El Apocalipsis, según el PP

Rajoy, por Forges

"Revelación de Jesucristo: se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto; y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo: todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el Tiempo está cerca". (Apocalipsis: Juan, 1,1-3. Nueva Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1998).

Sustituyan Jesucristo por Rajoy, Dios por Aznar, el ángel por Cospedal, y a Juan por Montoro, y ya tendrán claro el escenario apocalíptico que el PP nos anuncia. ¿Comprenden ahora porqué terminaba mi comentario de ayer como lo terminaba? No soy el único que piensa así sobre la particularísima manera de hacer oposición del PP, que traducida al román paladino sería la del "cuánto peor, mejor". Lo de mejor para ellos, lo ignoro, y la verdad, me importa un huevo y la mitad del otro; lo de peor para todos, si que me preocupa.

También le preocupa al catedrático de sociología de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, que deja testimonio de esa preocupación en un desasosegante artículo que hoy publica en el diario El País, titulado "Ponerse en lo peor".

El profesor Sotelo, como otros muchos expertos, se muestra convencido de que antes o después saldremos de la crisis, gracias entre otras cosas a la fortaleza de la Unión Europea. La cuestión, dice, es cuándo y en qué condiciones, pero que en todo caso, añade, nos espera una década de crecimiento muy bajo y una alta tasa de desempleo que puede llevarnos a una peligrosa deriva social y política si no se ataja entre todos. Y a todas esas, el PP, ni está ni se le espera...

Les dejo con la lectura del artículo del profesor Sotelo. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

  

Rajoy, por Peridis

"Ponerse en lo peor", por Ignacio Sotelo

EL PAÍS  -  Opinión - 21-05-2010

El espectáculo que ofrece el primer partido de la oposición, empeñado obsesivamente en que el Gobierno nos lleva a la catástrofe, tanto si pretende salir de la crisis salvando el Estado social como si se ve obligado a cuestionarlo, coloca a la sociedad en estado de pánico permanente, con lo que, además de echar leña al fuego de la especulación internacional, se muestra dispuesto, con tal de que caiga Zapatero, a propiciar el mayor desastre.

Y lo hace, claro está, sin mencionar las medidas concretas, y de estas se trata, que pondría en marcha si llegara a gobernar. Sabe que si las hiciera públicas perdería las elecciones, y siempre podrá alegar que la herencia que dejaron los socialistas exige las medidas drásticas que seguro luego tomará. En estas circunstancias, ponerse en lo peor, aunque sea como mero ejercicio dialéctico, podría interpretarse como una invitación al suicidio colectivo.

En tiempos revueltos parece de sentido común el que tanto desde el banco azul como desde la oposición se dé cuenta de la situación con un mismo lenguaje claro, pero evitando esparcir alarmas que minen la concordia indispensable para enfrentarse juntos a las dificultades sobrevenidas. En tiempos de hondo malestar la oposición está obligada a colaborar con el Gobierno en la búsqueda de una pronta salida; cuando las aguas vuelvan a su cauce ya habrá ocasión de que cada cual presente propuestas alternativas.

Durante la II Guerra Mundial los laboristas supieron colaborar lealmente con los conservadores, actitud que, pese al enorme prestigio de Churchill, les llevó al poder en 1945. El electorado suele recompensar al partido que muestra que le importa más el bien de la nación que el suyo propio. Cuando la coyuntura aprieta no vale echarse mutuamente la culpa, o denigrar al contrario como si fuese la catástrofe personificada, sino que es el momento de encontrar una salida conjunta. De que no haya ocurrido así son responsables, con alguna excepción como la de CiU, en mayor o menor medida toda la clase política, pero muy en especial el PP.

¿Rige acaso la misma norma para el ciudadano? ¿Los medios deben renunciar también a discutir salidas diferentes de la crisis, ocultando los peligros que nos amenazan? Si a los políticos corresponde actuar conjuntamente, sin embarullarse en discusiones infinitas -la sorpresa suele ser el mayor factor del éxito, y ya habrá tiempo de dar explicaciones- en cambio toca a la sociedad discutir a fondo la situación, ofreciendo distintas soluciones acorde con la multiplicidad de intereses. En democracia son los ciudadanos los que plantean las alternativas y las instituciones las que toman decisiones que no pueden distanciarse mucho de las opiniones dominantes.

