciudadano que viva en un país democrático, el Estado no tiene dueños. Nadie puede esgrimir un título de propiedad para decidir quiénes caben y quiénes sobran, pues esta condición la establecen abstracciones y acuerdos muy por encima de quienes —accidental y temporalmente— ejercen el poder: están el Derecho internacional, las relaciones entre países, los derechos y libertades universales, las obligaciones de prestar asilo, etcétera. Una maraña de condiciones que limitan la soberanía y que también definen el lugar que ese país ocupa en el mundo, del cual no puede aislarse sin poner en peligro su propia existencia como democracia.
El espacio público no es de todos, sino del Estado. Decimos que es de todos de manera metafórica, pero la esfera pública no es una mancomunidad de propietarios, sino el lugar donde se ejerce la ciudadanía, y sus propietarios (municipios, ministerios, diputaciones, etcétera) son abstracciones inventadas para gestionar la vida pública de acuerdo con unos principios superiores. Democráticamente, no nos asiste ningún derecho para decidir caprichosamente a quién invitamos y a quién rechazamos.
Nada hay más diferente a una casa que un país, pero hay mucha gente empeñada en mantener la metáfora porque así puede defender políticas antimigratorias que atentan contra principios fundamentales de la democracia, como la aspiración a la libertad de tránsito y de residencia (vigentes en España y en los países europeos cuyos destinos comparte) o la protección a los desplazados por el hambre, la guerra o la persecución política. Un país no es una casa con una cancela que se abre y cierra a voluntad del portero, y si aspira a convertirse en eso —como quieren los últimos pactos europeos y la reforma migratoria que promueve el gobierno español— pronto dejará de ser un país democrático. Gestionar las fronteras como si fueran un portal con telefonillo es el camino más rápido hacia una sociedad de castas. Y ya vamos camino de ella.
La hipocresía de muchos gobernantes que explotan el miedo racista de unos ciudadanos que se asustan por cualquier cosa nos está llevando a una democracia a la ateniense: cada vez hay más inmigrantes sin derechos o sólo con derechos laborales y sociales, pero no políticos. Esto es, que pueden trabajar y vivir con todas las garantías, pero no pueden votar. ¿Cuántos excluidos puede tolerar una democracia y seguir llamándose tal? ¿Puede llamarse democrático un país donde el 15% o el 20% de su población no puede votar ni ser votada? ¿Y si el porcentaje sube al 30%? ¿Y al 40%? No es justo ni sostenible que una parte cada vez mayor y más relevante de la población no tenga voz ni voto sobre los asuntos públicos. Precisamente porque un país no es una casa que pueda permitirse tener invitados o acoplados perennes en el sofá. Sergio del Molino es escritor. Publicado en Ethic el 3 de septiembre de 2026.
¿CÓMO PODRÍA DESHACERSE EL NUDO QUE SE HA CREADO EN CEUTA?
Seis expertos en derecho y relaciones internacionales, migraciones, sociología y derechos humanos plantean soluciones ante la crisis migratoria que vive Ceuta. Aunque sus propuestas difieren, coinciden en reclamar más recursos, coordinación institucional, procedimientos individualizados, cooperación con Marruecos y respeto a los derechos humanos, con medidas inmediatas y estructurales.
María Teresa Gil Bazo, profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Universidad de Navarra)
España debe resolver la insólita situación en la que se encuentra una de sus autonomías en un marco jurídico estricto y de respeto de la dignidad inherente a todo ser humano. Hacer frente a la llegada a Ceuta de un número de extranjeros casi igual al de su población exige aumentar los recursos para afrontar esta situación extraordinaria con voluntad política y buena fe.
Es necesario aumentar la capacidad de los equipos que tramitan los expedientes administrativos, tanto de asilo como de expulsión/devolución, para dar resolución rápida a todos los casos. Es también urgente desplegar todos los esfuerzos diplomáticos necesarios con Marruecos y exigir a dicho país que cumpla con sus obligaciones internacionales. Mientras tanto, es imperativo aumentar la capacidad de Ceuta tanto en sanidad como en acogida temporal.
España debe aceptar ya el ofrecimiento de la UE, incluida su agencia de control de fronteras exteriores (Frontex), para realizar un control de fronteras serio y a la vez respetuoso con los derechos y libertades de los extranjeros. Todo ello exige una acción coordinada y liderada desde el Gobierno de España.
Cecilia Estrada Villaseñor, profesora y analista especializada en migraciones internacionales, refugio, movilidad humana y comunicación (Universidad Pontificia Comillas)
La salida del evento no está en la frontera, está antes de lo que imaginamos como «línea» y que se ha enredado. El nudo de Ceuta es tal porque se ha construido en los espacios donde las personas esperan: casas de acogida, albergues y dispositivos de contención en Marruecos, sostenidos en buena medida por la externalización del control europeo. Mientras la cooperación se mida por el número de cruces evitados, el problema se aplazará, no se resolverá y se enquistará.
La mejor solución pasa por invertir esa lógica. Sugiero, primero, garantizar en la propia frontera un procedimiento individualizado de identificación y acceso al asilo, con asistencia jurídica y atención especializada a menores. Segundo, reorientar la cooperación con Marruecos hacia la protección verificable, y no hacia la inmovilización, con mecanismos independientes de seguimiento, dado que se ha podido comprobar que el procedimiento que se ha empleado a lo largo de todos estos años da como resultado una situación compleja, en especial para las personas que permanecen en Ceuta. Y en tercer lugar, abrir vías legales y seguras que faciliten el acceso al asilo para todas las personas con perfiles vulnerables desde el otro lado de la frontera, porque sin ellas la única alternativa seguirá siendo el salto.
