[ESPECIAL DOMINICAL] Ideas de nación

Dibujo de Sr. García para El País

La premisa de que la nación es “natural” y anterior al Estado, comenta el historiador Enrique Moradiellos en el Especial de este domingo, es falsa; la historia ha demostrado hasta qué grado la mística nacional, como divinidad laica, podía generar guerras viles.

"Nación” es un vocablo político de fines del siglo XVIII derivado del participio latino de nascor (nacer), que tenía en origen el sentido biológico de “lugar o linaje de nacimiento”. En la Edad Media fue usado con sentido antropológico para denotar grupos idiomáticos afines (las nationes de estudiantes en las universidades). Con la Ilustración, cobró sentido político designando poblaciones heterogéneas (ni familias, ni etnias) articuladas por un Estado labrado por un proceso bélico (la identidad propia forjada contra la alteridad ajena: nosotros versus ellos).

Esa “comunidad imaginada” de una población identificada como “nación” devino el sujeto supremo de acción política como garante de la legitimidad del Estado y depositario de la soberanía popular. Así surgió la nación “política” en la Revolución Francesa de 1789 como construcción voluntaria asumida por los ciudadanos. El nacionalismo cívico gestado en torno al Estado francés ahora constitucionalizado dotaba de sentido de pertenencia (el individuo atomizado era parte de un grupo “natural”) y era fuente de legitimidad estatal (la patria: objeto de afecto como el de un hijo a su madre).

Apenas constituida esa idea francesa de “nación”, en las tierras de habla alemana fue forjándose otra idea similar en formato, pero no en contenido. En plenas guerras napoleónicas, allí cristalizó el nacionalismo étnico, a tenor del cual la “nación” era un ser “cultural”, orgánico y ajeno al capricho de la voluntad del individuo, puesto que este era solo un eslabón en la cadena colectiva de las generaciones “nacionales”. Superaba así la dificultad de fundar la nación alemana sobre un precedente estatal o religioso unificado porque no había tal que pudiera servir de catalizador de la conciencia “alemana”. Pero sí cabía recurrir a la identidad idiomática sobre la fusión de dialectos germánicos en un nuevo “alemán” tallado contra el francés.

Desde entonces, ambas ideas de “nación” fueron cruciales para la constitución de movimientos nacionalistas que iban a dominar la escena contemporánea, todos inspirados por la máxima: “A cada nación un Estado; a cada Estado, una nación”. Unos movimientos que apelaban a esa entidad “natural” previa y superior a cualquier Estado vulnerador de sus derechos (ya por absorción de la nación en otro “artificio” estatal —caso de Irlanda—; ya por fragmentación de la nación —caso de Alemania).

El proceso de construcción de naciones recurrió según las circunstancias a varios criterios catalizadores de la dinámica identitaria: 1) el lenguaje que une a hablantes diferentes; 2) el territorio conocido desde siempre; 3) la libre voluntad de individuos o pueblos; 4) La etnia-raza de pertenencia visible; 5) la religión distinta del vecino; 6) La “cultura” en sentido etnográfico. Y pronto se apreció que la aplicación de cada criterio creaba problemas de armonización porque cada uno había sufrido su evolución diferente y no eran esencias intemporales.

Por ejemplo, en 1800, el alemán normalizado era desconocido por la inmensa mayoría de una población analfabeta que seguía hablando variantes dialectales. Y en ese año ya había nacionalismos que eludían la unidad idiomática en favor de la soberanía del territorio o el compromiso con formas políticas liberales: los Estados Unidos de América se habían independizado en una guerra contra Gran Bretaña usando el mismo idioma que sus enemigos y parientes por mera ascendencia migratoria.

La historia posterior muestra procesos de nacionalización que lograron completar su programa. También ofrece ejemplos de procesos iniciados, pero truncados, algunos en crisis permanente y muchos apenas esbozados. Demostración de que la premisa de que la nación es “natural” y anterior al Estado es falsa: no es una familia crecida, ni un clan de familias emparentadas, ni la institucionalización de tribus con ascendencia común.

Las ideas de nación y los nacionalismos fueron consecuencia de la crisis del Antiguo Régimen y del periodo revolucionario abierto con la independencia de los EE UU en 1776 y apenas cerrado con el final de las guerras napoleónicas en 1815. Disuelto en el fragor de la revolución y de la guerra el viejo orden dinástico, fronterizo y estamental, su reemplazo por la igualdad civil y la soberanía popular encontró su epicentro en la “nación”. Los hombres pasaron a ser iguales como hijos de la patria y el Estado se convirtió en la articulación institucional de esa hermandad de ciudadanos. O desearon y lucharon para que pasaran ambas cosas. La nación devino instancia suprema de mediación entre el individuo y la colectividad. Y a ella se accedía por voluntad (nación política: querer ser) o por fuerza (nación cultural: ser).

La construcción de las naciones tuvo lugar en la intersección de esos procesos que abrieron la vía a la contemporaneidad: transformaciones demográficas (crecimiento de población, aumento de longevidad media), cambios sociales (expansión de ciudades, paso de estamentos a clases), alteraciones políticas (Estados representativos, ciudadanía), transformaciones económicas (revolución industrial, expansión comercial) y convulsiones culturales (secularización, alfabetización).

Las ideas de nación respondían a la necesidad de conformar un sentido de comunidad para poblaciones heterogéneas, pero agrupadas por grandes cambios históricos, que demandaban mecanismos de integración simbólicos y operativos para mantener su cohesión como sociedades. La nación subió al altar como divinidad laica y el nacionalismo devino la nueva religión secular que dotaba de legitimidad al Estado y de sujeto activo a la soberanía. Y la patria podría exigir su tributo de muerte sacrificial: el honor de “entregar la sangre que corre por nuestras venas por la patria que sufre”. Con su corolario: el dispuesto a morir por la patria también está dispuesto a matar por ella, preferentemente.

