Mostrando entradas con la etiqueta T.Rabtan. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta T.Rabtan. Mostrar todas las entradas

martes, 16 de enero de 2018

[A VUELAPLUMA] Paranoias constructivas sobre la justicia






Hace unos días, comenta en El Mundo el inclasificable y polémico escritor español que se esconde bajo el seudónimo de Tsevan Rabtan, este periódico alababa el "ejercicio de transparencia" de la Guardia Civil tras la rueda de prensa de algunos de sus mandos sobre la muerte de Diana Quer y la detención de Enrique Abuín. En ese editorial, se reflexionaba sobre quejas por diferentes tipos de limitaciones legales que habrían lastrado la investigación.

Cierto es que resulta preferible que la información proceda directamente de fuentes confiables, dice Rabtan, con nombres y apellidos, y no de rumores aderezados con referencias a "fuentes de la investigación" o fórmulas similares, tantas veces simple cortina para la mala praxis, pero también lo es que esa rueda de prensa fue un error. Asistimos, en boca de autoridades que gozan de la confianza de la ciudadanía, a un desglose minucioso de los detalles de un asunto judicializado y en fase de investigación, al dibujo de un personaje siniestro al que se mencionaba permanentemente por su apodo, con una intensidad acusatoria tal que habrá contaminado a cualquier ciudadano que tenga que hacer de jurado. El mensaje final casi consistía en una sentencia condenatoria.

Los medios no criticarán ese humanamente comprensible ejercicio de vanagloria y tampoco insistirán demasiado en los excesos y embustes publicados. Tampoco los españoles que hozaban en las historias de la familia Quer van a perder el tiempo limpiándose los hocicos, ocupados como están ahora en indignarse por las atrocidades cometidas por el detenido y clamando por un castigo ejemplar. Pero tampoco parece que el debate abierto sobre esas supuestas carencias de nuestro sistema sea muy fructífero. El archivo inicial del juez en el caso Quer no fue motivado por los plazos máximos de instrucción introducidos en 2015, sino porque no existían ni indicios, solo sospechas. Los procesos penales en España duran demasiado, provocando un sufrimiento real a miles de personas. Pero lo cierto es que la reforma, aunque necesaria, terminó incluyendo tantas puertas traseras (declaración de complejidad, prórrogas, fijación de plazos máximos, inexistencia de consecuencias automáticas en caso de exceso, etc.) que, en la práctica, seguimos igual. Normal: el problema secular, estructural y presupuestario de la justicia española no se resuelve cambiando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cuanto al complejo y capital asunto de la futura legislación europea (y, por tanto, nacional) sobre conservación de datos obtenidos por el uso de las telecomunicaciones, hay que hacer algo de memoria. Los delitos violentos han ido disminuyendo y España se encuentra entre los países con mejores estadísticas en esta materia. Los seres humanos de hoy, sin embargo, y pese a todo el avance cultural y civilizatorio, compartimos instintos con los de hace milenios, y nuestra primera reacción es la venganza. La ley nació para canalizarla, pero pronto descubrimos su cara oculta: no era neutro investigar de una u otra forma, o imponer uno u otro castigo. Aprendimos que, al ceder la venganza al Estado, le regalábamos un instrumento poderosísimo de opresión.

Jared Diamond parió el concepto "paranoia constructiva" para referirse a una reacción preventiva aparentemente exagerada: el viajero que llega a las tierras altas de Nueva Guinea se ríe del nativo que, cuando duerme al raso, no lo hace bajo un árbol, porque a veces las ramas se tronchan, caen y te rompen la crisma. Un asesino múltiple es un problema minúsculo comparado con un Estado totalitario. Lo es incluso cuando tratamos con delincuencia organizada o grupos terroristas. Recordemos la Alemania nazi o la mayor parte de los regímenes comunistas. Recordemos los excesos durante el macartismo en un país en el que regían sobre el papel todo tipo de garantías y balances. Sí, puede que parezcamos paranoicos cuando nos asustamos porque las autoridades estatales accedan, en palabras del Tribunal de Justicia de la UE, a datos que "(...) permiten ... saber con qué persona se ha comunicado un abonado o un usuario registrado y de qué modo, así como determinar el momento de la comunicación y el lugar desde la que ésta se ha producido... y... la frecuencia de las comunicaciones... con determinadas personas durante un período concreto (...) [lo que puede] permitir extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas..., como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o temporales, los desplazamientos diarios u otros, las actividades realizadas, sus relaciones sociales y los medios sociales que frecuentan". Al fin y al cabo, las directivas de la UE son normas que proceden de instituciones democráticas, los datos sólo se ceden si lo autoriza un juez y los que los van a utilizar son los que luchan contra los malos, como la Guardia Civil.

