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domingo, 17 de noviembre de 2019

[ESPECIAL DOMINICAL] La reforma del Estado



Dibujo de Eva Vázquez para El País


El Especial de cada domingo es un A vuelapluma diario con un poco más de extensión, profudidad y rigor, que subo al blog cada fin de semana con la eperanza de que los lectores tengan un poco más de sosiego y tiempo para su lectura.  Espero que el Especial de hoy, escrito por Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y miembro de la Real Academia Española, les resulte interesante. Dice en él Cebrián, que el  régimen de 1978 atraviesa una crisis sistémica y un deterioro creciente de las instituciones que convierte en urgente implementar reformas que garanticen su supervivencia. Yo también lo pienso y me atrevo a reclamarlo por el bien de todos nosotros. Les dejo con él.


“La espuma de las luchas políticas 
impide en ocasiones tomar 
conciencia de las corrientes más 
profundas que mueven la Historia”.

La construcción del Estado en España 
Juan Pro Ruiz(Alianza Editorial, 2019).


¿Cuántas naciones tiene España?, -comienza preguntándose Cebrián-. Esta fue para algunos la pregunta del escándalo en los debates electorales, a la que ni Pedro Sánchez ni Adriana Lastra osaron responder, no fueran a equivocarse en el número o en la descripción. El término nación ha sido pasto de la ambigüedad a través de la Historia, no por voluntad de los hablantes, sino por avaricia de quienes les gobiernan o aspiran a hacerlo. El Diccionario de Autoridades, primero de los dictados por la Real Academia, ya definía nación como el hecho de nacer, es decir, nacimiento, aunque recogía un segundo significado: “La colección de los habitadores en alguna provincia, país o reino”. Esta es también la primera acepción del diccionario actual, cuando asevera que nación es “el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno”. Son los ciudadanos antes que el territorio los que configuran la nación, concepto prioritariamente cultural y no político. Por eso, la cuestión que se debate no es si catalanes, gallegos, vascos o murcianos constituyen una nación, al margen de que entre todos ellos y otros muchos más conformen la nación española, sino si eso les determina o da derecho a convertirse en un Estado. Mientras la nación es algo sobrevenido, inherente al hecho de nacer, el Estado es una construcción de la voluntad: un ente jurídico y administrativo en cuyo nombre se ejerce el poder en un territorio concreto.

El nacimiento de los Estados-nación surgió al calor de la exuberancia del romanticismo, y su apelativo hace que algunos interpreten errónea o interesadamente que a cada nación debe corresponder un Estado. Pero hay más de 5.000 naciones en el mundo y solo menos de 200 Estados integran las Naciones Unidas. O sea, que, al margen de emociones e identidades plurales, da lo mismo cuántas naciones existan o no en el seno de la propia nación española. Lo importante es que nuestro Estado garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin privilegios para nadie ni exclusiones de ningún tipo. Lo que se debate por eso en la cuestión catalana es su hecho diferencial, como históricamente se le ha venido llamando, algo que inevitablemente encuentra límites en el ejercicio del poder político por parte de quien legítimamente lo ostenta: el Estado. Seguirá siendo así mientras este no naufrague.

Envío al diario estas reflexiones antes de conocer los resultados de los comicios, aunque sondeos iniciales arrojan de nuevo la incertidumbre sobre cómo ha de formarse la mayoría precisa para constituir Gobierno. El candidato de la lista más votada anunció durante la campaña que, en 48 horas a partir de hoy, ofrecería un pacto de Gobierno al resto de las formaciones para lograr el desbloqueo de la indeseable situación en que vivimos. Tan indeseable que el todavía presidente en funciones no lo es ni siquiera como consecuencia de un proceso electoral, pues no fue elegido diputado para el Parlamento que lo entronizó y solo pudo encaramarse al cargo gracias a una conjunción de apoyos extravagantes que conformaban casi una mayoría antisistema. Fruto de esa circunstancia, sus reacciones y declaraciones respecto al hecho diferencial y a la interpretación del vocablo nación, tan preñado de ambigüedades, no han hecho sino acumular confusión y caos a la hora de interpretar cuál es el proyecto socialista para España si es que definitivamente existe.