La historia posterior reveló hasta qué grado la mística nacional podía generar guerras viles. Porque la construcción de naciones no sería un proceso pacífico. Superado 1945, Hannah Arendt negaba que la “deificación del Estado” fuera causa de las recientes convulsiones porque había sido la nación la usurpadora “del lugar tradicional de Dios”. Y subrayaba la diferencia entre ambos conceptos eclipsada por el embrujo del nacionalismo hasta la hecatombe de las Guerras Mundiales. Convendría recordar su mensaje: “El Estado, lejos de ser idéntico a la nación, es el protector supremo de una ley que garantiza al hombre sus derechos como hombre, sus derechos como ciudadano y sus derechos como nacional. (…) De estos derechos, solo los derechos del hombre y del ciudadano son derechos primarios, mientras que los derechos de los nacionales se derivan de y están implicados en aquellos. (…) Después de todo, ser francés, español o inglés no es un medio de llegar a ser hombre, es un modo de ser hombre”.

El Especial de cada domingo no es un A vuelapluma diario más, pero se le parece. Con un poco más de extensión, trata lo mismo que estos últimos, quiza con mayor profudidad y rigor. Y lo subo al blog el último día de la semana pensando en que la mayoría de nosotros gozará hoy de más sosiego para la lectura.

El profesor Enrique Moradiellos

La reproducción de artículos firmados en este blog no implica compartir su contenido. Sí, en todo caso, su  interés. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

[ESPECIAL DOMINICAL] La reforma del Estado

Dibujo de Eva Vázquez para El País

El Especial de cada domingo es un A vuelapluma diario con un poco más de extensión, profudidad y rigor, que subo al blog cada fin de semana con la eperanza de que los lectores tengan un poco más de sosiego y tiempo para su lectura.  Espero que el Especial de hoy, escrito por Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y miembro de la Real Academia Española, les resulte interesante. Dice en él Cebrián, que el  régimen de 1978 atraviesa una crisis sistémica y un deterioro creciente de las instituciones que convierte en urgente implementar reformas que garanticen su supervivencia. Yo también lo pienso y me atrevo a reclamarlo por el bien de todos nosotros. Les dejo con él.

“La espuma de las luchas políticas 

impide en ocasiones tomar 

conciencia de las corrientes más 

profundas que mueven la Historia”.

La construcción del Estado en España 

Juan Pro Ruiz(Alianza Editorial, 2019).

¿Cuántas naciones tiene España?, -comienza preguntándose Cebrián-. Esta fue para algunos la pregunta del escándalo en los debates electorales, a la que ni Pedro Sánchez ni Adriana Lastra osaron responder, no fueran a equivocarse en el número o en la descripción. El término nación ha sido pasto de la ambigüedad a través de la Historia, no por voluntad de los hablantes, sino por avaricia de quienes les gobiernan o aspiran a hacerlo. El Diccionario de Autoridades, primero de los dictados por la Real Academia, ya definía nación como el hecho de nacer, es decir, nacimiento, aunque recogía un segundo significado: “La colección de los habitadores en alguna provincia, país o reino”. Esta es también la primera acepción del diccionario actual, cuando asevera que nación es “el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno”. Son los ciudadanos antes que el territorio los que configuran la nación, concepto prioritariamente cultural y no político. Por eso, la cuestión que se debate no es si catalanes, gallegos, vascos o murcianos constituyen una nación, al margen de que entre todos ellos y otros muchos más conformen la nación española, sino si eso les determina o da derecho a convertirse en un Estado. Mientras la nación es algo sobrevenido, inherente al hecho de nacer, el Estado es una construcción de la voluntad: un ente jurídico y administrativo en cuyo nombre se ejerce el poder en un territorio concreto.

El nacimiento de los Estados-nación surgió al calor de la exuberancia del romanticismo, y su apelativo hace que algunos interpreten errónea o interesadamente que a cada nación debe corresponder un Estado. Pero hay más de 5.000 naciones en el mundo y solo menos de 200 Estados integran las Naciones Unidas. O sea, que, al margen de emociones e identidades plurales, da lo mismo cuántas naciones existan o no en el seno de la propia nación española. Lo importante es que nuestro Estado garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin privilegios para nadie ni exclusiones de ningún tipo. Lo que se debate por eso en la cuestión catalana es su hecho diferencial, como históricamente se le ha venido llamando, algo que inevitablemente encuentra límites en el ejercicio del poder político por parte de quien legítimamente lo ostenta: el Estado. Seguirá siendo así mientras este no naufrague.

Envío al diario estas reflexiones antes de conocer los resultados de los comicios, aunque sondeos iniciales arrojan de nuevo la incertidumbre sobre cómo ha de formarse la mayoría precisa para constituir Gobierno. El candidato de la lista más votada anunció durante la campaña que, en 48 horas a partir de hoy, ofrecería un pacto de Gobierno al resto de las formaciones para lograr el desbloqueo de la indeseable situación en que vivimos. Tan indeseable que el todavía presidente en funciones no lo es ni siquiera como consecuencia de un proceso electoral, pues no fue elegido diputado para el Parlamento que lo entronizó y solo pudo encaramarse al cargo gracias a una conjunción de apoyos extravagantes que conformaban casi una mayoría antisistema. Fruto de esa circunstancia, sus reacciones y declaraciones respecto al hecho diferencial y a la interpretación del vocablo nación, tan preñado de ambigüedades, no han hecho sino acumular confusión y caos a la hora de interpretar cuál es el proyecto socialista para España si es que definitivamente existe.