Pero esa paranoia es una paranoia constructiva. Es la que instituyó el derecho al secreto de las comunicaciones, a la libertad de expresión, a la inviolabilidad del domicilio, al habeas corpus. El Tribunal de Justicia de la UE, en las sentencias de 2014 y 2016 sobre la cuestión, lo explica: para garantizar que el acceso de las autoridades a estos datos se limite a lo estrictamente necesario, no basta con exigir que la conservación y acceso lo sean para luchar en abstracto contra la delincuencia, sino que hay que fijar requisitos materiales y procedimentales que lo limiten a los que planean, van a cometer o han cometido un delito grave. Solo se exceptuó, en la sentencia de 2016, los casos de terrorismo, por razón de seguridad nacional. Más aún, el control ha de ser previo, basarse en una solicitud motivada en el marco de procedimientos penales y contar con garantías para los afectados, a fin de que ejerciten su derecho a la tutela judicial efectiva.

Aunque exista un único populismo, se puede afirmar que hay diferentes discursos populistas. Hay discursos populistas de izquierda y de derecha. La agravación de las penas y la concesión a las fuerzas de seguridad -que siempre quieren más- de instrumentos invasivos para la persecución de la delincuencia, son ejemplos de un populismo de derechas -con la excepción de la violencia contra las mujeres, que es transversal-, aunque cínicamente hayan sido los regímenes totalitarios de izquierdas los que hayan transitado de forma más "científica" ese camino infame. Así sucede también con la banalización de las penas en España (mucho más intensas y aflictivas de lo que la mayoría de la gente cree), algo que es evidente en la visceral discusión pública sobre la prisión permanente revisable. Lo cierto es que esta pena, que puede que sea constitucional y ajustada a la legislación europea, conforme resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se introdujo en nuestra legislación, que ya contemplaba penas de hasta 40 años de prisión, sin un acuerdo adecuado y precipitadamente. Ya en el siglo XIX los tratadistas españoles desconfiaban de la cadena perpetua, a la que algunos consideraban incluso peor que la pena de muerte, por la desesperación para el reo de una pena sin fin. Aunque estos peros se salvan por la posibilidad de su revisión, los plazos mínimos de cumplimiento son tan largos, que es comprensible que muchos crean que esta es una justificación formal para una pena exclusivamente retributiva. Más aún, se da un cierto doble lenguaje, ya que se supone que la pena es constitucional porque se prevé la rehabilitación del reo, pero a la vez se defiende que se necesita porque hay reos irrecuperables. Por todo esto, y porque tenemos que buscar respuestas inteligentes, si de lo que hablamos es del miedo a la reincidencia, utilizando los recursos tecnológicos, cada vez más sofisticados, es por lo que el debate grosero sobre esta cuestión al calor de la indignación popular y del rédito político que puede obtenerse es siempre inadecuado.

Mi consejo es sencillo: sigamos siendo paranoicos. Dormir bajo las ramas del Estado puede ser peligroso y los antiguos nos han enseñado cuántas veces esas ramas terminan aplastando nuestra libertad.



