lunes, 1 de junio de 2009

Miedo a la libertad

En 1973 la escritora norteamericana Erica Jong escribió una novela que es ya un clásico de la literatura erótica feminista. Se titulaba "Miedo a volar" (Plaza & Janés, Barcelona, 1992). Y es evidente que no se refería con ese título a lo denominado por los psicólogos como aerofobia, sino que constituía una metáfora sobre el miedo de muchas mujeres a vivir en libertad, sin dependencia psicológica, emocional, física o material del hombre-macho. Pero no voy a hablar de ese miedo ancestral, sino de libertades generales, colectivas, de todos, que nos afectan individualmente.

¿Le tenemos miedo los españoles a la libertad? A pesar de las aparentes pruebas históricas en contrario, yo diría que sí. Y me atrevería a más, no sólo le tenemos miedo: le tenemos pavor. El "¡Vivan las caenas!" de nuestros absolutistas de principios del siglo XIX sigue omnipresente en nuestra vida cotidiana. Y eso en la patria del anarco-sindicalismo ácrata. O quizá precisamente por eso: porque a los españoles se nos cae la boca reclamando a voz en grito "nuestro derecho a" o el "yo tengo derecho de"... El individualismo tiene carácter hispano. Pero el reconocimiento de ese mismo derecho a "los otros", es ya otro cantar.

Todo esto viene a cuento de la polémica suscitada por el proyecto de ley enviado por el gobierno a las Cortes sobre la modificación de la Ley del Aborto, en línea con los países de nuestro entorno. Que se oponga la jerarquía católica, me parece normal e inobjetable, siempre que no pretenda imponer su opción al resto de los ciudadanos que ni son ni se sienten católicos, o que simplemente mantienen una posición contraria a la de la jerarquía en ese asunto. Que las secunde el cabeza de lista del partido popular español al Parlamento europeo, me parece reaccionario, pero es lo que hay.

La oposición del partido popular al proyecto de ley, se centra mucho más en el derecho que se reconoce a las españolas mayores de 16 años, pero menores de edad legal, a abortar sin consentimiento paterno, que en el asunto específico de los plazos. Y según las encuestas, la mayoría de los españoles tampoco están por la labor de reconocer a las jóvenes mujeres españolas ese derecho.

Precisamente hoy leo en el blog del cronista parlamentario Fernando Garea, "El Patio del Congreso", el último de sus comentarios, titulado "Bibiana Aído y el Tribunal Supremo británico", que hace referencia a un caso muy similar al del controvertido supuesto impugnado por el partido popular, y resuelto por el Tribunal Supremo en favor del derecho de las jóvenes británicas para abortar sin permiso ni conocimiento paterno. Pueden leerlo más adelante.

Respecto a las también polémicas declaraciones de monseñor Cañizares de hace unos días, afirmando que el reconocimiento del derecho al aborto es mucho más condenable y execrable que los cientos de casos de corrupción de menores por parte de religiosos, sacerdotes y jerarcas de la iglesia católica que salen a cada día a la luz pública en todo el mundo, no acabo de entender las razones del asombro. Por simple cuestión fisiológica, los sacerdotes, religiosos y jerarcas de la iglesia católica no pueden abortar, así que no es su problema, y por eso hablan de él desde la altura, presunta, de su posición ética. El abuso y corrupción de menores, la sodomización de niños y jóvenes seminaristas por parte de sus miembros, y el silencio y amparo de los culpables por parte de la cúpula eclesial, sí que lo es, así que, mejor no menearlo, dice monseñor. Yo lo llamaría cinismo e hipocresía, pero en fin, allá ellos.

La viñeta gráfica del humorista Romeu que reproduzco está tomada de El País de ayer. Los datos sobre la novelista Erica Jong pueden verse en la siguiente dirección electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/Erica_Jong. Las citas sobre ediciones concretas de libros se hacen bajo referencia a ejemplares de los mismos en la biblioteca personal del autor del blog. Sean felices. Tamaragua, amigos. (HArendt)









"Bibiana Aído y el Tribunal Supremo británico", por Fernando Garea

Pregunta aparentemente complicada: ¿Qué tienen en común Bibiana Aído y el Alto Tribunal de Londres e Inglaterra, el equivalente al Supremo español?

La respuesta tiene que ver con la controversia provocada por uno de los pocos proyectos de ley que la extremada sequía legislativa del Gobierno de Zapatero enviará al Congreso: la ley del aborto.

Quienes están en contra de todo tipo de abortos han puesto el grito en el cielo porque se permita a las mujeres de entre 16 y 18 años decidir por sí mismas si quieren ser madres en contra de su voluntad. Como si para ellos el problema fuera la edad de decisión y no el aborto mismo.

Se ha presentado la reforma como la decisión de una ministra inexperta que hace incursiones permanentes en jardines dialécticos difíciles de sostener. Es decir, algo así como meter en la ridiculización de las frases de una ministra el anteproyecto de ley y atribuir el texto a un supuesto nuevo error de la titular de Igualdad.

Sin embargo, hasta donde alcanza la documentación, Aído no ha sido nunca ministra en Alemania, Francia, Bélgica, Rumanía, Portugal, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa, Holanda y Suecia. Y en todos esos países hay ley de plazos como la que se quiere aprobar en España con muchos años de retraso. Y en muchos de ellos ha habido gobiernos conservadores.

El 23 de enero de 2006, el juez Stephen Silber, del Supremo británico, emitió una sentencia en la ratificó la norma que permite a las mujeres de 16 años abortar sin conocimiento de los padres. Aclaro que la norma en vigor en Gran Bretaña (un país bárbaro y desalmado) no habla de permiso, sino de conocimiento, que aquí por la vía de la ley de autonomía del paciente será posible sí el médico cree que hay peligro.

O sea, que si la ley española permitiera que los padres obligaran a una mujer a concluir un embarazo no deseado, se mantendría la posibilidad de viajar a Londres, como ocurría hace muchos años, a abortar sin necesidad de permiso paterno.

El juez Silber, que no conoce si quiera a Bibiana Aído, sentenció que ningún padre tiene derecho a saber si su hija quiere abortar y que forzar a una chica a revelarlo a sus progenitores «puede llevarla a adoptar una decisión que lamente más tarde o a buscar la asistencia» en un centro abortista «no oficial». La sentencia merece la pena y explica que no es una ocurrencia de una ministra.

Se da por hecho que en el trámite parlamentario se pueda precisar las condiciones y circunstancias en las que se pueda informar a los padres. Pero para debatir conviene diferenciar entre consentimiento y conocimiento de los padres.



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