Lo que sigue no es más que una construcción arbitraria que vincula una catástrofe a la otra, como si cayeran en ristra las fichas del dominó. Cierto que no es probable que se concatene una desgracia a la otra, pero en la sociedad de alto riesgo en que vivimos hay que estar preparado para responder a los peores desastres. Condición de supervivencia es imaginar peligros y tener preparadas las respuestas adecuadas.

Partamos de lo más seguro, y es que antes o después saldremos de la crisis: la cuestión es cuándo y en qué condiciones. Está agotado el modelo productivo en torno al turismo y el ladrillo -aunque continuará formando una buena parte de nuestro PIB- y sufriremos la deslocalización de la industria, piénsese en la automovilística, como el resto de Europa.

Habrá que inventar un modelo de más alta productividad, probablemente en torno a las técnicas de comunicación, la energía limpia, el sector agrario, con especial desarrollo de la industria alimenticia y otros sectores en los que podamos encontrar un hueco en un mundo globalizado. Pero su puesta en marcha exigirá bastante tiempo, si es que logramos salir del bache en educación que, además de los recursos financieros, depende de factores sociales y culturales muy difíciles de calibrar.

El pronóstico que se hace, más fuera que dentro, es que España tiene por delante al menos una década de crecimiento muy bajo y una alta tasa de desempleo.

¿Cómo reaccionará la sociedad a este frenazo, después de dos decenios de crecimiento y de relativo bienestar, en los que los españoles han pasado de tener que emigrar a recibir en los últimos años cuatro millones de inmigrantes? ¿Aumentará la xenofobia al ritmo que han aumentado los canales televisivos de derecha? ¿Se logrará volcar a los sectores sociales más desposeídos contra los sindicatos y los partidos de izquierda, sobre los que se cargaría la responsabilidad de lo que acontece? ¿Cómo responderá el nacionalismo, que en Cataluña y el País Vasco tiene el terreno muy bien abonado, a un largo estancamiento?

 Únase esta paralización económica, con todas sus tensiones y secuelas sociales, a un nacionalismo que transporta la idea de que los males los causa España y la solución es la independencia de las "naciones sometidas", y especúlese con lo que podría ocurrir en tiempos de las vacas flacas.

Quedarán de manifiesto los altísimos costes de que se haya deslavazado el Estado, que con tanto esfuerzo habíamos empezado a construir en la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Cierto que siempre había sido bastante débil, como muestran los índices de analfabetismo, causa principal de que, a diferencia de Francia, Alemania y Reino Unido, en la Península Ibérica se haya conservado el plurilingüis-mo. El que el Estado de las Autonomías haya marchado en los últimos 30 años aceleradamente hacia una confederación, alejándose cada vez más de un Estado federal, podría pagarse, en tiempos de estancamiento, a un precio altísimo.

¿Cómo reaccionaría el resto de España a una eventual ruptura de la unidad nacional? No cabe descartar que trajera consigo el fin de la monarquía. Ahora bien, esa tercera república con la que hoy sueña un grupo cada vez más nutrido de españoles, para una mayor frustración, podría ser obra de la derecha nacionalista más insolidaria. La república que a partir de la ruptura nacional se percibe en el horizonte quedaría en manos de una derecha supernacionalista que habría echado la culpa de la debacle a la "monarquía parlamentaria" con su Estado de las Autonomías.

Tómense estas reflexiones como lo que son, una pesadilla en una mala noche, pero en ningún caso se echen en saco roto. Sin entregarse a ningún fatalismo -el futuro que nos aguarda lo hacemos nosotros- hay que estar preparados para lo peor, buscando con sosiego puertas de escape. Y en cuanto inquiramos una tabla de salvación, se impone la conocida fórmula: España es el problema y Europa la solución.

El hecho nuevo en que basamos nuestra esperanza de que la historia no se repita es que estamos en la Unión Europea. Por fuertes que sean los envites contra el euro, podemos confiar en que la moneda común prevalezca, participando poco a poco del empuje que nuestros socios más fuertes inyecten en la economía europea.

