REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. LA MUERTE DE LOS OTROS, POR VÍCTOR GÓMEZ PIN. 31 DE MAYO DE 2026

 

Inevitablemente, a intervalos, retorna el tema de las trabas a las que se enfrentan personas que, con plena lucidez, han decidido poner fin a sus vidas. A menudo ello supone someterse a un proceso literalmente kafkiano, dada la complejidad jurídica (hasta cinco tribunales en el caso punzante de Noelia Castillo) y el sentimiento de impotencia de la persona protagonista, enfrentada a una casuística no siempre comprensible. En un caso más reciente, tras dos años de espera, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia al ratificar una sentencia anterior, según la cual se reconoce el interés legítimo de los familiares a interponerse en la decisión de anticipar la propia muerte.

Sin duda, tanto la eutanasia como el suicidio asistido provocan tensión social. De entrada, en las personas “con un intenso vínculo afectivo” (expresión del Alto Tribunal), privadas de un ser próximo, y confiando quizás en que la persona hoy carente de amor a la vida acabará encontrando razones para estimarla. Esta tensión se extiende a las instancias jurídicas y legislativas, sometidas a razones contrapuestas. Pues aun haciendo abstracción de eventuales sentimientos religiosos (determinantes otrora, pero sin sentido en un estado formalmente aconfesional), el respeto a la voluntad individual choca en este caso con un argumento mayor: el ser humano no solo se relaciona con los demás, sino que es en sí mismo el nudo constituido por estas relaciones. Siendo la colectividad lo que configura la identidad del sujeto, esta tendría derecho a considerar conveniente su persistencia, al igual que considera conveniente su eventual sacrificio en el campo de batalla. De hecho, esto valía en nuestros países cuando era legal la pena de muerte: esta se aplicaba a un reo, pero no se permitía que el reo tomara la decisión por sí mismo.

En suma, es bien comprensible que la sociedad se pregunte hasta qué punto es legítimo que un miembro de la misma deserte, por así decirlo. Preocupación que puede pesar en el ánimo del propio sujeto, aunque esta no sea para él prioritaria dada la inevitable confrontación interna que entraña su decisión, y en relación a la cual habría de medirse el grado de solidaridad de las personas de su entorno.

“Mi principio es el suicidio, jamás consumado, que no consumaré jamás”, escribía Cesare Pavese. Sabido es que, en el caso del poeta italiano, sí se consumó el proyecto, pero podría perfectamente no haberse consumado, pues la desazón respecto a la idea de prescindir de la propia vida no es una contingencia, sino expresión de un desgarro inherente a la idea misma. El sujeto no puede estar seguro de que su decisión refleja una conformidad de todas sus facultades conscientes o inconscientes. La persona mayormente dispuesta a renunciar a su vida de día puede perfectamente percibir lo punzante del proyecto tras el despertar de un sueño inquietante, del que directa o indirectamente la idea de la propia muerte formaba parte.

Y, sin embargo, pese a esa interna confrontación, o quizás en razón de la misma, hay razones para considerar que la idea de la muerte voluntaria es inherente a la singularidad de la condición humana y forma parte de su dignidad. La aparición del ser humano constituyó una radical emergencia en la historia evolutiva, corolario de lo cual es que no siente la muerte como resultado de un proceso meramente biológico. “Saberse desterrado en la tierra, siendo tierra, es saberse mortal”, escribió Octavio Paz. Sabedor de su propia muerte, es lícito que el ser humano llegue a considerar su derecho a prescindir de su ser biológico. Se tome o no la decisión de llevarla a cabo, la idea de avanzarse a la inevitable muerte natural está en todos los humanos, siendo, por así decirlo, un universal antropológico.

Es posible que la persona tensada por la idea de la muerte voluntaria finalmente decida permanecer en vida, pero en todo caso la variable ha de ser cuál de los polos de la interna polaridad prevalece. Constatamos, por el contrario, que, en ocasiones, el paso al acto depende menos de la convicción del sujeto que de la deliberación de jueces, más o menos atentos al criterio de especialistas clínicos.

Hace años, una película se hizo célebre por su puesta en evidencia de la perturbación que supone en la conciencia ciudadana la sospecha de que funcionarios controlan “la vida de los otros”. Pues bien, quizás no es menos perturbador el saber que hay funcionarios atentos a la conveniencia o inconveniencia de “la muerte de los otros”.

Y un último apunte. Una oda marítima de cuya autoría no hay seguridad evoca la soledad en la que muere el marino (“the sailor rests alone”). Pues bien, se acompaña al que desea morir o eventualmente se acentúa el sufrimiento al impedirle hacerlo, pero, se trate o no de muerte voluntaria, la presencia exterior se esfuma en la muerte misma. Cabe sospechar que en los momentos álgidos de la vida humana la soledad impera, pero desde luego se muere solo. Solidaridad auténtica es el respeto a quien decide avanzar ese momento punzante. Víctor Gómez Pin es catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. El País, 29 de mayo de 2026.