Dibujo de Sean Mackaoui para El Mundo



Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: vámonos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt



HArendt






Entrada núm. 4198
elblogdeharendt@gmail.com
La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

sábado, 21 de octubre de 2017

[A vuelapluma] Especial Cataluña: La llave de la casa es de todos, no solo vuestra





Tsevan Rabtan es el seudónimo de un polemista y polémico escritor y jurista español, inclasificable dentro de la fauna escribidora nacional. Hace unos días publicaba en el diario El Mundo un valiente artículo sobre la democracia, la libertad y el concepto de ciudadanía que comparto plenamente. Ni que decir tiene que es el mejor análisis que he leído en mucho tiempo sobre lo que está pasando en Cataluña. Y por supuesto, de la solución del problema, que no es otra que garantizar el imperio de la Constitución y de la ley, sin contemplaciones, componendas ni paños calientes. Caiga quien caiga. Y cuando se haya garantizado lo anterior, cambiamos todo lo que haya que cambiar, pero todos juntos, porque como dice el autor del artículo la llave de la casa, de España, es de todos los españoles, no del gobierno, ni del parlamento, ni de los políticos, ni mucho menos de los independentistas catalanes, ni de los pirómanos lunáticos de Podemos y sus compañeros de viaje: ¡ES DE TODOS! ¿Queda claro? ¡DE TODOS!...

Luis Felipe I de Francia, comienza diciendo, pocos meses antes de la revolución que lo destronó, era como el hombre que se niega a creer que su casa está en llamas porque lleva la llave en el bolsillo. Esta frase de Tocqueville, descripción de la inacción del monarca, podría valer para el Gobierno de Rajoy, si no fuera porque ni la casa es de Rajoy, ni el presidente del Gobierno, por importante que sea su puesto, tiene la única copia de la llave. Esa es una más de las ventajas de la democracia, aunque los ciudadanos nos olvidemos a menudo de ello. El Estado democrático nos pertenece, nuestra escritura se llama Constitución y ordenamiento jurídico, y los poderes públicos son sus administradores. No son los diputados, ni los ministros, ni los líderes de los partidos, ni los jueces los que deciden sobre qué se puede hablar o cómo o sobre qué se puede decidir. Son los ciudadanos. Pero cuidado con la simplificación. El de ciudadano es un concepto a menudo malinterpretado. Muchos creen que se identifica sin más con los individuos concretos, hombres y mujeres. Pero esto es un error. La ciudadanía no es simple resultado del nacimiento, de la existencia, sino que es algo más: es un producto de la ley. Sin el edificio legal, no somos ciudadanos. La ley democrática nos protege del Estado, a los unos de los otros y a todos de las veleidades de las tiranías mayoritarias, de la turba. Por eso son ciudadanos, lo siguen siendo, aquellos que trabajaron para construir nuestra democracia, aunque hayan muerto; por ello se comportan como si no lo fueran los que nos pretenden expropiar del derecho a que cualquier cambio legal se efectúe únicamente conforme al procedimiento establecido en la propia ley. Nuestros padres siguen vivos en lo que construyeron y nosotros, como sus herederos, asumimos todos los derechos y todas las obligaciones que nos legaron: entre ellos el de hacer política, incluyendo el cambio de la ley, solo dentro de la ley. Nuestra obligación es ceder este patrimonio intacto y enriquecido a nuestros hijos. Por desgracia, llevamos mucho tiempo permitiendo que el ácido corroa los cimientos. Los primeros que lo esparcieron fueron los políticos corrompidos que se creían impunes, hasta el punto de trasladar esa creencia a muchos de nuestros conciudadanos. El daño ha sido terrible. Más tarde se unieron los que vieron en la última crisis la oportunidad de destruir el sistema desde dentro, utilizando la mentira, la exageración y la propaganda sentimental al hacerse pasar por la supuesta voz del pueblo o de la gente, esa inexistente construcción populista. Los últimos han sido los secesionistas, los seguidores fanáticos de la religión nacionalista, el peor cáncer padecido por Europa, causa de la muerte de millones de personas.