Cabe razonablemente esperar que salgamos del atolladero en que la Unión se encuentra desde la ampliación, y que avancemos por fin en la construcción europea, conscientes de lo que sería de cada uno de nosotros si esta nos fallase. La crisis ha hecho evidente lo que realmente significa una Europa unida y no me cabe la menor duda de que al final saldrá robustecida.

El profesor Ignacio Sotelo

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Entrada núm. 1306

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"Pues, tanto como saber, me agrada dudar" (Dante)

"La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura" (Voltaire)

La democracia, según Popper

El filósofo Karl Popper

Sobre Karl Popper (1902-1994), filósofo y sociólogo político británico de origen austríaco, he escrito en ocasiones anteriores en este blog. Especialmente de una de sus obras principales: "La sociedad abierta y sus enemigos" (Paidós, Barcelona, 2006). Escrita en 1945 durante su forzado exilio en Nueva Zelanda, trata en ella, como más tarde lo hará la también filósofa y teórica de la política norteamericana de origen alemán, Hannah Arendt, sobre los orígenes de los totalitarismos que asolaron el siglo XX: especialmente el comunismo y el nacional-socialismo.

Para el profesor José Sánchez-Alarcos, comentarista de la obra de Popper, la tesis central de "La  sociedad abierta y sus enemigos" es la de que el origen de los totalitarismos radica en la superstición de ciertas ideologías que parten de dos falsedades relacionadas: primero, que la historia se mueve en una dirección de acuerdo con leyes naturales y, segundo, que ellos, los ideólogos, conocen esa dirección. A partir de esas certezas, basadas en el determinismo histórico, se construye la utopía: dotados de esa tremenda información, se edifica un mundo maravilloso en el que los seres humanos serán felices porque el modelo de sociedad se adapta milimétricamente al sentido natural de la historia. Obviamente, quien se oponga a la construcción de esa sociedad perfecta, una sociedad cerrada que remite a la tribu, puede ser considerado un canalla y debe ser extirpado invocando razones morales, como ha sucedido en todos los Estados totalitarios.

Enemigo declarado de las utopías políticas, y por ende, de las ideas expuestas en la "República", de Platón, primer gran modelo utópico de Occidente cuya influencia, dice el profesor Sánchez-Alarcos, aún perdura, Popper manifiesta su certeza de que la salvaguarda de la libertad y del progreso están precisamente en sociedades abiertas en las que las personas deciden con sus acciones el curso de la historia, porque ni hay sociedades perfectas ni, por lo tanto, un camino ideal para alcanzar lo que solo existe en la imaginación de unos pensadores trasnochados.

De Popper escribía también hace unos días en el diario La Vanguardia, el periodista y columnista político Luís Foix, en un interesante artículo que reproduzco más adelante, titulado "Hereu se despeña". Comentaba en él el estruendoso fracaso de la consulta popular promovida por el consistorio barcelonés llamando a los ciudadanos a decidir sobre las posibles opciones para remodelar la Vía Diagonal de la capital catalana, y concluía su artículo, en el que augura el fín de la hegemonía socialista en el Ayuntamiento de Barcelona a causa del patinazo político de su alcalde, con una cita de Popper que dice que "la democracia no consiste en designar gobiernos sino en echarlos".

No puedo estar sino en completo acuerdo con Foix, y por supuesto con Popper, de quien recuerdo otra frase de la que no puedo precisar la fuente, que venía a decir que en las sociedades democráticas consolidadas, los ciudadanos, cuando ejercen su derecho de voto, no pretenden tanto elegir a un determinado gobierno, como impedir que lleguen a él (al gobierno) otros.

Nunca discuto ni pongo en cuestión lo que votan mis conciudadanos. Me podrá gustar más, gustar menos o no gustar nada, pero es su derecho y su decisión, y eso es lo fundamental para mí, pero les aseguro que viendo y oyendo a las señoras Cospedal y Saénz de Santamaría, o a los señores Aznar, Arenas, Montoro, Trillo o Rajoy, yo tengo clarísimo por quién voy a votar, aunque sea tapándome la nariz...