REVISTA DE PRENSA DOMINICA.CUANDO LA JUSTICIA ENTRE EN LA POLÍTICA, POR MARC LÓPEZ PLANA. 31 DE MAYO DE 2026

 

En política no hace falta una sentencia para provocar una crisis. A veces basta una investigación, o que esta sea factible y empiece a circular como posibilidad, para que el sistema político cambie de comportamiento.

Italia lo aprendió de forma brusca a comienzos de los años noventa. La operación Mani Pulite comenzó como una investigación sobre corrupción administrativa en Milán y acabó siendo el punto de ruptura de todo un sistema político. En pocos años desaparecieron los grandes partidos que habían estructurado la Primera República italiana. Aquello no fue una derrota electoral: fue un colapso más desordenado, rápido y difícil de procesar para las instituciones.

Lo que hace singular ese episodio es el desplazamiento de la legitimidad política que produjo. Una parte importante de la opinión pública empezó a ver a la magistratura como el único actor capaz de imponer límites en un sistema que había perdido credibilidad. El problema no estaba en la ampliación del papel judicial sino en la renuncia del sistema político a cumplir el suyo. En ese vacío, la justicia, sin sustituir a la política, ocupa un lugar simbólico y crea un equilibrio difícil de revertir.

"Al debilitarse esa función, el sistema es sujeto de un desplazamiento, un cambio. Parte del conflicto se traslada a los medios, parte a la movilización social y parte al sistema judicial"Por tanto, el inicio de la problemática es previo y se encuentra en la forma en que los partidos han perdido su capacidad de estructurar la sociedad. Durante décadas, eran mecanismos de mediación que lograban organizar los intereses de la ciudadanía al tiempo que absorbían sus conflictos y canalizaban las demandas sociales por la vía política. Al debilitarse esa función, el sistema es sujeto de un desplazamiento, un cambio. Parte del conflicto se traslada a los medios, parte a la movilización social y parte al sistema judicial.

Cuando esto ocurre, puede producirse lo que el profesor de Derecho Sabino Cassese llama desbordamiento. El desbordamiento entra en escena cuando, por una mala interpretación de la autonomía judicial, surgen magistrados militantes. Un magistrado militante está convencido de que tiene una misión que cumplir. ¿Dónde está la línea que distingue a un magistrado convencido de que puede imputar a un expresidente del Gobierno de un magistrado militante? En mi humilde opinión, un magistrado, sabiendo el impacto que su decisión va a tener y siendo consciente de las dinámicas que se han apuntado, debería pensárselo muchas veces antes de imputar a un expresidente del Gobierno. Sería injusto por mi parte afirmar que el juez Calama no lo ha hecho, pero más grave sería que no lo hubiera hecho.

El caso italiano ayuda a entender la persistencia de ese cambio. Silvio Berlusconi es, además del producto político del vacío posterior a Mani Pulite, la figura que convierte la relación entre política y justicia en un conflicto permanente.

A partir de ahí, cada investigación relevante adquiere una traducción política inmediata. Y lo mismo ocurre con las respuestas: la justicia es percibida como fiel cumplidora de su mandato legal o como un actor politizado, según el lugar desde el que se mire. Esa dualidad sigue funcionando hoy en día.

"Una investigación en curso o una imputación preliminar bastan para alterar los comportamientos de los actores políticos, sobre todo en países con mayorías frágiles"En este tipo de sistemas, el punto más delicado es el momento en que los procedimientos judiciales empiezan a producir efectos políticos. Durante mucho tiempo, ese efecto se producía con sentencias o en fases avanzadas del proceso. Hoy el umbral, como digo, se ha desplazado: una investigación en curso o una imputación preliminar bastan para alterar los comportamientos de los actores políticos, sobre todo en países con mayorías frágiles.

Precisamente, España ofrece un ejemplo de esta dinámica. La estabilidad del Gobierno depende de una mayoría parlamentaria fragmentada, donde actores como Junts per Catalunya ocupan posiciones de bisagra con capacidad real de alterar el equilibrio. En este entorno, la política se organiza alrededor de decisiones tácticas constantes sobre costes, apoyos y reputación, dejando los bloques ideológicos en un segundo plano. Cualquier elemento que afecte a la percepción de estabilidad institucional adquiere un peso político inmediato porque modifica los incentivos de los actores.

El caso de la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy suele citarse como ejemplo de cómo una decisión judicial tiene consecuencias políticas directas. Sin embargo, aquel episodio pertenecía a otra lógica: la sentencia del caso Gürtel ya estaba emitida. En otras palabras, el sistema reaccionó a un hecho consolidado, no a un proceso en desarrollo. Por tanto, lo que podría ocurrir ahora es más temprano y más incierto: la política empieza a reaccionar en fases previas, antes de que el procedimiento cristalice en una resolución definitiva. Dicho desplazamiento del momento de reacción es uno de los cambios más relevantes del sistema político contemporáneo.

Junts y la lógica del cálculo permanente

En sistemas parlamentarios fragmentados, los actores bisagra —en el caso español suelen ser los partidos de ámbito no estatal— adquieren un papel especialmente relevante. Junts opera como actor de equilibrio dentro de una estructura inestable. Su comportamiento combina la negociación con el Gobierno, la competencia con otros actores independentistas y la evaluación constante del coste de cada movimiento en el tablero estatal. Esto genera una política menos lineal y más situacional, donde la posición varía según el contexto inmediato y los efectos del clima institucional se amplifican.