La indefinición de Sánchez y la deslealtad de Rivera a los principios fundacionales de su propio partido explican el castigo al que han sido sometidos en las urnas. Castigo que sufriremos todos en el próximo futuro si persisten las dificultades para construir una mayoría parlamentaria que garantice un buen gobierno. Esperemos que el narcisismo adolescente de que han hecho gala no les impida una vez más reconocer sus errores y ser consecuentes con ese reconocimiento. Pero la culpa de lo sucedido no es solo suya. Hace tiempo que muchos venimos denunciando la crisis sistémica por la que atraviesa el régimen de 1978, el deterioro creciente de las instituciones y la necesidad urgente de implementar reformas que garanticen su supervivencia. Pero solo el neofranquismo rampante y el independentismo pueblerino parecen tener respuesta mediante el expeditivo e inaceptable método de acabar con el propio Estado democrático. Ambos nacionalismos exaltados invocan emociones patrióticas y ensueños imposibles porque se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero ninguno de los llamados partidos constitucionalistas, ni tampoco el pseudoconstituyente Podemos, han puesto sobre la mesa un propósito concreto que nos ayude a resolver el caso. Dialogar a secas, como sugiere UP y farfulla el PSOE, no es un proyecto, sino solo la expresión de buenas intenciones. El diálogo no servirá para nada si no persigue desde su inicio un pacto que renueve lo que casi milagrosamente se logró en la Constitución: el reconocimiento del hecho diferencial catalán sin que por ello se menoscabara la sustancial igualdad entre los españoles, hoy vulnerada por el independentismo y amenazada por la ultraderecha. Contra lo que Sánchez sugiere no estamos solo ni principalmente ante un problema de convivencia entre catalanes, sino ante una verdadera crisis del Estado, amenazado por la hostilidad de los dirigentes de una de las más importantes comunidades autónomas. Por eso hay que dialogar con todos y entre todos, pero primero es necesario llegar a acuerdos transparentes entre las fuerzas políticas leales al régimen democrático, y ni Vox ni el independentismo lo son. Esta no es una tarea exclusiva del Gobierno, quien quiera que lo encabece, por lo que si culpables de la situación ya lo son todos, mucho más han de serlo quienes persistan en la estúpida tradición del no es no.

Hace más de diez años que EL PAÍS propuso un decálogo de reformas urgentes (¡urgentes, ya entonces!) encaminadas a restaurar la solvencia estructural de nuestro sistema, amenazada ahora por la centrifugación del poder, la insurrección civil que alimenta la Generalitat catalana y empieza a contagiarse a otras autonomías, y la mediocridad y el egotismo de los responsables políticos. Cualquier oferta que haga el presidente en funciones para lograr una gobernanza estable ha de encarar cambios, quizá accesorios, pero significativos, del sistema constitucional. De otro modo no servirá sino para prolongar la agonía de este y su creciente inutilidad frente a la pujanza admirable de nuestra sociedad civil. Tres cuestiones son cruciales: la consideración del carácter federal del Estado de las autonomías, instituyendo al Senado como Cámara efectivamente territorial; la reforma de la ley electoral, eliminando las circunscripciones provinciales y las listas cerradas y bloqueadas, y la elaboración de un estatuto de la Corona, que clarifique las funciones y capacidades de la Jefatura del Estado. Junto a ello es preciso implementar medidas políticas que garanticen la igualdad de los ciudadanos, hoy puesta en entredicho, a la hora de recibir prestaciones básicas del Estado de bienestar: educación, sanidad y pensiones.

Hemos escuchado muchas pamplinas y soflamas de los candidatos durante los últimos meses, demasiados reproches entre ellos y poca concreción en sus propuestas. Ahora, lo que hay es lo que hay, y al margen de que los perdedores tengan la decencia de marcharse y dejar el paso a otros, es preciso que los que se queden sean capaces de establecer pactos y renunciar a sus particulares manías y obsesiones. Frente a la deriva neofascista de quienes quieren conquistar el Estado en nombre de la Cataluña o la España profundas, corramos a defenderlo.

Bosque de laurisilva. La Gomera (Islas Canarias)

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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

[EUROPA] ¿Déficits democráticos en la UE? ¿Y en sus Estados, no?...

El rapto de Europa (1908), de Felix Valloton (Kunstmseum, Berna)

Inicio con esta entrada una nueva sección del blog dedicada a la política europea. Y lo hago con un artículo del eminente politólogo italiano Gianfranco Pasquino, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Bolonia, del que todos los estudiantes de Ciencias Políticas hemos utilizado con provecho su monumental Diccionario de Política: Madrid, Alianza, 1991. El artículo en cuestión apareció publicado hace unos días en el diario El Mundo, y está dedicado a comentar el tan traído y llevado asunto de los supuestos déficits democráticos en el funcionamiento de la Unión Europea, que Pasquino, pienso que con acierto, considera que son bastante menos deficitarios que los de algunos Estados miembros de la Unión. 

No es verdad que la Unión Europea sufra de un déficit democrático, comienza diciendo Pasquino. Ciertamente, en algunos Estados miembros la democracia funciona mejor que en la propia Unión Europea. Sin embargo, en no pocos Estados miembros -por ejemplo, Hungría, Polonia, Eslovaquia y también Italia- tanto la calidad de la democracia como su funcionamiento dejan mucho que desear. En estos casos, la comparación no es favorable, ni mucho menos, a los Estados. Los así llamados soberanistas no pueden presumir de unas credenciales democráticas superiores. La oposición de esos países, muy a menudo, puede dar testimonio de cuán difícil y dura es su vida (y no solo política). 

El valor de la democracia radica en su capacidad para reformarse y ello, en el caso de la Unión Europea, exige la condición de que el diagnóstico sea correcto y de que los reformadores sepan proponer los remedios adecuados. Antes de declarar, por tanto, la existencia de un déficit democrático en la Unión Europea es necesario valorar, con conocimiento de causa, a qué se refiere cuando se habla de tal déficit, dónde se ubica y cómo se manifiesta. ¿Cómo no puede ser considerado democrático el Consejo en el cual se reúnen (se confrontan y enfrentan) los jefes de Gobierno de los Estados miembros? Cada uno de ellos ha ganado las elecciones en su país, por lo tanto representa a una mayoría electoral y política que permanecerá en el Consejo mientras se mantenga. 