La indefinición de Sánchez y la deslealtad de Rivera a los principios fundacionales de su propio partido explican el castigo al que han sido sometidos en las urnas. Castigo que sufriremos todos en el próximo futuro si persisten las dificultades para construir una mayoría parlamentaria que garantice un buen gobierno. Esperemos que el narcisismo adolescente de que han hecho gala no les impida una vez más reconocer sus errores y ser consecuentes con ese reconocimiento. Pero la culpa de lo sucedido no es solo suya. Hace tiempo que muchos venimos denunciando la crisis sistémica por la que atraviesa el régimen de 1978, el deterioro creciente de las instituciones y la necesidad urgente de implementar reformas que garanticen su supervivencia. Pero solo el neofranquismo rampante y el independentismo pueblerino parecen tener respuesta mediante el expeditivo e inaceptable método de acabar con el propio Estado democrático. Ambos nacionalismos exaltados invocan emociones patrióticas y ensueños imposibles porque se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero ninguno de los llamados partidos constitucionalistas, ni tampoco el pseudoconstituyente Podemos, han puesto sobre la mesa un propósito concreto que nos ayude a resolver el caso. Dialogar a secas, como sugiere UP y farfulla el PSOE, no es un proyecto, sino solo la expresión de buenas intenciones. El diálogo no servirá para nada si no persigue desde su inicio un pacto que renueve lo que casi milagrosamente se logró en la Constitución: el reconocimiento del hecho diferencial catalán sin que por ello se menoscabara la sustancial igualdad entre los españoles, hoy vulnerada por el independentismo y amenazada por la ultraderecha. Contra lo que Sánchez sugiere no estamos solo ni principalmente ante un problema de convivencia entre catalanes, sino ante una verdadera crisis del Estado, amenazado por la hostilidad de los dirigentes de una de las más importantes comunidades autónomas. Por eso hay que dialogar con todos y entre todos, pero primero es necesario llegar a acuerdos transparentes entre las fuerzas políticas leales al régimen democrático, y ni Vox ni el independentismo lo son. Esta no es una tarea exclusiva del Gobierno, quien quiera que lo encabece, por lo que si culpables de la situación ya lo son todos, mucho más han de serlo quienes persistan en la estúpida tradición del no es no.

Hace más de diez años que EL PAÍS propuso un decálogo de reformas urgentes (¡urgentes, ya entonces!) encaminadas a restaurar la solvencia estructural de nuestro sistema, amenazada ahora por la centrifugación del poder, la insurrección civil que alimenta la Generalitat catalana y empieza a contagiarse a otras autonomías, y la mediocridad y el egotismo de los responsables políticos. Cualquier oferta que haga el presidente en funciones para lograr una gobernanza estable ha de encarar cambios, quizá accesorios, pero significativos, del sistema constitucional. De otro modo no servirá sino para prolongar la agonía de este y su creciente inutilidad frente a la pujanza admirable de nuestra sociedad civil. Tres cuestiones son cruciales: la consideración del carácter federal del Estado de las autonomías, instituyendo al Senado como Cámara efectivamente territorial; la reforma de la ley electoral, eliminando las circunscripciones provinciales y las listas cerradas y bloqueadas, y la elaboración de un estatuto de la Corona, que clarifique las funciones y capacidades de la Jefatura del Estado. Junto a ello es preciso implementar medidas políticas que garanticen la igualdad de los ciudadanos, hoy puesta en entredicho, a la hora de recibir prestaciones básicas del Estado de bienestar: educación, sanidad y pensiones.

Hemos escuchado muchas pamplinas y soflamas de los candidatos durante los últimos meses, demasiados reproches entre ellos y poca concreción en sus propuestas. Ahora, lo que hay es lo que hay, y al margen de que los perdedores tengan la decencia de marcharse y dejar el paso a otros, es preciso que los que se queden sean capaces de establecer pactos y renunciar a sus particulares manías y obsesiones. Frente a la deriva neofascista de quienes quieren conquistar el Estado en nombre de la Cataluña o la España profundas, corramos a defenderlo.