He puesto en la sección de videos uno con la lectura  de la famosa alegoría de "la caverna", incluida  en La República, de Platón. Espero que les resulte interesante. Sean felices. Tamaragua, amigos. HArendt

Portada de "La Sociedad abierta y sus enemigos"

"HEREU SE DESPEÑA", por Lluís Foix
Blog "El día después" - La Vanguardia, 16/05/2010

Desde que Obama ganara las elecciones en noviembre de 2008, las urnas van tumbando a gobiernos nacionales, autonómicos y locales. No recuerdo un caso de elecciones ganadas por partidos que estaban en el gobierno desde que la crisis económica sembró la inquietud y el temor en todo el mundo.

Esta semana los laboristas han abandonado el poder en Gran Bretaña después de trece años al frente del gobierno. En Francia, el partido de Sarkozy ha recibido castigos en las regionales que las ha ganado el partido socialista. Los italianos dieron la victoria a la alianza de Berlusconi pero fueron los de la Lega Norte los que ganaron en las principales regiones del norte, tradicionalmente feudos de la izquierda

Se avecinan cambios en Holanda, en Hungría ha aparecido la derecha extrema tras diez años de socialdemocracia. La señora Merkel ha perdido en el land de Renania Westalia del Norte, el land más poblado de Alemania. La crisis va expulsando a los gobiernos que no han podido ni han sabido dar respuestas a las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos.

Una convulsión económica como la que está recorriendo el mundo libre tiene consecuencias políticas inevitables. Ocurrió en los años treinta del siglo pasado y se repitió en la crisis de los años noventa.

En estas, se le ocurre al alcalde Hereu convocar una consulta sobre las distintas opciones para remodelar la Diagonal de Barcelona. Ha sido un fiasco. Ni siquiera el 13 por ciento de los barceloneses se han molestado en votar, a pesar de las posibilidades de emitir el voto por Internet. De los que han votado, casi un 80 por ciento se han pronunciado por la opción no aconsejada por el ayuntamiento de Hereu. Ha rodado la primera cabeza política, la de su brazo derecho y responsable de la consulta, en espera de que la consulta cause una crisis política en el consistorio barcelonés.

No entiendo cómo el alcalde Hereu haya podido leer tan malamente los signos de los tiempos y de la historia. No sé si se puede aplicar aquella sentencia de Talleyrand, el incombustible sobreviviente de la Revolución Francesa, cuando dijo que "es peor que un crimen, es un error". ¿Cómo no se ocurrió a Hereu que los barceloneses tenemos prioridades más perentorias que el futuro diseño de la Diagonal?

Todos los gobiernos, desde Felipe II hasta George Bush, han sabido lo que no se debía hacer y, sin embargo, lo hicieron. Fueron arrastrados por la "ingratitud" que se apodera de los pueblos cuando no están de buen humor y desconfían de sus gobernantes. Hereu ha perdido algo más importante que una consulta popular. Puede haber perdido la alcaldía que ha estado en manos de los socialistas desde hace más de treinta años. Popper decía que la democracia no consiste en designar gobiernos sino en echarlos.

El periodista Lluís Foix

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Entrada núm. 1305
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"Pues, tanto como saber, me agrada dudar" (Dante)
"La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura" (Voltaire)

Jurisprudencia constitucional

Creo que lo escribe con excesiva vehemencia, pero que no deja de tener buena parte de razón. Me refiero al artículo que en el diario El País publica hoy miércoles el abogado José María Ruiz Soroa, titulado "Democracia ramplona", sobre las críticas, a su juicio infundadas, que se formulan a la labor del Tribunal Constitucional como garante de los derechos y libertades de los españoles que la Constitución establece. En particular y sobre todo, a partir del interminable proceso de examen del Estatuto de Cataluña.

Dice Ruiz Soroa que hay dos formas de criticar el funcionamiento, incluso la existencia, de un Tribunal Constitucional. La primera, la de aquellos que argumentan que la capacidad de un pueblo para autogobernarse no puede estar limitada por unos textos constitucionales más o menos rígidos y heredados de generaciones pasadas. Y menos aún por unos tribunales que imponen su opinión elitista y técnica a los representantes de la ciudadanía e invalidan o recortan las leyes por estos aprobadas. Para estos autores, dice, nuestras actuales democracias constitucionales son "democracias paternalistas" (Waldrom) o "democracias jibarizadas" (Sánchez Cuenca), que tratan al ciudadano como a un ser precisado de muletas para desempeñarse en la vida pública. Es muy discutible, concluye, pero es una opinión razonada.