Podremos, en todo caso, hacer objeciones a los procedimientos decisionales del Consejo. De un lado, a la regla de la unanimidad y, de otro, a la modalidad con la cual los jefes de Gobierno alcanzan las decisiones. La unanimidad, por otra parte rara vez utilizada, tiene escasa legitimidad democrática en tanto que permite a un mandatario bloquear cualquier decisión que no sea de su agrado aunque todos los demás jefes de Gobierno hayan alcanzado un acuerdo. El jefe de Gobierno que disiente puede, en cualquier modo, chantajear al resto. Por lo tanto, los reformadores deberían eliminar esta regla. En cuanto a la modalidad de procedimientos decisionales, en el Consejo y, en menor medida, en la Comisión, estos procedimientos son muchas veces farragosos y poco o nada transparentes. 

Es verdad que en algunas materias políticas es oportuno, precisamente para servir al objetivo de alcanzar decisiones mejores, preservar espacios más o menos amplios de confidencialidad. Sin embargo, sería deseable que la mayor parte de los procedimientos decisionales se desarrollasen de tal manera que los ciudadanos tengan la posibilidad real de atribuir responsabilidades, positivas y negativas, sobre qué se ha decidido, qué no se ha decidido o se ha decidido mal. Aquéllos que consideran que la democracia se expresa de forma particular a través de las elecciones no pueden jamás sostener que el Parlamento Europeo es un organismo no democrático en el cual se manifestaría un déficit. Al contrario, la Eurocámara es un lugar muy significativo de representación de las preferencias y de los intereses de los ciudadanos europeos. En el curso del tiempo ha adquirido mayores cotas de poder tanto frente al Consejo como frente a la Comisión, controlando la actividad y evaluando los resultados. Si puede imputarse un déficit democrático al Parlamento europeo no es intrínseco a su naturaleza, sino que deriva de los partidos y los ciudadanos de los Estados miembros. Son los partidos, que hacen campañas electorales basadas en cuestiones y objetivos nacionales, a los que se debe imputar ese déficit. 

Paradójicamente, son menos responsables los partidos populistas y soberanistas, los cuales, haciendo campaña contra la Unión Europea, son más propensos a hablar propiamente de lo que Europa hace, no hace, hace mal y de cuánto mejor lo harían los Estados si recuperasen la soberanía cedida. Escribo "cedida", no perdida ni expropiada, porque cualquiera de los Estados miembros ha cedido, de manera consciente y deliberada, parte de su soberanía a la Unión para perseguir objetivos que de otra manera serían inalcanzables como Estado singular. Por tanto, los partidos nacionales son responsables de su incapacidad para convencer a los electores de ir a votar para elegir a sus representantes. Cuando, como en mayo de 2014, sólo el 44% de los electores europeos (porcentaje netamente inferior al que todos nosotros hemos estigmatizado respecto de los americanos en las elecciones presidenciales) va a votar, entonces tenemos un problema, pero que no es definible como déficit de las instituciones de la UE. Precisamente, se trata de un déficit de participación de los ciudadanos europeos a los cuales se necesitaría hacer saber, de alguna manera, que están perdiendo la facultad de criticar un Parlamento y unos parlamentarios que no han querido elegir. 

En el banco de los imputados por el déficit democrático parece muy fácil poner, y hacerlo en bloque, a la Comisión Europea, y en particular a los comisarios. Les falta algún tipo de legitimación democrática. Serían, como afirman demasiados críticos mal informados y con prejuicios, burócratas o, incluso peor, los tecnócratas que los populistas consideran una raza maldita. Sobre todo porque anteponen sus conocimientos a las preferencias y experiencias del pueblo sin haber tenido nunca un mandato democrático (electoral). La verdad es que, prácticamente siempre, han adquirido el cargo de comisario mujeres y hombres que provienen de cargos políticos y de gobierno, incluso al más alto nivel, en sus respectivos países. Por lo tanto, nunca son burócratas sino políticos, y frecuentemente con conocimientos de alto nivel. Deben su puesto al nombramiento y obra de los jefes de Gobierno de todos los Estados miembros, pero, como ya he comentado, éstos están legitimados democráticamente. Aun más, cada uno de los comisarios debe superar, o ha superado, un examen relativo a sus conocimientos y a su grado de europeísmo desarrollado frente al Parlamento europeo. Además sabe que, una vez confirmado, en su acción deberá prescindir de cualquier preferencia nacional. Deberá operar en el nombre de los intereses de la Unión Europea. Oso afirmar que la gran mayoría de los comisarios de los últimos 60 años ha tenido, de verdad, el proceso de la unificación política de Europa como estrella polar. En cuanto al presidente, a partir de 2014 se ha establecido que cada una de las familias políticas europeas pueda presentar un candidato a la Presidencia. El candidato de la familia que ha obtenido más votos es designado presidente, pero incluso en su caso debe superar el escrutinio del Parlamento europeo. Frente a estos procedimientos, cada uno con su evidente nivel de democraticidad, resulta ciertamente absurdo sostener que la Comisión no tiene signos democráticos, que existe una carencia democrática, cuando no por añadidura ilegítima. Obviamente, la Comisión, el verdadero motor institucional y en parte también política de Europa puede ser, por su parte, criticada por aquello que hace, no hace o hace mal.

Por tanto, ¿va todo bien en la Unión Europea? Ciertamente, no. Sin embargo, el problema no se llama déficit democrático. Se llama déficit de funcionalidad. Seguramente hay mucha burocracia en la Unión Europea, demasiada red tape, como han sostenido constantemente los ingleses (a los que echaremos de menos y que están dándose cuenta de que echarán de menos a Europa). Hay demasiado espacio para los lobbies, para los grupos de interés. Demasiada lentitud a la hora de tomar decisiones. Demasiada opacidad. Son inconvenientes que, asimismo, pueden ser seguramente afrontados y resueltos desde dentro de la Unión. No podrán hacerlo, desde luego, aquellos que reclaman irse fuera. Y menos aún podrán resolver estos y otros problemas -empezando por la inmigración y siguiendo con el crecimiento de las economías europeas y la regulación y la tasación de las grandes corporaciones- aquéllos que obstaculizan la Europa que existe. A pesar de los soberanistas, ningún Estado solo podrá hacer más y mejor de lo que ya ha hecho y podrá hacer en los próximos años la Unión Europea por la vida de sus ciudadanos. Serán los ciudadanos europeos, aquéllos que se interesan por Europa, que se informan, participan y votan, los que decidirán, democráticamente, qué Europa quieren. Y serán responsables de aquello que hagan, de lo que voten o dejen de votar. Tal y como ocurre en las (mejores) democracias.