Bosque de laurisilva. La Gomera (Islas Canarias)



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martes, 12 de noviembre de 2019

[ARCHIVO DEL BLOG] Nación, nacionalismos, nacionalistas. (Publicada el 21 de marzo de 2009)



Banderas en la sede de la ONU, Nueva York


Hay una frase muy utilizada en política que cada vez que la oigo me deja bastante descolocado. Y es la de: "No comparto sus ideas, pero las respeto". ¿De dónde ha salido eso de que haya que respetar las ideas ajenas que no se comparten? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no, desde luego; y de la Constitución española, tampoco. En ambas está, y comparto su criterio, el inalienable derecho de las personas a expresar libremente su opiniones y sus ideas sin ser perseguido, sancionado o molestado por ellas. Pero eso es una cosa, y el que tengan que respetarse sus opiniones e ideas es otra cosa muy distinta. Porque, a ver si lo aclaramos de una vez por todas: lo que merece respeto, siempre, es la persona; sus ideas y opiniones, no necesariamente.

Yo no soy nacionalista, detesto el nacionalismo, y respeto a las naciones. El Diccionario de Política (Siglo XXI, Madrid, 1994, séptima edición), dirigido por Norberto Bobbio, Nicola Matteuci y Gianfranco Pasquino, dice en la entrada correspondiente a "nación" (Tomo II, págs. 1022-1026): "La nación es normalmente concebida como un grupo de hombres unidos por un vínculo natural, y por lo tanto eterno -o cuando menos existente "ab inmemorabili"-, y que, en razón de este vínculo, constituye la base necesaria para la organización del poder político en la forma del estado nacional. Las dificultades comienzan cuando se trata de definir la naturaleza de este vínculo o incluso solamente especificar los criterios que permitan delimitar las varias individualidades nacionales, independientemente del vínculo que lo determina".

En ese sentido, no tengo ningún problema en reconocer la existencia de una nación canaria, castellano-manchega, catalana, gallega, madrileña, murciana, vasca, etcétera, etcétera, (las he citado por orden alfabético para evitar susceptibilidades), pero también española y europea. Y desde luego me parece correcto definir a España y Europa como naciones de naciones.

Los dos últimos párrafos de la entrada "nación" (óp. cit.) llevan el subtítulo de "La superación de las naciones", y dicen así: "Si la nación es la ideología del estado burocratizado centralizado, la superación de esta forma de organización del poder político implica la desmitificación de la idea de nación. La base práctica de esta desmitificación existe. Es un dato real que la actual evolución del modo de producir en la parte industrializada del mundo, después de haber llevado la dimensión "nacional" al ámbito de interdependencia entre las relaciones humanas, está ahora ampliándolas parcialmente más allá de las dimensiones de los actuales estados nacionales y hace aparecer con siempre más inmediata claridad la necesidad de organizar el poder político sobre espacios continentales y según los modelos federales.

Es entonces previsible que la historia de los estados nacionales está llegando a término y está por iniciar una fase en la cual el mundo estará organizado en grandes espacios políticos federales. Pero si el federalismo significa el fin de las naciones en el sentido ahora definido, ello significa también el renacimiento o la revigorización de las nacionalidades espontáneas que el estado nacional sofoca o reduce a instrumentos ideológicos al servicio del poder político y, por tanto, el retorno de aquellos auténticos valores comunitarios de los que la ideología nacional se ha apropiado transformándolos en sentimientos gregarios".

Espero haber aclarado, si alguna duda había al respecto, porqué digo en la presentación del mi blog eso de que soy hijo de la Ilustración y de sus valores universales, socialdemócrata, federalista, antinacionalista, y tan ciudadano de Maspalomas, como grancanario, canario, español y europeo.

El profesor César Molinas, matemático, economista, fundador de la consultora Multa Pacis, escribía días pasados (El País, 17 de marzo) un provocador e interesante artículo, "España en la Historia (así, con mayúsculas)", que comenzaba con estas palabras: "España no es un Estado-nación, y nunca lo será. Lejos de ser un lastre, esto supone capacidad de adaptación, una gran ventaja para encarar los desafíos de la globalización y la posmodernidad." No podría decir que lo comparta plenamente, pero esta vez, y sin que sirva de precedente, no me importa decir que lo respeto. Disfrútenlo. HArendt



Banderas en el palacio del Senado, Madrid


"España y la Historia (así, con mayúscula)", por César Molinas
(El País, 17/03/09)

España no es un Estado-nación, y nunca lo será. Lejos de ser un lastre, esto supone capacidad de adaptación, una gran ventaja para encarar los desafíos de la globalización y la posmodernidad.