En todos los casos citados, hay un elemento común: el incumplimiento de la ley. Pero en los dos últimos, el incumplimiento no es vergonzante. El corrupto intenta que no le pillen, es clandestino. Cuando le cogemos con las manos en la masa y actúa la justicia, la enfermedad no contamina al sistema sino que lo hace más fuerte. Pero esta profilaxis es imposible cuando el que lo socava se enorgullece de ello y actúa abiertamente. Por esta razón, si la discrepancia no es simplemente ideológica o programática dentro de los límites de las instituciones que nos amparan, sino que afecta a su misma existencia, el diálogo no solo es peligroso, sino que es moralmente reprobable. El diálogo político y civil solo debería admitirse con quien nos reconoce como iguales, como ciudadanos, con quien no se atribuye privilegios. Si hoy hay un golpe de Estado en Cataluña y una masiva comisión de delitos y tropelías, no lo es por falta de diálogo, sino por la corrupta idea de que es admisible discutir y pactar con los que incumplen abiertamente la ley. Esa idea se ha ido instalando y llevando a la práctica, y ha alimentado un proceso en el que unos diseñaban una voladura de nuestro sistema, mientras los otros se parapetaban atemorizados detrás de simples declaraciones de intenciones, aplazando la respuesta. La casa es nuestra. Las normas que nos dimos los españoles no pertenecen a los políticos sino a todos. Todos, uno a uno, somos los dueños del proceso de cambio constitucional y de las libertades que nos protegen. Por eso, los que queremos que la ley se cumpla teníamos y tenemos derecho a que no se utilizase tácticamente, como una simple posibilidad cuando es un imperativo. Sin embargo, muchos han jugado al realismo para aparentar una cínica sofisticación: nos han dicho que una ley inconstitucional puede ser constitucional si nadie la recurre, aunque hieda. O que un Gobierno puede utilizar, en fraude de ley, por la puerta trasera, mecanismos abiertamente inconstitucionales como un referéndum que tuviese por objeto una modificación de la propia Constitución, sin utilizar el procedimiento previsto, para construir una legitimidad amorfa que justificase una especie de automatismo posterior. 

Esa discrecionalidad ya ha sido una corrupción de baja intensidad. Si el Gobierno de España y el Senado hubieran cumplido su obligación hace dos años, cuando se aprobó en el parlamento de Cataluña un plan secesionista y golpista, y hubieran aplicado el artículo 155 de la Constitución, no habríamos tenido que presenciar como algunas autoridades del Estado y servidores públicos se apropiaban, el infame 1 de octubre pasado, de nuestra casa común, que no es el territorio, las piedras, los ríos o las cordilleras, o una parte de ellas, ni siquiera sus lenguas, sus tradiciones o sus costumbres. La casa común es una idea, una patria intelectual, un reglamento para la discusión ordenada y civilizada.

En Vencedores o vencidos, la película de Stanley Kramer, el arrepentido juez nazi, Ernst Janning, le pide al hombre que lo ha condenado a prisión que le crea cuando dice que nunca quiso que se llegase a eso, a los millones de muertos del nazismo. «Se llegó a eso, Herr Janning, la primera vez que usted condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente», responde el personaje protagonizado por Spencer Tracy. Esta frase es falsa porque es literatura. Sin embargo, nos dirige hacia una verdad: cada vez que cedemos y aplicamos laxamente o inaplicamos la ley porque pensamos que conviene o porque alguien pide que se atienda a sus sentimientos o deseos, debilitamos la estructura. Un día, el edificio no resiste más y se hunde, aplastándonos. Ese día dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en tribu.

Si queremos que nuestra patria intelectual resista no podemos ceder a la tentación de pactar que la ley no se aplique para evitar supuestos males mayores, convirtiendo a los golpistas en interlocutores y cediendo al chantaje. Se supone que esta enseñanza la habíamos comprado pagando un enorme precio histórico, pero la infantilización galopante producto de las expectativas frívolas de generaciones que no han tenido una experiencia directa del autoritarismo han extendido paradigmas estúpidos y peligrosos. Naturalmente, la inercia de la realidad siempre se impone, pero la pregunta es si vamos a dejar que se imponga por su empuje bruto o vamos a encauzarla. En ambos casos habrá sufrimiento. Esto no es un videojuego; no va a salir gratis. Lo único que aún podemos limitar es el coste. Si aplicamos la razón y restauramos la ley ya, sin concesiones, el coste será menor aunque inmediato. Si dejamos que la gangrena aumente y enviamos el mensaje de que alguien va a beneficiarse de saltarse la ley, el coste será mayor y se extenderá por generaciones. Yo defiendo que actuemos como adultos.Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal 



Dibujo de Javier Olivares para El Mundo


Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt



HArendt






Entrada núm. 3939
elblogdeharendt@gmail.com
La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)