La polémica viene de antiguo, sobre todo a partir de los años 30 del pasado siglo, y se hizo patente en la confrontación que llevaron a cabo dos grandes juristas: el austriaco Hans Kelsen y el alemán Carl Schmitt, sobre "quién debe ser el defensor de la Constitución". Ya la he tratado anteriormente en el blog, y allí me remito.

La segunda, siempre a juicio del autor del artículo, es la de aquellos que aun teniendo a la vista que el Tribunal Constitucional ya había acordado en su sentencia nonata de hace unas semanas la inconstitucionalidad de una veintena de artículos del Estatuto, algo en lo "que todos sus miembros estuvieron de acuerdo", añade, han emprendido una campaña desaforada para sacarlo adelante pese a quien pese. Supongo, aunque no lo dice, que se refiere a los partidos que han promovido el reciente acuerdo del Parlamento de Cataluña en defensa del actual texto estatutario y solicitando la modificación de la ley del Tribunal Constitucional.

Desde mi atalaya de mero espectador y seguidor interesado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, comparto con el señor Ruiz Soroa su opinión de que la labor del Tribunal ha sido, en cuanto a la salvaguardia de los derechos y libertades de los españoles se refiere, a pesar de algunas excepciones de interpretación que ahora no vienen al caso, absolutamente positiva. Dicho lo cual, reitero dos cuestiones que están en la mente de todos y que nuestro articulista no menciona: a) es absolutamente injustificable que una sentencia sobre la constitucionalidad de una ley, sea ésta de la complejidad que sea, lleve más de tres años sin resolverse; y b) es absolutamente injustificable que la renovación de aquellos de sus miembros que han cumplido su mandato se prorrogue indefinidamente por la imposibilidad de acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales.

De la primera cuestión los únicos responsables son los propios miembros del Tribunal; de la segunda, los únicos responsables son el partido popular y el partido socialista. Como obligar a estos últimos a un ejercicio de responsabilidad resulta poco menos que una utopía, me pregunto: ¿por qué no dimiten en pleno los miembros del Tribunal Constitucional forzando así su renovación? 

He puesto en la cabecera del blog la milenaria y venerada imagen de la lechuza de Atenea, diosa de la Sabiduría, a ver si nos ilumina en estos momentos de tribulación.  Y en la sección de vídeos, uno sobre el homenaje tributado el pasado mes de enero por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), mi alma máter, al que fuera primer presidente del Tribunal Constitucional, el profesor Manuel  García Pelayo. Espero que les resulte interesante Sean felices. Tamaragua, amigos. HArendt

 

María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional




 

"¿DEMOCRACIA RAMPLONA?", por José María Ruiz Soroa

EL PAÍS  -  Opinión - 19-05-2010

Escuchamos hoy un confuso discurso sobre la democracia que, en nombre del principio de autogobierno de los ciudadanos, clama contra el hecho de que un reducido colegio de jueces pueda poner su particular opinión por encima de la voluntad de los representantes de esos ciudadanos en los parlamentos, por encima incluso de la voluntad expresada en referéndum por los mismos ciudadanos catalanes. En este discurso se mezclan respetables posturas de principio con un craso oportunismo sectario que pretende vestir con ropajes democráticos lo que es sólo un interés, el de que una determinada ley (el Estatut, se entiende) salga adelante a costa de todo.

Principios defienden aquellos autores que argumentan que la capacidad de un pueblo para autogobernarse no puede estar limitada por unos textos constitucionales más o menos rígidos y heredados de generaciones pasadas. Y menos aún por unos tribunales que imponen su opinión elitista y técnica a los representantes de la ciudadanía e invalidan o recortan las leyes por estos aprobadas. Para estos autores, nuestras actuales democracias constitucionales son "democracias paternalistas" (Waldrom) o "democracias jibarizadas" (Sánchez Cuenca), que tratan al ciudadano como a un ser precisado de muletas para desempeñarse en la vida pública. Es muy discutible, pero es una opinión razonada.