Este fin de semana han sido muchos los que han especulado con la idea de que Junts (no así el PNV, que depende del Partido Socialista en el País Vasco) pudiera apoyar una moción de censura instrumental del Partido Popular, que también podría ser apoyada por Vox.

"¿Nos imaginamos una campaña electoral en pocas semanas con Pedro Sánchez apelando a reunir al progresismo y con el PP y Vox con Puigdemont a la espalda? "Desde mi punto de vista, Junts solo apoyaría una moción en la que consiguiera algo que pudiera contrarrestar lo que dicen las encuestas: casi la mitad de los votantes del partido afirman reiteradamente que prefieren a Pedro Sánchez como jefe del Gobierno en España; prácticamente ninguno dice lo mismo de Feijóo. Esto solo se podría neutralizar si Feijóo se comprometiera a abrir la posibilidad de que Puigdemont pudiera volver a España inmediatamente. Pero, para el PP y Vox —con Vox necesariamente en la ecuación de una moción de censura—, tiendo a pensar que prima el instinto conservador. ¿Nos imaginamos una campaña electoral en pocas semanas con Pedro Sánchez apelando a reunir al progresismo y con el PP y Vox con Puigdemont a la espalda?

En este marco, la justicia entra en los cálculos de la política. No hace falta una sentencia para que exista impacto político; basta con que un procedimiento judicial introduzca incertidumbre en una mayoría frágil. Esto produce una situación difícil de clasificar: un gobierno no queda condicionado directamente por los jueces, aunque la justicia tampoco permanece ajena a la dinámica política. Es una zona intermedia e inestable.

En el debate político actual en España, el llamado caso Zapatero es un ejemplo de cómo un procedimiento judicial se convierte en factor de discusión política mucho antes de su resolución. Podrá (o no) determinar mayorías por sí mismo, pero lo cierto es que entra en un sistema ya condicionado por la fragilidad parlamentaria y la lógica de actores bisagra. Y, a este respecto, el tipo de sistema en el que se inserta es una variable importantísima, porque en este caso hablamos de un sistema en el que la estabilidad depende cada vez más de percepciones de solidez institucional que pueden verse alteradas en fases tempranas del proceso judicial.

Italia nos recuerda que cuando la realidad muestra que la acción judicial se convierte en una pieza clave para determinar resultados políticos, se activan todos los incentivos en la política para intentar influir en la conformación y en las decisiones judiciales. Es la judicialización de la política la que acaba impulsando la politización de la justicia. Marc López Plana es director de Agenda Pública, 27 de mayo de 2026.

REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. UCRANIA E IRÁN ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA DE HACER LA GUERRA, POR FRANCIS FUKUYAMA. 31 DE MAYO DE 2026

 

Es evidente que estamos viviendo una revolución radical en la guerra, impulsada por los avances tecnológicos. La fuerza aérea tradicional, tripulada por pilotos humanos, está siendo reemplazada progresivamente por drones y misiles balísticos. Esto ha dado lugar a acontecimientos sorprendentes, como el hecho de que potencias aparentemente más débiles, como Ucrania e Irán, hayan logrado frenar a otras más grandes, como Rusia y Estados Unidos.

En las últimas semanas, los principales medios de comunicación han empezado a destacar que Ucrania ha tenido un desempeño mucho mejor en el campo de batalla y que la guerra con Rusia podría estar, por fin, inclinándose a su favor. Sin embargo, algunas de las afirmaciones sobre la revolución tecnológica subyacente han sido exageradas, y es necesario comprender con precisión cómo está cambiando la guerra.

El poder aéreo, por sí solo, siempre ha tenido grandes dificultades para lograr objetivos políticos, algo que queda claramente demostrado por la guerra de Irán y la Operación Furia Épica. Lo que quiero investigar aquí es cómo el poder aéreo afecta al combate terrestre, que sigue siendo la principal vía por la que la guerra influye en los resultados políticos. En este ámbito, existen tres dominios principales en los que se ha utilizado históricamente.

La primera es estratégica: la destrucción de grandes objetivos situados en la retaguardia enemiga que desempeñan un papel importante en el sostenimiento del esfuerzo bélico del enemigo, como fábricas, nudos ferroviarios, redes eléctricas, etc.

El segundo uso del poder aéreo es operacional: atacar objetivos militares más cercanos al campo de batalla, quizás entre 10 y 100 kilómetros detrás de las líneas del frente, incluyendo líneas de suministro, defensas aéreas, tropas que se concentran para un ataque, instalaciones de comunicaciones, puestos de mando, cuarteles o depósitos de combustible necesarios para las fuerzas blindadas móviles. Estos ataques son cruciales para influir en el desarrollo de la batalla terrestre al interrumpir las comunicaciones y el reabastecimiento.

La tercera misión es el apoyo aéreo cercano: es decir, atacar a las fuerzas enemigas que están combatiendo activamente en el frente.