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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"La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura" (Voltaire)

[A VUELAPLUMA] Nación, sentimiento, Estado

Aún no hemos superado la fiebre esencialista y sentimental que impregna el discurso político, pero tenemos que entender la nacionalidad como la pertenencia a una comunidad política, que hace titular a quien la posee de una serie de derechos y obligaciones, comentaba hace unas semanas en El País David Mejía, profesor investigador en la Universidad de Columbia, de Nueva York.

La vieja inquietud por el Ser de España, comenzaba diciendo el profesor Mejía, ha resurgido como consecuencia de la crisis territorial en Cataluña. Estos días se escuchan de nuevo declaraciones como “España sufre una crisis de identidad” o “debemos repensar qué es ser español”. Historiadores, juristas, políticos, son muchas las voces que coinciden en que España tiene la tarea pendiente de encontrar su esencia, insinuando que “ser español” trasciende la prosaica y neutra realidad de tener nacionalidad española.

Este debate intelectual en torno al Ser de España surgió a finales del XIX, principalmente de manos de un grupo de intelectuales que la historiografía literaria inmortalizaría como Generación del 98. Los Unamuno, Maeztu, Ganivet y compañía inauguraron un régimen emocional que muchos se niegan a abandonar, y que consiste en emplear moldes metafísicos para enmarcar debates políticos. Es un vicio que no terminó con el fin de siglo. Ni siquiera Ortega y Gasset, que encaró el “problema de España” desde un regeneracionismo más institucionista, logró superar el marco esencialista impuesto por la generación precedente.

Si este debate fuera una mera distracción académica, no valdría la pena ocuparse de él, pero la cuestión arrastra consecuencias políticas. La zozobra nacional resurge ante una grave crisis, y lleva a muchos a presumir que España no puede justificarse plenamente como Estado hasta que sea aclarado su verdadero Ser, es decir, hasta que se manifieste el espíritu nacional que define a su pueblo. Estas aproximaciones esencialistas olvidan que España, con sus defectos, es una democracia consolidada, y no necesita urdir narrativas nacionales ni descubrir humores colectivos para legitimar su soberanía. Que en el siglo XIX nunca se consolidara como nación cultural —como tampoco otros países europeos— no implica que hoy no pueda ser un Estado sólido. Sin embargo, hay quien considera que la ausencia de un espíritu nacional definido debe abrir la puerta a una discusión sobre la existencia misma del Estado.

La tradición del nacionalismo español expresado como quejido no la inventó el 98. Las primeras menciones a la decadencia española aparecen ya a mediados del siglo XVII. Como señala el historiador Álvarez Junco, España era retratada por sus cronistas como la Mater Dolorosa del imaginario católico, portando el aire quejumbroso y autoconmiserativo de la virgen doliente. Este imaginario encaja con el “me duele España” noventayochista, y llega hasta nuestros días. Por eso, ahora que se cumplen 120 años del desastre, es importante aunar esfuerzos para desdramatizarlo como acontecimiento y superarlo como marco discursivo.

¿Hubo tal cataclismo? Los historiadores coinciden en negarlo: la derrota no tuvo un impacto acusado en la economía, ni logró agitar el frágil régimen de la Restauración. Tampoco se explica el trauma anímico, supuestamente, provocado por la pérdida del imperio, pues la mayor parte de los territorios de ultramar se habían perdido ya en 1821. Los críticos coinciden en que aquel pesimismo generacional no fue consecuencia de un acontecimiento histórico concreto, sino de la corriente finisecular de decadentismo extendida por Europa; el célebre Fin de siècle. Según esta lectura, la crisis de la identidad nacional española sería una variante de la crisis intelectual europea, que entroncó bien con la mencionada pesadumbre del Antiguo Régimen. Aquella intelectualidad digirió el mal de siglo en clave nacional y, desgraciadamente, aún no hemos superado la fiebre esencialista y sentimental que impregna el discurso político.

A este lamento en la esfera pública por el Ser de España le acompaña el desconcierto por el “ser español”. Cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el director Fernando Trueba declaró no haberse sentido español “ni cinco minutos”. Declaración que muchos encontraron divertida, otros, hiriente, y algunos encontramos ininteligible. El error conceptual reside en envolver la nacionalidad —una realidad administrativa objetiva— en el ámbito de la subjetividad sentimental. La afirmación no es ofensiva, es simplemente un sinsentido. No es un caso aislado; la sentimentalización engendra una concepción de nacionalidad (“ser español”) desatinada: se emplea para designar la pertenencia a una identidad sentimental colectiva por definir, en lugar de a una comunidad política nítidamente definida.

Hasta que no se generalice una concepción cívica, es decir, administrativa, de la nacionalidad, estamos condenados a repetir los mismos errores conceptuales y los mismos tópicos esencialistas. La nacionalidad se rige por un sistema binario, y por tanto no puede vincularse a una esencia o tradición cultural, que admite grados, y nos aboca irremediablemente a discursos de pureza de sangre: A es más español (o catalán o francés) que B. Superar el 98 significa precisamente erradicar la metafísica del discurso nacional para entender la nacionalidad como la pertenencia a una comunidad política, que hace titular a quien la posee de una serie de derechos y obligaciones; nada más, y nada menos.

Este retorno al 98 está relacionado con el giro emocional que aqueja la esfera pública de la última década. A esto se refiere el profesor Manuel Arias Maldonado en La democracia sentimental cuando explica cómo el populismo emplea un lazo social de índole emocional. La emergencia del populismo y el descrédito de la democracia representativa, sumados al éxtasis nacionalista, han contribuido a que las comunidades políticas sean percibidas como comunidades sentimentales, lo que permite señalar como disidente a quien no participa adecuadamente del Volksgeist. Y las mismas voces atribuyen a estas entidades emocionales (que llaman naciones) una agencia que las personifica, es decir, que las dota de una voluntad e intención unívocas, y de un espíritu imperecedero; sirva como ejemplo el eslogan “España contra Cataluña”.