Intereses defienden en cambio quienes, a la vista de la ya probada inconstitucionalidad del Estatut (puesta de relieve inapelablemente en la última sesión del Tribunal Constitucional, TC, en la que todos sus miembros estuvieron de acuerdo en que como mínimo una treintena de preceptos del Estatut eran inconstitucionales), han emprendido una campaña desaforada para sacarlo adelante pese a quien pese.

A estos muñidores del democratismo radical -sección catalana- se les puede cuestionar su sinceridad democrática. Y su propia lógica. Por una sencilla razón: porque el rendimiento empírico de nuestra justicia constitucional no avala en absoluto sus impostadas quejas, sino más bien todo lo contrario. Es decir, que cuando este TC ha invalidado leyes aprobadas por la soberanía popular (y lo ha hecho varias veces), nunca ha sido para disminuir el autogobierno de los ciudadanos, sino para ampliarlo. Y sobran ejemplos.

Cuando el TC invalidó por inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana o de la patada en la puerta, ¿no incrementó nuestros derechos ciudadanos? Cuando el TC rechazó el decreto ley antiterrorista, ¿protegió o limitó nuestros derechos? Cuando declaró inconstitucional la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prohibió que el juez instructor fuera también el juez sentenciador, o vetó los juicios sin noticia previa, ¿nos trató como a menores de edad? Cuando el TC invalidó las limitaciones de derechos a los inmigrantes contenidas en sucesivas leyes de inmigración socialista y popular, ¿de verdad que jibarizó nuestra democracia? ¿O más bien la amplió un poco más?

Seamos serios: la ejecutoria de nuestro TC no recuerda para nada la del Tribunal Supremo de Estados Unidos del primer tercio del siglo XX, aquel tribunal que hizo un uso abusivo de ciertas cláusulas constitucionales para invalidar así cualquier legislación progresiva en materias sociales o económicas, llegando a provocar la directa amenaza de Roosevelt de reformarlo si no modificaba su actitud. Ningún tribunal constitucional europeo, desde la posguerra en adelante, se ha significado por funcionar como un reductor de autogobierno, sino todo lo contrario, como un potenciador de democracia. ¿A qué viene entonces este súbito ataque de esencialismo democrático en su contra?

Pero si hay un ejemplo patente de la contradicción flagrante en que caen los demócratas radicales -sección catalana- es el que proporciona la sentencia del Tribunal de 13/08/1983, que invalidó una Ley Orgánica aprobada con los votos de una supermayoría de representantes del pueblo en el Congreso y el Senado, en concreto la Ley Orgánica 30/06/1982. Aquella norma rechazada se llamaba (¿recuerdan?) "Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico" y fue recurrida ante el Tribunal por los partidos nacionalistas, que alegaban que congelaba y reconducía el desarrollo del Estado autonómico "de una manera inconstitucional". Incluso el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que ahora también se apunta a la eliminación del TC por antidemocrático, acudió a él en 1982 en demanda de protección democrática. Y el Tribunal Constitucional les dio la razón, y sobrepuso su propia interpretación de la Constitución a aquella que había hecho el pueblo soberano a través de sus representantes. ¿Dónde estaría hoy el Estatut si la mayoría hubiera sido soberana sin límites?

Cuando los nacionalistas y comunistas acudían al Constitucional en 1983, y exigían el amparo de la Constitución contra las decisiones legislativas de la inmensa mayoría de los representantes del pueblo español, ¿no estaban ellos mismos proclamando que la Constitución y su interpretación por el Tribunal eran la última instancia de legitimidad en nuestro sistema democrático? ¿Cómo es, entonces, que ahora argumentan que ni la Constitución ni el Tribunal pueden "jamás" ponerse por encima de la voluntad del Parlamento o del sentimiento de un pueblo? ¿Es que su ramplona concepción de la democracia depende del lado en que caigan sus intereses?

José María Ruiz Soroa

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Entrada núm. 1304 

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Bochorno y vergüenza

Caricatura del juez Baltasar Garzón

Se consumó la mayor afrenta a la democracia española desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Nunca pensé que se podrían repetir en mí los sentimientos de bochorno y vergüenza que sentí ese lejano día de hace 29 años. Y lo han consumado un juez instructor lunático, un Consejo General del Poder Judicial desprestigiado y un Tribunal Supremo en la inopia, con la inhabilitación y procesamiento del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por intentar que los crímenes del franquismo no quedaran impunes. Y todo ello con el aplauso y el apoyo indisimulado del principal partido de la oposición.