La primera y la tercera de estas categorías ya se han visto muy afectadas por las nuevas tecnologías, y estamos a punto de presenciar grandes cambios en la segunda. Veamos qué han demostrado las guerras recientes.

Gran parte de la cobertura mediática reciente se centra en la campaña ucraniana de ataques con drones de largo alcance contra instalaciones rusas de petróleo y gas, en algunos casos a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania. Observadores han señalado la ausencia de material militar en las celebraciones del Día de la Victoria del 9 de mayo en la Plaza Roja, por temor a ataques ucranianos durante la ceremonia, y el supuesto temor de Vladimir Putin a ser asesinado con un dron.

La tecnología ha marcado una enorme diferencia en este ámbito. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Mando de Bombarderos británico y la Octava Fuerza Aérea estadounidense intentaron atacar objetivos estratégicos como las fábricas de rodamientos en Alemania. Sin embargo, las defensas aéreas nazis obligaron a los bombarderos a volar de noche, cuando su precisión era pésima. Esto llevó a la decisión aliada de bombardear indiscriminadamente objetivos civiles urbanos, lo que provocó la devastación de ciudades como Dresde, Hamburgo y Tokio, con cientos de miles de víctimas civiles. A pesar de las teorías de expertos como Lindsey Graham , este tipo de ataques contra civiles son moralmente repugnantes y tienen un historial desfavorable a la hora de modificar los cálculos políticos de los países atacados. Los rusos han estado atacando objetivos civiles ucranianos durante toda la guerra; si bien han hecho la vida miserable a sus ciudadanos, no han logrado la capitulación del país.

Es en el ámbito del apoyo aéreo cercano donde la tecnología de drones ha tenido los efectos más revolucionarios. Históricamente, esta misión ha sido muy difícil de llevar a cabo: hasta la llegada de las municiones de precisión a finales del siglo XX , como el misil Maverick o las bombas guiadas GBU 10 y 12, era difícil alcanzar objetivos puntuales desde el aire. Aun así, las aeronaves de vuelo lento y a baja altitud, como los aviones de ataque AC-130 o el emblemático A-10 Warthog, eran vulnerables a las defensas aéreas y corrían el riesgo de sufrir fuego amigo, es decir, de impactar por error contra un objetivo aliado.

Los drones FPV de bajo costo, que Ucrania produce ahora por millones al año, han cambiado por completo este panorama. La clásica guerra de maniobras combinadas —es decir, los rápidos avances de vehículos blindados capaces de penetrar profundamente en la retaguardia enemiga, cortar las líneas de suministro y capturar territorio— se ha vuelto prácticamente imposible. Los drones FPV han hecho que el campo de batalla sea totalmente visible; pueden ver y atacar todo lo que ven, no solo tanques y baterías antiaéreas, sino también soldados de infantería. Los drones FPV no son, al menos por ahora, vulnerables a las defensas aéreas modernas y son mucho más precisos que las municiones anteriores.

La única misión que sigue siendo dominio del poder aéreo es la operacional, que comienza con el establecimiento de la superioridad aérea en las primeras etapas de una campaña. Al neutralizar las baterías de misiles tierra-aire y destruir las aeronaves enemigas, ya sea en tierra o en el aire, los aviones siguen siendo muy útiles. Los aviones también son necesarios para ciertos tipos de misiones estratégicas, como el lanzamiento de bombas antibúnker pesadas, como las que Estados Unidos utilizó contra la planta de enriquecimiento de Fordow en Irán el verano pasado .

Pero las misiones operativas también se están transformando. Al comienzo de la guerra, los ucranianos utilizaron con gran eficacia los cohetes estadounidenses HIMARS, con alcances de decenas o cientos de kilómetros. Si bien estos han sido neutralizados en gran medida por las contramedidas rusas, los ucranianos están desarrollando una nueva generación de drones y cohetes capaces de atacar a distancias operativas.

Estamos presenciando este desarrollo en la Crimea ocupada por Rusia. Los ucranianos han estado neutralizando sistemáticamente las defensas aéreas rusas con drones y misiles de alcance medio. La península cuenta con líneas de suministro muy limitadas, con una conexión por carretera y ferrocarril a través del estrecho istmo hacia el norte, y el puente del estrecho de Kerch que la conecta con la Rusia continental. Según informes, los ucranianos controlan ahora la ruta del istmo desde el aire y han atacado el puente repetidamente durante los últimos tres años.

En estas circunstancias, no sería de extrañar que el mando ruso decidiera en algún momento del próximo año que su posición en Crimea es insostenible y comenzara a retirar sus fuerzas, tal como ya ha retirado la mayor parte de su armada. Dicha retirada, por supuesto, supondría una enorme derrota política para Vladimir Putin.

El poder aéreo aún no es obsoleto. El éxito en la guerra sigue dependiendo de defensas escalonadas y sistemas capaces de operar en cada una de ellas. Sin embargo, al evaluar el futuro de los drones frente al poder aéreo tradicional, la cuestión no radica en las capacidades puras, ya que el poder aéreo seguirá siendo superior en ciertas misiones operativas y estratégicas. Más bien, se trata de una cuestión de costo relativo.