He vuelto a meter a España en la Historia tras dos siglos de ausencia", proclamó el presidente Aznar en 2003 tras posar para la célebre foto de las Azores. "Hemos sacado a España del rincón de la Historia", anunció la vicepresidenta Fernández de la Vega en 2008 tras la reunión del G20+ en Washington. "La Historia ha terminado", sentenció el filósofo Fukuyama en 1989 tras la caída del muro de Berlín. ¿Será posible? ¿Acaso hemos metido a nuestro país en dos guerras, vendido nuestra alma al gabacho y conspirado con la pérfida Albión para intentar subirnos a toda prisa a un tren que ya había llegado a su estación de término?

En este artículo defiendo que éste es, precisamente, el caso. Dividiré la argumentación en tres partes. En primer lugar haré una breve historia del fin de la Historia. Esto me servirá para explicar, en la segunda parte, que España es un Estado-nación que se ha quedado, por así decir, a medio cocer. Irremediablemente, porque el fuego de la Historia ya se apagó. Por último defenderé que, lejos de situar a los españoles en desventaja, esta peculiar circunstancia nos coloca en una situación favorable para afrontar los retos sociales y económicos que se avecinan.

La Historia, así, con mayúscula, es hegeliana. Muchos pensadores han puesto fecha a su fin, comenzando por el propio Hegel que lo situó en el 14 de octubre de 1806; para Fukuyama y también para Bobbitt fue el 12 de noviembre de 1989. Y hay más. A su manera, todos aciertan. El día de la batalla de Jena, Hegel consideró que la evolución de las ideas había llegado a su culmen con la victoria de Liberté, Égalité, Fraternité. No hay nada más allá: la Historia, entendida en el sistema hegeliano como la historia de las ideas, ha terminado. Doscientos años después, esta tesis sigue siendo muy difícil de rebatir. Fukuyama reescribe el argumento hegeliano en términos de civilización. Tras el colapso de la Unión Soviética no hay ninguna alternativa global a la democracia liberal y al capitalismo, ni es previsible que la haya. Incontestable, a mi juicio. La Historia, entendida como la historia de la contradicción hegeliana, ha terminado.

Bobbitt analiza el papel de la guerra en la formación de los Estados-nación modernos. Hasta el siglo XVIII la guerra tenía como objetivo derrotar al ejército enemigo para conseguir de su soberano concesiones territoriales o políticas. Napoleón revoluciona tanto los fines como los medios de la estrategia militar: el objetivo de la guerra pasa a ser la destrucción del Estado enemigo para reemplazarlo por otro afín. Para ello, el emperador recurre al recién inventado concepto de nación para justificar las levas que le permiten movilizar ejércitos de dimensiones nunca vistas con anterioridad: hay más muertos en cualquier batalla napoleónica que en todas las guerras del siglo XVIII juntas. El siguiente paso lo da Bismarck: para incrementar el poder militar del Estado hay que fortalecer a la nación. La escolarización obligatoria, las pensiones para la vejez y otras medidas sociales bismarckianas tienen como objetivo último aumentar la cohesión nacional y la capacidad de movilización del Estado. En el siglo XX culmina esta lógica: el objetivo de la guerra no puede ser ya otro que la destrucción de la nación enemiga. Así aparecen los bombardeos a civiles, que se justifican para quebrar la moral de la población. Y llega, inevitablemente, el arma atómica que, como dijo Glucksmann, pone el orden definitivo en el desorden aparente de la guerra. La historia de la escalada bélica que ha forjado Estados y naciones ha terminado. El conflicto de 1914 a 1989 entre democracia liberal, comunismo y fascismo, se salda con la victoria de la primera, abriéndose un proceso de globalización sin precedentes que transformará tanto al Estado como a sus relaciones con los ciudadanos. La Historia, entendida como la historia del Estado-nación cohesionado por la guerra, ha terminado.

España ha estado ausente de este proceso. Nuestras guerras en los últimos dos siglos han sido guerras civiles, que son divisivas en vez de cohesivas. Francia, por ejemplo, se ha hecho francesa matando alemanes. España se ha hecho española matando españoles. El resultado es un Estado-nación a medio cocer, mucho menos cohesionado que el francés, o el alemán, o el británico. No debería sorprender que en nuestro país suscite más adhesión la selección de fútbol que la bandera nacional, que, dicho sea de paso, sigue siendo utilizada como arma arrojadiza por los representantes de una mitad de los españoles contra los de la otra mitad. No debería sorprender que en España no haya políticas de Estado basadas en acuerdos permanentes de las principales fuerzas políticas. La política exterior cambia con el gobierno de turno: no está bien definido ni tan siquiera el concepto básico, que es el de interés nacional. Tampoco hay políticas de Estado en justicia, descentralización, energía, educación... ni las habrá, porque no las puede haber. España no es un Estado-nación moderno y, por lo dicho hasta aquí, debería quedar claro que nunca lo será. La Historia ha terminado y no se puede acceder a ella ni entrando en nuevas guerras ni participando en conferencias internacionales, por importantes que unas y otras sean.