La crisis del 98 no fue una reacción política, sino ideológica. Hizo visible una transformación social en curso, marcada por el descrédito del positivismo, la ciencia y el progreso. En el renacer actual del “me duele España” resuena la misma angustia, y el mismo desengaño, respecto a la posibilidad de definir, cívica y racionalmente, el lazo que nos envuelve como comunidad. Y urge insistir en que, ni ahora ni entonces, la crisis es consecuencia de los “males de la patria”, ni es una crisis exclusivamente española. España no es ni fue excepcional. Lo único que hace a España diferente es su mística y turbada autopercepción de excepcionalidad.

Dibujo de Eduardo Estrada para El País

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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)
Estoy cansado de que me habléis del bien y la justicia; por favor, enseñadme, de una vez para siempre, a realizarlos (G.W.F. Hegel)

[A VUELAPLUMA] Las emociones nacionales

El artículo en el diario El Mundo del profesor en Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado, sobre las "emociones nacionales", justo un día antes de la votación de censura en el Congreso de los Diputados que abriría las puertas a la presidencia del gobierno de España a Pedro Sánchez, adelanta un debate que se estima necesario entre las concepciones de lo que se denomina "patriotismo cívico", por unos, y "España ciudadana", por otros, o las diferencias, nada semánticas, entre "Nación" y "Estado" o "Estado nación" y "Estado plurinacional". Por el bien de los españoles, convendría aclararlas cuanto antes.

Es sabido que la ciencia-ficción constituye, entre otras cosas, un mecanismo de distanciamiento, comienza diciendo Arias Maldonado. Al presentarnos comunidades humanas imaginarias que conservan rasgos familiares en contextos futuristas, el género nos ofrece la oportunidad de contemplarnos desde fuera. Viene esto a cuento, aunque parezca mentira, de nuestro debate sobre la nación, el nacionalismo y el Estado: un debate que podría encontrar nuevas aplicaciones prácticas si triunfase hoy la moción de censura y un Gobierno de Pedro Sánchez abriera el diálogo con las fuerzas nacionalistas. El candidato socialista apeló ayer a un "patriotismo cívico" capaz de dejar a un lado "las retóricas excluyentes" que dificultan forjar nuevos consensos territoriales. Fue una crítica velada a la "España ciudadana" presentada por Ciudadanos, plataforma insólita en el marco de una historia constitucional caracterizada hasta el momento por la ausencia de todo exceso patriótico. O mejor dicho: una donde los excesos patrióticos han corrido siempre a cargo de los nacionalismos periféricos. Es un debate intrincado, cuya importancia electoral en los próximos meses fue anticipada ayer por Rajoy cuando afirmó misteriosamente que él, en todo caso, "seguiría siendo español". ¿A qué atenerse? La ciencia-ficción proporciona una interesante vía de entrada.

Pensemos en Star Trek o cualquier narración que nos muestre naciones radicadas en otros planetas. Todas despliegan los símbolos a los que estamos acostumbrados en éste: banderas, himnos, mitos. Sus habitantes tienen nombres imposibles y un aspecto a menudo chocante, pero no difieren tanto de nosotros. Y de eso se trata: de reconocer en esa otredad imaginaria algo que creíamos propio y exclusivo, viéndonos a nosotros mismos como otros. Situados a prudente distancia, comprobamos que no hay diferencias sustanciales entre las naciones de la imaginación y las naciones reales en las que vivimos: todas se basan en algún sentimiento de pertenencia articulado en torno a una simbología común. La ciencia-ficción nos convierte a todos en antropólogos.

Sin embargo, la lección fundamental es que no existe comunidad que pueda prescindir por completo de la parafernalia sentimental. Banderas, himnos, historia: las encarnaciones simbólicas de una nación. ¡Ni en el espacio exterior! Y lo mismo vale para ese artefacto hiperracional que es el Estado: en paralelo a su legitimación instrumental (ser una institución que nos permite alcanzar determinados fines colectivos, como la igualdad o la libertad) existe una adhesión emocional que facilita su existencia y remite a la idea de nación. Nos lo enseña la Historia: los nacionalismos se convirtieron en religiones laicas sobre las que se apoyó el Estado moderno, que se dedicó a fomentar emociones nacionales mediante la escuela, el discurso público, la enseñanza de la historia o el servicio postal. Apoyándose, claro, en la base psicobiológica que proporciona el gregarismo del animal humano.

Nótese que hablo de realidades fácticas, no de prescripciones normativas sobre lo deseable. Si atendemos a la turbulenta historia de las naciones, de hecho, lo deseable sería lo contrario: una fundamentación puramente racional del Estado. El mismo Habermas se ha referido alguna vez al hecho de que, si bien las nuevas naciones del XIX sirvieron, en alianza coyuntural con el liberalismo, como instrumento emancipador frente al Antiguo Régimen y los Imperios, la historia del siglo XX mostró su sangrienta cara B y con ello la necesidad de desactivar afectivamente la peligrosa idea de nación. De ahí el desarrollo de conceptos como el patriotismo constitucional, o la exitosa construcción de la Unión Europea. O sea: el Estado, cuanto más frío más hermoso.