Si bien un misil Patriot puede derribar un dron Shahed, el Patriot cuesta más de 4 millones de dólares, mientras que el Shahed se produce por menos de 40.000 dólares y en cantidades mucho mayores. En el futuro, países como Ucrania podrán desplegar enjambres de drones de bajo costo, controlados de forma autónoma por sistemas de IA. Mientras tanto, la Operación Furia Épica en Oriente Medio ha demostrado que las sofisticadas defensas aéreas proporcionadas a los aliados de Estados Unidos en el Golfo no han podido evitar graves daños a sus instalaciones por parte de los drones y misiles iraníes. Este desequilibrio de capacidades persistirá hasta que alguien desarrolle un sistema antidrones económico y eficaz. Muchos países y empresas trabajan en ello actualmente, pero aún no lo hemos logrado. Francis Fukuyama es investigador principal de la cátedra Olivier Nomellini en la Universidad de Stanford. Su libro más reciente es El liberalismo y sus descontentos . También es autor de la columna « Frankly Fukuyama », publicada en Persuasion , que anteriormente aparecía en American Purpose. Substack, 27 de mayo de 2026.

REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. NEOFASCISMO FRONTAL TOTAL, POR ROBERT REICH. 31 DE MAYO DE 2026

 

Amigos: Ya ni siquiera intenta ocultarlo. Hace un trato consigo mismo para crear un fondo secreto de 1.800 millones de dólares para recompensar a los leales dispuestos a desafiar la ley y cometer actos de violencia en su nombre, y para obtener el perdón para él y su familia por cualquier transacción ilegal y delitos financieros "PARA SIEMPRE" (está escrito en mayúsculas en el documento).

Luego, cuando el acuerdo es ampliamente criticado, publica: “Renuncié a mucho dinero al permitir que el recién anunciado Fondo contra la Armonización siguiera adelante. Podría haber resuelto mi caso, incluyendo la divulgación ilegal de mis declaraciones de impuestos y el igualmente ilegal allanamiento de Mar-a-Lago, por una fortuna. En cambio, estoy ayudando a otros que fueron tan gravemente maltratados por una administración Biden malvada, corrupta y que utilizó la violencia como arma, a recibir, por fin, ¡JUSTICIA! Presidente DJT.”

¿ De verdad cree que podría haber resuelto su caso por una fortuna absoluta, el caso que él mismo interpuso , el caso que un juez federal incluso puso en duda que fuera un "caso" porque él estaba involucrado en ambos lados?

La semana pasada, un formulario de divulgación reveló que la cartera de inversiones de Trump realizó más de 3.600 operaciones solo en los primeros tres meses de este año, muchas de ellas con empresas a las que ha favorecido con acceso privilegiado o políticas específicas.

Estados Unidos se acerca lentamente al 250 aniversario de nuestra revolución contra el poder arbitrario con un presidente que lo ejerce sin pudor alguno. Jamás habíamos presenciado tal grado de tráfico de influencias, sobornos, usurpación de la autoridad del Congreso y desafío abierto a los tribunales federales.

Es una pendiente resbaladiza inconstitucional. Si Trump puede salirse con la suya creando para sí mismo un fondo discrecional de 1.800 millones de dólares que el Congreso nunca aprobó y que los tribunales no pueden supervisar, y negociar arbitrariamente con las acciones de las empresas que favorecen sus políticas, ¿qué le impedirá crear un fondo discrecional de 10.000 millones o 10 billones de dólares para beneficio propio?

Si puede salirse con la suya perdonándose a sí mismo y a su familia de antemano por cualquier delito financiero futuro, ¿qué le impedirá perdonarse a sí mismo y a su familia por cualquier acto delictivo futuro?

Esto es solo una pequeña muestra de la peligrosa pendiente en la que nos encontramos. Si puede secuestrar a un presidente extranjero sin el permiso del Congreso, ¿qué le impedirá secuestrar a cualquiera ? Si puede ordenar al ejército estadounidense que mate a un jefe de Estado extranjero sin que el Congreso declare la guerra, ¿qué le impedirá ordenar al ejército que mate a cualquiera ?

Si puede perseguir penalmente a sus enemigos políticos, ¿qué le impedirá encarcelar o asesinar a sus oponentes?

Si puede decidir unilateralmente que alguien en un barco en alta mar es un "combatiente enemigo" y matarlo sumariamente, ¿qué le impide llamar combatiente enemigo a cualquiera que le caiga mal y mandar matarlo?

Si puede poner su nombre en edificios por todo Washington y demoler el ala este de la Casa Blanca, ¿qué le impide demoler todo el edificio y levantar una torre Trump?

Se siente imparable porque no hay nadie a su alrededor que le diga que no . En cambio, está rodeado de aduladores que le dicen que sí. Recibe una lealtad ciega de sus lacayos —su vicepresidente, su gabinete y la mayoría de los republicanos en el Congreso— que trabajan para él en lugar de para el pueblo estadounidense.

