Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos)
El mercado laboral y la organización territorial han sido las materias en las que el PSOE y Ciudadanos han tenido que esforzarse más para llegar a un acuerdo. El partido de Albert Rivera ha cedido en abandonar la defensa del contrato único en tanto que el PSOE accede a cuestionar el papel de las Diputaciones, aunque chirríe por amplios sectores regionales y provinciales de su partido. Ciudadanos renuncia al contrato único y se queda con la propuesta del PSOE.
El ajuste del modelo de contratación ha consumido muchas de las horas empleadas por los negociadores del PSOE y de Ciudadanos. También la redacción final sobre el futuro de las Diputaciones, que se sustituirán por Consejos Provinciales de Alcaldes. Este cambio ha sido el máximo al que ha podido llegar el PSOE, pero es suficiente para Ciudadanos al estimar que en la práctica supondrá un borrón y cuenta nueva, ya que estos nuevos organismos quedarán para el servicio solo de los Ayuntamientos pequeños que necesitan la ayuda de un órgano superior.
Tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez han firmado el acuerdo con la pretensión de que el contenido del mismo pudiera ser aceptado tanto por la derecha como por la izquierda; no en su totalidad pero sí en aspectos relevantes. Desde luego creen posible un acuerdo casi unánime en torno a las cinco propuestas de reforma constitucional.
Estos son algunos de los puntos del acuerdo, que puede leerse completo en este enlace:
El contrato indefinido se mantiene tal como ahora está y es en el contrato temporal donde se darán los cambios. Este queda limitado a dos años y se incrementa la indemnización por despido en el segundo. Asimismo, se mejoran los incentivos para que estos contratos se conviertan en indefinidos.
En la parte laboral del acuerdo entre Sánchez y Rivera se aprecia parte de la base que había en el programa electoral del Partido Socialista. En él ya se hablaba de una simplificación en los modelos de contratos hasta dejarlos en tres: formativo, temporal e indefinido. Esto es lo que recoge el pacto con un matiz importante, el modelo temporal tendrá un diseño que permite la indemnización creciente en el contrato único que proponía Ciudadanos en su programa electoral. Este contrato tendrá 12 días de indemnización en el caso de un despido justificado y ajustado a derecho en el primer año, 16 en el segundo y a partir del tercero, cuando tendrá que convertirse en indefinido tendrá 20. Habrá otra escala de 20, 25 y 33 días si la rescisión es improcedente, con lo que se salva la posible inconstitucionalidad de la medida.
Se mantiene la propuesta socialista de redactar un nuevo estatuto de los trabajadores y cambiar/derogar la reforma laboral del PP en dos tiempos. Incluso en su retórica, contiene lenguaje propio del PSOE y de los sindicatos en los últimos años, habla de “recuperar los derechos perdidos de los trabajadores”. En este último punto, el primero en el tiempo, están las medidas pactadas sobre la negociación colectiva. Estas, aunque a medio camino de lo que propuesto por el PSOE, suponen cambios muy sustanciales de la reforma, reequilibrando las posiciones de sindicatos y empresarios (los convenios colectivos de empresa pierden jerarquía frente a los sectoriales cuando se trata de salarios y jornada).
El pacto sanitario alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos proclama “restablecer la universalidad del Sistema Nacional de Salud”, que dejó de ser universal con el decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, al dejar a los inmigrantes irregulares en España sin tarjeta sanitaria. Se trata de un compromiso que llevaba el PSOE en su programa electoral para las elecciones generales, en contraposición con Ciudadanos. El acuerdo señala, así, que serán titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, “los extranjeros inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, y los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España, en las mismas condiciones que los españoles”. Es decir, se vuelve a la situación anterior del decreto de Rajoy, que modificó la ley para que no bastara con inscribirse en el padrón municipal para recibir la asistencia. El resto de los extranjeros que se encuentren en España sin estar inscritos en el padrón tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente. Las embarazadas serán atendidas durante el embarazo y parto.
El acuerdo entre socialistas y Ciudadanos señala también que se garantizará que el copago farmacéutico “no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad”, aunque no detalla de qué forma.
El PSOE y Ciudadanos han decidido soslayar en su acuerdo dos puntos controvertidos en los que no coincidían pero a los que no quieren renunciar. Ambos partidos se reservan la posibilidad de impulsarlos por su cuenta. En el caso de los socialistas, su intención de revertir la reforma que hizo en solitario el Gobierno del PP de la ley del aborto para obligar a las menores de 16 y 17 años a tener el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo.