Que esto sea deseable no significa que sea realizable, o que pueda realizarse siempre y en toda ocasión. Sin duda, hay quienes defienden la fundamentación racional del aparato estatal; me cuento entre ellos. Pero eso no significa que el número de ciudadanos que concibe así el Estado sea suficiente cuando éste padece la amenaza de un nacionalismo interior: los kantianos no se bastan contra los herderianos. Dicho de otra manera, ha sido imposible prescindir por completo de la nación en la vida del Estado; dado que ambos nacieron a la vez, es algo que no debería extrañarnos demasiado. Y bajo esta luz, ¿cuál debería ser la apuesta de la democracia española? ¿El "patriotismo cívico" de Sánchez o la "España ciudadana" de Rivera? ¿Es esta última expresión de un siniestro nacionalismo español, o su letra no se diferencia tanto del patriotismo constitucional defendido por el líder socialista? Es un terreno resbaladizo. Acusar a la plataforma presentada por Ciudadanos de "joseantoniana" constituye un exceso retórico solo comprensible en el marco de un debate público dominado por la hipérbole. No hay duda de que la puesta en escena adoleció de una estética mejorable: ni la bienintencionada Marta Sánchez puede concitar el entusiasmo generalizado, ni todos se reconocen en «el orgullo de ser españoles» invocado por Rivera. Se deja ver aquí que las sociedades plurales carecen de símbolos unánimes y que la ironía posmoderna corroe -¿felizmente?- cualquier conato de solemnidad: si los defensores del patriotismo cívico sacaran a escena a Ana Belén, el resultado sería igualmente divisivo. Pero se trató de un acto fallido, sobre todo, porque no supo comunicar con claridad la defensa de un modelo constitucional que reconoce de iure la diversidad española. Si uno dice ver ciudadanos españoles que también son gallegos o catalanes o andaluces, el discurso adopta de inmediato otro aire. Es algo que también podría decir un patriota constitucional, aunque el patriotismo constitucional en España apenas haya dicho eso.

Habrá que ver en qué se traducirá el "patriotismo cívico" de Sánchez, así como la orientación que dará Ciudadanos a su plataforma. Si unos pueden depender de los votos nacionalistas para sostener el Gobierno y sentirse por ello tentados a rescatar la confusa "España plurinacional", los otros podrían reforzar los aspectos más identitarios de su propuesta buscando aumentar su base electoral. No son procesos incompatibles, sino todo lo contrario: en la medida en que Sánchez insista en la idea expresada ayer en el Congreso, conforme a la cual España estaría compuesta de varias naciones, la formación liderada por Rivera encontraría beneficios electorales en el énfasis sobre una españolidad unidimensional. Pero Sánchez también dijo durante el debate que cree en la nación española; queda por aclarar si cual mero contenedor de sus regiones y nacionalidades, como entidad en pie de igualdad con esos "territorios que se sienten naciones" a los que hizo referencia o como nación con rasgos propios. Tal vez su partido sea el primero que demande, llegado el caso, esa aclaración.

Sobre el papel, el patriotismo cívico y la "España ciudadana" podrían converger sin mucho esfuerzo: atenerse a la letra del 78 supone afirmar un nacionalismo cívico sobre el que sostener al Estado con un mínimo de sentimentalidad y un máximo de eficacia. Huelga decir que esa tarea solo podrá acometerse cuando el nacionalismo se avenga a reconocer la ilegitimidad de una empresa de ruptura acometida contra la mayoría de los catalanes. Y acepte, de paso, que no ostenta monopolio alguno sobre la sociedad catalana, tan diversa y plural en su interior como el conjunto del país. Algo que también se hará necesario aclarar en el País Vasco, donde se discute un nuevo estatuto que habla de la "nacionalidad vasca" como algo separado de la "ciudadanía española". Ningún patriotismo cívico, por generoso que sea, puede ir tan lejos sin vaciar por el camino de contenido a la nación de la que ese patriotismo se predica.

Estamos ante un debate incómodo. Durante mucho tiempo, los símbolos nacionales han jugado en nuestro país el deseable papel secundario que les atribuyen las mejores versiones de la nación cívica: un repertorio afectivo más o menos banal que se mantiene en segundo plano, sin que sea obligatorio para nadie profesarle devoción alguna. ¡Algo que no puede decirse de las regiones gobernadas por el nacionalismo! Pero, por incómodo que sea el debate, ¿podemos prescindir de la nación para legitimar el Estado? Si no podemos, máxime en situaciones de crisis, ¿no será preferible que una «comunidad imaginada» se imagine a sí misma como nación cívica antes que como nación etnocultural?

Tiene razón Daniel Gascón cuando escribe que "deslizarse del nacionalismo cívico al étnico es más fácil de lo que parece". Sin embargo, la conversación que estamos manteniendo es inevitable en las actuales circunstancias y puede tener la virtud de aclarar qué relación debamos mantener con los símbolos nacionales. Ya veremos si es también una oportunidad para renovar el consenso sobre la legitimidad del modelo constitucional, o se convierte en la ocasión que aprovechan sus enemigos para dinamitarlo. Ese modelo, recordémoslo, hace de la diversidad el elemento consustancial de la moderna nación española y dota de legitimidad al Estado, de inspiración federal, sobre la base de una lealtad común hoy ausente. Y la verdad, díganla el capitán Kirk o su porquero, es que no hay otro lugar donde podamos encontrarnos. Más vale que todos, sin excepción, lo vayamos asumiendo.

Dibujo de Sean Mackaoui para El Mundo

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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Estoy cansado de que me habléis del bien y la justicia; por favor, enseñadme, de una vez para siempre, a realizarlos (G.W.F. Hegel)

[A vuelapluma] Regiones, nacionalidades y naciones

Apenas quedan ya regiones en España, afirma el historiador Santos Juliá, catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor visitante y conferenciante en universidades europeas y americanas y autor de numerosos trabajos sobre historia política y social de España en el siglo XX. Hay que abrir el debate pendiente desde 2004 partiendo de la asunción del hecho de que las comunidades autónomas, sean naciones, nacionalidades o regiones, son poderes del Estado que tienen que participar en la reforma constitucional.

Reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español,comienza diciendo: tal parece ser el talismán que abrirá la puerta a un mejor encaje de nuestras mal llamadas naciones sin Estado en la Constitución después de someterla a una profunda reforma. Se trata de una demanda presentada de manera formal en 1998, cuando PNV, CiU y BNG, evocando los pactos de la Triple Alianza de 1923 y el que dio origen a Galeuzca diez años después, firmaron una declaración en Barcelona, recordando que cumplidos 20 años de democracia continuaba sin resolverse “la articulación del Estado español como plurinacional”.