A pesar de todo, sigo creyendo en la grandeza de la democracia. Como dijo Pericles en la Atenas del siglo V a.C., "nuestro régimen político se llama democracia porque el gobierno no depende de unos pocos sino de la mayoría", y estoy convencido de que, finalmente, y más pronto que tarde, prevalecerá la justicia sobre la impunidad.

Les invito a leer el artículo que sobre el asunto escribe hoy en el diario El País, el magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, José Antonio Martín Pallín.  Y si lo desean pueden ver como el periodista Iñaki Gabilondo (CNN+) anunciaba el pasado 11 de febrero el procesamiento de Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes franquistas. Lo he puesto en la sección de vídeos. Sean felices a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

Forges y la Justicia

"UN JUEZ ANTE LA HISTORIA", por José Antonio Martín Pallín

ELPAIS.com  -  España - 14-05-2010

Algunas veces, la Historia entra en los Tribunales. Los crímenes del nazismo y del fascismo se sentaron en el banquillo de los acusados. La Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado el golpe militar que dio lugar a la guerra civil española y la instauración duradera de un régimen que, según declaran, tuvo el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista.

La victoria de los rebeldes dio paso a doscientos mil Consejos de Guerra sumarísimos, con más de cien mil sentencias de muerte. Los vencedores exterminaron extrajudicialmente a gran número de vencidos. Algunos consiguieron encontrar asilo y muchos otros vivieron un exilio interior, despojados de sus bienes y expulsados de sus cargos. Nunca pudieron reclamar sus derechos ante los tribunales.

Muerto el Dictador, una Ley de Amnistía (1977) ponía fin a la responsabilidad de los vencedores por hechos que toda la comunidad jurídica internacional calificaba como crímenes contra la humanidad. Los que pretendieron la revisión y anulación de los consejos de guerra fracasaron porque, como dijo la Sala Militar del Tribunal Supremo, se ajustaban al "ordenamiento legal vigente en aquella época".

La Ley de Amnistía (1977) y la llamada Ley de la Memoria Histórica (2007), verdadera Ley de Punto Final se esgrime como barrera infranqueable para restaurar los principios de justicia y reparación que propugna el propio legislador.

Los legisladores de la Ley de la Memoria Histórica abandonan la idea de la nulidad de los juicios franquistas, si bien conceden que sus tribunales eran ilegítimos, contrarios a derecho y vulneraban las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. El Comité de Derechos Humanos de Ginebra encargado de velar porque España cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos recuerda la obligación de derogar la Ley de Amnistía y declarar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.

Con estos precedentes, un juez español, Baltasar Garzón, universalmente conocido por el caso Pinochet, estima que existe una base jurídica para realizar la revisión jurídica de una historia criminal. Abre una causa en la que incluye ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada como crímenes contra la humanidad y el secuestro y entrega a los vencedores de treinta mil niños arrebatados a sus madres y familias. A la vista de la reacción del Tribunal Supremo, el Juez Baltasar Garzón podría clamar como el príncipe Segismundo: ¿Qué delito cometí contra vosotros juzgando?

El magistrado del Tribunal Supremo José A. Martín Pallín

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¡Feliz día, Europa!

Cartel Oficial Día de Europa 2010

9 de mayo: Día de Europa. Hoy hace justamente 65 años terminaba la II Guerra Mundial en territorio europeo con la rendición incondicional de Alemania ante las potencias aliadas. Ese mismo día,  solamente  cinco años después, el 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, presentaba solemnemente en París la denominada "Declaración Schuman", que significaba el comienzo del proceso de construcción de la Unión Europea. No es extraño, pues, que dicho día, el 9 de mayo, fuera declarado Día de Europa, convirtiéndose junto a  la bandera azul con las doce estrellas doradas y la "Oda a la Alegría" de Ludwig van Beethoven, como Himno, en el tercero de los símbolos oficiales de la Unión Europea.