Todo esto, lejos de ser un lastre, sitúa a España en una posición aventajada para encarar los retos que plantean la globalización y el tránsito a la posmodernidad. España tiene mucho que ganar y poco que perder. Para ver por qué, es útil comenzar por una caracterización en positivo de la posmodernidad. Cuatro apuntes bastarán. En la posmodernidad lo transnacional crece a expensas de lo internacional; gracias a Internet, todo el mundo puede identificarse con una minoría, o con varias, estableciéndose nuevas referencias identitarias que cuestionan el monolitismo al que aspira la modernidad; el Estado moderno aspira a maximizar el bienestar de sus ciudadanos, el postmoderno a maximizar las oportunidades que se les ofrecen; el Estado moderno centraliza, el postmoderno descentraliza, explora nuevas formas de democracia, da más papel al mercado, etc.

La sociedad española ha demostrado en las últimas décadas ser muy adaptable al cambio cultural. No hay otro país en Europa que haya cambiado tanto. Está descentralizada y sigue descentralizándose. Las regiones funcionan como minorías identitarias. Y las grandes empresas, junto con muchas medianas, están a la cabeza mundial de la transnacionalidad. Además, la gravedad de la actual crisis económica forzará a más cambios, y muy profundos.

Pero también se puede definir la posmodernidad en negativo. Comte-Sponville escribió que la posmodernidad es lo que queda de la modernidad cuando se apagan las Luces. ¿Cabe una indicación más clara de las dificultades que tendrá Francia para hacer el tránsito? La fuerte cohesión nacional que aglutina el Estado francés es un obstáculo formidable. A España esto le afecta menos, porque aquí las Luces no alumbraron tanto y porque la cohesión nacional es más débil. Francia tiene mucho que perder, España poco.

Estas reflexiones deberían, en mi opinión, orientar el amplio programa de reforma estructural que necesita España. Hay que adoptar una visión estratégica del interés nacional que deje de obsesionarse por una modernidad inalcanzable, apueste firmemente por la posmodernidad y sea consciente de que los mayores riesgos vendrán de la neomodernidad -por usar el feliz neologismo de Fernando Vallespín-. La actual crisis global, económica y financiera pero que será también institucional y social, está provocando una vuelta a los cuarteles de invierno de la modernidad. Es una crisis de dimensión desconocida, cuyas causas y mecanismos de transmisión no se comprenden bien y cuya duración no es posible aventurar. Resulta explicable que, ante tanta incertidumbre, se busque refugio en viejas certezas. Esto es la neomodernidad: la política internacional cobra nuevo protagonismo, se refuerzan los mecanismos de protección social y el Estado se hace omnipresente como solucionador de problemas. Parafraseando a Comte-Sponville, se busca la modernidad a la luz de una candela. En mi opinión, y en esto discrepo de Vallespín, la posmodernidad no está muerta: está pasando su primera -y muy seria- crisis de juventud. Saldrá más madura y reforzada. En cualquier caso, a España le irá mucho mejor en el siglo XXI si acierto que si yerro.



El profesor César Molinas



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miércoles, 9 de enero de 2019

[A VUELAPLUMA] Sobre identidad y nacionalismo






En recientes estudios sobre el nacionalismo, concretamente sobre el nacionalismo español, apunta con fuerza la tendencia a considerar como una misma realidad nacionalismo y sentimiento nacional, es decir, a considerar que el sentimiento de quienes con más o menos precisión se sienten españoles no es sino una forma de nacionalismo, escribe el abogado José María Ruiz Soroa, nacionalismo que no se percibe como tal por estar amparado y diluido en un Estado de larga duración, por lo que tendería a vivirse poco menos que como “natural” o “de sentido común”. Pero, continúa diciendo, algunos estudiosos consideran, que aunque sea como “nacionalismo banal”, ese sentirse españoles (o vascos o catalanes) es también y en el fondo nacionalismo, con lo cual, prácticamente toda la población sería nacionalista de alguna nación, concluyen. 