Los firmantes de esta declaración partían del supuesto de que había en España nacionalidades y regiones y que, tras el desarrollo de los Estatutos, las regiones se sentían satisfechas con el grado de autonomía alcanzado durante esos años, pero las nacionalidades, precisamente porque las regiones disfrutaban ya del nivel máximo de competencias, se encontraban ante la terrible amenaza de la “uniformización”. En verdad, Jordi Pujol nunca dejará de repetir que si seguíamos por el camino de la uniformidad, “se llegará a la situación absurda de que en España no habrá regiones”. Y eso, para los catalanes, concluía Pujol, “tiene trascendencia”, la de no ver reconocida su diferencia.

Pues bien, ya hemos llegado al absurdo: apenas quedan regiones en España. Y no estará de más recordar que en el punto de partida de esta historia no había más que provincias, las establecidas por los liberales en 1833. Décadas después, un grupo de diputados y senadores catalanes plantearon en 1906 al Gobierno de Su Majestad “La cuestión catalana”, que consistía en elevar las cuatro provincias de Cataluña al estatuto de región dotada de un derecho originario a la autonomía. De su reconocimiento por el Estado, esperaban aquellos parlamentarios, inmunes al síndrome Pujol, el resurgir de las energías dormidas de todas las regiones de España: la causa de Cataluña, escribían, “es la causa de todas las regiones españolas”; la autonomía, también.

Hubo que esperar, sin embargo, a la proclamación de la República para que una Constitución española recogiera, por impulso catalán, el derecho de una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, a organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español. En los años de República en paz solo se constituyó una región autónoma, Cataluña, aunque otras dos, País Vasco y Galicia, plebiscitaron también Estatutos de autonomía antes de que la rebelión militar los arrasara a todos por la fuerza de las armas y del terror. En el exilio abundaron los debates sobre la futura configuración del Estado, ahora como Comunidad Ibérica de Naciones, o como Confederación de Nacionalidades españolas o ibéricas, o como España como nación de naciones, y hasta de España, según la veía Pere Bosch Gimpera, como “una supernacionalidad en la que cabían todas las nacionalidades”.

De cuántas y cuáles eran estas nacionalidades se publicaron no pocas reflexiones, plagadas de un profundo historicismo al servicio de la causa. En resumen, se debatieron dos proyectos de futuro: uno, muy arraigado en círculos del exilio catalán, vasco y gallego, dibujaba el mapa a base de cuatro naciones confederadas: Castilla, Cataluña, Galicia y Euskadi, entendiendo que, para equilibrar el peso de las tres últimas con la primera, Cataluña abarcaría el conjunto de países catalanes y Euskadi se extendería por Navarra y tierras limítrofes de Aragón; el otro, de preferente acogida por castellanos, contaba hasta catorce nacionalidades, reproduciendo más o menos el mapa de los estados diseñados en la no nata Constitución federal de la República de 1873.

En los medios de oposición a la dictadura en el interior se llegó, sin embargo, a identificar democracia con recuperación de libertades y de estatutos de autonomía por las nacionalidades y regiones, nueva pareja muy solidaria y bien avenida, que viajó en el mismo vagón hasta su reconocimiento en la Constitución de 1978 en términos calcados de la de 1931: provincias limítrofes con características históricas, económicas y culturales comunes. Cuáles eran nacionalidades y cuáles regiones quedó implícitamente entendido con el reconocimiento del derecho a dotarse de Estatuto por la vía rápida a los territorios que “en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía”, o sea, por este orden: Cataluña, Euskadi y Galicia, aunque Andalucía se subió de un triple salto al mismo carro.

Y así fue hasta que las regiones procedieron a redefinirse en los estatutos de nueva planta aprobados entre 2006 y 2010. De entidad regional, Cantabria pasó a identificarse como comunidad histórica, denominación adoptada también por Asturias. Aragón se definió como nacionalidad histórica en 2007, lo mismo que el pueblo valenciano, que al constituirse en Comunidad autónoma lo hacía como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica. De manera, que mientras las nacionalidades se convertían en naciones, o en realidades nacionales, las regiones, salvo Castilla-La Mancha y Murcia, se identificaron, por las razones históricas poéticamente inventadas en los preámbulos de sus nuevos estatutos, en comunidades históricas, en nacionalidades históricas, o simplemente, en nacionalidades.

¿Cómo hemos llegado a esto? Muy sencillo: desde que asumieron sus competencias, los Gobiernos de las comunidades autónomas dedicaron parte notable de sus recursos, primero, a recuperar “señas de identidad” para, olvidándose de la lealtad o solidaridad federal, embarcarse en la construcción de identidades diferenciadas, remontando la diferencia a una forja de los antepasados perdidos en las brumas de los tiempos. Así los catalanes, siempre pioneros, pero también los andaluces, aragoneses, valencianos y demás. Y así, cantando loores a la diferencia colectiva han convertido cada nación o nacionalidad en sujeto de derechos históricos, comenzando por el derecho a decidir, en el que tomaron la delantera los vascos, siguieron los catalanes y ahora, como parte de un “momento destituyente” reivindica la CUP y otros populismos para todos los pueblos.

¿Qué hacer? Ante todo, llamar a las cosas por su nombre: las políticas de identidad son como mantos primorosamente repujados que cubren políticas de poder. Cuando un poder reclama una identidad colectiva separada, enseguida afirma una voluntad nacional-popular como sujeto de decisión, primero, de soberanía inmediatamente. Mejor será ir al grano y abrir el debate que tenemos pendiente desde 2004 partiendo de la asunción de este nuevo hecho político construido a partir de 1978: que las comunidades autónomas, sean naciones, nacionalidades o, todavía, regiones, son poderes del Estado y que, como tales, tienen su palabra que decir en todo lo que se refiera a una reforma constitucional, mal que les pese a quienes no ven otro horizonte que la destrucción del mismo Estado.

Dibujo de Eulogia Merle para El País

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)