Después de mi entrada del pasado 7 de febrero, "Servidumbre y grandeza de la democracia", que concluía con una apelación a esperar la resolución final de los jueces, no tenía la menor intención de volver a escribir sobre el asunto de Sortu, el grupo político de la izquierda radical vasca al que la ha sido denegada por el Tribunal Supremo su inscripción como partido y con ello la posibilidad de presentarse a las elecciones locales del próximo mes de mayo. Un hecho reciente, la manifestación de ayer sábado en Madrid de diversas asociaciones de víctimas del terrorismo contra toda posible legalización de Sortu, me anima a plantear de nuevo algunas consideraciones al respecto.
Sobre la manifestación de ayer quisiera dejar constancia de mi respeto por las asociaciones convocantes de la misma pero también de mi desasosiego por los insultos al gobierno, que no por esperados y reiterativos, dejan de ser preocupantes por lo que tienen de demagógicos y sobre todo de falsedad al acusarle de complicidad con los terroristas. Que lo digan los manifestantes, puede admitirse porque forma parte del guión; que lo piense y lo diga el partido que aspira a sustituir al gobierno de la nación en 2012 resulta desvorgonzado pero sobre todo clarificador sobre el concepto de democracia que manejan algunos dirigentes del PP.
Desde mis profundas convicciones federalistas siento una animadversión rayana en el desprecio por el nacionalismo radical e independentista, pero ese juicio moral (o prejucio, si lo prefieren así) por mi parte, no puede ser óbice para reafirmarme en los criterios que exponía en la entrada citada del blog. Me gustaría reproducir una frase del político frances Georges Clemencau, pronunciada a finales del siglo XIX en relación con el afer Dreyfus: "Cuando se infringen los derechos de uno se infringen los derechos de todos". ¿Esa afirmación presupone por mi parte reconocer a Sortu su derecho a participar en política siempre que respete la legalidad vigente? Por supuesto que sí. Me remonto al Derecho Romano, y en concreto al Digesto (Aranzadi, Pamplona, 1968) de Justiniano, publicado el año 533 d.C., base y fundamento del derecho civil occidental, en el que se recoge el famoso aforismo "In dubio pro reo" (Digesto: L, 17, 155), obviado por el Tribunal Supremo en su sentencia a juicio de siete de los dieciséis magistrados de la Sala 61 que ha dictado la resolución denegando la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos.
No voy a entrar en el análisis material del contenido de la sentencia mayoritaria ni del voto particular de los magistrados discrepantes de la misma. De cualquier modo se trata de una resolución de indudable importancia jurídica porque es la primera vez que una minoría de nada menos que un 44% de los magistrados de una Sala del Tribunal Supremo anteponen la primacía de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a los ciudadanos, entre ellos el de participar en política mediante la formación de partidos, a cualquier otra consideración legal o de oportunismo político.
Les confieso con cierto pudor que el desencadenante, trivial y anecdótico, que me ha empujado definitivamente a publicar este entrada tan políticamente incorrecta ha sido una película vista esta misma tarde por televisión: "Cinco minutos de gloria", un film del año 2009 del cineasta alemán Oliver Hirschbiegel, interpretado por Liam Neeson y James Nebit, sobre la violencia política y terrorista que asolaba Irlanda del Norte hace una treintena de años, pero también, conseguida la paz, sobre la necesidad del perdón y del olvido. Sino somos capaces de entender algo tan sencillo como esto es que no hemos entendido nada...
Sean felices a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
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