Se siente invencible porque sus patrocinadores multimillonarios —Jeff Bezos, Elon Musk, Larry y David Ellison, Mark Zuckerberg y Rupert Murdoch, entre otros— han financiado su comité de acción política (PAC) con su dinero y han silenciado las críticas en sus plataformas mediáticas para ganarse su favor. Mientras tanto, sus seguidores se regodean en su nacionalismo cristiano blanco y lo veneran como una deidad.

Se siente invencible porque fue reelegido presidente a pesar de haber sido sometido a juicio político dos veces y declarado culpable de 34 delitos graves, y la Corte Suprema lo ha protegido de nuevos procesos penales por actos “oficiales” (que él interpreta como cualquier acción realizada durante su presidencia). El Congreso apenas representa un obstáculo porque, como demostró la semana pasada, tiene un control absoluto sobre el Partido Republicano. Incluso afirma que “no necesita al Congreso”.

Se siente invulnerable porque nunca más tendrá que enfrentarse directamente a los votantes y, por lo tanto, nunca perderá, ni, supone, tendrá que rendir cuentas por nada.

Amigos míos, esto es neofascismo en estado puro. Sugiero que respondamos de la siguiente manera:

El 4 de julio, en el 250 aniversario de la independencia de la nación, llevamos brazaletes negros para reconocer la casi extinción de nuestra democracia y del estado de derecho bajo el mandato de Trump.

En las semanas y meses previos a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026, nos comprometemos a lograr la mayor participación electoral en la historia de Estados Unidos para recuperar el Congreso y detener al neofascista en la Casa Blanca. No solo una ola azul, sino un tsunami azul.

El día de las elecciones de 2028, elegiremos a un presidente cuyo carácter y temperamento sean coherentes con los ideales fundacionales de los Estados Unidos: alguien humilde y honorable, comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, que revivirá las instituciones de autogobierno que Trump ha pisoteado y reorientará a la nación hacia nuestra vasta agenda inconclusa de inclusión, en lugar de exclusión.

Más allá de esto, haremos todo lo posible por aprender de esta catástrofe y ayudar a Estados Unidos a aprender. Enseñaremos a nuestros hijos y nietos la verdad de lo sucedido y lo cerca que estuvimos de perder nuestra democracia. Y educaremos a las futuras generaciones sobre lo que nos debemos los unos a los otros como ciudadanos de esta gran nación.

Para lograr todo esto, nos comprometemos mutuamente a entregar nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Robert Reich es profesor de la Universidad de California en Berkeley. Substack, 26 de mayo de 2026.

REVISTA DE PRENSA DOMINICAL. EL PLAN BOLONIA, LA IA Y LA UNIVERSIDAD, POR JULIO GONZÁLEZ GARCÍA. 31 DE MAYO DE 2026

 

Cuando se habla de la IA en las clases se suele ir al resultado final: se copia mejor. Creo, en cambio, que el problema de fondo es otro. El crédito ECTS mide el tiempo que un estudiante necesita para adquirir las competencias de una asignatura. Veinticinco horas, treinta, lo que sea. Esa es la unidad sobre la que se construyó el Espacio Europeo de Educación Superior. Y esa unidad ha dejado de medir nada, porque hoy lo que antes ocupaba veinticinco horas se produce en quince minutos, sin saber del tema, con una herramienta gratuita (o de pago) y que, si no se le pregunta bien comete errores pero aparenta ser perfecta. La consecuencia es que la arquitectura entera de la enseñanza universitaria diseñada en los últimos veinte años está en crisis, aunque sigamos haciendo como que no.

Conviene situarse. El Plan Bolonia, es decir, el Espacio Europeo de Educación Superior que en España se implantó a partir de 2010, sustituyó la transmisión de contenidos por la adquisición de competencias. Los objetivos eran razonables y todos los conocemos: armonizar titulaciones en Europa, facilitar la movilidad, homologar más fácilmente, dejar atrás el modelo memorístico objeto de tantas críticas. El resultado fue una universidad masificada pero orientada a competencias, empleabilidad y evaluación continua.

El descenso al aula de los principios fue gradual. Directrices generales, planes de estudio, y al final el profesor. Hay que precisar una cosa aquí, porque la queja general contra Bolonia confunde cosas distintas: muchas de las debilidades que hoy denunciamos no vienen del diseño normativo europeo, vienen de cómo se implementó esto en España. La fragmentación de contenidos, la cuantificación obsesiva, la trazabilidad formal, la burocratización de la evaluación, son responsabilidad de la ANECA, de los sistemas internos de garantía de calidad, de la cultura administrativa de nuestras universidades. El profesorado tuvo su gran parte de culpa ya que durante años aceptó rellenar formularios sin discutirlos, no entendió la mecánica del sistema y siguió dando las clases igual y, cuando cambió algo, hizo una aplicación cómoda (para él) del Plan Bolonia.