Si no se aprende de esta situación, lo que ha ocurrido en Ceuta volverá a repetirse (y en futuras ocasiones, en otras fronteras de la Unión Europea) porque las causas seguirán permaneciendo intactas si solo se gestiona el síntoma.
Berta Álvarez-Miranda Navarro, profesora titular de sociología, especializada en sociología de las migraciones (Universidad Complutense)
Conviene desenredar los hilos que componen el nudo que se ha creado en Ceuta, que no es sencillo.
Para empezar, el gobierno debe apoyar a la ciudad autónoma para afrontar la cuestión humanitaria más inmediata. Tanto las instituciones ceutíes como la sociedad civil están superadas por el número y las necesidades de los recién llegados. La solución es complicada no solo por la gravedad de la situación, sino también por el incentivo a migrar irregularmente.
En segundo lugar, es necesario afrontar la gestión administrativa de los migrantes que han permanecido en la ciudad, cuya situación debe examinarse caso a caso, por ser menores de edad, potenciales solicitantes de asilo o personas que han migrado por mar, sin saltar una barrera física, y, por tanto, no pueden ser «devueltos en caliente». Sin embargo, tampoco tienen derecho a permanecer en España.
Por último, el gobierno debe estabilizar la colaboración con Marruecos en el control de una frontera extremadamente desigual, sin abandonar a los ceutíes de todas las confesiones que son y se sienten españoles. Y debe hacerlo en un contexto internacional más volátil, en que Marruecos se ha acercado a los intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo mientras España se alejaba. De esta manera, ha ampliado su capacidad de chantaje a España y Europa. Y ahí los migrantes constituyen una valiosa baza.
Cristina Churruca Muguruza, investigadora en el Instituto de Derechos Humanos (Universidad de Deusto)
A corto plazo, la prioridad debería ser responder a una capacidad de acogida que ya está claramente desbordada. El Estado debería habilitar alojamientos temporales dignos, movilizando todos los recursos disponibles: instalaciones públicas, apoyo logístico del Ejército y la capacidad operativa de organizaciones humanitarias. Solo así se podra gestionar la acogida, la atención sanitaria y social y la protección de las personas más vulnerables. Esta medida de emergencia debería ir acompañada de traslados rápidos a la península y de devoluciones a Marruecos únicamente cuando existan garantías reales de respeto de los derechos, especialmente en el caso de los menores.
A medio y largo plazo, España y la UE deberían adoptar una posición más firme con Marruecos, condicionando parte de la cooperación a compromisos verificables y destinando fondos a educación, protección social y empleo en las zonas de origen.
Al mismo tiempo, deben aumentarse urgentemente las inversiones en servicios públicos, empleo e infraestructuras en Ceuta.
Gloria Fernández-Pacheco Alises, profesora en el Departamento de Derecho. Grupo de investigación en Migraciones (Universidad Loyola)
Este verano hemos visto la necesidad de proponer medidas preventivas en los incendios que han arrasado Europa. ¿Será la solución contratar más efectivos en la línea de fuego o prevenir con la preparación adecuada de espacios y la concienciación ciudadana en cuanto al respeto del entorno? Las soluciones sostenibles en el tiempo implican medidas preventivas de largo plazo. No pueden resolverse desde el cortoplacismo y la emoción que generan los eventos inesperados.
Tanto ese fenómeno como el de las migraciones están en la encrucijada de un camino en el que nos encontramos cambios rápidos y reacciones virulentas. Muchos de esos cambios han sido generados por las decisiones humanas. Las políticas europeas de planificación territorial excluyente y la marginación social como herramienta de poder político tienen efectos colaterales, en este caso en el devenir de los flujos migratorios.
Es curioso cómo sus efectos normalmente se caracterizan por ser movimientos boomerang, de ida y vuelta. La respuesta debe partir igualmente de una planificación serena que permita asegurar flujos ordenados y analizar sus consecuencias, así como el respeto por las características de los territorios y la protección de los derechos humanos.
Todo ello implica procesos administrativos que garanticen los derechos de manera individualizada, debates políticos serenos que se basen en datos científicos, coordinación institucional y planificación estructural ordenada y consciente. Se requiere, por tanto, intervenciones a largo plazo basadas en análisis rigurosos y no en alarma social cortoplacista.
Manuel Marín Gastón, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público (Universidad Nebrija)
Toda contestación al «ataque híbrido» marroquí en Ceuta debe alejarse de una política de apaciguamiento. Por ejemplo, para solucionar la crisis migratoria de 2021-2022 el gobierno, sin consultar a las Cortes, reconoció el plan marroquí de autonomía para el Sahara como propuesta «práctica y realista». Esa decisión solo transmitió que la instrumentalización migratoria es una estrategia rentable.
Si la solución es arrebatar el poder coercitivo a Marruecos, el camino comienza por señalar cuáles son sus objetivos: los enclaves españoles en África y las islas Canarias. En este archipiélago se disputa la zona económica exclusiva ampliada, donde se halla el monte submarino Tropic, rico en tierras raras como el telurio.
Con esto en mente, el gobierno debería abandonar el cortoplacismo electoralista y responder con una estrategia ofensiva y con el Congreso. Finlandia y otros países europeos ya legislan medidas excepcionales como suspender el asilo temporalmente en caso de ataques híbridos migratorios. No es lo ideal en una democracia, pero menos aún lo es ceder a las exigencias del agresor. Publicado en Ethic el 3 de septiembre de 2026. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.