En el caso de Ciudadanos, su voluntad de legislar sobre la maternidad subrogada, el llamado "vientre de alquiler", para permitir que, mediante contrato, una mujer puede llevar el embarazo de otra persona, el llamado padre o madre intencional. En España este tipo de contratos son nulos de pleno derecho. No así en otros países, como Estados Unidos, Rusia o México, donde se considera una técnica más de reproducción asistida.
EL PSOE y Ciudadanos acuerdan poner en marcha un incremento del permiso de maternidad y paternidad, pasando de las 18 semanas actuales a 26. Este permiso será de ocho semanas intransferibles tanto para el padre como para la madre. Sin embargo, la distribución de las 10 semanas restantes será "opcional entre la madre y el padre". Se evita así adoptar la medida reclamada por las asociaciones de mujeres de que ambos permisos fueran intransferibles por completo, para evitar que al final sean siempre las mujeres quienes se acojan a la totalidad del permiso, con el posible menoscabo para su carrera profesional.
Ciudadanos se mostró contrario durante la campaña electoral de la pena agravada para los hombres que cometen delitos de violencia de género que se introdujo en la ley de 2004 y que validó el Tribunal Constitucional en 2008. En el documento de 66 páginas que recoge el acuerdo de Gobierno con el PSOE, sin embargo, se hace una defensa de dicha norma —“un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o excompañero sentimental”—, aunque ambos partidos se comprometen a actualizarla promoviendo un pacto institucional contra la violencia machista.
Según ese pacto, se ampliaría la ley para que acogiera también otras formas de violencia contra la mujer, como la trata de personas, la mutilación genital femenina o los llamados crímenes de honor. También se ampliarían las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y la asistencia social a las víctimas por parte de comunidades autónomas y Ayuntamientos. En los juzgados especializados se crearían unidades de acompañamiento judicial especializado para asesorar a las afectadas y se crearían protocolos de intervención también para las mujeres que retiran sus denuncias o que no llegan a presentarlas.
Ambos partidos han pactado aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, que debe “establecer un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas”. Y han acordado que para ello “se revisarán los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica”. El PSOE llevaba la revisión de los acuerdos con el Vaticano en su programa, como ya hiciera en los anteriores aunque en esta ocasión se aseguraba que "se cumplirá", dado que con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se llegó ni de lejos a lo que decía el programa.
El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos incluye una reforma total del funcionamiento del Congreso y el Senado, permitiendo la intervención individual de diputados en el Pleno, la mejora del control a los miembros del Gobierno, la imposibilidad de bloquear peticiones de comparecencia del presidente y de creación de comisiones de investigación e investigación de los datos de intereses y bienes aportados por los parlamentarios.
Se propone que las Comisiones de Investigación sean a solicitud de una minoría cualificada de la Cámara y “la obligación de veracidad de los comparecientes en estas comisiones”. En este momento la mayoría lo puede bloquear.
Para los debates el documento plantea que haya “tiempos y momentos de intervención, de condiciones equilibradas entre los parlamentarios y los miembros del Gobierno” y “establecer, con carácter general, la previsión de réplicas entre los intervinientes en todos los debates, así como de un último turno de los autores de las iniciativas para contestar a los demás intervinientes”.
El apartado dedicado a la “transición energética y lucha contra el cambio climático” el PSOE suaviza su posición con respecto a la fractura hidráulica, la polémica técnica para extraer hidrocarburos a través de la inyección de productos químicos y agua a presión en los pozos. En el programa del PSOE se hablaba de prohibir el fracking. En el texto del acuerdo con Ciudadanos, se fija “establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica”. Lo que sí se recoge tal y como figura en el programa de los socialistas es “restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos”.
El documento sí asume el compromiso, plasmado en el programa del PSOE, del “cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil”. En el corto plazo esto supone que Garoña no podría reabrir y que todas las centrales que están ahora en funcionamiento en España tendrían que cerrar la próxima década.
PSOE y Ciudadanos también proponen cambiar el decreto por el que se aprobó el “impuesto al sol” en el autoconsumo eléctrico y apuestan por el “balance neto”, que permite a los consumidores que son productores recuperar la energía que sueltan a la red sin costes adicionales. Las dos formaciones se comprometen también a realizar una “auditoría sobre los costes” de la tarifa eléctrica y a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
(Información de Fernando Garea, Natalia Junquera, Elsa García de Blas, Rafa de Miguel, Manuel V. Gómez, Álvaro Sánchez, y Manuel Planelles, para El País).
Que la Fuerza les acompañe. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
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Entrada núm. 2622
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