La idea pedagógica de fondo no era mala. Si se evalúan procesos y no solo exámenes finales, la evaluación gana información y el aprendizaje se distribuye en el tiempo. Pero todo eso descansaba en un presupuesto que entonces no necesitaba enunciarse y hoy se ha esfumado: producir las evidencias escritas de lo que el estudiante había aprendido exigía trabajo intelectual humano, y que ese trabajo era razonablemente verificable. La hiperinflación de tareas era sostenible mientras escribir requiriera pensar. Ya no. Aquí está la fractura que el debate cotidiano sobre IA en las aulas suele perder de vista. Bolonia pertenece al paradigma de la sociedad de la información. Asume que el conocimiento está disponible, que se actualiza rápido, y que el problema educativo es formar a quien sabe acceder a él, seleccionarlo y aplicarlo. La IA generativa pertenece a otro paradigma, el de la automatización cognitiva. Ya no se trata de acceder a información que el estudiante luego procesa, sino de delegar en una máquina las operaciones intelectuales mismas: redactar, analizar, comparar, argumentar. Eso que la universidad evaluaba como prueba de competencia ahora lo ejecuta el sistema directamente. No es un cambio de herramienta, es un cambio de paradigma. Recordando a Gramsci, se puede decir aquellos de que “El viejo mundo muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Ahí estamos.

La irrupción ha sido silenciosa. No ha habido una crisis ruidosa, se han diluido los supuestos sobre los que se sostenía la evaluación. La reacción más visible es la prohibicionista. La Facultad de Derecho de Berkeley acaba de prohibir el uso de IA para conceptualizar, esbozar, redactar, revisar, traducir o editar cualquier trabajo evaluable, e incluso prohíbe subir materiales del curso a sistemas generativos. Tiene la virtud de ser clara … y el defecto de ser inaplicable.

Detectar IA en un trabajo bien hecho es prácticamente imposible. Solo se detecta cuando el estudiante es descuidado: la marca de agua de Copilot, un parámetro utm_source=chatgpt.com colado en una referencia bibliográfica, una expresión inglesa mal traducida. Por ello, lo que hace Berkeley, prohibir sin poder detectar, no es regular, es declarar impotencia.

Y el asunto va más allá de la detección. Toca varias capas del sistema al mismo tiempo.

El ECTS pierde su referente. Si la unidad es el tiempo que tarda un estudiante y ese tiempo se puede colapsar arbitrariamente, la unidad ya no mide lo que decía medir. No es una cuestión técnica de manual: es la moneda con la que se construyen los planes de estudio, se reconocen titulaciones entre países, se asignan cargas docentes y se mide el trabajo del profesor.

El modelo de valoración queda obsoleto. Se puede producir un texto académico excelente sin tener idea del tema. En humanidades y en ciencias sociales, donde lo evaluable es usualmente un texto bien escrito, la prosa correcta deja de ser prueba de nada. Hay que desplazar la verificación a otros sitios: examen oral, defensa presencial, evaluación procesual con trazabilidad real… Todo más caro, todo más lento.

El examen tampoco es refugio seguro. Los nanopinganillos, los dispositivos discretos conectados a modelos de IA, convierten incluso el examen presencial clásico en un espacio de control imperfecto. O subimos las medidas de vigilancia hasta extremos que chocan con la dignidad del estudiante (¿revisamos si lo que lleva en el escote es una cámara o un botón?) y con la cultura académica que decimos defender, o aceptamos que cierto grado de uso indetectable es ya parte del paisaje.

El Trabajo de Fin de Grado es donde se ve mejor el contrasentido actual. Concebido como ejercicio personal de madurez, hoy es el punto más vulnerable del sistema. Es un producto escrito, entregado en PDF, evaluado por un tribunal con unos minutos por trabajo y sin herramientas fiables de detección, ni de la IA ni de los servicios externos que elaboran trabajos por encargo. Quien haya estado en un tribunal de TFG o haya dirigido alguno recientemente sabe perfectamente de qué hablo. O lo mantenemos como está y asumimos que una parte significativa será obra de la IA, o lo reconvertimos en defensa oral con interrogatorio sustantivo. Cualquier cosa entre medias es ficción evaluativa.

Y aparece una nueva forma de incompetencia profesional. Quienes lleguen a profesiones complejas habiendo puenteado con IA el aprendizaje de los fundamentos no es que sean menos competentes en el sentido clásico. Son dependientes funcionales de una herramienta que no controlan. Conviene no confundirse: un abogado que usa IA para redactar un dictamen no es necesariamente menos competente, igual que no lo fue el que pasó del repertorio en papel a las bases de datos jurídicas en los años noventa.

La cuestión relevante es qué juicio sigue siendo irreductiblemente humano.¿Estamos formando ese juicio, o nos hemos limitado a certificar la producción de resultados?

Hay un síntoma que se suele tratar como problema aparte y que es parte del mismo proceso. El absentismo creciente. El estudiante que no va a clase no es necesariamente perezoso ni desinteresado. Está diciendo que percibe la clase como prescindible frente a otras alternativas. Y la verdad incómoda es que tiene parte de razón.