Esta idea confunde dos realidades muy diversas y, sobre todo, convierte en inexplicable la existencia y perduración de España como comunidad política. Por un lado, no tiene en cuenta que el nacionalismo incluye necesariamente un elemento dogmático o doctrinal característico, el de la exclusividad. Las naciones de los nacionalistas son por definición excluyentes de cualquier otra, de manera que una persona y un territorio sólo pueden corresponderse con una nación. Esta exclusividad se traduce en la noción de soberanía, entendida a la manera antigua de Bodino: la nación aspira a ser soberana, a constituirse como la última y única fuente de poder constituyente para una sociedad concreta. En términos más concretos, una persona no puede ser a la vez nacionalista española y nacionalista vasca. 

Bueno, pues resulta que muchas personas, dos de cada tres en el País Vasco (tomo los datos del Euskobarómetro de otoño 2018) se sienten a la vez vascas y españolas, aunque sea con intensidad diversa de ambas identidades (igual en la mayoría). Y esta identificación nacional subjetiva se produce tanto entre los sujetos nacionalistas como en los no nacionalistas: el 65,3% de los votantes del PNV se sienten de ambas identidades, sólo el 30,2% se siente exclusivamente vasco. Les ahorro parecidas encuestas de otras naciones, nacionalidades y regiones españolas. Y, ¿qué significa esto? Pues si no me equivoco mucho, significa precisamente que por ser la de nación una realidad social construida o imaginada sobre la base de sentimientos e ideas, no una realidad objetiva derivada de datos naturales, las personas somos perfectamente capaces de sentirnos miembros de más de una nación, de identificarnos como miembros de más de una comunidad simbólica de pertenencia y afectos. La idea de soberanía exclusiva no nos atenaza con su dualismo inexorable porque los sentimientos nacionales no son pura ideología (como sí lo es el nacionalismo) sino una construcción personal lábil y barroca que cada uno construye a su gusto, o al gusto de sus recuerdos e infancias. Sólo cuando a las personas se les fuerza en situaciones de polarización empiezan a construir su sentimiento nacional como exclusivo o antagónico, en situaciones normales pueden hacer perfectamente lo que los nacionalismos no pueden: poseer varias naciones. ¡Y allá cuidados con la soberanía y el poder constituyente, uno no vive cotidianamente en un cielo dogmático! 

La sociedad que habita en ese ámbito territorial que denominamos España se siente mayoritariamente como parte integrante de una comunidad política y cultural muy vieja, pero también de otras más pequeñas comunidades, tanto culturales como políticas, igual de viejas y más próximas a su ámbito de experiencia (no sólo naciones, sino también ciudades y pueblos). Y no encuentra ninguna contradicción en ello porque en general no es nacionalista, sino sólo nacional. Y de varias cosas a la vez. Es más, todos los estudios sobre la cuestión han destacado desde antiguo la elevadísima fuerza que tiene el sentimiento de identificación subestatal en el caso de los españoles, algo llamativamente característico en Europa. No es algo en absoluto exclusivo de las consideradas como naciones propiamente dichas (Euskal Herria o Cataluña), sino que aparece con igual o superior pujanza para Extremadura o León. El español es característicamente muy territorial en sus identificaciones sentimentales, e incluso a veces construye su idea de España no directamente sino a través o por medio de su tierra próxima. 

Si todos esos abigarrados, mezclados y superpuestos sentimientos nacionales fueran de verdad nacionalismo en sentido estricto, España habría dejado de existir hace mucho. Porque serían incompatibles, cada uno reclamando angustiado su plaza exclusiva en ese lugar llamado soberanía y dando codazos eslovenos al otro. Y no es así, lo demuestra la historia. Mientras no se polaricen por la pasión estúpida de los dogmáticos, los españoles convivimos con nuestras variadas pertenencias sin necesidad de recluirnos en nuestras ínsulas. Discutimos sobre la distribución del poder, pero eso es normal en toda sociedad compleja y no nos debe llevar a caer en la unidimensionalidad nacionalista. Es la que peor se adecua a España. Incluso para entenderla.



Plaza de España, Madrid

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt 



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