Tampoco resulta extraño que se haya elegido precisamente este día de hoy para la presentación oficial del "Informe Europa 2030", sobre el futuro de la Unión Europea, que el Consejo Europeo de París de diciembre de 2007, encargara a un Grupo de Reflexión, presidido por el ex presidente del gobierno español Felipe González, y otras once personalidades europeas, entre las que se encuentran  Vaira Vike-Freiberga, ex presidenta de Letonia, Jorma Ollila, ex presidente ejecutivo de Nokia, Lech Walesa, histórico líder sindical anticomunista polaco y ex presidente de Polonia, o el italiano Mario Monti, ex comisario de Competencia. El grupo comenzó sus trabajos a finales de 2008, y en este año y medio de trabajo, los 12 sabios han mantenido 15 reuniones y escuchado la opinión de políticos e intelectuales como Jacques Delors, Pascal Lamy, Alain Lamassoure, Jean Pisani, Peter Sutherland o Antonio Vitorino. Lo iremos desmenuzando pormenorizadamente en entradas sucesivas.

Pueden ustedes leerlo en el enlace que he puesto más arriba. También, al final de este comentario, pueden leer la "Declaración Schuman" que dio inicio al proceso de constitución de la Unión hace ahora 60 años. También pueden ver más adelante la representación que la pintura barroca hizo de Europa, la joven fenicia divinizada tras ser seducida por Zeus. Y al inicio de este comentario  el diseño ganador del concurso para el Cartel oficial del Día de Europa 2010. Y al final del mismo la foto del ex presidente del gobierno español y presidente del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión, Felipe González. Y ya puestos, en la sección correspondiente pueden ver sendos vídeos: uno, en el que se relata en imágenes el proceso de desarrollo y conformación de la Unión, y otro en el que Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel y  Serrat, cantan al alimón el Himno de Europa: la "Oda a la Alegría" de Ludwig van Beethoven.

¡Feliz día, Europa!. Sean felices, por favor. Tamaragua, amigos. HArendt

Representación barroca de la diosa Europa

"Texto de la "Declaración Schuman" (París, 9 de mayo de 1950)"

La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan.

La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra.

Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania.

Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero decisivo.

Modelo - Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa.

La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas.

La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La creación de esa potente unidad de producción, abierta a todos los países que deseen participar en ella, proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los cimientos reales de su unificación económica.

Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Europa podrá, con mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas esenciales: el desarrollo del continente africano. De este modo, se llevará a cabo la fusión de intereses indispensables para la creación de una comunidad económica y se introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas.

Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz.
Para proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés está dispuesto a iniciar negociaciones según las siguientes bases.

La misión encomendada a la Alta Autoridad común consistirá en garantizar, en el plazo más breve posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el suministro, en condiciones idénticas, del carbón y del acero en el mercado francés y en el mercado alemán, así como en los de los países adherentes; el desarrollo de la exportación común hacia los demás países; la equiparación y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de esas industrias.

Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran actualmente las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter transitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplicación de un plan de producción y de inversiones, la creación de mecanismos de estabilidad de los precios y la creación de un fondo de reconversión que facilite la racionalización de la producción. La circulación del carbón y del acero entre los países adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier derecho de aduanas y no podrá verse afectada por tarifas de transporte diferenciales. Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que garanticen espontáneamente una distribución más racional de la producción y el nivel de productividad más elevado.

La organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas y el mantenimiento de grandes beneficios, garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción.

Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado firmado entre los Estados. Las negociaciones indispensables para precisar las normas de aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya misión consistirá en velar por que los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de desacuerdo insalvable, decidirá la solución que deba adoptarse.

La Alta Autoridad común, encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará compuesta por personalidades independientes designadas sobre bases paritarias por los Gobiernos, quienes elegirán de común acuerdo un presidente. Las decisiones de la Alta Autoridad serán ejecutivas en Francia, en Alemania y en los demás países adherentes. Se adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar las vías de recurso necesarias contra las decisiones de la Alta Autoridad.

Un representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de hacer, dos veces al año, un informe público a la ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, en particular por lo que se refiere a la salvaguardia de sus fines pacíficos.

La creación de la Alta Autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de las empresas. En el ejercicio de su misión, la Alta Autoridad común tendrá en cuenta las facultades otorgadas a la autoridad internacional del Ruhr y las obligaciones de todo tipo impuestas a Alemania, mientras éstas subsistan.

Felipe González, presidente del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea

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