Si la evaluación premia entregables y se pueden producir sin haber asistido a clase, la asistencia no tiene función instrumental, más allá de cumplir con la obligación formal que recogen las normas. Si los apuntes circulan por WhatsApp, los resúmenes en vídeo abundan en internet, hay reels en tiktok y la IA da explicaciones adaptadas a tu nivel, la clase presencial compite en condiciones desfavorables. Exige desplazamiento, horario fijo, atención sostenida. Lo otro es a la carta y nunca se cansa.

Lo grave no es que ese ecosistema paralelo transmita la información peor que la clase, porque a veces la transmite mejor. Lo grave es que no puede sustituir lo que debería ser el núcleo de la docencia universitaria: la formación del juicio, el diálogo intelectual, la corrección de errores de razonamiento sobre la marcha, la pregunta inesperada que obliga a pensar.

Eso pasa en presencia, y solo pasa en presencia si la clase ofrece algo que la IA e internet no ofrecen. Cuando la clase se limita a transmitir contenido (en ocasiones leído), el estudiante hace bien yendo al vídeo a su ritmo o al modelo generativo. El absentismo es el indicador de que también la clase tenemos que repensarla y elevar su nivel para que aporte un valor que fuera no existe. Reconocerlo cuesta, pero es lo que hay.

Hay una pregunta que el debate pedagógico tiende a esquivar y que, desde el Derecho Administrativo, no podemos esquivar: la regulatoria.

El andamiaje normativo del EEES no contempla la IA generativa como riesgo. Las memorias de verificación que aprueba la ANECA describen sistemas de evaluación pensados para un mundo donde escribir era pensar. Los sistemas internos de garantía de calidad auditan procesos formales, no integridad sustantiva. Y la Ley 3/2022, de convivencia universitaria, que derogó el régimen disciplinario preconstitucional de 1954 y estableció un marco nuevo para las relaciones disciplinarias en el ámbito universitario, se aprobó sin contemplar la IA generativa como hipótesis. ChatGPT salió ocho meses después y dejó la ley obsoleta antes de que empezara a aplicarse. Y bajando un escalón, las normas internas de las universidades, las guías docentes departamentales, los programas del profesorado, tampoco abordan nada de lo que se nos está pidiendo.

El problema admite varias respuestas: reforma de las memorias de verificación para incorporar exigencias mínimas de evaluación robusta frente a IA, soft law europeo en el marco del EEES, confianza plena en la autonomía universitaria. Cada vía tiene sus costes. La única que no es viable es la inercia, que es justo lo que estamos haciendo.

La respuesta no puede ser prohibir y ya está. Es poner puertas al campo. Pero tampoco puede ser la aceptación resignada del statu quo, ni la huida hacia más burocracia evaluativa que la IA volverá a vaciar en cuanto se lo plantee.

La universidad tiene que enseñar a manejar la IA porque ya es una fuente básica de conocimiento, cuyo uso es necesario y conveniente en cualquier profesión intelectual. Y para hacerlo bien hay que desplazar el centro de gravedad de la docencia. El profesor deja de ser verificador de producción escrita y pasa a ser formador del juicio en un entorno de hiperabundancia de información. Si seguimos limitándonos a supervisar entregas, administrar plataformas, controlar procesos y evaluar de forma estandarizada, la IA nos pasará por encima. Y será nuestra responsabilidad como docentes, porque habremos demostrado nuestra incapacidad de ponernos al día. Se supone que la élite intelectual está en la universidad.

El reto va más lejos. Hay que reconstruir la enseñanza superior sobre supuestos compatibles con un entorno donde la producción de texto plausible es trivial y donde el valor añadido humano se desplaza hacia la comprensión, la valoración crítica, la decisión sustantiva y la responsabilidad profesional. Eso implica rediseñar evaluaciones, repensar el ECTS, revisar el TFG, y aceptar que el modelo evaluativo de Bolonia, tal como se implementó en España, ha agotado su recorrido.

No es una crisis menor. Como en el cuento del Conde Lucanor que prefigura el del rey desnudo de Andersen, la universidad tiene que reconocer que el contrato implícito con sus estudiantes -vosotros producís evidencias escritas, nosotros certificamos competencias- ha quedado sin objeto.

Todo lo anterior coincide con una de las épocas de mayor escasez económica que recuerda la universidad española. Y aquí está la trampa más dolorosa. Si la IA exige un nuevo entorno docente -tiempo, interacción real con el estudiante, grupos reducidos, seguimiento sustantivo, conversación intelectual-, la masificación y el aumento de ratios de estudiantes por aula apuntan justo en sentido contrario. La escasez ya no es solo un problema presupuestario.

Se ha convertido en un factor estructural que favorece una lógica neoliberal. Empuja a la universidad hacia el modelo barato: aulas llenas, evaluación industrializada, títulos producidos en serie. Y dificulta justo lo que la IA vuelve más necesario, que es la formación lenta del juicio crítico y del pensamiento autónomo. Pedimos a la universidad que se reinvente justo cuando le quitamos los medios para hacerlo. Conviene no olvidar lo que decía Derek Bok: si la educación les parece cara, que prueben con la ignorancia. Y ahora, además, con la ignorancia disfrazada de competencia certificada por IA. Julio González García. Global Politics and Law, 7 de mayo de 2025.